Bruselas obligará a Pedro Sánchez a publicar la lista de indultados por corrupción

 

La Directiva anticorrupción, en plena negociación, contempla que los 27 hagan pública la lista. La Comisión recuerda que la pena mínima por malversación supera los tres años que pactaron ERC y PSOE

• La Dirección de Justicia de la Comisión Europea investiga la rebaja de Sánchez del delito de malversación
• Bruselas planea endurecer las penas por malversación que Sánchez rebajó para contentar a ERC

La Comisión Europea ha vuelto a advertir al Gobierno de Pedro Sánchez que su rebaja del delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva, la 2017/1371, de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la UE que fija en cuatro años de cárcel el tipo mínimo para la malversación. Y señala que la nueva Directiva anticorrupción, en fase de negociación, obligará a los Gobiernos de los 27 a publicar la lista de indultados por causas de corrupción.

Así consta en una respuesta parlamentaria de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas sobre un posible indulto a los condenados por los ERE en Andalucía.

El PSOE y ERC pactar a final del año pasado una reforma del Código Penal pensada exclusivamente para los líderes del procés condenados y posteriormente indultados. En concreto, se introdujo un nuevo artículo para aquellos responsables públicos que malversen dinero público “sin ánimo de apropiárselo”. La pena máxima para estos casos se estableció en tres años.

Directiva anticorrupción en la UE

La Comisión ya ha advertido varias veces que esta distinción no tiene sentido. En la respuesta, Johansson recuerda que la malversación es uno de los delitos de corrupción contemplados por la Unión.

Y menciona dos directivas: una activa y otra que se está negociando desde hace meses. La legislación europea del 2017 define la malversación como “el acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión”

No se hace la distinción introducida en el Código Penal español ad hoc por el PSOE para satisfacer a sus socios separatistas y en especial al líder de ERC, Oriol Junqueras.

La Comisión explica también el trabajo que se está realizando en la nueva directiva anticorrupción, que pretende establecer unas reglas comunes para los 27. El borrador prevé elevar a cinco años la pena mínima por malversación, lo que obligaría al Gobierno a una reforma de la reforma, porque la definición del delito hablar del uso del dinero público “contrario a los fines para los que estaba previsto”. Sirva como ejemplo un referéndum ilegal de independencia.

La lista de Sánchez

Además, sobre los indultos, señala que la nueva Directiva, de aprobarse, obligará a los estados a publicar estadísticas sobre las medidas de gracia por delitos de corrupción concedidas por los Gobiernos europeos. Y recuerda que se la norma estudia dar algún tipo de salvaguarda a las autoridades judiciales para evitar indultos en función de la “gravedad de las infracciones penales”.

La Comisión evita evaluar el supuesto indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros implicados en el caso de los ERE, porque, dice, no “aborda casos concretos”. Y que el informe anual sobre la evolución del Estado de Derecho en los países se elabora sobre cuatro ámbitos clave. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción.

El Gobierno del PSOE y Sumar y sus alianzas han debilitado la posición de España en Bruselas. La amnistía que se tramita en el Congreso ha generado una serie de advertencias sin precedentes de la Comisión al Ejecutivo español y ha forzado un pleno sobre la situación del Estado de Derecho español en Estrasburgo al estilo de Polonia y Hungría.

Sánchez también se vio censurado por los grupos europeos durante el pleno de cierre de la presidencia española en diciembre. El presidente del Gobierno tuvo un choque de alto voltaje con el líder los conservadores europeos, Manfred Weber, que es su socio de Gobierno en las instituciones europeos.

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VOXPÓPULI

Tito Berni, con aval del PSOE, fue asesor fiscal y su portavoz de Hacienda

 

Desde febrero de 2022 Policía y Fiscalía sabían sus presuntos amaños fiscales. El diputado buscaba ventajas tributarias a empresarios desde su gestoría, deudora fiscal con presunta caja b.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE) ha sido coportavoz de Hacienda en el Congreso desde febrero de 2020 hasta su cese en febrero de 2023. En ese periodo ha gestionado su asesoría fiscal con permiso del PSOE. Cobraba en a y en b de empresas, según el sumario, por introducirlas en Canarias, bajo especial régimen tributario.

