Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
El diputado de Podemos por Málaga y ex presidente de la Fundación CEPS Alberto Montero
Podemos nombra portavoz de Economía al presidente de la Fundación que cobró 3,7 millones del Gobierno de Venezuela
Alberto Montero está expedientado por la Universidad de Málaga por permitir que Errejón cobrara la beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar
Podemos ha colocado como portavoz de Economía y presidente de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados a Alberto Montero, ex presidente de la Fundación CEPS que cobró 3,7 millones de euros por elaborar supuestos informes de asesoramiento para los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Alberto Montero Soler es profesor colaborador de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. En este cargo, fue el director del “proyecto de investigación” que permitió a su compañero de partido Íñigo Errejón cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar.
La Universidad de Málaga abrió en diciembre de 2014 un expediente disciplinario a ambos, después de que se hicieron públicos estos hechos. Bajo la dirección de Montero, Íñigo Errejón cometió una doble irregularidad: cobró la beca sin ir a trabajar e incurrió en incompatibilidad, ya que al mismo tiempo cobró de Podemos como coordinador de su campaña electoral.
Expediente disciplinario abierto por la Universidad de Málaga a Alberto Montero por permitir que Errejón cobrara la beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar.
Desde septiembre 2009, Alberto Montero ha sido sucesivamente tesorero, vicepresidente y presidente de la Fundación CEPS, que ha cobrado 3,7 millones de euros por asesorar al Gobierno de Venezuela.
En concreto, Montero ocupó la presidencia de la entidad entre abril de 2013 y marzo de 2014. En el mismo período, el secretario del patronato de CEPS era su discípulo y compañero de partido Íñigo Errejón. También han sido miembros del patronato de la Fundación otros dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.
Tan sólo en 2013, bajo la presidencia de Alberto Montero, la Fundación CEPS tuvo unos ingresos de 775.000 euros, según sus cuentas anuales, que están firmadas personalmente por Íñigo Errejón. Más de la mitad de este dinero, el 64% procedía del Gobierno de Venezuela a través de tres convenios.
La firma de Errejón, estampada en las cuentas de la Fundación CEPS de 2013.
El primero de ellos, por importe de 290.000 euros, fue firmado con el Despacho de Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, ocupado por Hugo Chávez en aquel momento, para realizar estudios sobre “cambios, procesos y conflictos sociales, y otros trabajos de investigación relativos a la vida en sociedad”.
El segundo convenio, por importe de 186.000 euros, fue firmado con el Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GISXXI) –un instituto demoscópico vinculado al régimen venezolano– para la “puesta en marcha de una unidad de investigaciones sociológicas y la emisión de encuestas cualitativas y cuantitativas”.
Y el tercer convenio, por importe de 20.000 euros, se firmó con el Banco de Venezuela, también dependiente del Gobierno de Hugo Chávez.
Otro 35,5% de los ingresos de la Fundación CEPS, 254.000 euros, procedieron de convenios firmados con otro gobierno de la órbita bolivariana, el de Ecuador. Se trata de un convenio de 196.000 euros firmado con la Cancilleria de Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio) y otro de 58.000 euros con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES).
Dictaban a Chávez el guión del Aló Presidente
Es decir, en aquel ejercicio 2013, el 99,5% de los ingresos de la Fundación CEPS dirigida por Alberto Montero e Íñigo Errejón procedieron de los gobiernos de Venezuela y Ecuador. Sólo un 0,5% de sus ingresos procedieron de España: un convenio de 20.000 euros firmado con la Universidad de Valencia para impartir un Máster de Asistencia Electoral y Observación Electoral Internacional en el que actuaron como ponentes los principales líderes que hoy forman la dirección de Podemos.
Pese al cariz académico dado a los convenios firmados con Venezuela, lo cierto es que los miembros de la Fundación CEPS asesoraban al presidente Hugo Chávez sobre cuestiones como los mensajes que debía lanzar a la población a través de su programa Aló Presidente.
Tal como ha informado OKDIARIO, en otros informes los actuales dirigentes de Podemos propusieron a Chávez que creara un programa de “turismo revolucionario” junto a Irán y Cuba, le sugirieron crear unas milicias internacionales con la participación de jóvenes españoles e incluso le plantearon la conveniencia de aprovechar el movimiento 15M como embrión de un movimiento boliviariano en España.
El embrión de lo que luego ha sido Podemos, después de que el Gobierno de Venezuela financiara con 4,2 millones de euros a los actuales dirigentes de este partido. Una cifra que incluye los 425.000 euros que Juan Carlos Monedero cobró por un informe inexistente sobre la creación de una moneda única para los países de la órbita bolivariana.
Podemos, PSOE e IU quieren privilegiar a los sindicalistas en caso de huelga
Prisión de un año y nueve meses hasta tres años o pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. Ésa es la sanción que contempla el Código Penal para las coacciones en las huelgas.
