Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
Constituye un ejemplo único en el mundo democrático que la expendedora oficial de carnés de ‘buena feminista’ sea la pareja del vicepresidente del Gobierno
Desde que Clara Campoamor consiguiera que las Cortes aprobaran el sufragio femenino, con la oposición frontal y virulenta de la radical-socialista Victoria Kent, cualquiera que se haya tomado la molestia de indagar en la historia y la sociología españolas sabe que existen tantas formas de entender el feminismo como mujeres y visiones de la vida. Porque, antes que mujeres, somos personas; no ‘cuerpos que se juntan’ para defender derechos, en elocuente expresión de la ministra de Igualdad.
Hay feministas partidarias de la ‘autodeterminación sexual’; esto es, de que cada cual decida en cada momento el ‘género’ que desea encarnar, y otras que abogan por incluir en la categoría de ‘mujer’ únicamente a las nacidas con atributos sexuales femeninos. Las hay
favorables a la ‘ley Trans’ de la factoría Montero o rabiosamente contrarias a que criaturas menores de edad puedan hormonarse y mutilarse a voluntad. Algunas defienden sin complejos la maternidad subrogada y no faltan las que denuestan esta práctica, que equiparan a la prostitución. Incluso existen feministas proclives a legalizar el sexo a cambio de dinero, aunque la mayoría del movimiento se opone. Están las feministas que hacen bandera del aborto libre e indiscriminado, accesible a niñas de 16 años sin el conocimiento de sus padres, y las que reclamamos que la maternidad no se convierta en un obstáculo en la carrera profesional. Hay feministas creyentes y otras ateas, aunque muy pocas se atreven a denunciar públicamente la opresión brutal que sufren las mujeres en el mundo islámico. Feministas de izquierdas y feministas de derechas, por mucho que las primeras se arroguen la representación exclusiva de la mitad de la humanidad, hasta el punto de proferir, de nuevo por boca de Irene, que «la derecha y la ultraderecha son el enemigo a batir». Feministas de obra y feministas de boquilla. Feministas recién llegadas a la batalla, con sueldazo y niñera a cargo del contribuyente, y luchadoras veteranas, que tuvieron (tuvimos) que vencer incontables trabas culturales y a veces también legales para poder conciliar trabajo, independencia y familia. Feministas libres y otras sometidas a la dictadura de lo políticamente correcto. Lo que constituye un ejemplo único en el mundo democrático es que la expendedora oficial de carnés de ‘buena feminista’ resulte ser la pareja del vicepresidente del Gobierno. Para ese viaje, la verdad, no necesitábamos alforjas.
Según la señora Montero, la prohibición de las manifestaciones previstas el 8-M en Madrid fue un acto de «criminalización del movimiento feminista». Porque el coronavirus, como todo el mundo sabe, es un machista de libro. De ahí que se hayan prohibido igualmente las Fallas, los Sanfermines, las fiestas de San Isidro, las visitas a las residencias de ancianos, la celebración del Orgullo Gay o las comidas familiares en domicilios privados. Somos todos (y todas) peligrosos criminales. Menos mal que Podemos ha venido a redimirnos.
Sin duda alguna, la consecución del derecho de voto para la mujer en España tiene un nombre propio: el de Clara Campoamor, diputada feminista y liberal.
A pesar de que Clara Campoamor era liberal y mostraba un claro rechazo al socialismo y al comunismo, la izquierda ha intentado apropiarse de su figura.Así lo ha hecho el PSOE. En septiembre del año pasado, la ministra portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, se refirió a Clara Campoamor diciendo que “huyó de España tras el Golpe de 1936”.
Cronológicamente es una afirmación correcta, pero a decir verdad la diputada feminista huyó de la izquierda por temor a ser asesinada por socialistas o comunistas. Tras su marcha a Suiza, publicó un libro en francés titulado “La révolution espagnole vue par une républicaine” (La revolución española vista por una republicana”). En él relató la terrible experiencia vivida tras la victoria del Frente Popular y el terror izquierdista del bando republicano.
Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados. Fue diputada del Partido Republicano Radical entre 1931 y 1933. Su intervención fue decisiva para lograr el derecho de voto para las mujeres (Foto: Wikimedia Commons).
El relato de Clara Campoamor sobre la violencia y las ilegalidades del Frente Popular
En dicha obra, Campoamor denunció la violación de la legalidad por parte del propio Gobierno izquierdista del Frente Popular salido de las elecciones de febrero de 1936:
“Los partidos republicanos llegados al poder tras el triunfo electoral, aunque estuvieran en minoría en la coalición de izquierdas, agotaron sus fuerzas y su crédito moral en dos tareas ingratas: una consistió en hacer concesiones a los extremistas quienes, desde el 16 de febrero, celebraban su triunfo con incendios, huelgas y actos ilegales como si tuvieran que luchar contra un gobierno enemigo. El otro objetivo de los vencedores fue alcanzar lo antes posible los puestos superiores del Estado, pasando por encima de todas las reglas establecidas y, tirando por tierra, sin la menor preocupación de honestidad política, los principios de continuidad que un régimen que nace debe conservar, si aspira a durar”.
