Rafael Rubio, ex portavoz del PSOE en Valencia y ex subdelegado del Gobierno de Sánchez

Así se compró el silencio del PSOE de Valencia: 750.000 euros para su portavoz

El sumario del caso Azud indica que Rafael Rubio, la voz del partido, tras denunciar un supuesto pelotazo, recibió una comisión de 300.000 euros a cambio de dejar de hablar del tema

  

Año 2005, el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, denuncia públicamente un pelotazo de la empresa Construcciones Valencia Constitución del empresario Jaime Febrer. Las palabras del portavoz socialista generan inquietud en Febrer, que cita a Rubio e el restaurante Berenice de Valencia junto al jefe de finanzas del PSPV, José María Cataluña, y el abogado vinculado al PSOE, José Luis Vera. El motivo: comprar el silencio.

En esa reunión el portavoz del PSOE de Valencia, Rafa Rubio, salió supuestamente con una comisión de 300.000 euros bajo el brazo a cambio de tener la boca cerrada sobre las actividades empresariales de Jaime Febrer, según figura en sumario del caso Azud sobre una supuesta trama de comisiones y regalos de este empresario a dirigentes del PSOE y del PP.

El PSOE usó dinero de una trama corrupta para pagar a la competencia del PPCV

 

Tras la denuncia pública del supuesto pelotazo, se compró el silencio socialista, entonces en la oposición del Ayuntamiento de Valencia, porque “Jaime Febrer no quería que aparecieran en prensa informaciones de sus actividades”, según la jueza que realiza la investigación.

El silencio, con un precio de 300.000 euros, podría ascender hasta los 750.00 euros en metálico según la Fiscalía. La Fiscalía sospecha que Rubio recibía los sobornos que él iba introduciendo en pequeñas cantidades en cuentas suyas y de su mujer y en una caja de seguridad que el portavoz socialista adquirió. Asimismo, se sospecha que Rubio compró dos coches con dinero de los sobornos, coches que ahora tiene intervenidos.

Rafael Rubio, por cierto, fue hasta hace sólo un año, cuando fue detenido en el marco de la operación Azud del que ahora se filtra el sumario, el subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia pese a que ya constaba como imputado.

ESDIARIO

Cazan a Ribó en un turbio caso de contratas irregulares de 2'6 millones de euros

Los llamados "alcaldes del cambio" comienzan a ser conocidos por algunas actuaciones cuanto menos de dudosa legalidad. Eso al menos le está ocurriendo a uno de los más importantes, el de Valencia y de Compromís, el partido de la "ejemplar" Mónica Oltra.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, autorizó en 2017 el pago de al menos 2.645.402,79 euros a 21 contratas caducadas "saltándose los controles de fiscalización", según ha informado la formación naranja en un comunicado.

Para Giner, Ribó "debe endurecer los controles fiscales para evitar la corrupción", puesto que la ciudad "ha sido manchada por esta "lacra" y el alcalde "no ha traído la transparencia al ayuntamiento".

El portavoz de Cs ha explicado que los diez servicios que han pagado a contratas con omisión de fiscalización son Juventud, Patrimonio Histórico-Artístico, Bienestar Social e integración, Atención a las personas mayores, patrominio, Devesa-Albufera, Deportes, Movilidad Sostenible, Educación y Tecnología, información y comunicación.

"El Servicio de fiscal-gastos de la Intervención General advierte de que se tratan de pagos a contratas en las que se han finalizado hasta las prórrogas que permite la ley", ha detallado Giner.

Entre las contratas que se han abonado con "omisión de fiscalización" destacan tres de ayuda a domicilio, una de centro de día para personas mayores dependientes, el mantenimiento del Gulliver o la protección del medio natural de la Devesa de la Albufera.

Para concluir, Giner ha asegurado que la "desenfrenadamente caótica" gestión de Ribó provoca este "descontrol" en las contratas "al que se suma los más 760.000 euros en contratos menores saltándose los controles de fiscalización".

Ribó pide ahora a la policía que respete los «permisos especiales» de coches oficiales

Verdadera Izquierda

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En los tres años que van entre 2014 y 2017, Compromís ha dado un giro de 180 grados a su política sobre coches oficiales y escoltas. De decir que no los iba a utilizar en campaña, Ribó ha pasado a emplear un cuerpo de escoltas, como corresponde al alcalde de una ciudad como Valencia. Y de perseguir coches oficiales para ver si estaban mal aparcados («poco importa que se salten las ordenanzas de circulación, cometiendo infracciones y que no se les multe», decía en febrero de 2014 el entonces asesor de Compromís y actual concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi), el alcalde ha pasado a pedir a la Policía Local que sea permisiva con los coches en los que se desplaza después de que ayer se hiciera pública una multa de tráfico interpuesta a un coche oficial por aparcar en la calle peatonal Arzobispo Mayoral, a espaldas del Consistorio. Es el segundo enfrentamiento en poco tiempo entre Policía Local y escoltas del alcalde, que también son agentes del cuerpo municipal. El primero, tal como ha podido confirmar este diario de fuentes solventes, ocurrió hace unos dos meses, cuando el escolta de Ribó se negó a retirar el coche oficial de la salida de emergencia del pabellón Fuente de San Luis pese a que se lo ordenó un mano, argumentando que sólo respondía ante el coordinador de escoltas. En este caso, como es habitual («se gestionan expedientes en todas las Juntas de Gobierno», dijo la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el pasado lunes), se sancionó al escolta con una falta grave por desobedecer a un mando situado por encima de él en la escala de la Policía Local de Valencia. El otro se vivió el Miércoles de Ceniza, tal como desveló ayer Radio Valencia. Un coche oficial de la escolta del alcalde estaba aparcado en la calle Arzobispo Mayoral y un agente de la policía local le multó por estacionar en una zona peatonal. A este respecto, y a pregunas de LAS PROVINCIAS, el primer edil respondió que la Policía Local sí ha de tener una atención especial a los coches oficiales. «Hay coches que tienen una serie de permisos especiales», comentó el alcalde, que apuntó como ejemplo los coches de prensa y concejales que, autorizados por el Consistorio, estacionan frente al Ayuntamiento, en algunas zonas alrededor de la plaza. Ribó resaltó que estos poseen una tarjeta que indica que «tienen permiso» para ello. Igualmente, se refirió a los «permisos especiales» de los coches de la Junta Central Fallera y «determinados elementos de seguridad».   Llama la atención su posición porque, en 2014, el entonces asesor municipal de Compromís en el Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi, perseguía «en bicicleta y cámara en mano», como él mismo se define en su blog, a los coches oficiales de la alcaldesa Barberá y se preguntaba, respecto al estacionamiento de los vehículos durante un acto en el Westin: «¿Y el abuso de privilegio y de autoridad, mientras que al común mortal se les caería el pelo por dejar su coche aparcado así?».