En marzo de 2022 Hacienda es obligada por la juez a investigar la trama del coportavoz de Hacienda. Tito Berni era ya asesor y legislador tributario, moroso fiscal (hasta aquí nadie del PSOE vio problema) y presunto comisionista.

El PSOE supo en 2020 que Tito Berni gestionó y recibió subvenciones de la UE

 

Sus supuestos amaños fiscales los conocían Fiscalía y Policía desde febrero de 2022. Al mes siguiente, entró en acción Hacienda. Y en julio de 2022 se sumó la Guardia Civil. El 13 de febrero de 2023 la juez requirió a Exteriores los contratos del Sahel manipulados por la trama.

Tito Berni en una fiesta privada nocturna. 

Ya eran cinco los organismos sanchistas que conocían un secreto a voces. Sánchez forzó al día siguiente, en plena redada, el cese de Tito Berni. La Unión Europea sabría que esquilmó sus fondos una trama liderada por un diputado al que le atan fotos y apoyos desde 2015.

Tito Berni era ponente de proyectos legislativos sobre fraude fiscal, modificación del impuesto de sociedades, cesión de tributos a Canarias. El PSOE le brindó la mejor tarjeta: asesor y legislador fiscal. Paseaba clientes por el Congreso. ¿Quién dudaría de su poder?

Un año después, por fin, se ordena registrar su despacho de diputado cuando ya se habían escudriñado una veintena de domicilios o sedes del resto de implicados. Un retraso reiterado. En julio de 2020 la juez pidió a la policía identificar los móviles de Tito Berni. Tuvo respuesta en noviembre. Se impide liberar al general Francisco Espinosa por si destruye pruebas. Nunca se temió tal osadía del tito.

 

 Tito Berni en plena pesca deportiva  en 2017  cuando hacía campaña por el PSOE.

¿Cómo actuaba Tito Berni con sus clientes? Lo detalla el sumario ya en febrero de 2022. “Iban con los empresarios al Congreso, se hacía una visita por el Palacio, se hacían unas fotos y esto era la línea de partida para ganarse la confianza de ellos. Los acuerdos que hacían era facilitarles la entrada en Canarias a través de la Gestoría Tetir que a su vez es propiedad de Bernardo Fuentes”.

 

 El diputado socialista fomentando la multiculturalidad nocturna.

Cobraba más de 80.000 euros por su labor parlamentaria. Con permiso socialista lo doblaba como asesor fiscal (más ayudas a sus firmas ganaderas). “Esta gestoría cobra 18.000 euros por tramitar el régimen fiscal canario a estas empresas. Esto les facilitaba la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen las empresas que están dentro les régimen fiscal canario”.

Tito Berni publicitándose como diputado y asesor fiscal. 

No todo pago al coportavoz de Hacienda era en a, según su lugarteniente. “Para lograr estos acuerdos, tanto el Diputado o el declarante cobraban una comisión en dinero en efectivo. Pero el primer paso para el inicio de estas relaciones era la transferencia bancaria de 5.000 euros a la Asociación Deportiva de la Vega Tetir del que es presidente Juan Bernardo Fuentes Curbelo”.

En marzo de 2022 Hacienda es obligada por la juez a investigar la trama del coportavoz de Hacienda. Tito Berni era ya asesor y legislador tributario, moroso fiscal (hasta aquí nadie del PSOE vio problema) y presunto comisionista.

“Tras la visita en el Congreso se iban a almorzar y seguían el resto del día de fiesta. En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra. Estas fiestas eran pagadas por los empresarios en cuestión y costaban entre 3.000 o 3.500 euros de media por noche”.

