Qué dice la Constitución sobre la firma del Rey de los indultos

 

El monarca no se puede negar a firmar la medida de gracia pero tampoco es responsable de su contenido

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SUSANA CAMPO

Las polémicas palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ayer durante la manifestación en Colón lanzó una pregunta retórica en la que dijo: ¿Va a firmar el Rey los indultos? y lamentó que se haga cómplice al Jefe de Estado de los indultos. Estas declaraciones son uno de los asuntos políticos que está monopolizando la agenda pública el día después de la concentración.

El Rey Felipe VI tienen la obligación de firmar el indulto sin posibilidad de oponerse ni pronunciarse sobre su idoneidad. Es decir, el Monarca no puede negarse a firmarlos, pues esta obligación viene recogida en la Carta Magna. Ahora bien, pese a esa obligación, el Jefe del Estado no es responsable del contenido de los mismos.

Su obligación viene recogida en el artículo 62 de la Constitución que dice, textualmente, corresponderá al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. En su artículo 64 señala que “de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. Es decir, que la responsabilidad sobre el contenido del indulto es solamente del Ejecutivo central que es quién lo autoriza.

En la práctica la ley no atribuye al Rey papel alguno en el procedimiento de proposición, concesión o denegación de indultos. Por tanto, en la práctica, el Rey tiene en la concesión de indultos un papel esencialmente formal, consistente en sancionar la decisión del Gobierno.

Y, como cualquier otro acto del Rey, la concesión de indulto ha de ser refrendada por un miembro del Gobierno, concretamente el Ministro de Justicia, que es quien será el responsable del acto, tal y como establece el art. 64 de nuestra Constitución. En este sentido, la concesión de los indultos es decisión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia.

Que importancia tiene el TS en la concesión de los indultos

Hace solos unos días, el Tribunal Supremo se pronunció sobre los indultos con un demoledor informe que desaconsejaba otorgar la medida de gracias a los condenados por los actos del 1 de octubre. Este informe del tribunal sentenciador es preceptivo pero no es vinculante para el Gobierno, como tampoco lo es el informe del Ministerio Fiscal, ni las manifestaciones de la parte ofendida por el delito, si la hay. Estos tres informes son preceptivos, pero no vinculantes.

No obstante, la ley del indulto dispone que el Gobierno no podrá otorgar un indulto total si el tribunal sentenciador no aprecia la existencia de razones de justicia, equidad o utilidad pública en favor del contenido. Por lo tanto, cuando el informe del tribunal es desfavorable, el Gobierno solo puede otorgar un indulto parcial. Este será previsiblemente el que les sea otorgado a los líderes independentistas.

TODO EL PODER PARA EL GOBIERNO

TODO EL PODER PARA EL GOBIE

El Gobierno va, ya sin recato, a por los otros tres poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el de los medios de comunicación. El tándem formado por Sánchez e Iglesias ha adaptado la vieja consigna comunista a la situación española y utiliza todos los resortes del Ejecutivo para neutralizar cualquier posibilidad de control independiente a su gestión.

Están asaltando las instituciones, una por una, con el fin de eliminar hasta el último resquicio de resistencia a su rodillo. No quieren equilibrios susceptibles de poner límites a su arbitrariedad.

Prefieren pagar el precio de algunas críticas a sus evidentes abusos, ahora que tienen tres años de legislatura por delante, antes que arriesgarse a perder la poltrona o incluso verse más de uno entre rejas si llegan a aflorar las múltiples negligencias que han caracterizado su actuación ante la pandemia y su acción de Gobierno en general.

La que está conduciendo a esta nación a la ruina económica, la crispación, el enconamiento político y una división territorial próxima a la ruptura. La que culmina, según sus planes, con la liquidación del régimen nacido con la Constitución de 1978, que nos ha traído el período de mayor libertad y bienestar de nuestra historia, sin que sepamos (aunque imaginemos) qué clase de modelo lo sustituirá.

El Gobierno más liberticida de cuantos hemos conocido desde la Transición compró a plazos su existencia en un Congreso terriblemente fragmentado entregando nuestra soberanía a varios partidos separatistas, incluido el de los herederos de ETA, que le dan oxígeno parlamentario a cambio de impunidad por sus hechos delictivos pasados y de carta blanca para hacer y deshacer en sus feudos a su antojo.

Así, pagando a los enemigos de España en lugar de buscar consensos con fuerzas constitucionalistas, es como sobrevive a una minoría que debería atarle las manos si estuviese en su vocabulario la palabra «lealtad», en este caso a la Carta Magna que tanto Sánchez como Iglesias juraron cumplir y hacer cumplir. Pero no está. El honor es tan ajeno a su naturaleza como la verdad. Su única motivación es la conservación del poder y a ella supeditan cada movimiento.

Para asegurarse de que nadie pondrá freno a sus desmanes necesitan perentoriamente amordazar a los jueces, a quienes tienen sitiados en la soledad de sus despachos después de apropiarse de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para ponerlas al servicio de sus intereses partidistas.

También han intentado hacer lo propio con la Guardia Civil, pero allí han pinchado en hueso precisamente porque en la benemérita el honor prima sobre cualquier otra consideración.

Veremos cuántos togados son capaces de aguantar las presiones con la misma entereza demostrada por Carmen Rodríguez-Medel, convertida, junto al forense de su juzgado, en blanco de una campaña de descalificación infecta por parte de los palmeros mediáticos cuya tarea consiste en actuar como perros de presa de quienes ocupan La Moncloa.