Una agresión a los derechos de todos los trabajadores
El Artículo 315 del Código Penal castiga en su punto 2 las coacciones que impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. El punto 3 castiga a los que “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.Ahora la izquierda quiere privilegiar a los sindicatos y otorgar total impunidad para que los piquetes violentos coaccionen a todos los trabajadores. Algo radicalmente antidemocrático.
Reclaman una lluvia de privilegios para los piqueteros
Según informaba ayer Europa Press, la citada iniciativa de Podemos, que contaría con el apoyo de los socialistas y de IU, además de dar barra libre para los piquetes, reclama endurecer las penas por impedir el derecho de huelga, es decir, que quieren una lluvia de privilegios para los piqueteros y maniatar a todo trabajador que les haga frente para defender su derecho a trabajar. No conformes con ello, reclaman el sobreseimiento de todas las causas judiciales actualmente abiertas contra piquetes violentos, que se anulen con rapidez -en un máximo de 15 días- todas las condenas ya dictadas, e incluso reclaman que el Estado indemnice a todos los piquetes que han sido condenados en aplicación de la ley por haber coaccionado a otros trabajadores.
La Policía sería obligada a actuar contra todo ciudadano que se defendiese
Esta iniciativa de la izquierda, propia de quienes no admiten más norma de convivencia que la ley del embudo, abre la puerta a una situación social tremendamente grave. Para empezar, lo que se propone la izquierda supondría abrir la puerta a la consolidación de una mafia sindical con permiso legal para pisotear, por medio de la violencia, a todos los trabajadores, empresarios y autónomos. Si se aprueba esta reforma, la Policía tendría que cruzarse de brazos ante cualquier piquete que esté coaccionando o agrediendo a un ciudadano. Es más: los agentes del orden estarían obligados a forzar a los ciudadanos a someterse a las imposiciones mafiosas de los piqueteros, en caso de que los demás trabajadores se resistiesen a sus coacciones.
Quieren cambiar la convivencia democrática por la ley de la selva
La izquierda ha dicho muchas veces, con absoluto cinismo, que un Estado liberal se basa en la ley del más fuerte, olvidando que el liberalismo implica el imperio del Derecho para todos y el amparo de los derechos de las minorías frente a los potenciales abusos de la mayoría, sin que puedan prevalecer privilegios de unos sobre otros. Esa concepción del Derecho, basada en la justicia y en la igualdad ante la ley, es la que desanima a todo ciudadano a tomarse la justicia por su mano, algo innecesario cuando el Estado ampara tus derechos sin discriminaciones. Esa iniciativa izquierdista implica sustituir la concepción del Derecho propia de una democracia liberal por las normas arbitrarias de un régimen bananero al estilo de la Venezuela chavista. Si lo que pretenden es destruir nuestra convivencia democrática, sustituyendo la igualdad por el privilegio y el amparo de las minorías por la dictadura de la mayoría, muchos españoles tendremos que replantearnos si el régimen resultante merece nuestro respeto y nuestra fidelidad, porque eso que pretende establecer la ultraizquierda con el apoyo del PSOE se parece poco o nada a una democracia
No sería ni descabellado ni tampoco irresponsable afirmar que España atraviesa por la situación política posiblemente más crítica desde la instauración del régimen Constitucional, allá por 1978. Ni siquiera el intento de golpe de Estado de 1982, visto ahora en perspectiva histórica, puso a nuestra joven democracia en la tesitura en la que ahora se encuentra. 37 años después de que la generación de nuestros padres diseñara el Sistema político y de convivencia que más prosperidad y libertad ha dado a nuestro país en toda su Historia, aparece en el horizonte el espectro de un neo comunismo de corte bolivariano que amenaza con saltar por los aires todas las estructuras sobre las que se apoya la arquitectura política, económica y social de nuestro país.
Treinta años de deconstrucción de la identidad nacional y territorial de España, de cesión de competencias tan esenciales como la Educación, y de ausencia de cohesión social en torno a un proyecto de nación compartida, unido a la profunda crisis económica, Institucional y de valores que vive nuestro país, explican, en parte, la aparición y auge de formaciones políticas oportunistas, populistas, antidemocráticas y liberticidas con clara vocación de gobierno.
El panorama es francamente preocupante, porque, más allá de la sana alternancia de Partidos políticos con posturas ideológicas distantes que, dentro del juego democrático natural, plantean correcciones a determinadas acciones políticas, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 25 de mayo ha puesto sobre la mesa la fractura ideológica y social de un país que revisa su Historia para romper con ella.
La Venezuela chavista ya está en España a través de eso que el expresidente Felipe González llama la aventura alternativa, y la plataforma de lanzamiento al resto de Instituciones del Estado son los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Madrid, Barcelona y Valencia son sólo la punta del iceberg del proceso de disolución del Sistema desde dentro. A falta de pocas horas para que se constituyan los nuevos Consistorios, el vuelco es contundente.
