Monedero insta a que se investigue quién filtra las declaraciones de 'Pollo Carvajal'

 

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© Proporcionado por El Independiente Juan Carlos Monedero en un acto de Podemos

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero denuncia que Vox se ha aprovechado de un delito de revelación de secretos para solicitar al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, la declaración como testigo del exjefe de la Inteligencia de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro Hugo Armando Carvajal Barrios, ‘Pollo Carvajal’. El exgeneral chavista ha declarado dos veces desde septiembre como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y en dichas comparecencias ha acusado a Monedero de ser el receptor de cientos de miles de euros de parte de los gobiernos chavistas para financiar irregularmente a Podemos en los inicios de la formación.

Vox es acusación popular de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para saber si Podemos fingió o infló el precio de trabajos encargados a la consultora mexicana Neurona con el fin de financiar ilegalmente la campaña de las elecciones generales de abril de 2019. En el marco de dicho procedimiento, los representantes legales del partido de Santiago Abascal pidieron el pasado 23 de septiembre al instructor de dicha causa que citara a declarar a Carvajal considerando que es un «testigo privilegiado y de primera mano de la conexión existente entre el Gobierno de Venezuela y la consultora Neurona». También solicitó que se amplíe la causa a otros correos de Monedero, que se le requiera sobre los trabajos realizados o conseguidos por la consultora Neurona para el Gobierno venezolano, así como que aporte facturas de trabajos llevados a cabo en Venezuela y los billetes de avión de viajes que haya realizado el político a dicho país.

El juez Escalonilla descartó citar a Carvajal considerando que los hechos expuestos por Vox resultan ajenos al caso Neurona

El juez Escalonilla desestimó tal solicitud con un auto del pasado 21 de octubre en el que afirmó que «los hechos expuestos en los mismos resultan ajenos a la presente causa, reducida a la investigación del delito electoral presuntamente cometido por los administradores generales y de las candidaturas del partido político Podemos, así como de las personas titulares de las cuentas electorales de dicha candidatura con ocasión de las elecciones generales celebradas en el mes de abril de 2.019, así como e igualmente si la comisión de dicho delito pudo tener como fin un presunto delito de financiación ilegal por parte del partido político Podemos». «Lo que haya acontecido entre la mercantil Neurona Consulting y los gobiernos y partidos políticos de izquierda de otros países, tales como Méjico, Bolivia y Venezuela, resulta ajeno a la presente causa aún cuando se afirme que dicha consultora realiza los mismos trabajos para todos los clientes. No es objeto del presente procedimiento la investigación de las actuaciones llevadas a efecto por Neurona Consulting en dichos países, y en concreto para el Gobierno de Venezuela, no resultando por ello diligencia hábil para la instrucción de la

presente causa la testifical de Hugo Armando Carvajal Barrios», decidió el juez. Por los mismos motivos descartó el resto de diligencias solicitadas por Vox.

El partido recurrió tal decisión adjuntando dos noticias de prensa que recogían el contenido de la declaración de Carvajal ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en la que apuntaba a Monedero como receptor de fondos del chavismo para Podemos. La defensa de Monedero, ejercida por el letrado Antonio Segura, denuncia que puesto que el procedimiento que sigue el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 en el que compareció Carvajal está secreto, las argumentaciones de Vox se basan en informaciones que han sido conseguidas gracias a la comisión de un delito de revelación de secretos, instando al juez Escalonilla y la fiscal de la causa a denunciarlo. La defensa de Monedero pone el acento en que en una causa secreta sólo el juez, el representante fiscal y el propio declarante pueden transmitir lo que se haya contado en sede judicial.

«Declaraciones de un narcotraficante extraditable»

«Ponemos el acento en esta cuestión, porque desde que se introduce una documentación, procedente de una más que evidente comisión de un delito de revelación de secretos, entendemos que tanto Fiscalía, como el propio Juzgado de instrucción deberían tomar alguna resolución al efecto, máxime cuando con este recurso se pone de manifiesto que esa revelación de secretos intenta hacerse valer por el partido político Vox en estas diligencias. Siendo lo de menos, si de alguna manera el contenido de las mismas coincide con lo que realmente allí supuestamente se relató, cosa no posible de contrastar».