Tito Berni era ponente de proyectos legislativos sobre fraude fiscal, modificación del impuesto de sociedades, cesión de tributos a Canarias. El PSOE le brindó la mejor tarjeta: asesor y legislador fiscal. Paseaba clientes por el Congreso. ¿Quién dudaría de su poder? Ferraz toleró que un asesor fiscal fuera su coportavoz de Hacienda y legislase sobre sus intereses. ¿Un lobby con escaño? Sembró la peligrosa compatibilidad que hoy le salpica.

El Tito Berni pasa factura en las encuestas: el PSOE, cuesta abajo y sin frenos

Su asesoría en 2020 facturó 93.000 euros, con 20.000 euros de beneficios. Los blindó al fisco. “La entidad ha aplicado para el cálculo del impuesto sobre beneficios la reducción en la base imponible por el 89,51 % de los beneficios destinados a la Reserva para Inversiones en Canarias, siendo uno de los requisitos la dotación de una reserva indisponible por el importe de la base de deducción, motivo por el cual propone la aplicación de la parte del resultado del ejercicio a la reserva (17.700,00 euros)”.

Y se hizo el milagro: “La base imponible coincide con el resultado antes de impuestos, 19.773,98 euros, que, restando la diferencia permanente indicada, nos da un total de 2.073,98€. Aplicando un tipo impositivo del 25 %, nos da una cuota íntegra y líquida de 518,50 € de gasto por Impuesto de Sociedades”. Tributó 500 euros por 20.000 de beneficios. Usó tal incentivo fiscal mientras debía a Hacienda 8.500 euros. Lo propio de un portavoz de Hacienda.

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La Fiscalía irrumpe de lleno en el último escándalo de corrupción de UGT con saqueo público

 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con Pedro Sánchez.

Mientras su secretario general, Pepe Álvarez, da lecciones sobre la reforma laboral, los fiscales vuelven a sacar los colores a su sindicato con la apertura de una nueva investigación.

https://youtu.be/i6ft6eYjmmQ

Otra vez UGT en el ojo del huracán. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por un exdirigente del propio sindicato en relación a la presunta trama corrupta de los fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han informado fuentes fiscales.

Esta denuncia se ha acumulado a otra presentada ante la Policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo. Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid. Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato.

Escándalo en UGT: dimite su líder madrileño denunciando corrupción millonaria

El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.

Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El exlíder de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

De forma paralela, UGT ha abierto una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.

 

Condenado a 13 años de cárcel por corrupción el líder de la ‘Gürtel’ del PNV Alfredo de Miguel

'Caso de Miguel'

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial a 13 años y tres meses de prisión por corrupción.

La ‘Gürtel’ del PNV estalla a los nacionalistas vascos en pleno proceso para la conformación de Gobierno con Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial Alfredo de Miguel, alto cargo del PNV, a 13 años y tres meses de prisión por diferentes delitos vinculados a la corrupción: asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Sin embargo, el tribunal sentenciador ha fijado el cumplimiento máximo de la pena en nueve años de cárcel.
El órgano judicial alavés ha dado a conocer este martes el fallo del ‘caso de Miguel’, el mayor proceso por corrupción celebrado nunca en el País Vasco, donde han sido juzgados los responsables de una trama vinculada a ex dirigentes del PNV, bajo la presidencia de Iñigo Urkullu, y dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Para ello se creó un entramado societario, en 2005, por el responsable del aparato del PNV en Álava, Alfredo De Miguel –entonces número 2 del partido en Álava y responsable de financiación, obras y servicios para los ayuntamientos alaveses y de urbanismo en la provincia; y, vicepresidente de la entidad de Ahorros ‘Caja Vital’ primera entidad financiera de Alava, actual Kutxabank- y los dirigentes del PNV Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, sentenciados con duras condenas: seis años y nueve meses de prisión.