La entrada en escena de Podemos, el frente ideológicamente vinculado con el llamado Socialismo del Siglo XXI bolivariano y con la revolución iraní, y la deriva del principal Partido de la Oposición, el Partido Socialista Obrero Español – PSOE – hacia la extrema izquierda, puede llevar a España al sectarismo y la exclusión de la otra parte de la población, la liberal-conservadora, a la que ya se la califica como de fascista, indecente o gentuza. Enemigos, no adversarios… el lenguaje político y de la calle recupera, en estos crispados días, términos que creíamos olvidados en el baúl del recuerdo de nuestros mayores.
El desgaste sufrido por el Partido Popular en el Gobierno, tras cuatro años de profunda crisis económica heredada de la etapa socialista, de reformas necesarias pero impopulares, de descontento popular por la brutal subida de impuestos, el aumento de las desigualdades sociales, el descenso de los estándares de bienestar y la corrupción endémica que afecta a todas las fuerzas políticas sin excepción, y de decepción por la renuncia de los principios ideológicos liberal- conservadores que tradicionalmente le definen, ha coincidido con el colapso del Sistema de equilibrios que la Transición puso en marcha con el consenso entonces de todas las fuerzas políticas – incluso antagónicas -, y que hoy, desde la Monarquía a la cuestión de la integridad territorial, un espectro muy amplio de la población cuestiona. Entre la regeneración y necesaria ventilación del Sistema, y la ruptura, hay diferencias considerables.
Lo más inquietante en el escenario político que se vislumbra, con un Gobierno colapsado y unas Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, es que los que apuestan por la ruptura parecen nostálgicos de un Tiempo que no han conocido y que fue la antesala de una Guerra Civil que dejó cicatrices como cremalleras en la piel de cada territorio, de cada familia, de cada rincón de aquella España que ya parecía olvidada… Hasta que el PSOE del expresidente Zapatero recuperó sus raíces mesiánicas, resucitó los fantasmas de una de las trincheras y enarboló la tricolor – la bandera Republicana – como emblema de legítima libertad, etiquetando automáticamente a quienes se inclinaban por la cordura y la recuperación del espíritu de la Transición como los herederos intelectuales de esa otra España oscura y trasnochada. Empezó entonces en la izquierda española la recuperación de ese proyecto, – lento pero seguro que hoy se materializa en la composición de los gobiernos locales y autonómicos -, de desalojar la opción liberal-conservadora de todas las Instituciones del Estado.
La expulsión, sin más, del discurso social y político de una amplia parte de la población española que se reconoce en los símbolos de nuestro Estado – Corona, himno, bandera-, en la defensa de la unidad del territorio nacional y el respeto a su diversidad cultural y lingüística; en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, de educación y de las raíces judeo-cristianas como pilar de nuestra civilización; en la promoción de valores como el esfuerzo, la disciplina, la meritocracia o la responsabilidad; que se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y que no se acompleja por sentirse más próxima en la esfera internacional a los actores que comparten su misma visión del individuo y del mundo.
Los decentes frente a los pijos indecentes. Un Frente Popular de izquierda radical a modo de cordón sanitario formado por una amalgama de comunistas, socialistas, okupas, antisistemas, independentistas, filoterroristas, plataformas cívicas y oportunistas de nuevo cuño – como Ciudadanos – que ya apuntan propuestas, formas y cambios políticos de naturaleza autoritaria y nociva para la convivencia pacífica.
Independientemente de la batería de propuestas surrealistas que a nivel municipal y autonómico se van a intentar a implementar en los próximos meses y que ya están provocando la alarma de inversores nacionales y extranjeros, el problema de fondo es que el fantasma de las dos Españas vuelve a planear sobre el que es, sin duda, el Estado-nación más antiguo de Europa – si no del mundo – y, no obstante, más cuestionado y ninguneado por sus propios ciudadanos. Los ciudadanos lanzamos al gobierno el mensaje de que la regeneración de la vida pública debía ser más efectiva, y nos encontramos, de la noche a la mañana, con que el castigo generalizado puede desembocar en el suicidio de España.
Nuestro sistema electoral no garantiza que la lista más votada sea finalmente la que gobierne, y por ello, pese a la fragmentación electoral, 7 de las 17 Comunidades Autónomas y cientos de municipios van a ser gobernados por una ideología radical de corte social, popular y anticapitalista que cuestiona la salud de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que apuesta por la insumisión ante las leyes que consideren injustas, la demagogia – devolución de la democracia y el espacio público al ciudadano -, la estandarización social, el control férreo del individuo, el control estalinista de los medios de comunicación, la abolición de la monarquía y los demás símbolos del Estado, la imposición de un laicismo institucional radical, la eliminación de los conciertos educativos, el impago de la deuda, la expropiación de propiedades, la imposición de una renta mínima y un techo de salario máximo, la reorganización de los depósitos bancarios, o la revisión de toda nuestra Política Exterior y de Defensa, entre otras perlas.
Actos que necesariamente precisan para su aplicación práctica de un Gobierno Central fuerte y de la misma cuerda que reviente desde dentro el Sistema, y que gracias a la deriva socialista, si no vuelve a la centralidad y recupera el sentido de Estado, puede empezar a concretarse a partir de las próximas Elecciones Generales de noviembre, cuando los españoles nos veamos en la tesitura de elegir entre la renovación o la revolución.