Para motivar su solicitud, Vox adjuntó dos noticias de prensa que recogían el contenido de la declaración de Carvajal ante el juez García-Castellón en el procedimiento secreto sobre la presunta financiación irregular de Podemos a través de Venezuela que éste reabrió para que el exjefe de la Contrainteligencia de Venezuela pudiera declarar. Esto, mientras el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha autorizado la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde es reclamado por delitos de narcotráfico y tenencia de armas.

La defensa de Monedero argumenta que las noticias de prensa aportadas por la acusación «deberían haber sido rechazadas y expulsadas del proceso al consistir en recortes de periódicos que relatan supuestas declaraciones hechas en un procedimiento declarado secreto, y realizadas por un narcotraficante extraditable en su legítimo derecho de defensa. Es decir, declaraciones de un presunto delincuente, reclamado por narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con organización terrorista, hechas en una instrucción declarada secreta, es decir conseguidas también de forma ilegítima, o al menos cometiendo una supuesta revelación de secretos», se lee en el escrito presentado al Juzgado de Instrucción 42 al que ha tenido acceso este diario.

Carvajal ha declarado en dos ocasiones (en septiembre y en octubre) ante el juez García-Castellón en unas diligencias de investigación sobre la supuesta financiación de Podemos archivadas en 2016 y reabiertas por el instructor tras el ofrecimiento del militar chavista de contar lo que sabe sobre los presuntos pagos de los gobiernos chavistas al partido de izquierdas español. Esto, mientras el Pleno de la Audiencia Nacional ha autorizado la extradición del exjefe de la Inteligencia venezolana -que se encuentra en la cárcel madrileña de Estremera como preso preventivo- por presuntos delitos de narcoterrorismo y tenencia de armas. Un tribunal de Nueva York espera juzgarle por colaborar presuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en Norteamérica con el fin de debilitar al país y enriquecerse al mismo tiempo.

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Un informe policial asegura que Podemos ha engañado al juez del "caso Neurona"

 

La UDEF pone en cuestión que los vídeos aportados por el partido morado al juez Juan José Escalonilla hayan sido efectuados por la polémica productora que recibió los pagos.

 ESdiario   

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuestiona que los vídeos aportados por Podemos al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid como trabajos realizados por Neurona para las elecciones generales de 2019 sean en realidad obra de esta consultora política, según un informe enviado al juez Juan José Escalonilla, que sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas moradas.

La UDEF, tal y como le pidió el instructor del caso Neurona, ha analizado la documentación entregada por Podemos para determinar si hay alguna correspondencia entre los servicios que figuran como prestados en las facturas que también se han aportado a la causa y el contenido de dichos vídeos.

Pero la Policía ha concluido que "en la gran mayoría de los archivos analizados se desconoce el autor" y, en aquellos donde ha sido posible, "los autores identificados tienen una relación próxima a la formación política Unidas Podemos, como es el caso de Ángela Medialdea, Patricia Pinta o Javier Iváñez", de modo que "se trata de archivos cuyos autores serían ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos, Neurona Comunidad, o a la mercantil subcontratada, Creative Advice Interactive".

"En los restantes autores identificados, tales como Vicente Camu o Waldemar Aguado Butanda, con la información a la que ha tenido acceso este grupo de investigación, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria Neurona Comunidad, que no tiene trabajador alguno, o con la subcontratada, Creative Advice Interactive", ha añadido la UDEF en su informe.

Además, ha observado que "algunos de los trabajos presentados son susceptibles de no haber sido utilizados para la precampaña y campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, puesto que en la memoria entregada se encuentran archivos que no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".

La UDEF también ha puesto en duda las facturas emitidas por Neurona a Podemos, apuntando que "los conceptos que presentan son tan genéricos que, por parte de este grupo de investigación, no es posible determinar una relación directa en los contenidos contratados y los facturados".

 

Justicia cerca a Podemos con ocho causas por corrupción

 

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, junto a otros dirigentes del partido en una comparecencia de prensa.

El llamado 'caso Neurona' ha derivado en nuevas líneas de investigación como la presunta apropiación de costas procesales, desvío de fondos a plataformas afines o el cobro de sobresueldos.