Todos los procesados, ahora condenados, aprovecharon su posición y sus relaciones políticas y administrativas, derivadas de los puestos que ocupaban, para beneficio económico propio y para favorecer a terceros siempre afines a su formación.
Con el objetivo de lograrlo, los acusados idearon un sistema de asignación irregular de contratos y adjudicaciones de obra pública, en diferentes entes y administraciones gobernados por el PNV, por los que los empresarios próximos al entorno nacionalista vasco pagaron ‘mordidas’ ilegales. En algunos casos, reconoce la sentencia, fueron necesarias operaciones urbanísticas de recalificación de suelo, que se formalizaron a través de contratos simulados.

Fiscalía
En la calificación definitiva, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alava comparó los hechos con las prácticas seguidas por la mafia siciliana, calificando a De Miguel como ‘el Padrino’. Este defendía los movimientos opacos de dinero por estar amenazado por ETA, hecho desmentido en juicio por un informe de la Policía Nacional.
Apenas se ha podido recuperar una mínima parte de ese dinero negro en manos o cuentas de los acusados, que siempre han defendido que no era para ellos.
Una de las empresas de la trama fue Landaburu Etxea, S.L., sociedad mediante la que el PNV compró el edificio de la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se encuentra la sede central del PNV en Alava. La reforma necesaria para su acondicionamiento fue realizada por otra empresa de la red de corrupción, Construcciones Hierro, señalada en muchas de las operaciones investigadas.
Por la ausencia de Fiscalía anticorrupción en la Comunidad Autónoma del País Vasco, este último hecho, así como los contratos públicos en los que participaban durante años las empresas de la causa, no fueron investigados. Pero el caso de la Sede deja en evidencia la relación directa de la trama con operaciones que beneficiaban directa o indirectamente al partido y a su financiación.

Caso UGT: de un viaje a Sudáfrica a los cursos de formación

ABC desveló en 2013 gastos escandalosos de su líder mientras hacía un ERE

El proceso judicial de cinco sindicalistas de la UGT, entre ellos el exsecretario general Fernández Sevilla, dentro del conocido como caso de las facturas falsas de UGT Andalucía es el último eslabón de un escándalo que lleva años copando las páginas de ABC, ahora con resoluciones judiciales pero en sus orígenes con investigaciones periodísticas.

En el año 2013, Silvia Tubio destapó un escándalo que fue el inicio de lo que ahora está a punto de ser juzgado y que eleva el presunto fraude a más de 40 millones de euros que estaban destinados a cursos de formación para desempleados. El entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, pagaba con su tarjeta de crédito Visa Corporate Oro, de la que disfruta como responsable de la UGT, 852,35 euros por una comida en un restaurante especializados en pescados y mariscos a miles de kilómetros de Andalucía, en Durban, Sudáfrica. En total, gastó 1.252 euros de dinero del sindicato precisamente el mismo día en el que se anunciaba un ERE y un ERTE que afectaba a 159 trabajadores del sindicato por problemas económicos.

Fue sólo el primer paso, ya que también se descubrió que la casa de Manuel Pastrana (quien no ha sido imputado por el juez en esta causa por sus precarias condiciones de salud) se había comprado con fondos que también procedían de la UGT.

En el año 2013 se descubrió que la forma que tenía el sindicato de gestionar las «mordidas» que les pagaban sus proveedores era de manual. Pero literalmente. La federación regional no sólo abrió una cuenta reservada en un banco para controlar las abultadas comisiones que les abonaban las empresas en las que gastaba las subvenciones de la Junta de Andalucía, sino que además lo puso por escrito en un manual.

Con la finalidad de supervisar toda su compleja contabilidad interna, UGT instaló a finales de 2010 el programa informático Spyro, que contenía un Manual de Procedimientos (así es como se denominaba) de 45 páginas que dedica un apartado específico a la gestión de los rápeles o comisiones que desembolsaban sus proveedores de cabecera a través de cheques y transferencias a una cuenta específica del Santander. Entre 2010 y 2011, en los años más duros de la crisis, la caja de UGT-A llegó a ingresar cerca de 615.000 euros a través de 21 empresas distintas con las que estableció acuerdo. Los proveedores emitían facturas a la carta y maquilladas para justificar las ayudas a la formación y el empleo que presentaba ante la administración. Del importe de cada compra se descontaba un porcentaje variable (entre el 3 y el 30%) en la factura, al margen de su importe, que iba a engrosar una bolsa de dinero creada a partir de las comisiones con la finalidad de financiar a la federación, a las uniones provinciales y a su extensa red de empresas y fundaciones.