Desfile comunista en Madrid el 1 de mayo de 1936. Tras la victoria del Frente Popular, la izquierda exhibió en público a sus milicias armadas sin ningún tapujo.
«Se incendiaron iglesias, se mató a sacerdotes, mujeres e incluso vendedoras de caramelos en las calles»
Campoamor comentaba que “se violó la Constitución republicana y en una sesión, fugaz como un relámpago, la mayoría parlamentaria hizo desaparecer las últimas huellas de respeto y consideración que la opinión pública había guardado para las leyes y las instituciones republicanas”. Más adelante, explicaba cómo se fue deteriorando la situación tras la victoria izquierdista en las elecciones de febrero de 1936:
“El gobierno era cada día más incapaz de mantener el orden público, eso sin hablar de la grave situación creada en Madrid por las huelgas de las que hemos hablado. En el campo, los ataques de los elementos revolucionarios contra la derecha, los miembros del Partido Agrario y los radicales, y en general contra todos los patronos, se multiplicaron. Se apropiaron de las tierras, apalearon a sus enemigos, atacaron a todos sus adversarios, tratándolos de «fascistas.» Incendiaban iglesias y edificios públicos, en las carreteras del sur paraban a los coches, exactamente igual que en las épocas del bandolerismo, exigiendo a los ocupantes una contribución en favor del Socorro Rojo Internacional.
Se organizaban masacres contra gentes de la derecha bajo pretextos pueriles. Así es como el 5 de Mayo se hizo correr la noticia de que damas católicas y sacerdotes mataban a niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se adueñó de los barrios populares, donde se incendiaron iglesias, se mató a sacerdotes, mujeres e incluso vendedoras de caramelos en las calles. En el barrio de Cuatro Caminos se asesinó cruelmente a una joven francesa profesora de una escuela”.
El cadáver de José Calvo Sotelo, abandonado en el Cementerio del Este en Madrid el 13 de julio de 1936 tras ser asesinado por guardias de asalto y milicianos del PSOE.
Campoamor tachó de «crimen de Estado» el asesinato de Calvo Sotelo
Tras relatar el asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 en Madrid, que Campoamor califó de “crimen de Estado”, la feminista señalaba que “el gobierno se quedó indeciso e inactivo”, y añadía: “Se escandalizaron en Madrid al ver que Moreno, el teniente de la Guardia de Asalto que dirigía a los que mataron a Calvo Sotelo, así como Condé, paseaban libremente por las calles. Una parte de los oficiales de asalto habían hecho saber al ministro del Interior y presidente del Consejo, Casares Quiroga, que este cuerpo no permitiría que se aplicara un castigo a los autores del asesinato”.
«Socialistas y comunistas eran dueños de verdaderos arsenales de armas y de municiones»
Clara Campoamor vivió el comienzo de la Guerra Civil en Madrid, ciudad bajo el control republicano. En el capítulo V señalaba hasta qué punto la izquierda se había preparado a conciencia para la guerra: “Socialistas y comunistas eran dueños de verdaderos arsenales de armas y de municiones cuidadosamente escondidas. Sólo los sindicalistas y los anarquistas poseían menos”. En el capítulo VIII, sobre el comienzo de la guerra, apuntaba: “las milicias socialistas y comunistas ya estaban organizadas. Eran instruidas militarmente, desde hacía tiempo y a escondidas de los mandos, por oficiales, entre otros por un teniente del cuerpo de ingenieros”.
Campoamor añadía: “Estas milicias marxistas, organizadas con vistas a la revolución de octubre de 1934, habían seguido desarrollándose, y el triunfo del Frente Popular no hizo sino hacer pública su existencia. Armadas y en cerradas filas habían desfilado en Madrid el 1 de mayo, con motivo de la fiesta del trabajo, provocando refriegas con los fascistas”.
Militares y guardias civiles mostrando los fusiles incautados a los golpistas tras sofocar el golpe de Estado encabezado por el PSOE en octubre 1934 en Asturias.
«Desde los primeros días de la lucha, ha reinado en Madrid un amargo terror»
Sobre la situación en la retaguardia republicana, Campoamor contaba lo siguiente: “Desde los primeros días de la lucha, ha reinado en Madrid un amargo terror. A primera vista, la opinión pública ha sucumbido a la tentación de atribuir a los anarquistas las violencias cometidas en las ciudades, sobre todo en Madrid. La historia dirá un día si se les ha cargado a ellos solos con estos hechos de manera justa. En todo caso, les corresponde a los gubernamentales, sin distinción, asumir la responsabilidad”.
Campoamor escribía que en Madrid “los anarcosindicalistas se han preocupado de abastecerse de armas y de municiones para la «lucha final» y de «limpiar» la capital de la República de los fascistas, más o menos auténticos en primer lugar, seguidamente de los republicanos, e incluso de los marxistas”. Tras describir algunos más de los despropósitos que tenía que sufrir la población a causa de los sindicalistas, la feminista añadía: “¡La guinda de ese encantador caos la constituían cinco o seis bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires!”