La presunta utilización de una  asesora de Podemos como niñera, el uso fraudulento de la Caja de Solidaridad del partido, aumentos salariales a dirigentes, desvío de fondos a plataformas afines, pagos a una consultora por servicios presuntamente no prestados… estas son algunas de las líneas de investigación abiertas por la Justicia en torno al partido que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Son un total de ocho causas que afectan ya a destacados responsables del partido, entre ellos su cofundador Juan Carlos Monedero, quien tendrá que declarar la semana que viene como imputado por el presunto cobro de una factura falsa.  También la mano derecha de Iglesias en Podemos y en la Vicepresidencia, su responsable de Comunicación, Juan Manuel del Olmo.

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El llamado Caso Neurona, lejos de diluirse rápidamente como vaticinaron desde la formación morada, ha ido creciendo desde que el pasado verano el juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió imputar al partido como persona jurídica. En el centro de las sospechas del juez estaba el pago de 363.000 euros de las subvenciones públicas a la consultora mexicana Neurona para hacer contenido electoral en los comicios generales de abril de 2019. El magistrado tiene dudas de que esos trabajos realmente se prestasen y esa sensación la comparten tanto la Fiscalía de Madrid como el Tribunal de Cuentas. Recientemente un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía avaló la mayoría de trabajos aportados por Podemos, pero el juez todavía está a la espera de las conclusiones de la UDEF.

A medida que el juez fue ordenando diligencias, el caso se fue complicando para Podemos. Neurona es una firma que solo trabaja para líderes de izquierdas, principalmente en Latinoamérica. Su responsable César Hernández Paredes, aparece en Internet en actitud amistosa con Monedero. La suma total de pagos a Neurona fue de 430.000, el contrato se firmó después de las elecciones, el juez cree que se creó ad hoc una sociedad de la consultora en España para canalizar los pagos sin que consten trabajadores en ella. Además, parte de ese dinero acabó destinado a otra sociedad mexicana bajo el foco de la investigación.   

La denuncia de sus exabogados

Pero el punto de partida de esta investigación está en dos extrabajadores del partido. Son los exabogados de la formación, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, ambos despedidos a principios de 2020. El primero fue cesado bajo la acusación de haber acosado sexualmente de una compañera. La denuncia fue archivada en los tribunales, el letrado fue indemnizado por despido improcedente y ahora prepara una demanda contra Pablo Iglesias por atentar a su honor. Mónica Carmona era la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, algo así como una auditora encargada de investigar irregularidades internas.

Ambos alegan que fueron cesados cuando hallaron multitud de indicios. El propio juez, en uno de sus muchos autos puso de relieve el problema que tienen los dirigentes de Podemos con la ética del cumplimiento de las normas a partir del trato que les dieron a ambos. Los letrados plasmaron sus averiguaciones en una querella que terminó recayendo en el Juzgado de Escalonilla. Algunas de las cuestiones que denunciaban como las obras de la sede del partido o una relación similar a la de Neurona con otra firma portuguesa se han ido archivando. Pero otras siguen vivas desde el principio.

Es el caso de la aprobación de incrementos salariales en el partido, unos hechos por los que está investigada la gerente del partido, Esther Val, y el responsable financiero, Daniel de Frutos. En su declaración ante el juez, De Frutos dijo que por los resultados que tuvieron en las elecciones, había menos gente de finanzas en otros territorios, a él le tocaba “hacer más responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu función”. 

“Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo”, dijo la gerente en una declaración a la que tuvo acceso este periódico. 

La Audiencia Provincial defiende investigar

La apreciación de presuntas irregularidades en Podemos no se limita a la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o el juez Escalonilla. También incluye a la Audiencia Provincial de Madrid que ha defendido el mantenimiento de Podemos como investigado en la causa o la reapertura de investigaciones que el magistrado había archivado como la que afecta a la llamada Caja de Solidaridad del partido. Se trata de una cuenta en la que los cargos del partido donaban parte de su sueldo para que se destinase a fines sociales. Por estos hechos figura como acusación particular una exsenadora de Podemos. Las acusaciones populares las integran Vox, la asociación de juristas Pro Lege y el Movimiento de Regeneración Política de España.

