El presidente del Gobierno confirmó ayer, tras una nueva vieoconferencia de presidentes, que pedirá al Congreso autorización para la sexta prórroga del estado de alarma. Tras ceder a las exigencias de los separatistas, Sánchez se ha garantizado el apoyo para extender un recurso que le procura unos poderes especiales.
En lugar de finiquitar esta anomalía constitucional, sustituyendo la alarma por la legislación ordinaria que garantiza la preservación del control epidemiológico, sigue decidido a prolongar al máximo un marco legal que cercena derechos fundamentales como el de circulación.
No cabe esperar ya un gesto de responsabilidad por parte del Gobierno socialcomunista, refractario desde el principio -por cálculo partidista- a asumir un plan b a la legislación de emergencia. Pero sí hay que consignar el giro, uno más de Sánchez, al pactar esta prórroga con sus socios de investidura.
La vuelta al redil de la moción de censura, de la que hoy se cumplen dos años, descoloca a Ciudadanos, que se abrió a apoyar la alarma en las dos últimas votaciones.
La formación que lidera Inés Arrimadas tendrá que sopesar si sigue confiando en un presidente sin palabra y decidido a mantener su hoja de ruta al lado de la izquierda radical y populista, los golpistas del procés y los herederos de ETA.
La prolongación del estado de alarma, avanzada ya la desescalada, no responde a criterios técnicos o científicos, sino al ansia del Gobierno de perpetuar este instrumento. Es evidente que los datos relativos a la pandemia se han relajado de forma clara. Por tanto, lo preceptivo es pilotar un regreso, gradual y ágil, a la normalidad.
No solo para restaurar una contexto institucional ordinario, sino para coadyuvar en la recuperación económica. No obstante, resulta verdaderamente nocivo para los intereses generales que Sánchez siga echado en brazos de quienes no tienen mayor horizonte que destruir la nación. Con el PNV ha acordado traspasar la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra.
Así, ratifica a los nacionalistas vascos como interlocutores del Gobierno foral, lo que resulta inadmisible. Ante ERC ha cedido en volver en julio a la mesa bilateral y extraparlamentaria con la Generalitat, además de dejar en manos de las comunidades la fase final hasta culminar en el 21 de junio, cuando los españoles recuperen la libertad de moverse por todo el territorio nacional.
Sánchez, que en una semana ha mutado de la «cogobernanza» a prometer la «gobernanza absoluta» a las CCAA, ha convertido la desescalada en una subasta autonómica, consintiendo privilegios y provocando la razonable queja de presidentes como Díaz Ayuso o Moreno Bonilla.
El Estado sale muy debilitado de este cambalache. Y todo para extender la alarma, una herramienta que ya es prescindible, y para satisfacción política y personal del propio Sánchez. Pésimo bagaje mientras el país se hunde.
El Mundo
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