El jefe de la Milicia Popular de Investigación, el socialista Agapito García Atadell (en el centro, con gafas), saludando puño en alto junto algunos de los chekistas que trabajan a sus órdenes, a la entrada de su cuartel general, en el palacio de los Duques de Rincón, en Madrid. Las chekas fueron extendiendo el alcance de su represión: primero a falangistas y derechistas, después a liberales y lerrouxistas, y finalmente incluso a republicanos de izquierdas (Foto: Efe).
Campoamor relató como el terror izquierdista se extendió cada vez a más víctimas
Era lógico que Campoamor tuviese miedo por su seguridad. Ella había sido diputada del Partido Republicano Radical, contra el que el PSOE había organizado el golpe de Estado de 1934, cuando el radical Lerroux decidió integrar en su gobierno a algunos miembros de la coalición de derechas que había ganado las elecciones generales de noviembre de 1933. En su libro, Campoamor explicaba cómo se fue extendiendo la persecución política en la zona republicana:
“Al principio se persiguió a los elementos fascistas. Luego la distinción se hizo borrosa. Se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical del Sr. Lerroux, y luego -error trágico o venganza de clase- se incluyó a personas de la izquierda republicana”.
Milicianos anarcosindicalistas en Madrid en 1936.
Campoamor sabía que estaba en peligro, y por ello huyó a Suiza a comienzos de septiembre de 1936. En el apéndice del libro explica así su decisión:
“Dejé Madrid a comienzos de septiembre. La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno, y la falta absoluta de seguridad personal, incluso para las personas liberales -sobre todo, quizá, para ellas- me impusieron esta medida de prudencia… Si la gran simpatía que se siente siempre por la situación de los que se defienden, puede llegar hasta explicar los errores populares, esta misma simpatía rechaza llegar hasta el sacrificio, oscuro e inútil, de la propia vida. Se sabe también que los autores de los excesos, o los que los han dejado cometer, encuentran siempre cómo disculparse, aunque sólo sea pretendiendo que hay que juzgar a las revoluciones en su conjunto y no en sus detalles, por muy elocuentes que sean. ¡Y yo no quería ser uno de esos detalles sacrificados inútilmente! No quise irme sin llevar conmigo a mi anciana madre de ochenta años de edad y a mi sobrinita, únicas personas que estaban a mi cargo”.
Aunque Campoamor lo solicitó en varias de ocasiones, el régimen de Franco no permitió su regreso a España. Murió en Lausana, Suiza, el 30 de abril de 1972, sin haber podido regresar a su Patria.
Tras la peripecia política del diputado tradicionalista Vázquez de Mella en proponer dar el derecho de voto a las mujeres, fue D. Miguel Primo de Rivera quien lo llevo a cabo de la mano de su ministro Calvo Sotelo (asesinado por sicarios del PSOE) demostrando su interés por los derechos de la mujer; leyes de protección al trabajo, facilidades para cursar estudios universitarios, cargos en el gobierno municipal.
En la mitificación de la II República se han escrito, dicho y repetido muchas falsedades. Una de ellas es el reconocimiento del voto femenino. No fue obra de aquel régimen, sino de la dictadura de Primo de Rivera. Apareció en 1924, aunque ya había sido objeto de debate mucho antes. Un grupo de diputados conservadores presentaron en 1877 una enmienda para introducir el voto de mujeres mayores de edad, cabezas de familia o viudas que tuvieran la patria potestad. Volvió en 1908: el conde de Casa-Valencia, conservador, presentó en el Senado un proyecto igual. Contó con el rechazo de la izquierda, que argumentó que el voto de las mujeres estaba sujeto a la influencia clerical. De nuevo un conservador, el diputado Manuel de Burgos, presentó otra vez el sufragio femenino, en 1919, pero, al igual que los anteriores, no salió adelante. Los socialistas veían en el voto femenino una ventaja para los conservadores. El catolicismo social lo defendió y «El Debate» inició en 1918 una campaña para que se estableciera.
Sin presión social, la dictadura de Primo de Rivera estableció el voto administrativo de las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924 y el voto político de las solteras mayores de edad. El decreto-ley fue iniciativa de Calvo Sotelo –asesinado por socialistas en 1936–, y Gil Robles –quien fue luego líder de la CEDA–. Las casadas quedaron excluidas para «no crear disensiones en el matrimonio a causa de la política». El reconocimiento del voto tenía el objetivo de reforzar el apoyo social a un régimen que se presentaba como modernizador, y hacerse eco de las reformas sufragistas europeas. El nuevo censo electoral incorporó a 1.729.793 mujeres entre los casi siete millones de votantes.
Es de justicia señalar pues, que fue la dictadura y no la II republica la que concedió los primeros derechos políticos a las mujeres. El Estatuto Municipal (1924) otorgaba el voto a las mujeres en las elecciones municipales aunque con muchas restricciones: sólo podían votar las emancipadas mayores de 23 años, las casadas y las prostitutas quedaban excluidas. Luego, con motivo de un plebiscito, organizado por la Unión Patriótica para mostrar adhesión al régimen en el tercer aniversario del golpe, se permitió emitir el voto a los españoles mayores de 18 años sin distinción de sexo. Por último, en la Asamblea Nacional, constituida en 1927 en un intento de recubrir al régimen con un ropaje pseudodemocrático, se reservaron algunos escaños para mujeres elegidas de forma indirecta desde ayuntamientos y diputaciones.