Las dudas de la Audiencia Provincial se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes". El exabogado del partido que dio origen al caso, José Manuel Calvente, había denunciado que una asociación llamada #404 Comunicación Popular le había pedido 50.000 euros a Podemos y que ese dinero se destinó para “un presunto pago a un miembro del partido político” (la denuncia no identificaba en concreto a quién).

El Grupo III de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla investigó por orden del juez el Registro Nacional de Asociaciones en busca de los fundadores de 404 Comunicación Popular. Pese al silencio de Podemos, los investigadores detectaron que la asociación que recibió el dinero es titular de una cuenta de la entidad Triodos Bank y que recibió tres transferencias ordenadas por “Podemos” por valor cada una de ellas por importe de 10.000 euros el 5 de septiembre de 2019, el 20 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2020. 

Nuevos indicios

El último revés para Podemos ha sido la decisión del juez de abrir procedimientos independientes sobre otras cuatro líneas de investigación. El origen de la información ha vuelto a ser el mismo. A petición del magistrado Escalonilla, Mónica Carmona mandó todos los expedientes que había iniciado cuando era auditora del partido y aportó nuevos indicios. Entre ellos estaba el polémico uso de una asesora de Podemos como niñera de los hijos de la pareja que forman Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

Podemos se quejó de que Carmona había ido más allá de lo que le había pedido el juez y apuntó a que eran informes creados ad hoc por su animadversión hacia al partido. La Fiscalía aprecia ese interés contra la formación morada, pero se mostró a favor de no mirar para otro lado e investigar las novedades. El juez ha atendido la petición y ha acordado la apertura de cuatro nuevas vías de investigación en un auto del pasado 3 de marzo en el que no precisa si las tramitará él o la derivará a otros juzgados al no tener relación con sus pesquisas.

Además del caso de la niñera pide que se abra un procedimiento sobre la presunta apropiación por parte de Iglesias de las costas procesales del partido, unos hechos avanzados por Vozpópuli. Carmona señala que el secretario general Pablo Iglesias cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador) había pagado la formación.

Las otras dos tienen que ver con el presunto envío de un total de 500.000 euros a un proyecto solidario llamado Escuela Popular Paulo Freire -vinculado al dirigente de Podemos Rafael Mayoral, uno de los más próximos a Iglesias- y a la fundación del partido llamada 25M. Su actual responsable es Juan Carlos Monedero pero las irregularidades detectadas por Carmona son anteriores a su llegada al cargo. 

En cualquier caso, Monedero tendrá que dar explicaciones el lunes de la semana que viene ante el juez Escalonilla en el marco de una pieza separa que investigó en secreto desde septiembre hasta hace solo unas semanas. Tiene que ver con el cobro de 26.200 euros de Neurona poco antes de que Podemos alcanzase su acuerdo de colaboración con Podemos. Tanto el juez como la Policía apuntan a una posible comisión por facilitar el acuerdo entre ambas partes. Él alega que corresponde a trabajos de asesoría, pero a los investigadores les generan dudas la factura que aportó para justificar el trabajo prestado, que según dice fueron 300 horas presenciales. La Policía llegó a plantear que le investigaran por blanqueo de dinero pero el juez lo consideró prematuro.

Podemos se queda mudo tras el dictamen de la Fiscalía que le implica en delitos

 

Pablo Iglesias, en el Congreso

La propia Fiscalía, pese a su cercanía a Dolores Delgado, se ve obligada a reconocer que existen "indicios de delito" en el partido de Pablo Iglesias por sus manejos con Neurona.

Podemos ha enmudecido en las últimas horas tras conocerse que la Fiscalía mantiene su imputación y, sobre todo, que "existen indicios racionales de delito" referidos a la contratación mercantil Neurona, por el que se habría pagado 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de las elecciones generales de 2019, una relación plagada de sospechas avaladas por el anterior equipo jurídico de la formación.

La Fiscalía, a quien se supone la mayor benevolencia hacia Podemos por su dependencia de Dolores Delgado, muy poco proclive a darle problemas a Iglesias, no ha tenido más remedio que reconocer en su auto,  que los hechos "son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral", tal y como señaló el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones.