En julio del año 2014, ABC publicó que el importe de este sistema ascendió a más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados. Este dinero para gastos estructurales del sindicato como alquileres o el pago de la electricidad.

La investigación judicial de los ERE que llevó a cabo la juez Mercedes Alaya desveló otras prácticas escandalosas como la práctica de gestión del dinero. El 27 de enero de 2012, un empleado del departamento de Contabilidad da cuenta al responsable del departamento de Compras de que «Pepe el carpintero tiene que ingresar por caja el lunes 54.369,07 euros como “devolución anticipos Guillermo Granado Cárdenas”». El importe coincide hasta en los céntimos con la base imponible de una factura de Construcciones y Reformas Reyna, que pocos meses antes había sido contratada por el sindicato para mantener las aulas destinadas a formar a desempleados, sufragadas con subvenciones de la Junta. Tras estas irregularidades, hubo muchas más que ahora están más cerca de ser juzgadas.

Del bote al sueldo del marido de Susana Díaz

La UGT justificó subvenciones con facturas de alquiler de casas del pueblo compartidas con el PSOE-A

Entre 2009 y 2011, mientras la cola del paro de andaluces crecía por la crisis, el sindicato UGT-A recibió más de 102 millones de euros a través de treinta subvenciones para impartir cursos, pero no todo el dinero fue a combatir el desempleo. Un 40 por ciento de los fondos sirvió para sostener la estructura creada por el sindicato, costear mariscadas, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, sucursales del sindicato en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China para los delegados de un congreso. Una metáfora muy representativa de la arquitectura económica de cartón piedra que montaron los antiguos dirigentes.

El dinero destinado a formación constituyó durante una década la «vía más importante de financiación» del sindicato hermano del partido hegemónico en Andalucía –hasta principios de los noventa la doble militancia era obligatoria en el PSOE–. Así lo advirtió la Guardia Civil en un atestado entregado al juzgado hace más de cinco años, tras analizar miles de expedientes. ABC detalla «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito» que van a llevar al banquillo a sus exdirigentes.

1. Las facturas ficticias

El sindicato daba instrucciones a sus proveedores habituales (KND, Lienzo Gráfico, Siosa, Chavsa o Viajes Macarena) para colarle a la Junta gastos corrientes como costes asociados a cursos. Se hacían facturas a la carta. Hasta que no estalló el escándalo en 2013, el Gobierno socialista no tramitó el reintegro de 18 millones.

2. Los rápeles

El sindicato institucionalizó el cobro de los llamados «rápeles» o descuentos con sus proveedores. Del importe de cada compra se restaba un porcentaje (entre el 3 y el 30%) en las facturas que le presentaba a la Junta. Así, obtenía un beneficio a costa de cursos que le salían gratis. No informaba de su cobro a la Junta y el dinero acababa en una cuenta que UGT para «engrasar» a sus federaciones y empresas.

3. El bote

La organización inflaba facturas sobre las compras y los servicios que contrataba con dinero público. La diferencia entre el coste real y el ficticio se acumulaba en un saldo. Había tantos botes como proveedores de confianza.

4. Lazos de sangre

En la comisión de investigación sobre los cursos celebrada en 2016 en el Parlamento andaluz, la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero preguntó a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuánto dinero de los cursos «ha entrado en casa de la presidenta». Su marido trabajó como auxiliar administrativo de la UGT en los acciones subvencionadas del Instituto de Formación y Estudios Sociales, dependiente del sindicato, cobrando nóminas de entre los 700 y 1.200 euros, según Díaz, quien se descolgó con una frase lapidaria: «Me he casado con un tieso». Con cargo a dos de las 14 subvenciones en las que se han detectado irregularidades, por importe de 11 millones, se pagaron nóminas de su esposo, José María Moriche. Su sueldo se endosó hasta a 102 cursos distintos.