Si el divorcio fue objeto de mucha controversia, no le quedó a la zaga el derecho de la mujer a votar. El Gobierno provisional, en un decreto de 8 de mayo de 1931, concedió el voto a todos los hombres mayores de veintitrés años y declaró que las mujeres y los curas podían ser elegidos para ser diputados. En las elecciones celebradas en junio de aquel año fueron elegidas dos mujeres diputadas, Clara Campoamor (Partido Radical) y Victoria Kent (Izquierda Republicana): dos mujeres de un total de 465 diputados. A finales de aquel mismo año otra mujer diputada, Margarita Nelken (Partido Socialista), ingresó en las Cortes. De las tres, Clara Campoamor, abogada, fue la más asidua defensora de los derechos de la mujer y desempeñó un papel importante en el debate acerca del sufragio femenino.
El anteproyecto sólo había dado el voto a la mujer soltera y a la viuda, propuesta que defendió A. Ossorio Gallardo sobre la curiosa base que, “hasta que los maridos estuviesen preparados para la vida política, el sufragio femenino podía ser una fuente de discordia doméstica”. En general, sin embargo, la oposición a conceder el voto a la mujer, casada o soltera, estaba basada en el temor a que no estuviese todavía lo suficientemente independizada de la Iglesia y su voto fuese en su mayor parte derechista, poniendo así en peligro la existencia misma de la República. Aunque Jiménez de Asúa compartía dicho temor, pensaba que la conveniencia política no debía justificar que se negase un derecho legítimo que sería utilizado juiciosamente por aquellas mujeres económicamente independientes y conscientes de sus responsabilidades sociales. Otros estaban menos dispuestos a aceptar el riesgo. Los republicanos de izquierda, radicales y radicales-socialistas fueron los que más se opusieron. Los radical-socialistas presentaron una enmienda el 1 de septiembre de 1931 para restringir los derechos electorales exclusivamente a los hombres. Al día siguiente, el doctor Novoa Santos proporcionó argumentos biológicos para dar fuerza a los argumentos de conveniencia política: “a la mujer no la dominaban la reflexión y el espíritu crítico, se dejaba llevar siempre de la emoción, de todo aquello que hablaba a sus sentimientos; el histerismo no era una simple enfermedad, sino la propia estructura de la mujer“.
El 30 de septiembre, cuando se volvió a discutir la cuestión, se echó mano del ridículo para complementar a la biología. Hilario Ayuso entretuvo a la concurrencia con un discurso trivial en defensa de una enmienda de Acción Republicana que proponía que les fuesen concedidos los mismos derechos electorales a los hombres mayores de veintitrés años y a las mujeres mayores de cuarenta y cinco, basándose en que la mujer “era deficiente en voluntad y en inteligencia hasta cumplir dicha edad”. Al entrar en el Congreso le salieron al paso las mujeres de la ANME, que estuvieron presentes en todos los debates y distribuyeron octavillas entre los diputados conminándoles a apoyar el sufragio femenino. Los radicales propusieron una enmienda con el fin de que se omitiera la palabra mismos en el artículo que rezaba:“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Guerra del Río, defensor de la moción, arguyó que tal modificación permitiría a las Cortes conceder el voto a la mujer en una ley electoral que podría ser revocada si la mujer votaba por los partidos reaccionarios. La enmienda fue rechazada (153 en contra, 93 a favor), pero los radicales y radical-socialistas que habían votado sin someterse a la disciplina de partido pronto se arrepintieron, y El Heraldo (1 de octubre de 1931) recogía los rumores de un intento de última hora de pactar con los socialistas. Probablemente se satisfará el deseo de los socialistas de conceder el voto masculino desde los veintiún años y, a cambio de eso, se condicionará el voto a la mujer. Los socialistas rechazaron el pacto y el debate continuó al día siguiente.
