Los fondos soberanos paran los pies a Pedro Sánchez en la COP28: "Le han dado un baño de realidad"

Grandes inversores transmiten en Dubái un mensaje a la delegación española: sin incentivos no llegará la inversión necesaria para convertir España en una potencia energética

• La venganza silenciosa de los empresarios que callan sobre la amnistía
• Impuesto a las energéticas: la "mercancía averiada" que ha encendido las primeras alarmas en Moncloa

No hay testimonio gráfico de los encuentros realmente importantes. Pedro Sánchez se dejó fotografiar en Dubai con Luiz Inácio Lula da Silva, con Ursula von der Leyen y, por supuesto, durante su intervención en la sesión plenaria de la COP28. Hubo otros contactos bilaterales, sin embargo, fuera de agenda y de los focos. Fue en esas reuniones anónimas donde empresarios y emisarios de los grandes fondos soberanos dieron un baño de realidad a la delegación española, encabezada por el presidente del Gobierno, y su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El mensaje transmitido puede resumirse en pocas palabras: el ambicioso proceso de transición energética que plantea España requiere invertir muchos miles de millones, y ese dinero no llegará sin incentivos fiscales y un marco regulatorio más estable. Hay argumentos sólidos que sustentan tanto la primera como la segunda premisa.

Por un lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado el pasado 28 de junio, plantea la movilización de 294.000 millones de euros de aquí a 2030; el 85% de esa inversión debe proceder, en teoría, del sector privado. Es decir, deben jugar un papel vital los fondos de inversión (sobre todo, los soberanos); y, por supuesto, compañías como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa o Cepsa. Sin ir más lejos, esta última selló en la COP28 una alianza con el naviera danesa Maersk, para levantar en Huelva la mayor planta metanol verde de Europa. También en Dubái, Iberdrola firmó otro acuerdo de 15.000 millones con Abu Dabi para invertir en hidrógeno renovable y en eólica marina.

Por otro lado, el Gobierno mantiene, contra el criterio de la Comisión Europea, el impuesto 'temporal' a las grandes empresas energéticas. También ha alimentado -con su ley de amnistía- la sensación de inseguridad jurídica entre los inversores, que ven a España como un país cada vez menos seguro para invertir y donde las empresas soportan una elevada presión fiscal.

La necesidad de atraer inversión y los reparos de quienes deben hacerlo casan demasiado mal, de ahí que los interesados en aprovechar las envidiables oportunidades del PNIEC hayan decidido transmitir su malestar al Gobierno. La COP28 era el escenario ideal. La cumbre del clima, que concluyó este miércoles, pasará a la historia por el récord de asistentes. Según el balance provisional, la cita de Dubái duplicará con creces los 40.000 visitantes que se pasaron en 2022 por Sharm el-Sheikh (sede egipcia de la COP27). Sólo por el Pabellón de España pasaron 1.177 personas, representantes de 270 entidades de distintos ámbitos.

"La COP se ha convertido en una gran feria de las energías renovables, una plataforma formidable para hacer negocios", cuenta un empresario que ha estado estos días en Dubái. Lo que arrancó en 1995 como un foro impulsado por el activismo ideológico se ha convertido en un ente ingente, en el que ha entrado el gran capital. No sólo los inversores 'nativos' en renovables, sino también los que siempre han explotado energías fósiles y ahora trabajan en su giro estratégico. La mejor prueba es que el anfitrión de la COP28 ha sido Dubái, miembro de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más influyentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Son los fondos soberanos de esas naciones, vecinas en el Golfo Pérsico, las que han dispuesto su chequera de petrodólares a disposición de Occidente. Con España a la cabeza, un país con mimbres suficientes para convertirse a medio plazo en una potencia energética en Europa. "Pedro Sánchez ha comprendido en la COP que las políticas opresivas o exclusivas no tienen futuro. No se puede exigir a las industrias con mayor poder transformador que arrimen el hombro, penalizando a la vez su capacidad inversora", apuntan fuentes conocedoras de los contactos bilaterales. "Los fondos han sido muy claros: si el marco fiscal no se adapta de forma sostenible, no podrán invertir. Le han dado un baño de realidad".

El viraje de Pedro Sánchez con las energéticas

Las conversaciones en Dubái explican el sorprendente viraje del Gobierno con el impuesto a las energéticas, defendido a capa y espada hasta hace escasos días, y que figura en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar. No es casual que fuera la propia Teresa Ribera, la que anunciara que el impuesto está en proceso de revisión. Y lo hizo, precisamente, en Dubái. Pocos días después lo confirmaron en público Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los técnicos del Ministerio están trabajando en dos vías. La primera apunta a la flexibilización del polémico impuesto. El Ejecutivo tiene decidido que lo revisará, pero cierra las puertas a retirarlo por ahora. Necesita mantenerlo para cumplir lo pactado con Sumar y -no lo olvidemos- para seguir recaudando, en un momento en que otras figuras impositivas (IRPF, IVA y, sobre todo, Sociedades) empiezan a ralentizarse.

