El fiscal general acorrala a Sánchez: cree terrorismo el Tsunami y los CDR

 

García Ortiz y Dolores Delgado.

García Ortiz pincha el lawfare: todos los sumarios de García Castellón del “independentismo violento” (incluido Puigdemont) integran las actuaciones “más relevantes contra el terrorismo".

Todos los sumarios del juez Manuel García Castellón contra Puigdemont y demás presuntos protagonistas de actos violentos indepes como tsunami o cdr forman parte de los “procedimientos más relevantes del área de terrorismo”.

Lo suscribe ante Moncloa el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, cuyos subordinados, tras los pactos con Junts, tratan de aguar sumarios y reputarlos de “desórdenes públicos”, en contra de lo que llevan sosteniendo desde 2019.

Pedro Sánchez y el fiscal general García Ortiz: que se note quién manda

 

Lo que el fiscal general llama “independentismo violento” en el informe que eleva al Gobierno, Sánchez lo bautiza “conflicto político” en su amnistía. Debe explicar a la UE si España persigue terroristas o políticos. Y si son terroristas por qué les amnistía con un truco: que no tengan condena firme, algo más lento que una ley.

El fiscal general del estado, cuando no se ocupa de promocionar ilegalmente a su exjefa, deja valientes escritos. Así describe las más “relevantes" operaciones del "área del terrorismo”. “Tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civil identificó como una amenaza la existencia y proliferación de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Dicha hipótesis se reforzó tras los violentos actos producidos tras la denominada «sentencia del procés» durante el otoño de 2019. Consecuencia de lo anterior, se procedió a la apertura de una operación sustentada en medidas de investigación autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 en el marco de sus DP 104/2017 declaradas secretas”. Unas investigaciones sobre 13 CDR de García Castellón que el fiscal general valida como concepto. Fue terrorismo.

 

 

El fiscal general avala los sumarios de García Castellón por terrorismo indepe.

 

“2019, en el marco de las DP 99/2018, se procedió a la detención de 9 individuos implicados en la comisión de presuntos delitos de terrorismo y fabricación de explosivos, miembros del Equipo de Respuesta Táctica, de los cuales 7 fueron presentados ante la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión y que en la actualidad se encuentran en libertad bajo fianza con medidas de control. Igualmente, durante 2020 el juzgado tomó declaración a otros 4 individuos en calidad de investigados.

El fiscal general del estado, cuando no se ocupa de promocionar ilegalmente a su exjefa, deja valientes escritos.

En la actualidad se está pendiente de la resolución de diversos recursos de las defensas de los procesados y una vez resueltos solo queda la celebración del plenario ante la Sala de lo Penal correspondiente”, explica García Ortiz a Sánchez.

El fiscal general cree, como García Castellón, que fabricar explosivos es terrorismo. Hoy, por culpa de ambos procesos, la fiscalía pide 248 años de prisión para 12 CDR.

 

Lo que el fiscal general llama “independentismo violento” en el informe que eleva al Gobierno, Sánchez lo bautiza “conflicto político” en su amnistía.

“Igualmente, en las DP 85/2019 se está pendiente de la cumplimentación de diversas comisiones rogatorias libradas a distintos países y con su recepción se podrá hacer una valoración jurídica de los hechos”, detalla el fiscal general a Moncloa. Es la causa que ha elevado García Castellón al Supremo por implicar al aforado Puigdemont como cabecilla del Tsunami Democrátic.

Y es otra de las más relevantes operaciones antiterroristas para García Ortiz. El taimado juez objeto de acusaciones de lawfare coincide con el fiscal general: no fueron meros desórdenes públicos, fue terrorismo. García Ortiz respaldaba el criterio de magistrado y sus fiscales. Hasta hoy.

La fiscalía sostuvo desde 2019 que el tsunami era terrorismo hasta el 19 de julio de 2023. “En el parecer del Ministerio los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo de los artículos 571 y ss del Código Penal, tal y como ha venido manteniéndose desde el inicio de las actuaciones mediante dictámenes que se ratifican en el presente”.