El hecho de que Clara Campoamor defendiera el sufragismo femenino y de que Victoria Kent se opusiera provocó muchas burlas. Azaña describió la sesión “como muy divertida”. Informaciones (1 de octubre de 1931) comentaba “dos mujeres solamente en la Cámara, y ni por casualidad están de acuerdo“, y La Voz (2 de octubre de 1931) preguntaba medio en broma medio en serio: ¿qué ocurrirá cuando sean 50 las que actúen?. En el debate del día 1 de octubre de 1931, Victoria Kent propuso que se aplazara la concesión del voto a la mujer; no era, decía, una cuestión de la capacidad de la mujer, sino de oportunidad para la República. El momento oportuno sería al cabo de algunos años, cuando las mujeres pudiesen apreciar los beneficios que les ofrecía la República. Clara Campoamor replicaba diciendo que la mujer había demostrado sentido de la responsabilidad social, que el índice de analfabetos era mayor en los hombres que en las mujeres y que sólo aquellos que creyesen que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los hombres. Advirtió a los diputados de las consecuencias de defraudar las esperanzas que las mujeres habían puesto en la República:
Clara Campoamor
“No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza está en el comunismo“. Guerra del Río aplaudió los sentimientos expresados por Clara Campoamor, quien, según él, servía de portavoz de lo que siempre fue, es y será mañana ideal del Partido Republicano Radical: la igualdad absoluta de derechos para ambos sexos. Sin embargo, siguió diciendo, los radicales pensaban que era prematura la inmediata concesión del voto a la mujer, y por tanto votarían en contra. Ovejero, en nombre de los socialistas, dijo que, aunque sabían que existía la posibilidad de perder escaños en las próximas elecciones, eso no tenía importancia comparado con la educación política de la mujer española; querían el sufragio femenino para llamar a la conciencia de la mujer y convertirla en cooperadora eficaz del resurgimiento español. Cuando el artículo 34 – que establecía la equiparación de derechos electorales para los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años – fue finalmente aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra, se produjo un clamor: La concesión del voto a las mujeres, acordada ayer por la Cámara, determinó un escándalo formidable, que continuó luego en los pasillos. Las opiniones eran contradictorias. El banco azul fue casi asaltado por grupos de diputados que discutían con los ministros y daban pruebas de gran exaltación. (La Voz, 2 de octubre de 1931). Votaron a favor: el Partido Socialista (con alguna sonada excepción como la de Indalecio Prieto), la derecha y pequeños núcleos republicanos (catalanes, progresistas y Agrupación al servicio de la República); en contra, Acción Republicana, y los radical-socialistas y radical (con la excepción de Clara Campoamor y otros cuatro diputados). Indalecio Prieto, quien había intentado persuadir a sus compañeros socialistas de votar en contra del artículo o abstenerse de votar, gritó que aquello era una puñalada trapera para la República. Los radical-socialistas declararon que ya no harían más concesiones en la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el estado y amenazaron “con no dejar un cura vivo en España”.
Victoria Kent
Una táctica que Marañón describió como una confesión de cobardía y de falta de autoridad en los políticos de izquierda sobre sus mujeres e hijas (El Heraldo, 2 de octubre de 1931). Como si se quisiese asegurarse de que no faltara ningún elemento de la farsa grotesca en este esperpento de la vida real, El Sol (2 de octubre de 1931) informaba así de la aprobación del artículo 34: La galantería logró un triunfo indiscutible. Virtud española que perdura, para bien del “qué dirán”, pese a ciertos jacobinismos que nos sacuden. Pase lo que pase – hay quien asegura otro 14 de abril al revés – resultará lindo que los poetas del futuro canten en sonetos a este 1931, en que los hijos de España se jugaron a cara y cruz un régimen por gusto de sus mujeres. El triunfo del 1 de octubre, sin embargo, no fue definitivo. En la sesión del 1 de diciembre, Peñalba (Acción Republicana) propuso una enmienda que permitiría a las mujeres votar en las elecciones municipales, pero no en las nacionales hasta que los ayuntamientos se hubiesen renovado por completo. Si la enmienda hubiese prosperado, las mujeres se habrían quedado todavía sin voto en 1936. El último intento se produjo en diciembre de 1932 cuando el gobierno anunció su intención de convocar elecciones parciales para cubrir las vacantes en Cortes. Finalmente, las elecciones parciales no llegaron a producirse.
Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres fueron las de 1933, e inevitablemente se les echó la culpa de la victoria de la derecha. Era, sin embargo, una conclusión superficial. Aún aceptando que una parte del electorado femenino hubiera podido influir en el resultado favorable a las derechas de los comicios del 33, si se sumaban todos los votos de izquierda emitidos en esas elecciones todavía superaban a los de los conservadores. Se trataba sobre todo de un problema de estrategia y unidad, como se encargaría de demostrar las elecciones de febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular. En todo caso, las tesis sufragistas acababan de anotarse un triunfo en España. La concesión del voto, como la del divorcio, fueron logros de la mujer en el periodo republicano, pero logros tan efímeros como el propio régimen que los había posibilitado. La Guerra Civil y el nuevo Estado impuesto tras la victoria de las fuerzas franquistas el 1 de abril de 1939 darían al traste con todo lo conseguido. Habría que esperar al cierre de ese largo paréntesis de 40 años para que las mujeres recuperaran el punto de partida que significó la conquista del voto en 1931.
Las feministas de izquierdas tienen la costumbre de decir que las mujeres deberían agradecer la igualdad de derechos al feminismo (en concreto al de izquierdas).
Una liberal a favor del voto femenino y una socialista en contra
Donde más claramente quedó expuesta la división del feminismo en España fue en el debate sobre el voto femenino en las Cortes de la Segunda República, el 1 de octubre de 1931. En aquellas Cortes había dos mujeres: la feminista liberal Clara Campoamor defendió el voto femenino. La feminista socialista Victoria Kent se opuso a él. Kent pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), que en las elecciones constituyentes de junio de 1931 se presentó en coalición con el PSOE en la Conjunción Republicano-Socialista.
