La única vía para que la reforma del Código Penal del Gobierno beneficie a sus socios separatistas es que Junqueras y el resto de condenados recurran en amparo ante el Constitucional.
Pedro Sánchez, con Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados
Corren malos tiempos para la agenda reformista de un Gobierno que, necesitado de extremismos, independentismos y populismos para agotar la legislatura, se proponía revisar el Código Penal a la medida de los líderes del procés y salvar, con ello, sus últimos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el revés judicial que ha supuesto para los planes de Pedro Sánchez la decisión del Supremo de confirmar, esta misma semana, la inhabilitación de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra (ERC) durante ocho años más, hasta el 2031, obligará al Ejecutivo socialista a pensar en una vía alternativa con la que enmendar su nuevo «error» legislativo. Y, lo más efectivo, desde un punto de vista judicial, es que los condenados recurran la sentencia del Alto Tribunal, en amparo, ante un Constitucional controlado por el rodillo de la mayoría de izquierdas, siete magistrados contra cuatro, impuesto desde la Moncloa.
De ahí las prisas de Sánchez por desbloquear la renovación de un órgano que, no siendo Poder Judicial, tendrá la última palabra en algunas de las causas más políticas del Gobierno, tal y como durante varios meses ha ido avanzando El Debate. No en vano, uno de los objetivos principales de la contrarreforma con la que el PSOE y Podemos retiraron el veto impuesto meses antes a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era no sólo el de consumar el vuelco ideológico de la Corte de Garantías, sino colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente de la misma para 'arreglar' las cuestiones más polémicas.
No en vano, las prisas del PSOE por contentar a sus socios de investidura para obtener su apoyo en los últimas cuentas públicas presentadas, recibía un importante revés protagonizado, una vez más, por el Supremo. Y es que enarbolando su propia jurisprudencia, al igual que había hecho la Fiscalía en un primer momento, el Alto Tribunal ha mantenido intacta la forma agravada del delito de malversación.
Un escenario que, en contra de lo deseado por el Ejecutivo, no sólo encareció la posible vuelta a España de Carles Puigdemont sino que impide el regreso anticipado a la primera línea política de los indultados como Oriol Junqueras quien seguirá apartado de la primera línea de la política, como mínimo hasta 2031.
La clave está en que el Supremo ha venido considerando, tradicionalmente, que el «lucro personal» utilizado por el Gobierno para justificar la rebaja de la malversación no es aplicable, de ningún modo, a los cabecillas políticos del procés. Es decir, la nueva redacción del delito es «plenamente aplicable» a los líderes separatistas, fugados o no, «en la medida en que la sustracción y la apropiación» de los fondos públicos «no presenten un significado sustantivamente diferente del comportamiento que se busca reprimir».
«La Jurisprudencia viene sosteniendo, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos», fijaba el TS en uno de sus últimos autos de procesamiento.
EL DEBATE