UGT, a través de empresas suyas como Soralpe elaboraba facturas de autoalquileres de aulas de su propiedad que colaba a la Junta. Se justificaron subvenciones con facturas de arrendamiento de las casas del pueblo de Nueva Carteya y Lopera, sedes compartidas con el PSOE en estos pueblos de Córdoba y Jaén.

Las cifras de la corrupción: 87 en la cárcel y 659 encausados

En España hay un total de 87 personas en prisión por delitos de corrupción, bien sea en situación preventiva o ya condenados. Según los últimos datos proporcionados por Instituciones Penitenciarias a fecha del 1 de enero de este año, todos ellos están siendo investigados o ya han sido objeto de condena por malversación, cohecho, fraude o prevaricación administrativa.


La mitad de la población reclusa a fecha de enero de 2017, en concreto 44 personas, ha sido encarcelada por delito de malversación de caudales públicos mientras 25 de ellos por cohecho. Sobre el resto pesan el de abuso sexual del funcionario en ejercicio de sus funciones, aprovechamiento de secreto o información privilegiada por particular, fraude, prevaricación y delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.


Se trata de delitos todos ellos incluidos en la tabla de equivalencia de European Criminal Records Information System (ECRIS) atribuidos a 81 personas en el ámbito de la Administración General del Estado y a 6 en Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria.


659 PERSONAS ENCAUSADAS POR CORRUPCIÓN


Estos datos son una parte de los que tiene en cuenta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para realizar su repositorio de datos según el cual en 2016 un total de 659 personas estaban encausadas por delitos como cohecho, prevaricación y malversación. El 76 por ciento de sentencias dictadas en este ámbito fueron condenatorias.


De los 112 procedimientos cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016. Por comunidades, Baleares es la que presenta un mayor número de procedimientos por estos delitos alcanzando los 18. Le siguen Comunidad Valenciana con 15, y Andalucía y Castilla-La Mancha, con 12 cada una.


En cuanto a las personas acusadas -que ascienden a un total de 659-, los jueces dictaron auto de procedimiento o apertura de juicio oral contra 203 en los órganos centrales del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.


Por comunidades autónomas, de nuevo Baleares sigue a la cabeza con 97 personas; le siguen Canarias, Andalucía y Asturias con 61, 61 y 59, respectivamente. Destacan las comunidades de Cantabria y Navarra que no cuentan con ninguna persona encausada por este tipo de delito.

La preocupación por la corrupción alcanza su cota más alta de los últimos ocho meses

 

 

 

 

Convergència pagó a empleados en metálico con fondos de las mordidas

La Guardia Civil halló en la trituradora de la sede del partido un recibo de 15.000 euros abonados a un empleado y varios «voluntarios»

 

 

 

Recibo de 15.000 en metálico que pagó Convergencia a un empleado y varios vlountarios, reconstruido por la Guardia Civil - ABC

                                             

La investigación del caso 3%, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona), se ha visto impulsada por el análisis de la documentación obtenida en el registro de la sede de Convergència, en concreto del despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recuperaron el contenido de la trituradora de papel que había en oficina, y han podido reconstruir, tira a tira, once documentos.

Uno de ellos es un recibo datado el 4 de julio de 2013 en Barcelona. Redactado en catalán, su contenido no deja lugar a dudas: «Recibo en este acto la cantidad total de 15.000 € (quince mil euros), en efectivo metálico, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en pago por mis aportaciones efectuadas para la realización de distintas actividades de la Fundació Nous Catalans y el pago de las colaboraciones de diversos voluntarios de la mencionada entidad durante el 1er trimestre del 2012».