El discurso de la socialista y feminista Victoria Kent contra el voto femenino
En las páginas 360 y 361 del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes nº48 del 1 de octubre de 1931 (ver PDF) se puede leer el discurso de Victoria Kent contra el voto femenino. Lo incluyo a continuación por su interés histórico y porque deja en evidencia las afirmaciones del feminismo de izquierdas que se atribuye la autoría de los derechos de la mujer, incluso del derecho al voto:
“Señores Diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate, porque estimo que no es problema nimio, ni problema que debemos pasar a la ligera; se discute, en este momento, el voto femenino y es significativo que una mujer como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal.
Quiero significar a la Camara que el hecho de que dos mujeres, que se encuentran aquí reunidas, opinen de manera diferente, no significa absolutamente nada, porque, dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías, hay opiniones diferentes. Tal ocurre en el partido radical, donde la Srta. Campoamor figura, y el Sr. Guerra del Río también. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico, y que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie.
En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano, nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. Y es necesario, Sres. Diputados, aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos; yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por esto, Sres. Diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como creo que la he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de conciencia es por lo que me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no, Sres. Diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad; pero si condicionamos el voto de la mujer, quizás podríamos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna, a mi juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con el mismo ideal. La mujer no se lanza a las cuestiones que no ve claras y por esto entiendo que son necesarios algunos años de convivencia con la República; que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía: esas veinte mil escuelas de que nos hablaba esta mañana el Ministro de Instrucción pública, esos laboratorios, esas Universidades populares, esos Centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para hacerlos verdaderos ciudadanos.
Cuando transcurran unos anos y vea la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, el fruto de esta República en la que se está laborando con este ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadania de sus hijos, de que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, Sres. Diputados, la mujer será la mas ferviente, la más ardiente defensora de la República; pero, en estos momentos, cuando acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres españolas que, con su buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la República, cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres en la calle gritando “¡Viva la República!” y “¡Viva el Gobierno de la República!”, cuando yo pedía que aquella caravana de mujeres españolas que iban a rendir un tributo a Primo de Rivera tuviera una compensación de estas mismas mujeres españolas a favor de la República, he de confesar humildemente que no la he visto, que yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por estas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras que dejan su trabajo diariamente para sostener, con su marido, su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Camara para pedir el voto femenino.
Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor y estos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento sería más beneficioso, porque lo juzgo más justo, como asimismo que, después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para to sucesivo mi conciencia. He ahí lo que quería exponer a la Cámara”.
Rechazaban el voto femenino por miedo a que las mujeres no votasen a la izquierda
Lo que planteó Victoria Kent fue una tesis abiertamente antidemocrática: no conceder el voto a las mujeres por miedo a que votasen algo que no era del agrado de la izquierda. Kent no fue la única socialista que lo manifestó. En un libro de cuatro capítulos publicado en julio de 1931, la también socialista Margarita Nelken, primera diputada del PSOE unos meses después, escribió: “Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”.
La derecha ganó las primeras elecciones con voto femenino y el PSOE contestó con un golpe de Estado
El verdadero motivo por el que Kent y Nelken se oponían al voto femenino quedó en evidencia dos años después. En las elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres, ganó el centro-derecha. Menos de un año después de esas elecciones, en octubre de 1934, el PSOE encabezó un golpe de Estado como respuesta a la entrada en el gobierno de ministros de la coalición de la derecha que había ganado las elecciones.
Sin embargo, el voto republicano se concentró en las ciudades, obteniendo la victoria en la mayor parte de las capitales de provincia, lo que sembró la euforia entre los partidarios de la caída de la monarquía y sembró el desánimo en la Corte de Alfonso XIII, que dos días después de los comicios partía hacia Cartagena y de allí hacia el exilio para evitar que un conflicto entre monárquicos y republicanos acabase en un baño de sangre: “quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil”, afirmaba el monarca en una carta publicada el 17 de abril por el diario Abc. Una Constitución aprobada sin referéndum y sin voto femenino La Constitución de la Segunda República fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes, elegidas el 28 de junio de ese año en unas elecciones en las que sólo pudieron votar los hombres (el voto femenino no fue aprobado hasta el 1 de octubre) y que dieron lugar a un parlamento con una insignificante presencia de la derecha. Para colmo de defectos, no se convocó ningún referéndum para aprobar esa Constitución. Las Cortes republicanas negaron al pueblo español su derecho a decidir sobre esa Carta Magna. Dos diputadas