Nota del autor:
Este artículo fue escrito casi dos semanas antes de la constitución de los Ayuntamientos y gobiernos de las Comunidades Autónomas en España. Por diferentes motivos ajenos al autor, el artículo no ha podido ser publicado con anterioridad.
Al graderío más alto del Teatro Falla, el templo neomudéjar de los ladrillos coloraos de Cádiz, lo llaman el paraíso porque en el techo hay una pintura de Felipe Abarzuza que representa el Olimpo. Es el sitio de los chiquillos jóvenes, que desde allí cantan y riman: «¡Menos trabajo y más Carnaval!» y «¡Que bote el Kichi!».
El concurso de agrupaciones carnavalescas es explosión de alegría, vehículo artístico para el natural ingenio gaditano y simplificación fina o gruesa del debate político local, pero principalmente es espoleta de una actividad económica indispensable para la ciudad y formidable lobby, colosal apero de influencia social por la enorme proyección pública del Carnaval en toda España.
Entre los finalistas está un cuarteto bastante gracioso, sale el Cristo de El Enrollao y un monaguillo vestido de árbitro. El acabose ocurre cuando aparece una mamá con barba pelirroja carreteando un bebé que es un adulto disfrazado y anunciando, tras el correspondiente suspense, que el niño es hijo... «¡der Kishi!». El aludido se carcajea, los flashes se disparan, el Falla se muere.
Borja Romero, puro arte, inspiración desenvuelta, es uno de los protagonistas, tiene 24 años y explica el carisma iconográfico del Kichi entre la juventud de la capital con el 34% de paro: «Es uno más como yo, de la calle, que vive en el barrio de la Viña, que ha pasado hambre, que no tiene privilegios. Con verlo en un desahucio, ya hizo mucho más que la otra».
José María González Santos, el guapísimo Kichi, es el alcalde de Podemos muy querido entre la gente del Carnaval porque hasta hace un año era punta jurado -la posición más cercana al tribunal, por su expresividad y su voz atiplada- en la comparsa de Jesús Bienvenido.
Pese a haber insistido durante dos semanas, el alcalde rechazó conversar con este periódico, siquiera cinco minutos y alegando falta de tiempo -«¿Cuándo, pisha? Si mi agenda es un caos...»-, tras saber que se trataba de hacer un balance de su gestión al frente del Ayuntamiento. No tuvo problemas, en cambio, para dedicar el que fuese necesario a atender a todo tipo de medios que trataron su relación con el Carnaval en términos de ditirambo personal o de manera acrítica. El equipo de Comunicación de Podemos no iba a desaprovechar esta oportunidad: Kichi, rey del Carnaval; Kichi «llora como un chiquillo» por la letra de un pasodoble; A Kichi le salen dobles en el Carnaval; Kichi abronca a los ediles de la oposición por querer entrar en el teatro «por la cara». Y las fotos y los vídeos de esa sonrisa perenne, mirada chispeante, efigie de la comunidad popular, se hacen volar por las redes sociales. La popularidad es el poder.
El paroxismo de su forma de entender la política se alcanzó el miércoles, durante una semifinal, cuando cedió uno de los palcos del Falla a un grupo de ciudadanos sin hogar, con los que posó con atrevido desenfado. La situación se repitió en la final. A Julio Pardo, leyenda del Carnaval y eterno campeón de coros, le pareció muy mal: «Eso fue una estupidez. El Carnaval es una herramienta de propaganda fantástica. Pero una cosa es ser popular y otra, ser populista. Eso es hacer espectáculo con la caridad». El día que eso sucedía, el Ayuntamiento desalojaba sin miramientos de los bajos del Balneario, junto a la playa, a seis personas sin techo, deshaciéndose de sus pertenencias.
Kichi entró al Falla maquillado y vestido de rey, disfraz tomado de la comparsa en la que él mismo interpretó en 2008 Si yo fuera alcalde, mientras a las puertas protestaban los ocupantes de la Corrala de la Bahía, otro colectivo de desfavorecidos utilizado en su día para la foto. En una manzana abierta del barrio de San Severiano de Extramuros está el edificio, racional y sobrio, pintado de amarillo pálido.
Fue construido hace nueve años, la promotora quebró y los pisos fueron embargados por el Banco Santander sin salir a la venta. En enero de 2015, 28 familias con dificultades ocuparon las viviendas, llevando una treintena de niños. Un mes después, falleció un bebé y el asunto se convirtió en una prioridad política para Podemos en la campaña de las municipales.