El juez García Castellón desmonta la amnistía y el "lawfare" en un auto demoledor sobre tsunami 

 

Pero el 26 de julio de 2023 (Sánchez ya precisa los votos de los líderes del tsunami) cambia de criterio: “realmente el Ministerio Fiscal no está en condiciones, a la vista del estado del procedimiento, para adelantar su criterio de forma taxativa y concluyente sobre si procede o no dicha inhibición”.

Esto ocurre en un ministerio público cuyo jefe está condenado por desvío de poder. Paradójicamente, el fiscal general dos meses después inserta el sumario que salpica a Puigdemont entre las actuaciones más brillantes contra el terrorismo. Y se lo hace saber a Sánchez.

Hasta tertulianas vinculadas con la judicatura braman que no se puede llamar terrorismo al tsunami si no está claro si hubo muertos. Año tras año ha habido condenados por terrorismo callejero sin muertos: los de la kale borroka etarra. Pero todavía no toca amnistiarlos.

 

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A los pecados de Pedro III el Magnánimo, les socorre la ingrata por imparcial justicia de la Fiscal General

 

Posiblemente, el mayor logro en beneficio de la humanidad tuvo lugar durante el siglo XVIII en la Francia revolucionaria. Allí germinó el moderno Estado de Derecho que, en evolución constante, alcanzó su cénit en los albores del siglo XXI. En la Francia ilustrada nacieron ideas hoy consideradas irrenunciables como sustrato de la dignidad humana. Ideas tales,  como la libertad política, la igualdad o la separación de los poderes del Estado, las cuales fueron abrazadas por una pujante burguesía que ya había alcanzado un gran poder económico y que provocó el benéfico efecto de clausurar el Antiguo Régimen residenciado en una Monarquía decadente.

El mayor aporte  histórico fue, a nivel jurídico y social, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en la cual se inspirarían todas las venideras declaraciones y convenios internacionales sobre derechos humanos. En ella se establecieron una serie de derechos universales inherentes a la condición humana; derechos que no crearon los revolucionarios, sino que se limitaron a constatar. Todos ellos de tan hermosa factura como el contenido en el artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Se alude a la libertad como todo aquello que no perjudica a nadie y sólo la ley puede limitar; se habla de la presunción de inocencia y de la irretroactividad de la ley; de la libertad de opinión, de prensa y de conciencia; del principio de igualdad frente a la ley; de la igualdad para acceder a los cargos públicos solo con base en las capacidades individuales. Se refiere a la ley como expresión de la voluntad general y fuente de los poderes públicos; se recuerda que los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella. Constata cuales son los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

¿Cuánto de esto está llamado a desaparecer o desaparecido en la España socialista? Analicemos el art. 16: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución. Me pregunto si en el Ministerio de Justicia que impulsó la reforma de la LOPJ que acabó por convertir al órgano de gobierno de los jueces en una especie de subdirección general de aquel, y por elegir a sus integrantes "a dedo" entre los dos partidos mayoritarios con el apoyo de los partidos bisagra y sin intervención efectiva por parte de sus gobernados, los jueces, son conscientes de lo que han hecho con la separación de poderes. Un Consejo con capacidad de sancionar disciplinariamente a los jueces incómodos con el verdadero -único, en realidad- poder, de elegir para los altos tribunales a los magistrados llamados a juzgar, en su caso, a ministros, diputados, senadores y miembros de los parlamentos autonómicos, de informar las leyes y de nombrar, si un nuevo atentado a la independencia judicial se consuma, a los presidentes de los tribunales de instancia que ejercerán un poder desconocido sobre los restantes jueces desapoderados también de la instrucción del procedimiento penal una vez que el nuevo Código procesal penal deje en manos de los fiscales (subordinados jerárquicamente al Fiscal General del Estado elegido por el gobierno y que, a día de hoy, recae en la pareja de Garzón, juez inhabilitado y ministra de justicia porque así quiso Pedro Sánchez) la investigación de los delitos bajo el inédito principio de oportunidad (a ti te investigo y a ti no).