socialistas en contra del voto femenino En el otoño de 1931 se debatió la aprobación del voto femenino. En aquellas Cortes republicanas sólo había dos mujeres, que irónicamente no pudieron votar en las elecciones: Clara Campoamor, del Partido Radical, y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. La primera votó a favor del voto femenino, y la segunda en contra. En su discurso, Kent no dudó en basar su rechazo al voto femenino en una “cuestión de oportunidad para la República”, llegando a afirmar lo siguiente: “Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino.” Curiosamente, el mismo argumento se podría haber usado para rechazar el voto masculino… El caso más esperpéntico de rechazo al voto femenino vino de Margarita Nelken, del PSOE, que resultó elegida diputada por Badajoz en las elecciones parciales celebradas el 4 de octubre de 1931. Nelken no dudó en mostrar su rechazo al voto femenino con estas palabras: “Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”. Hoy en día la web del PSOE presenta a Nelken como una pionera pero no menciona su voto en contra del sufragio femenino. Las mujeres votaron por primera vez en unas Elecciones Generales el 19 de noviembre de 1933, dando la victoria por mayoría a la derecha y evidenciando el motivo sectario por el que buena parte de la izquierda se negó a apoyar este derecho de las mujeres. Censura de prensa y duras limitaciones a la libertad de expresión El Artículo 34 de la Constitución de la Segunda República afirmaba: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.” Sin embargo, la Ley de Defensa de la República de 1931convirtió en delitos ciertos ejercicios de la libertad de expresión y de información, por ejemplo:
“La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”
“Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado”
“La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”
Con ello, se impedía a cualquier ciudadano, asociación o medio de comunicación ejercer la crítica al gobierno o al régimen, lo que proporcionaba a la Segunda República normas represivas propias de una dictadura. En la práctica, esta ley supuso la instauración de una férrea censura previa, que llenó los periódicos de diverso signo de espacios en blanco bajo el título de “visado por la censura”. Censura en el cine a escenas “lujuriosas” de abejas y flores Durante la Segunda República también se censuraban las películas. La censura suprimía escenas de desnudos, aquellas que tuviesen una cierta carga erótica e incluso cualquier mención a la prostitución o a los homosexuales, como señalan María Antonia Paz Rebollo y Julio Montero Díaz en “Las películas censuradas durante la Segunda República. Valores y temores de la sociedad republicana española (1931-1936)”. En dicho trabajo se recogen, además, casos de censura en “una escena que recogía la cópula de las abejas”, o “una escena de una yegua y un caballo y otra en la que se fecundan las flores”, pues “se consideró que presentaban una tendencia lujuriosa”. Censura política e ideológica en las obras de teatro Durante la Segunda República también existía censura previa en las obras de teatro, incluso en las infantiles. Como señaló Manuel L. Abellán: “Autores, empresarios o representantes de las compañías teatrales elevaban una instancia con anterioridad al estreno de la obra.” En su trabajo se indica como diversas obras fueron censuradas por motivos políticos e ideológicos, e incluso suprimiendo críticas al gobierno. La Ley de Vagos y Maleantes, un invento de la Segunda República Hay mucha gente que piensa que la tristemente famosa Ley de Vagos y Maleantes fue un invento del franquismo, pero la realidad es que fue promulgada el 4 de agosto de 1933, durante la Segunda República, y fue un proyecto del gobierno izquierdista de Manuel Azaña. La versión original de la ley declaraba “en estado peligroso” a diversos individuos entre los que contaban los “vagos habituales”, los “ebrios”, “los que ocultaren su verdadero nombre” o incluso los que no justificasen la posesión del dinero que se hallase en su poder. Los castigos iban desde multas al internamiento, pasando por la pérdida del dinero y demás posesiones. Un escudo monárquico para una bandera que no usó la Primera República A diferencia de lo que muchos piensan, la bandera tricolor de la Segunda República no fue utilizada durante la Primera República (1873-1874), régimen que usó la bandera bicolor que había establecido Carlos III como bandera nacional en 1785. La Segunda República cambió el diseño de la bandera, pero irónicamente mantuvo el escudo con los cuarteles que representan a los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada, cuya unión ha simbolizado siempre el Reino de España. La Segunda República también mantuvo las Columnas de Hércules con la cinta luciendo el lema “Plus Ultra”, incorporado por Carlos V para simbolizar su Imperio. Simplemente, se suprimió el escusón con las flores de lis que representaban a la dinastía borbónica, y se sustituyó la corona real por una corona mural, elección muy inadecuada pues dicha corona se usaba tradicionalmente en diversos países -mayoritariamente monarquías- para timbrar los escudos de los municipios, y no de una nación. Una Constitución que lesionaba la libertad religiosa La Constitución de la Segunda República, en su Artículo 26, establecía la disolución de las órdenes religiosas que estableciesen un voto de “especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”. Se proscribía así a las órdenes que hacían voto de obediencia al Papa. A comienzos de 1932, esa norma dictatorial se utilizó para disolver la Compañía de Jesús, nacionalizar sus bienes e iniciar una auténtica persecución contra sus miembros. La Constitución de 1931 establecía, además, la disolución de todas las órdenes religiosas que “constituyan un peligro para la seguridad del Estado”. Con una afirmación así se abría la puerta a que cualquier gobierno se cargase toda orden que no complaciese los caprichos del poder. Además, dicha Constitución prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, una labor a la que los religiosos había dedicado enormes esfuerzos y que había permitido educarse a numerosas