'Ya me están diciendo lo mismo que la Teo'
Raúl tiene 30 años y un hijo de siete en la Corrala. Trabajó en la construcción, en la hostelería «y donde hiciera falta». Ahora, en nada. «Antes de las elecciones estaban todo el día aquí. Todo el día. El Kichi también. Nos dieron esperanzas. Que si iban a luchar por nuestros derechos, que si tenemos derecho a una vivienda digna, que si patatín, que si patatán... Vino una de pelo azul a recoger firmas, fotógrafos, cámaras... Y ahora que ya ha salido, ¿qué? Ahora nos dicen: 'Uh, es que esto tiene sus pasos...'. Ya me están diciendo lo mismo que la Teo, lo mismo, que me ponga a la cola del alquiler social...».
Una de las iniciativas que anunció el alcalde tras tomar posesión fue «darle una solución» a los ocupantes de la Corrala. En octubre, hartos de expectativas incumplidas, empezaron a movilizarse. Kichi publicitó entonces una carta al Santander en la que dice que el banco no «entiende de humanidad ni de derechos humanos» y que «una vivienda digna es también tener garantizados los suministros básicos de luz y de agua».
Estamos en febrero y la solución no aparece. No hay alquiler social, el juzgado ya ha anunciado el inminente desahucio y el Ayuntamiento, gobernado por quien garantizaba «ninguna casa sin luz ni agua», no ha ofrecido ninguna alternativa. Entretanto, en medio de Cádiz sobreviven desde hace más de un año 80 personas, entre ellas 30 niños, en viviendas sin luz ni agua. Para bañar a los críos, acuden a una fuente cercana con cubos y garrafas que luego calientan con una bombona. La electricidad mínima indispensable la obtienen con baterías portátiles, que se recargan conectando sus bornes a una pequeña scooter negra con el motor encendido. No hay lavadoras ni neveras: en verano la leche tarda dos horas en echarse a perder.
Lo llamativo es que las empresas suministradoras no son privadas, sino de titularidad municipal mayoritaria. Además, el edificio contiguo, pared con pared, es una concejalía de distrito -«Es tan fácil como tirar una alargadera»-. Tampoco les queda el tradicional recurso de enganchar un cable desde una farola, porque ha sido la Policía Local la que ha cortado la acometida de luz y permanecen apagadas incluso de noche.
«En Nochevieja sacamos una tele a la calle para comernos las uvas. La enchufamos a la farola. Y el Ayuntamiento mandó a dos municipales que quitaron la luz de toda la manzana. ¿Para qué quiero una carta si me quitas la luz? ¿Para qué me vale que venga el Kichi a darme una palmadita en la espalda? Hace un par de semanas vino a darnos ánimos. Yo lo llamo el palmaditas... Mira: el que te quiere ayudar, te ayuda. Y más si eres el alcalde. ¿No son tan radicales? ¿Cuál es la diferencia con los otros?», protesta Raúl.
La última queja alude a una antigua inquilina que él sospecha que podía ser una infiltrada para instigarles a movilizarse, primero, y a dejar de hacerlo en cuanto Kichi alcanzó el poder. Ezequiel Arauz fue uno de los fundadores de Podemos en Cádiz y confirma que fue así: «Decidieron meterla ahí para hacer una táctica de entrismo, que es típica del trotskismo. Se trataba de usarlos». Él dimitió en marzo de 2015, defraudado por la fagocitación de los círculos por Izquierda Anticapitalista, el núcleo del poder actual. Llevaba un año preparando el programa. «Kichi decía que no hacía falta, que cogiéramos cuatro cosas copiadas del PSOE y otras cuatro de IU. Decía: 'Si la gente nos va a votar igual, ¿tú no te das cuenta de que votan a Pablo?' Es todo una gran mentira», resume.
Kichi gobierna tras quedar segundo, después del PP, con 18.000 votos, un 28%. El PSOE local facilitó su investidura por orden de Ferraz, pero ahora mantiene con él una relación tormentosa que ha impedido sacar adelante los presupuestos de 2016. Su acción política se ha concentrado en la prioridad del cambio de hegemonía cultural -los símbolos, los gestos, las frases hechas, los eslóganes en Twitter, la teatralización- y en exprimir la visibilidad del cargo para consolidar una marca personal. Lo primero que hizo fue cambiar el retrato del Rey Juan Carlos de su despacho por otro de Fermín Salvochea, presidente del Cantón de Cádiz y popularísimo Santo de la Anarquía. A partir de ése, innumerables. Y siempre el sello de la cercanía, «no somos profesionales», Carnaval, Cádiz Club de Fútbol y ahora también Cofradía aunque se haya declarado ateo.
El sueldo de 1.800 euros
El alcalde prometió que su sueldo no excedería de 1.880 euros al mes, el que tenía cuando era profesor. Su salario ya no se lo paga el Ayuntamiento, porque el partido lo ha designado diputado provincial. Él dice que «renuncia» a cobrar como regidor, pero la realidad es que la ley le obliga a elegir y él escoge: el que sabe que no va a perder si hay una moción de censura, el que le permite tener otra asignación por grupo -que tiene un miembro: él- y el que le da la posibilidad de contratar a dedo a dos asesores: ahí ha puesto a la novia de su jefe de Gabinete, ambos residentes en Madrid hasta que se hizo con la Alcaldía, y a la pareja de su edil de Medio Ambiente. Es también el más alto: 62.000 euros anuales. Su equipo de prensa se encarga de difundir mes a mes que Kichi dona el «sobrante» a una asociación, siempre cercana a su esfera de influencia.