Como para compensar, y con una evidente paradoja de difícil encaje, según explican fuentes jurídicas a ESdiario, la Fiscalía asegura no ver delito de financiación irregular, según consta en el informe firmado por la fiscal Lorena Álvarez Taboada, que no obstante sostiene la necesidad de que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, con Juan José Escalonilla al frente, mantenga la condición de Podemos como imputado.

Las sospechas del juez acorralan a Podemos por su relación con Neurona

 

Pero hasta en esa conclusión, se perciben más matices técnicos que realidades penales: la propia Fiscal ve indicios de delito, pero discute que ese tipo de abusos puedan cargarse a personas jurídicas y no a físicas: es decir, que si se confirmara el delito, el responsable tendría que ser los administradores personales del partido y no el partido en sí mismo.

Es decir, el órgano que acusa sí ve delitos posibles e incluso el de financiación irregular del propio partido, y se limita a discernir sobre quién debe "pagar el pato", en lenguaje común, por la naturaleza de los mismos: si los "gerentes", que siempre actuaron a las órdenes de Iglesias, o si también las siglas. Un debate más jurídico que político que, en cualquier caso, supone un misil en la línea de flotación de Podemos.

El partido, hasta este momento, no ha hecho ninguna valoración formal, limitándose su reacción  a un simple tuit de su diputado Jaume Asens en el que juega a la confusión para intentar salvar los muebles y, de paso, ataca a don Juan Carlos.

 

 

Los detalles del informe de la UDEF

Los contratos con la consultora vinculada a un amigo de Juan Carlos Monedero, se rubricaron por parte de las altas esferas de la formación, con Juanma del Olmo, responsable de la campaña electoral, como máximo responsable y planean las dudas sobre la posibilidad de que Echenique estuviera al corriente de todos los movimientos que ahora se le achacan, una vez que su papel ya era el de portavoz, por lo que no se descarta que todo fuera una maniobra para poder sacarlo de la dirección del partido.

Hasta el Fiscal ve posibles delitos, solo duda de si el responsable es el partido o sus dirigentes

Según el informe de la UDEF, Echenique, Daniel de Frutos, uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos, y Carolina Alonso, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, figuran como apoderados de una cuenta en Triodos Bank de la que es titular Podemos y desde la que se ordenó transferir 2.420 euros a Neurona el pasado 28 de enero.

La UDEF refleja otras transferencias de dinero, entre las que destaca una efectuada desde una cuenta en Caixa Credit Enginyers, de la que es titular Unidas Podemos y constan De Frutos y el otro administrador electoral, Carlos García Ramos, como apoderados. Desde ahí se ingresaron 363.000 euros a Neurona, el valor total del contrato por los servicios electorales, en tres tandas: dos envíos de 100.000 euros cada uno realizados el 9 y el 23 de abril de 2019 y un tercero del 9 de mayo de ese año por 163.000 euros.

Desde otras tres cuentas de esa misma entidad se hicieron más ingresos a Neurona: uno de 38.720 euros el 21 de mayo de 2019 desde una de la que es titular Unidas Podemos y apoderados Jorge Antonio del Rey y Miguel Montero; otro de 4.000 euros el 20 de noviembre de ese año desde una de Unidas Podemos en la que son apoderados De Frutos y García Ramos; y dos por un total de 17.303 euros ordenados el 9 de octubre y el 18 de diciembre del año pasado desde una de Podemos en la que figuran De Frutos y Denis Thomas Maguire.

Podemos ha enmudecido en las últ

El juez investiga si hubo un contrato simulado con Neurona para distraer dinero de las cuentas 'moradas'

 

© EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press . Reservados todos los derechos El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias

El juez investiga si hubo un contrato simulado con Neurona para distraer dinero de las cuentas 'moradas'

El juez investiga si hubo un contrato simulado con Neurona para distraer dinero de las cuentas 'moradas'

La consultora política Neurona Comunidad, a la que Podemos contrató para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, pagó 130.500 euros a Creative Advice, la empresa mexicana a la que subcontrató para que se ocupara de hacer el trabajo encargado por la formación 'morada', por el que el partido pagó a Neurona 363.000 euros, según las facturas que el administrador de esta última empresa ha aportado al juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que sospecha que pudo ser un contrato simulado.

El administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, que está investigado, ha aportado este viernes a requerimiento del juez Juan José Escalonilla cuatro facturas por importe de 844.660, 672.479, 520.519, y 1.152.889 pesos mexicanos (un total de 3.190.550 pesos mexicanos que al cambio actual son 130.548 euros) que pagó el mismo día --26 de abril de 2019-- a Creative Advice con escasas horas de diferencia.

Las facturas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se pagaron en concepto de "desarrollo de estrategia de comunicación", "producción de 'spots' publicitarios", "gestión y manejo de redes sociales Facebook primer semestre 2019" y "gestión y manejo audiovisual para proyecto de realización de 'spots' con alta cobertura gráfica".

Estas cuatro facturas se corresponden al contrato que Podemos firmó con Neurona por valor de 363.000 euros para las elecciones generales, según las fuentes jurídicas consultadas.

Escalonilla ha reclamado estas facturas a Castejón para completar la contabilidad de Neurona que aportó a la causa en su momento y en la que consta que en los años 2019 y 2020 la mercantil realizó varias transferencias a Creative Advice por un total de 307.000 euros.

Las fuentes han precisado que estas cuatro facturas son las que figuran en la orden de pago que Andrea Edlin López, socia mexicana de Neurona Comunidad junto al también mexicano César Hernández, dio el 25 de abril de 2019 a Castejón para abonar a Creative Advice los servicios prestados a Podemos.

En dicha contabilidad, a la que también ha tenido acceso Europa Press, hay otras dos órdenes de pago --del 27 de mayo y del 19 de junio de 2019-- en las que Edlin López pide a Castejón que ingrese a Creative Advice 3.225.000 pesos mexicanos (131.974 euros) por otras cuatro facturas que el administrador también tiene intención de aportar a la causa.

EL TRABAJO DE NEURONA

En estos momentos, la cuestión electoral constituye el núcleo de la investigación dirigida por Escalonilla, que ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido contratos simulados para ocultar "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, según ha expuesto en sus autos.

La causa parte de la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente por cuatro supuestos ilícitos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el destino de 50.000 euros transferidos de la Caja de Solidaridad del partido a #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' --la abogada Marta Flor--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede.

Escalonilla ha archivado las actuaciones en lo relativo a los contratos electorales con ABD Europa y a la llamada 'Caja B', pero continúa investigando lo demás. La Fiscalía Provincial de Madrid, que al igual que el Tribunal de Cuentas coincide con el juez en que podría haber un contrato simulado con Neurona, le ha recomendado limitar a esto sus pesquisas, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

Podemos teme que el juez llame a declarar al equipo de redes que controlaba Del Olmo

lcostantini@vozpopuli.com (Luca Costantini)

 

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© Proporcionado por Vozpópuli

El caso Neurona ha llegado a algo parecido a una encrucijada. Así lo revelan varias fuentes de Podemos que temen que el juez Juan José Escalonilla llame a testificar a cuadros y trabajadores del partido que prestaron su servicio durante la campaña electoral de 2019. Su preocupación se centra en que el magistrado fije su mirada en el equipo de redes. Es decir, en los asesores y empleados de Podemos que trabajaron codo con codo con los profesionales de Neurona en un espacio alquilado ad hoc por el partido. Todos bajo el mando de Juanma Del Olmo.

A finales de 2018, los representantes de Neurona, y entre ellos Juan Carlos Monedero, empezaron a hablar con dirigentes de la cúpula de Podemos para activar una relación comercial. Las primeras colaboraciones se realizaron en el municipio madrileño de Alcorcón, bajo el mando del dirigente de Podemos Jesús Santos, hoy líder de los morados en la región.

Varias fuentes de Podemos revelan que llegaron a España algunos jóvenes trabajadores de Neurona (sobre todo desde México), para asesorar a Santos, como desveló este diario. Fue entonces cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas y Neurona logró entrar en el negocio de la campaña de las generales.

© Proporcionado por Vozpópuli Jesús Santos en Alcarcón con Rafa Mayoral de Podemos

Un ejercito bajo un mando único

Los asesores o expertos fichados por Neurona, que se alojaban en pisos "ocultos" alquilados en municipios como el de Leganés y a través de "amigos de Jesús Santos", empezaron a acudir al espacio ad hoc alquilado por Podemos para la propaganda en redes. 