Y si la separación de poderes peligra de tal manera, no digamos el aseguramiento de la garantía de los derechos. ¿Están garantizados esos derechos de los ciudadanos con una ley de tasas que obstaculiza a millones de ellos el acceso a la tutela judicial efectiva? ¿Sabían que los asuntos civiles han disminuido en un 25% desde la vigencia de dicha ley? Varios miles de injusticias y quejas no tienen acceso a los tribunales; solo las grandes empresas y los ricos acceden con normalidad a ellos; se ha favorecido la impunidad de las administraciones públicas (exentas de tasas); no se ha recaudado con ellas ni la tercera parte de lo previsto, la cual tampoco se ha destinado a financiar la justicia gratuita como se decía; y, sin duda, va a convertirse en caldo de cultivo del conflicto social.

 

¿Conflicto social? ¡Ah! Para resolverlo expeditivamente tenemos otro ministro a mano: el de interior. El mismo que afirma sin rubor que las cuchillas de la valla –indultadas- que nos separa de África solo producen erosiones superficiales a quienes entran en contacto con ellas tratando de escalar dicha valla, también bendice que el escalamiento de edificios públicos con fines reivindicativos sea severamente sancionado en su autoritaria ley de seguridad ciudadana, lo mismo que hacer botellón o sacarle fotos a la policía en las manifestaciones (por cierto, a agentes que van con una armadura integral que les hace irreconocibles). Dice el art. 12 de la declaración francesa de hace tres siglos que, siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. ¿De verdad que esa fuerza, que ha dado muestras claras de su espíritu democrático desde la Transición no está empezando a ser utilizada no en beneficio de la comunidad, ni tampoco en provecho propio, sino para proteger a quienes mueven los hilos? ¿Cómo si no entender la sanción de los incómodos escraches que no han tenido la respuesta judicial que esperaba el gobierno? ¿Cómo si no entender las gravísimas sanciones económicas previstas para quienes se manifiesten ante el Congreso, Senado u otros organismos que tampoco han sido sancionados por el Poder Judicial? ¿También esta vuelta de tuerca es culpa de la crisis o en realidad es culpa de una ideología represora de las libertades?

Blog de Juan Pardo.

SÁNCHEZ IMPONE SU » FISCALÍA PATRIÓTA »

SÁNCHEZ IMPONE SU » FISCALÍA PATRIÓTA »

En pleno estado de alarma, ya empieza a notarse la larga mano de Pedro Sánchez en la Fiscalía General, donde Dolores Delgado se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos. Ayer, dos resoluciones de la Fiscalía delataron su sumisión a los caprichos de Sánchez.

Por un lado, el fiscal planteó el archivo de las diligencias abiertas por un juzgado contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber impulsado las manifestaciones feministas e ideologizadas del 8-M a sabiendas del riesgo de infección vírica.

Por otro, Delgado se retrató ofreciendo al que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ser casi exonerado en su juicio por la revuelta independentista del 1-O. Es cierto que la Fiscalía estaba forzada a modificar sus conclusiones y a acusarle de sedición tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el resto de golpistas catalanes.

Pero plantear como alternativa la pena de desobediencia, que no acarrea más que una inocua inhabilitación, es una cesión inadmisible del Gobierno al separatismo.

En su afán por controlar la justicia, Sánchez pretende convertirla en un asidero político de la izquierda al servicio del sectarismo, del independentismo y del revanchismo ideológico. Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una «Fiscalía patriótica» y sumisa, mientras culpa a la derecha de alentar un golpismo falsario y tribal a través de una supuesta «policía patriótica».

Inventando mantras Sánchez no tiene rival. Su doble vara de medir resulta obscena si se trata de favorecer a la izquierda o a los destructores de España. Para Sánchez y para sus medios al servicio de un cambio de régimen político, es relevante que la Fiscalía pida el archivo del proceso del 8-M, y no lo es que un juez impute -investigue- a un delegado del Gobierno socialista.

En cambio, si el imputado-investigado es dirigente de la derecha, entonces lo innoble, lo indigno, lo relevante y lo corrupto, es que ese imputado no sea destituido.

El cinismo de Sánchez resulta ya desbordante, lo cual abre otro debate trascendental: dada la notoria ofensiva de Moncloa para socavar la independencia judicial -Marlaska sigue en su cargo-, cabe preguntarse para qué quiere Sánchez que sean los fiscales, y no los jueces, quienes instruyan los procesos penales.

Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. Al tiempo. Ya lo dijo en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno.

Pues eso». Sánchez e Iglesias solo encarnan una cosa, un atraco al Estado sin límites.

ABC

¿A dónde van la Fiscalía y la Abogacía?

Está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, luego, decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros.

El auto que ayer hizo público la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M es un repaso jurídico en toda regla a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. En 17 páginas sin desperdicio, la juez Rodríguez-Medel desmonta todas las quejas de nulidad procesal e indefensión al investigado. La resolución judicial no se limita a una fría aplicación de preceptos legales, sino que pone a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía ante el espejo de sus debilidades y contradicciones. Es un auto cuya lectura merece la pena, porque desvela la insolvencia de la campaña desatada por esas instituciones -que se deben al principio de legalidad- contra la propia juez, la Guardia Civil y la investigación del 8-M en su conjunto. Mucho miedo debe haber en el Gobierno por estas diligencias penales cuando tiene que forzar a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal a caer en una estrategia procesal casi suicida, sin fundamento sólido, ni objetivo claro. Es más, sus ataques a la instructora han permitido a esta perfilar aún más el objeto de su investigación y la posible implicación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, citado hoy a declarar, de manera que sólo lo desconocen los que quieran seguir siendo ignorantes.

Es evidente que, en principio, no resulta fácil el encaje jurídico penal de las decisiones administrativas tomadas por acción o por omisión en relación con el 8-M; pero también es evidente que la manifestación feminista fue consentida cuando el peligro de contagios masivos por el Covid-19 en actos multitudinarios no era un rumor o una mera especulación, sino un hecho notorio dentro y fuera de España, conocido precisamente con detalle por las autoridades sanitarias y políticas con competencia para prohibir esa concentración. La teoría del «no sabíamos nada» es falsa, pero si fuera cierta, seguiría siendo un dedo acusador contra quienes tenían la obligación de saberlo todo, porque de ellos dependían decenas de miles de vidas.

Por eso está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, luego, decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros. Incluso si algo cabe cuestionar en esta investigación penal es la exclusión de otros posibles delitos -lesiones imprudentes, por ejemplo- y otros posibles responsables, como Fernando Simón. En todo caso, la fase de investigación no cierra la puerta a nuevas ampliaciones de hechos y personas, y esto es lo que el Gobierno teme, porque tanto el informe del forense como los atestados de la Guardia Civil no solo no están dando motivos a la juez para archivar la causa penal, sino que aumentan los indicios para seguir adelante con ella e implicar a más personas. Y, en lo sucesivo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía deberían cuidar su autoestima y evitar el ridículo.

¿A dónde van la Fiscalía y la Abogacía? es un contenido original de ABC.es

Vamos a quitarnos las caretas

Delgado no es la fiscal general del Estado, sino del Gobierno.

Las mascarillas no, porque te pueden multar con 100 euros si te pillan sin ella por la calle. Aunque no he visto aún a nadie que le hayan puesto esa sanción, mientras estoy harto de recibir vídeos de arriesgados botellones sin que nadie los prohiba. Las mascarillas, pues, no: pero vamos a quitarnos las caretas. Hablo de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado que, mire qué casualidad, cuando el Banco de España anuncia los peores presagios económicos y estiman que los parados llegará al millón, va y, de la ceca a La Meca, saca a Don Juan Carlos para distraer al personal de lo verdaderamente importante y para complacer a los socios del Gobierno de coalición que no van

 a parar hasta que abran una causa general contra la Monarquía y terminen condenando, por lo menos, a Fernando VII. No he visto otra nación del mundo donde se pida una comisión de investigación con la finalidad última de socavar unos de los pilares más firmes de la sociedad. Igual que van contra la Guardia Civil. Y, mientras, Trapero, el gran facedor el 1-O del golpe separatista catalán, se va de rositas, con un cambalache para que no vaya a la cárcel. Y mientras, de los contaminados por el virus en la temeraria manifestación feminista del 8-M va a tener la culpa la juez que la investiga. Así que vamos a quitarnos las caretas, y a decir que Dolores Delgado no es la fiscal general del Estado, sino del Gobierno. Y que no existe la Abogacía del Estado: es la Abogacía del Gobierno. Que ha ocupado ya el Estado, sin separación de poderes.