«Reducir drásticamente los cargos municipales de libre designación», decía el programa de compromisos de Podemos, dentro del capítulo de medidas para una «nueva ética de la representación política». Pues ahora hay 10 donde antes había ocho. El partido simuló además que a las cuatro primeras plazas se accedería por un proceso «inédito en 20 años», público, «transparente y abierto». «Contamos con vosotros para nuestro equipo», anunciaban para invitar a los ciudadanos a enviar su currículum. Recibieron 417 y los escogidos fueron todos de Podemos, tres de ellos miembros de la ejecutiva local. El Diario de Cádiz transcribió así la forma que tuvo la concejal María Romay de anunciar los nombramientos: «La Sandra, el Perico...».
Tras ganar las primarias con un 94,8% de los votos, Kichi proclamó que su prioridad sería «parar» los desahucios. Según el juez decano, los desahucios en 2015 han vuelto a ser alrededor de 200. Fue espectacular y convenientemente televisado el enfrentamiento que el alcalde mantuvo con la Policía para intentar evitar, sin éxito, el primero que tuvo que afrontar. Ya luego se supo que la arrendadora era una anciana gravemente enferma que necesitaba para subsistir los 400 euros de renta que llevaban dos años sin pagarle. Lo que sí ha hecho Kichi es poner por escrito un protocolo que él llama «antidesahucios» y que no los impide: es el que ya existe en otras ciudades para que el juzgado avise al Ayuntamiento con tiempo para que desarrolle una intervención social.
«Lo primero, el hambre», fue el titular que colocó en su investidura: «Acabaremos con la situación de emergencia social en 100 días». No ha habido ningún cambio significativo a ese respecto. La última semana de enero se destinaron a esos fines 95.000 euros, en la línea del año anterior.
La gestión 'no existe'
Empresarios, comerciantes y asociaciones de vecinos coinciden en denunciar que la gestión «no existe». El Ayuntamiento ha paralizado los dos grandes proyectos de inversión previstos para la ciudad. De un lado, la actuación urbanística para integrar el flamante Puente de la Constitución, que incluía un parking subterráneo y un mercado gastronómico en la estación; de otro, la modificación para liberar 300.000 metros cuadrados de suelo público frente a la playa y adjudicar allí un hotel para que Cádiz aspire a ser puerto base de los cruceros transmediterráneos. El equipo de Gobierno no ha sustituido esas iniciativas por otras, más allá de la aspiración genérica de apostar por «otro modelo de turismo social».
«No hay certidumbre porque no conocemos qué modelo de ciudad tiene ni qué ideas va a poner en marcha para atraer inversión, que es la única forma de crear empleo», dice Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios. En el mismo sentido, Salvador Muñoz, de la Federación de Comerciantes, que además se queja de un perjuicio porque «movieron de sitio la Cabalgata y todavía no sabemos por qué».
«Lo más preocupante es la frustración que ha creado en muchos gaditanos que lo estaban pasando mal. Utilizaron a los empleados de las contratas municipales, a los parados... Prometía lo que sabía que no podía dar», afirma el portavoz del PP, Ignacio Romaní.
Podemos avanza en Cádiz: en las generales creció en 2.500 votos respecto a esas municipales. Es difícil que alguien pueda decirle en la ciudad del Carnaval a Kichi que tiene a todas las fuerzas vivas en contra: hoy él es el ídolo del paraíso.
El partido de Pablo Iglesias no sólo se financió con dinero procedente de las dictaduras iraní y venezolana. La formación proetarra Sortu contribuyó a llenar las arcas de Podemos con aportaciones a través de una campaña decrowfunding, según una información que publica La Razón.
Los investigadores de laUnidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) tienen localizadas transferencias realizadas por la formaciónabertzalea la cuenta de Triodos Bank de Producciones Con Mano Izquierda (CMI), la última en diciembre de 2013 aunque se desconoce el montante final de los importes transferidos. Esta productora era una de las receptoras de los fondos que ingresaba 360 Global Media del gobierno iraní, según fuentes policiales, y con el que pagaba a Pablo Iglesias y a su núcleo duro.
Los motivos por los que el partido de Arnaldo Otegui pudo realizar estos pagos tendrían que ver con que la formación proetarra intentara llegar a acuerdos con Podemos. Una especie de pacto de no agresión en el País Vasco, una fórmula para evitar que la formación morada acaparara los votos de los simpatizantes menos radicales del entorno abertzale, que verían con buenos ojos las propuestas de Podemos y se alejarían de la línea más ‘dura’ de los de Otegui.