Muchos y muy poderosos, entre otras razones porque, en la etapa de Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro entregaron a la izquierda el control de las televisiones acaso con el vano empeño de librarse así de sus dardos. ¡Gran negocio, sí señor!

En la última trinchera de defensa democrática se sitúa la Corona, víctima de una ofensiva cada vez más descarada.

El Rey es la piedra angular del edificio constitucional, amén del máximo símbolo de la unidad de los españoles, y por eso precisamente constituye un enemigo a batir, empezando por silenciarlo para que su voz no tape la de un presidente cuya ambición únicamente es superada por su egolatría enfermiza.

RNO

Isabel San Sebastián ( ABC )

viñeta de Linda Galmo

Otro feo de Pedro Sánchez al Rey: cambia el artículo de la Constitución en su toma de posesión

© Proporcionado por Vozpópuli

Pedro Sánchez ha cambiado el artículo de la Constitución sobre el que ha prometido el cargo de presidente del Gobierno. Mientras que en junio de 2018 lo hizo sobre el artículo 62, ahora lo ha hecho sobre el 99. Esto es, ha pasado de prometer sobre "De la Corona" a sobre "Del Gobierno y de la Administración".

La diferencia es que Sánchez deja de hacer ese guiño a Felipe VI para pasar a hacerlo al "Gobierno" y a la "Administración". En concreto, pasa de jurar su cargo sobre el texto en el que constan las labores que corresponden al Rey a hacerlo sobre la forma que existe en España de formar gobierno.

El 99, que fue el mismo utilizado por Mariano Rajoy en su primera toma de posesión, es curiosamente un artículo que el mismo Sánchez habló de "actualizar" antes de la repetición electoral del 10 de noviembre.

Reformar el artículo 99

"Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución debe ser actualizado conforme a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben sufrir nunca más la amenaza de una nueva repetición electoral", explicó el líder socialista.

En concreto, esa reforma serviría para que el partido más votado pudiese gobernar una vez que se hubiesen acabado todos los intentos posibles para formar ejecutivo. Sería algo similar a lo que ocurre en los ayuntamientos, que gobierna la candidatura con más apoyos aunque no tenga la mayoría.

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LA NACIÓN VIVE Y SE DEFIENDE

Dice el artículo 2 de la Constitución española: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Hoy, cuando se cumple el cuadragésimo aniversario de su aprobación, esa Nación secular no solo resiste a los embates del separatismo aliado al populismo de extrema izquierda y también a la cobardía y el relativismo de muchos, sino que demuestra tener un vigor muy superior al calculado por sus enemigos.

España vive y se defiende de quienes ansían aniquilarla. El pueblo español acude una vez más al rescate de su patria, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, tomando la iniciativa frente a dirigentes impotentes, pusilánimes, traidores o incapaces de honrar la alta representación que ostentan. La primera manifestación de esta contraofensiva ha tenido lugar en Andalucía, pero seguirá extendiéndose. Una Nación como la nuestra no se destruye así como así.

La Carta Magna a la que debemos cuatro décadas de prosperidad democrática fue aprobada gracias a un ingente esfuerzo común por acercar posiciones. A muchos españoles entonces les repugnaba la idea de parcelar el Estado en diecisiete autonomías y a otros, los menos, les habría gustado una descentralización aún mayor. Al final prevaleció el consenso y el texto fruto de ese acuerdo obtuvo un abrumador respaldo.

Con el correr de los años, los separatistas disfrazados de nacionalistas han ido exigiendo más y más soberanía, en una exhibición obscena de deslealtad constitucional, mientras que los partidos nacionales cedían a manos llenas lo que no era de su propiedad. Ahora pagan cara esa falta de diligencia en la custodia de un bien mucho más valioso que cualquier poltrona.

Sánchez ha llevado al paroxismo el movimiento centrífugo que inició Zapatero. Si aquel fomentó la conversión de su partido en un conjunto de taifas, este ha puesto su destino y el del PSOE en manos de golpistas confesos, herederos de ETA y extremistas de izquierda que alientan a la violencia como respuesta al veredicto que arrojan las urnas andaluzas.

Su ambición personal es tan infinitamente superior a sus convicciones o su visión de estadista que ha entregado un legado centenario a cambio de unos años en Moncloa. En Andalucía ha empezado a sufrir las consecuencias de esa traición, que amenaza con borrar al socialismo del mapa municipal y autonómico.

En las filas populares el paisaje tampoco resulta muy proclive al optimismo. Más allá de la euforia desatada por el previsible desembarco de Moreno Bonilla en el palacio de San Telmo, pese a su tremendo batacazo electoral, la actual dirección nacional debe ser consciente de su debilidad. El espacio político que Aznar logró unificar bajo unas mismas siglas está ahora dividido en tres, y las fuerzas que cotizan al alza se sitúan a izquierda y derecha de un PP menguante.

La negativa de Rajoy a plantar cara política al independentismo, su rechazo del combate ideológico y su apuesta por el apaciguamiento no solo han dejado esta herencia de fragmentación, sino que han impulsado a un partido que cuestiona abiertamente la continuidad de las autonomías reconocidas en el mismo artículo 2 de la Constitución que consagra la indisoluble unidad de la Nación.

La tarea que tiene Casado por delante es ingente, si aspira a recuperar lo que fue y significó su formación. Porque tanto Ciudadanos como Vox han venido para quedarse. El reto que les aguarda ahora a todos ellos es emular a los constitucionalistas de 1978 y poner el interés de España por encima de sus diferencias.

Isabel San Sebastián ( ABC )