Estaba convencido en la tesis del liberalismo: mucha sociedad y muy poco Estado. Estos tíos están llegan a algo más difícil: muy poca sociedad y ocupación del Estado por el Gobierno. Hasta que logren la confusión completa entre Gobierno y Estado no pararán. Lo que no es nuevo. Esto ya se probó con éxito y casi durante 40 años en Andalucía, donde lograron la perfecta confusión entre PSOE y Junta. La que ahora están imponiendo entre Estado y Gobierno.

Con un peligroso optimismo sobre el Covid, vivimos días de confusión. En la dichosa «desescalada» se están pasando de chorradas y a la gente, aborregada, le parece lo más normal. En los trenes, metro y autobuses se puede ir ya como sardinas en lata. No hay que guardar la menor «distancia social... comunista»: los metros de separación impuestos por los desconocidos y autotitulados expertos de un Gobierno que ha sido desbordado por el control de la crisis sanitaria y económica y ha hecho de la mentira su arma de combate. Si en los autobuses pueden ir todos los asientos ocupados, y cuanta gente quepa en pie en las plataformas, ¿por qué esas restricciones de ocupación a las grandes superficies, a los comercios, a los restaurantes, a los bares? ¿Por qué si un romántico que quiere perder el dinero organiza una corrida de toros puede tener hasta 800 espectadores en los tendidos, mañana jueves el Betis y el Sevilla han de jugar el derbi de reanudación del «panem et circenses» de la Liga a puerta cerrada? ¿Por qué no dicen que es una corrida de toros y al menos así pueden entrar 800 personas al estadio? Vivimos en una inmensa mentira, aborregados. Una cosa así como nosotros, por absurdas que sea, acatamos todas las órdenes de este Gobierno que nos lleva a la ruina deberían de ir los judíos en los trenes nazis camino de los campos de exterminio. Mucha obligación de separación, mucho gel desinfectante en las manos, pero aquí No Passssa Nada si se organizan manifestaciones sin guardar la menor distancia, hombro con hombro, para protestar contra la Policía porque en Estados Unidos han matado a un señor de color. Cuando no se ha organizado ni una sola manifestación por los miles de muertos del Covid. Y nunca llegó a celebrarse aquel gran acto funeral de Estado que anunciaron cerraría los días del luto oficial, presidido por Don Felipe VI. O sea, el arte de la mentira.

Antonio BurgosArticulista de Opinión

LA FISCALÍA, JUGUETE DE PEDRO SÁNCHEZ

Frenesí fiscal. El órgano que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha acometido en un solo día tres operaciones de gran calado. De entrada, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar a Juan Carlos I por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca. La noticia ha sido recibida con gran alborozo por personajes como Pablo Echenique y Gabriel Rufián, cuyas contribuciones a la democracia en España son de sobra desconocidas.

En segundo lugar, la Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra Franco, titular que a bote pronto ha causado conmoción en la izquierda hasta que han entendido que este Franco es José Manuel Franco, a la sazón delegado del Gobierno en Madrid. Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros.

Y para redondear el día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el exjefe de los Mozos, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.

Jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. La fiscal general, Dolores Delgado, sí que sabe lo que hay hacer, no como su antecesora María José Segarra, con la que no había manera de meter mano en la Fiscalía.

Ahora ya saben a qué atenerse los refractarios al poder popular de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el tricornio que se enfrentó a Trapero, fue un primer aviso. El paquete al emérito, el segundo.

Mientras tanto, la Fiscalía pasa de las revelaciones sobre la financiación ilegal del PSOE madrileño de Rafael Simancas, rebautizado en las redes Simangas, a través de la trama Púnica y Jordi Pujol, alias Pujolone, evasor fiscal confeso y padre del proceso separatista, cumple noventa tacos sin fiscal que le importune.

Pablo Planas ( Libertad  Digital )