La colaboración entre ambas formaciones no llegó a concretarse, según La Razón, y en Podemos mantuvieron en cuarentena cualquier tipo de acuerdo hasta pasadas las elecciones, como ha ocurrido. la intención de losabertzalesera llevar a su terreno al nuevo partido político. Le propusieron una reunión semiclandestina en Francia, donde probablemente habría aparecido algún miembro de ETA sin causas judiciales y, detrás, las Fuerzas de Seguridad. Esta operación habría supuesto el descrédito de Podemos y su neutralización de cara a las distintas citas electorales.
Pese a todo, Podemos siempre ha demostrado una estrecha relación con el mundo abertzale. El pasado mes de octubre, 21 cargos del partido de Pablo Iglesias participaron en unamanifestaciónque pedía la excarcelación de Arnaldo Otegui. El secretario general de Podemos en Euskadi en aquel momento,Roberto Uriarte, dijo que no veía “ningún problema” en que cargos del partido participaran en la manifestación a título personal como han hecho junteros y concejales de la formación.
El artículo 99 es claro: el “candidato propuesto” no puede negarse
Rajoy se cargó a Juan Carlos, hizo nacer a Podemos y Cs y ahora pone su ojo en Felipe VI
Nueva portazo del presidente en funciones: incumple la Carta Magna de manera flagrante, pues el artículo 99 de la Constitución es claro: “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. La clave reside en la “irresponsabilidad” del Rey, según la arquitectura constitucional española. Si todos los actos del monarca los refrenda el Gobierno a través de su presidente o sus ministros, este es el único acto constitucional que debe refrendar el presidente de la Cámara Baja. Y si Patxi López, ante la actual situación de bloqueo, decide que Rajoy debe presentarse a la investidura, Felipe VI debe supeditar su decisión al poder legislativo.
Dos noes de Rajoy: la tercera propuesta de Felipe VI está también en manos de Patxi López
Y es que incluso el presidente del Congreso está maniatado en esta decisión por la propia Constitución a la que todos dicen obedecer, según indica el apartado 2 de este artículo 99: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. La norma es clara: “el candidato propuesto” no puede negarse, como hace Rajoy, ya sea por miedo o por estrategia política, sino que “expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar”. La Constitución le obliga no solo a comparecer en el Congreso sino a hacer los deberes y elaborar un “programa político” para esa sesión. También le exige que pida “la confianza de la cámara”.
Albert Rivera tampoco “comulga” ya con las ruedas de molino de Rajoy, que solo piensa en nuevas elecciones escupiendo en la mano de Cs
Aprovechando el escaso conocimiento constitucional de los ciudadanos, Rajoy se ha saltado el artículo 99 de la Constitución española, cuando ha sido tan exigente en el cumplimiento constitucional para Cataluña. Sorprende algo más que los portavoces de los grupos parlamentarios de la Oposición tampoco hayan exigido este cumplimiento constitucional al presidente del Gobierno, ni que le hayan afeado esa “rebeldía” constitucional, o por mejor decir, esa actitud “inconstitucional”. Los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, que conocen perfectamente hasta que punto ha llegado la osadía del presidente en funciones, han preferido cargar las tintas en su impertinencia y no en su ilegalidad, exigiéndole una vez más su dimisión a causa de los interminables casos de corrupción que asolan su presidencia, los últimos de ellos en la secretaría de Estado de Presidencia (Acuamed) y Valencia (Taula). Pero aunque las organizaciones territoriales, ya muy castigadas por el retroceso electoral autonómico y local, están que trinan, Rajoy se ha encastillado y echado al monte: hasta los “históricos” del PP están atemorizados y solo algunos jovenes dirigentes, como el ex alcalde Juan José Cardona, se han atrevido a alzar la voz.
La noticia no lo detalla, “Espía” lo cuenta.
A este desafío inconstitucional los partidos políticos han respondido con silencio y estupor. Entre bambalinas, se están produciendo los habituales movimientos subterráneos de Palacio tan propios de este régimen, en lugar de explicar a los ciudadanos como rige la actual Constitución y, en su caso, los mecanismos que se han articulado para cambiarla, reformarla o modificarla. De ahí el titular de “El País”: “El PP presiona al Rey para que no proponga a Rajoy para la investidura”.
Rajoy exige a Cataluña lo que él no cumple
En la información, el diario de PRISA no detalla el titular ni se atreve a sonrojar al presidente en funciones por su conducta inconstitucional, sino que informa que “Mariano Rajoy volverá a declinar acudir el primero al pleno de investidura como candidato a la presidencia del Gobierno si el rey Felipe VI le hace ese ofrecimiento en su cita bilateral de este próximo martes, con la que culminará esta segunda ronda de contactos políticos”. Una vez más, Rajoy habla por boca de ganso, toda vez que el periódico explica que “el vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha confirmado este domingo esa posición cuando se le ha preguntado por cuál sería la actitud de Rajoy en esa audiencia con el Rey: “Si no hay modificaciones en los apoyos recibidos no hay razones para cambiar”. El dirigente popular, sin embargo, ha precisado que el Monarca puede actuar por su cuenta y proponer lo que considere oportuno”.