personas de las clases más humildes. Se trataba de un atropello en toda regla que violaba el derecho a la libertad de educación. Pero las medidas anticatólicas de esa Constitución no acababan ahí. El Artículo 27 proscribió los cementerios religiosos, ya fueran católicos, judíos, protestantes, etc. Dicho Artículo también establecía lo siguiente: “Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.” Se sometía así a la voluntad del poder el ejercicio de la libertad religiosa, suprimiéndola de facto. Una República sin libertad de educación El Artículo 48 de la Constitución de la Segunda República afirmaba: “La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.” Como ya he señalado, se prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la educación. Al declarar la enseñanza laica se excluía a la religión del sistema educativo, algo que hoy en día violaría el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El citado Artículo 48 de la Constitución de 1931 se limitaba a afirmar: “Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.” Es decir, que la República reconocía a la Iglesia el derecho a enseñar su religión en sus parroquias, conventos o monasterios… pero incluso así esa enseñanza estaría sometida al control del Estado. Significativamente, y en línea con las tesis de las logias masónicas -un poderoso y socialmente muy minoritario grupo de presión, pero al que pertenecían nada menos que 151 de los 470 diputados de las Cortes Constituyentes-, ese Artículo 48 reconocía la “libertad de cátedra” -es decir, que los profesores podían imponer sus opiniones y tesis ideológicas a sus alumnos- pero omitía toda mención al derecho de los padres a decidir la educación que deseaban para sus hijos, derecho históricamente denostado por la izquierda pero que hoy recoge el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando la derecha ganó las elecciones y no la dejaron gobernar La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, gana las Elecciones Generales del 19 de noviembre de 1933 -las primeras elecciones de la historia de España en las que votan las mujeres-, obteniendo 115 diputados. La segunda formación más votada, el Partido Radical, obtiene 102, y la tercera, el PSOE, se queda con 59. A pesar de los resultados, la izquierda amenaza con una insurrección si la CEDA forma gobierno. La izquierda más extremista ni siquiera espera a que ocurra tal cosa: los anarquistas de la CNT inician el 8 de diciembre de 1933 un levantamiento golpista disfrazado de huelga general, que se salda con 89 muertos y 163 heridos, atentados con explosivos, destrucción de archivos, quema de iglesias y atentados contra vías férreas, puentes, líneas telegráficas y telefónicas. El acto más grave de esa intentona golpista es el descarrilamiento del tren rápido Barcelona-Sevilla en Punzol (Valencia), un atentado terrorista que mata a 23 pasajeros y deja 38 heridos. El 18 de diciembre el Presidente de la República, Alcalá Zamora, ignora los resultados electorales y encomienda la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, el segundo más votado. La CEDA se pliega a las amenazas de la izquierda y decide apoyar el gobierno de Lerroux. Sin embargo, en el otoño de 1934 la CEDA exige a Lerroux que le permita participar en el gobierno. Alcalá Zamora lo acepta y el 4 de octubre entran tres ministros de la CEDA en el ejecutivo de Lerroux. Al día siguiente, el PSOE pone en marcha una nueva intentona golpista bajo el disfraz de una huelga general. En Madrid miembros armados del sindicato del PSOE, la UGT, intentan asaltar -sin éxito- los edificios de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Gobernación. En diversas zonas de España la intentona golpista se traduce en una semana de violencia, lo que obliga al gobierno a hacer intervenir al Ejército. El golpe se salda con más de un millar de muertos, entre ellos 35 sacerdotes asesinados por los golpistas. Se trata del levantamiento armado más grave sufrido por la Segunda República antes del 17 de julio de 1936. La actitud golpista del PSOE durante la Segunda República La sangrienta experiencia revolucionaria de octubre de 1934 no es un caso aislado en la actitud del PSOE hacia la Segunda República. Basta con repasar los incendiarios discursos de Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT hasta 1938 y presidente del PSOE entre 1932 y 1935. Ya el 23 de noviembre de 1931, cuando ocupaba el cargo de Ministro de Economía y ante la posibilidad de que se disolviese el gobierno por falta de apoyos parlamentarios, Largo Caballero advirtió: “No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil“. En febrero de 1933 vuelve a repetir su amenaza: “Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución… tendremos que conquistarlo de otra manera”. En agosto evidencia en otro acto del PSOE lo que opina de la República: “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista“. En plena campaña para las Elecciones del 19 de noviembre de 1933, Largo Caballero vuelve a mostrar su peculiar talante: “El jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder“. El 5 de octubre de 1934, como acabamos de ver, cumplió con creces su amenaza, cuatro días después de afirmar en un mitin en Madrid lo siguiente: “Nuestro partido, es ideológicamente, tácticamente, un partido revolucionario… cree que debe desaparecer este régimen“. Tras esa intentona golpista, Largo Caballero es detenido. El 1 de diciembre de 1935 es puesto en libertad. De cara a las Elecciones Generales de febrero de 1936, el presidente del PSOE continúa con sus soflamas golpistas. El 19 de enero de 1936 afirma en un mitin en Alicante: “si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Al día siguiente, en otro mitin socialista en Linares (Jaén), aclara todavía más su posición respecto de la República: “la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución“. El 10 de febrero, en el Cine Europa de Madrid, declara sin rodeos: “estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra democracia”. En ese mismo mitin Largo Caballero deja claro lo que entiende por “nuestra democracia” con estas palabras: “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.”