La segunda vía de acción es el análisis de bonificaciones que sirvan para estimular la inversión. Esas ayudas compensarían, en parte, el impacto del impuesto en las cuentas de las compañías; las mismas que el Gobierno necesita para que España lidere la transformación verde.

Entre los afectados cunde aún el pesimismo, si bien el giro atisbado en la COP28 abre una ventana de esperanza. "Hablar de incentivos a las inversiones industriales era ciencia ficción hasta hace nada", confiesan desde la cúpula directiva de una empresa energética. "Queda mucho por concretar, pero al menos la música es distinta".

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EL GOBIERNO DE LOS LERDOS Y LAS LERDAS

La prepotencia de algunos miembros del Gobierno sólo es comparable a su ignorancia o a su incompetencia. He ahí el caso de la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, titular de una cartera perfectamente prescindible, la de Transición Ecológica. Y más prescindible aún en sus manos. Ribera es una digna representante de la izquierda lerda, la de la «emergencia climática» que naufraga ante una auténtica emergencia.

Como dijo el profesor Quintana Paz en una reciente entrevista para El Mundo, estos venían encantados de ponerse a abordar sainetes como que un camarero sirva una cerveza a un chico y un refresco a la chica, aunque lo hayan pedido al revés; y se han encontrado con una tragedia de verdad, 20.000 muertos.

Entiendo su shock. Y que quieran negar la realidad (oponiéndose, por ejemplo, a declarar luto oficial). Si venías a abordar problemitas, se comprende que seas incapaz de abordar un problemón.
No se puede explicar mejor.

Por razones que sólo Pedro Sánchez debe conocer, Ribera ha sido la encargada de diseñar el plan de desescalada. Ya saben, ese plan que tiene cuatro fases en el que cada una de las tres fases dura dos semanas y la fase cero se llama fase uno, la fase uno, fase inicial de preparación de la fase dos, que es la fase intermedia antes de la tercera fase o fase avanzada, que es la última hasta recuperar la nueva normalidad, según dijo literalmente ese coloso de la comunicación que es el presidente del Gobierno.

El caso es que la autora de semejante disparate por etapas respondió ante las críticas de comerciantes y hosteleros haciendo gala de una tremenda empatía ante las dificultades por las que están pasando dichos sectores con la siguiente frase: «El que no se sienta cómodo, que no abra». Esa es Ribera, flexibilidad, cercanía, diálogo y comprensión.

Se trata de la misma ministra que daba cuenta de su estulticia en El País al dejar huella impresa este domingo de dislates como que España está en «la gama alta de éxito» en la lucha contra el coronavirus. «A ver a quién no le han engañado o no le han fallado o no se les ha retrasado algún transporte», decía también para explicar lo de las mascarillas churras y los test falsos.

Más lo del caso de Portugal, que, ojo al piojo, Ribera explicaba así: «Venía del este [el coronavirus] y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes».

Pero esta ministra no es precisamente el componente («miembra», que diría la tremenda pensadora Irene Montero) más atrabiliario e ignaro del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahí está la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, tratando de diferenciar entre un ERTE y un ERE, o Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, poca broma, convertido en un teleñeco junto a esa eminencia de Fernando Simón para explicar en TVE que el Ratoncito Pérez tiene un salvoconducto para saltarse el confinamiento. O el mismo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguraba el pasado 5 de abril, en todo lo alto del pico, que el Gobierno no tenía ningún motivo para arrepentirse de nada.

Por cierto, y hablando de Grande-Marlaska, magnífica su gestión personal para que la Guardia Civil le quitara la multa al diputado bildutarra Jon Iñarritu, un tío estupendo del club de los «no sabe usted con quién está hablando», amigo del Gobierno que se topó con un control de la Benemérita al regresar a su pueblo tras una comisión de Sanidad con Illa Maravilla. Se conoce que cuando le llamó don Jon, el ministro estuvo en plan López Vázquez en el filme Atraco a las 3: «Aquí Fernando Grande-Marlaska, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo». En cambio, los soldados que trabajan desinfectando residencias de mayores arriesgan una multa de seiscientos euros si al acabar el servicio quieren regresar a sus casas.

Es lo que hay y lo que tiene este Gobierno, que prefiere chantajear a la oposición antes que presionar a sus socios separatistas para que le aprueben el estado de excepción, ese régimen bolivariano tan majo que les está quedando a base de amenazas, bulos y medidas arbitrarias.

Pablo Planas ( Libertad Digital