Podemos perplejo: la erosión al rey procede de Rajoy
Este segundo desplante de Rajoy al joven monarca está causando perplejidad entre los grupos parlamentarios, que no se explican como “el candidato propuesto” está haciendo pasar a Felipe VI por el “mal trago” de un segundo corte de mangas constitucional. Los diputados de corte republicano (Podemos, ERC y la mayoría del Grupo Mixto) consultados por “Espía en el Congreso” no escondían este domingo una cierta sonrisa y confiaban incluso en que estos desaires “calen” en el PP hasta el punto de erosionar aún más la figura del monarca. En este sentido se recordaba incluso la mala relación entre José María Aznar y el viejo rey Juan Carlos, aunque es cierto que el ex líder del PP nunca cayó en el desacato constitucional ni quebró artículo alguno de la Carta Magna, según reconocen hasta sus más acerados críticos.
Pedro Sánchez no tendrá más remedio que acatar: será “candidato propuesto” por tercera vez
Así las cosas, todo parece indicar que este martes el rey recibirá un segundo portazo de Rajoy en la Zarzuela y que ante este hecho consumado, el monarca no tendrá más remedio que, previa “consulta” con Patxi López y “a través” de él, pues en realidad es quien tomará la decisión de acuerdo a la literalidad de la Constitución y como presidente del Congreso, realizará un tercer intento de “candidato propuesto”. Si verdaderamente Rajoy se niega por segunda vez, entonces será el turno de Pedro Sánchez.
La protesta, apoyada por el PP y Ciudadanos, pide a Puigdemont que "escuche al 52% de los catalanes que no quieren la independencia".
Unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC) para expresar su rechazo al programa independentista del gobierno catalán y exigir el freno del llamado proceso catalán.
La concentración, apoyada expresamente por Ciudadanos y el PP, ha servido para denunciar la grave situación política que, a juicio de SCC, vive Cataluña, tras la constitución de un ejecutivo claramente independentista presidido por Carles Puigdemont.
Los manifestantes, que han llegado de diferentes puntos de Cataluña, han ondeado banderas españolas, catalanas y de la Unión Europea, y han coreado consignas y llevaban pancartas con lemas como “El proceso nos roba”, “No al proceso, sí al progreso”, “No a la independencia, sí a la convivencia” y “Hemos votado, habéis fracasado”, en alusión a los resultados de las elecciones catalanas del pasado 27 de setiembre.
Entre los asistentes a la concentración, se encontraban el portavoz en el Parlament del Partido Popular Catalán, Enric Millo, y la diputada de Ciutadans en el Parlament Susana Beltrán.
En declaraciones a los periodistas, Millo ha pedido a Puigdemont “que se quite los tapones de las orejas” y escuche al “52% de los catalanes que no quieren la independencia y que no quieren la ruptura, sino la concordia”, lo que le debería llevar a “parar el proceso”.
Por su parte, Susana Beltrán también ha reclamado al Govern que preste atención a los catalanes “que queremos estar dentro de España y de la Unión Europea” y se ha congratulado de la celebración de un acto en favor de la unión de España y Cataluña como el de este domingo.
Durante el acto ha tomado la palabra el vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Joaquim Coll, que ha calificado de “perversión democrática” que el gobierno de Puigdemont “reconozca que el separatismo no tiene una mayoría social para culminar la ruptura”, pero que, pese a ello, “esté decidido a continuar adelante con un proceso que divide a la sociedad”.
“El proceso no es ni legal ni tienen un mandato democrático para llevarlo adelante”, ha insistido Coll, tras denunciar que el proceso “nos roba dinero, democracia, recursos, derechos, convivencia y oportunidades”, además de “robarnos el país, España, que también es de los catalanes”.
Por su parte, el presidente de SCC, Rafael Arenas, ha asegurado que las personas que han llenado la plaza lo han hecho para proclamar “que nosotros también somos Cataluña y que no renunciamos a ello”.
Arenas ha afirmado que la independencia “amenaza el proyecto europeo y el español” y ha desconfiado de las palabras del presidente Puigdemont, en las que admitía que no hay una mayoría social que legitime la aprobación de una Declaración Unilateral deIndependencia (DUI).
“Están acumulando fuerza”, ha advertido, tras asegurar que “estamos hartos” y que “ahora nos toca decir alto y claro que el proceso ha fracasado y que toca pasar página”.
Durante el acto, ambos representantes de SCC han hecho referencia en varias ocasiones a la necesidad de que Cataluña cuente con otro modelo de escuela “no politizada” y con “una administración que trabaje por el bien común y no sólo por la independencia“, además de una sociedad en la que “el castellano se reivindique como una lengua catalana”.
Sociedad Civil Catalana ha aprovechado la celebración de la concentración en la plaza Sant Jaume para reclamar que vuelva a restituirse la placa conmemorativa del nombre que adoptó esta plaza durante años, plaza de la Constitución, y que, según ha denunciado, retiró en 2013 el entonces alcalde, Xavier Trias (CiU).