“Se le llamaba el Big Data Room”, explica un miembro del partido. Otros que accedieron al espacio, que se ubicaba en la calle Maudes de Madrid, sostienen que los trabajadores de Podemos y los “expertos” enviados por Neurona estaban sentados unos al lado de otros. Y recalcan que no sabían si tenían los permisos laborales en orden, aunque desempeñasen su labor en una sede de Podemos.

El dirigente al mando de toda la operación era Juanma Del Olmo. El jefe de campaña era el dirigente pablista que desde 2017, con la salida de Errejón, había tomado el control de esa importante sección del partido. Del Olmo controlaba un equipo de entre quince o veinte miembros del partido, y un presupuesto que rondaba los 1,7 millones de euros, según cifras oficiales presentadas por el propio partido morado al juez.  

“Todo el operativo estaba bajo las órdenes de Juanma. Era él, junto a Julián Macías [número dos en el equipo de redes], los que decían id por aquí o por allí, atacar o defender. Era como un ejército. De hecho, algunos los llamaban en broma las camisas pardas”, explican desde el partido morado. "Llenaron el espacio de ordenadores comprados o alquilados. Era como un cuartel general", afirman desde dentro el partido. 

Trabajos mezclados

Las fuentes consultadas aseguran que Del Olmo ejercía de jefe de los dos grupos (el de Podemos y el de Neurona), que estaban perfectamente coordinados entre ellos, y cuyos trabajos se mezclaban haciendo imposible diferenciar los realizados por Podemos de los externalizados a Neurona, que llegaron a costar 425.000 euros.

Este detalle no es baladí. El juez Escalonilla quiere saber si los trabajos de Neurona los realizó la empresa, cuya filial española no tenía plantilla, o si Podemos disimuló una externalización que podría ser delictiva. Hasta ahora el magistrado ha pedido conocer los movimientos de la cuenta bancaria adscrita al responsable de Neurona Comunidad, filial española de la empresa mexicana.

En sus movimientos y transferencias no trascienden pagos aparentemente vinculados a la elaboración de contenido audiovisual para una campaña electoral. Además, ahora Escalonilla ha encargado a la Policía que analice los movimientos de una de las cuentas oficiales de Podemos, registrada en al banco Triodos Bank y cuyo apoderado es el portavoz parlamentario y exsecretario de Organización Pablo Echenique.  

En su declaración ante el juez, Del Olmo afirmó que él no se hacía responsable de los gastos de los dueños de Neurona, pero sí que daba fe de que los trabajos realizados existen y que fueron de buena calidad. Sostuvo que el Big Data Room se activó por falta de espacio en la sede de Podemos de la calle Princesa (algunos en el partido creen que se podía habilitar la séptima planta), y reconoció haber tenido relación con cuatro trabajadores de Neurona, pero que desconocía el funcionamiento interno de la consultora.

© Proporcionado por Vozpópuli La Complutense estudia expedientar a Monedero por cobrar sin permiso como asesor privado

Otra vuelta de tuerca de Escalonilla

Después de las declaraciones de Del Olmo, del tesorero y de la gerente de Podemos, Escalonilla ha decidido dar otra vuelta de tuerca al caso. Ha llamado a testificar a otros trabajadores, como un cámara del partido, y se sabe que está evaluando escuchar a figuras habitualmente de segundo nivel, como Eric Alberto Guerrero, conocido con el apodo de El Colibrí (por las camisas coloridas que solía ponerse). 

Este miembro del partido no tiene una relación directa con Neurona, sostienen las fuentes consultadas, aunque forma parte del círculo más estrecho de Monedero. "Es muy amigo suyo", sostienen las fuentes consultadas, que también apuntan a Orencio Osuna como otro miembro de ese entorno.  

El temor a que el juez pida escuchar a más testigos y cite a miembros del equipo de redes de Podemos o personas cercanas a Monedero aumenta, porque, a diferencia de los imputados, a los testigos les está prohibido mentir. Y algunos aseguran que muchos de ellos no tienen la intención de verse salpicados por un asunto que consideraron una equivocación desde el principio.