El firmante, que responde a las iniciales P.G. (aparece el nombre completo y el DNI) recibió la citada cantidad con la condición de saldar sus cuentas con el partido y renunciar a reclamaciones judiciales: «Al recibir la cantidad citada, doy por finiquitado este proceso con plena satisfacción por toda clase de conceptos, manifestando a los efectos que procedan que no reclamaré ninguna cantidad más por ningún concepto a CDC, renunciando en este acto a interponer cualquier tipo de reclamación ante los Juzgados, así como acciones judiciales y administrativas ante cualquier otra jurisdicción».

El caso investiga los pagos que realizaron varias empresas a cambio de obtener contratos públicos de administraciones controladas por Convergència Democràtica de Catalunya. Las presuntas mordidas documentadas se canalizaron como donacioens ficticias a las fundaciones que controlaba el partido, principalmente CatDem, antes denominada Fundació Catalanista i Demòcrata Ramon Trias Fargas, que cambió de nombre al verse inmersa en el caso Palau de la Música, que ahora se juzga.

El hecho de que Convergència dispusiera en su sede de elevadas cantidades de efectivo, en este caso 15.000 euros, apunta a que proceden de comisiones ilegales. Las fuentes consultadas sostienen que un pago de esta naturaleza, un finiquito, por ese importe se realiza por transferencia o cheque bancario. El hecho de haber triturado el recibo -la única prueba del pago- antes del registro de la Guardia Civil cimenta las sospechas de que ese dinero no tenían un origen lícito.

Entre los documentos triturados y reconstruidos también hay dos tarjetas de visita de dos importantes constructoras: OHL y Teyco. La primera es del director territorial de Cataluña de la multinacional y la segunda corresponde a Jordi Sumarroca, uno de los arrestados en la operación contra el 3%. La familia Sumarroca, propietaria de Teyco, entre otras empresas, también está siendo investigada en la Audiencia Nacional por el pago de asesorías a Jordi Pujol Ferrusola. Fuentes del grupo empresarial que puso en marcha el fundador de Convergència Carles Sumarroca sostienen que todos los pagos correspondían a «trabajos reales».

Otro de los documentos reconstruidos es un sobre con el membrete del partido y una anotación manuscrita que dice «traspàs efectiu» (traspaso en efectivo).

A los investigadores les ha llamado la atención que Viloca, tesorero del partido y de la fundación, acumulaba decenas de documentos relativos a licitaciones de obras públicas, tanto los anuncios como las adjudicaciones. Junto a su despacho también había una gran caja fuerte.

Los documentos intervenidos en julio de 2015 en la sede de CatDem, que comparte edificio con la de Convergència, acreditan que Viloca participaba en adjudicaciones públicas, algo que en absoluto debe estar entre las funciones del tesorero del partido. Así, un informe de los fiscales Anticorrupción del caso, José Grinda y Fernando Bermejo, entregado al juez de El Vendrell Josep Bosch Mitjavila apunta claras y contundentes conclusiones: «Una vez analizada y contextualizada (la documentación intervenida) con el resto de la investigación, pone de manifiesto una clara relación ilegal con aquellos empresarios y las respectivas adjudicaciones de obras y servicios, consistente en el cobro de comisiones en nombre de CDC».

«Evidente relación»

La investigación ha «detectado comunicaciones con ciertos empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes». Los documentos «ponen en evidencia la relación directa entre el Sr. Viloca y aquellos empresarios». Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han documentado -y reproducido con gráficos- siete casos concretos de adjudicaciones que estuvieron precedidas por reuniones entre el empresario ganador del concurso y el tesorero, según las agendas intervenidas a Viloca.

Durante el procedimiento de licitación se producían las donaciones a la fundación del partido.

La causa que investiga el juez de El Vendrell se inició por la denuncia de la exconcejal de Torredembarra Montse Gassull, de ERC, que falleció el pasado 19 de febrero víctima de un cáncer. La trama local que denunció la exedil desveló la presunta financiación ilegal de Convergència con adjudicaciones a nivel local, de diputaciones y autonómico.

 

Tribunal Supremo: "La actividad criminal que se imputa a Rato tiene su núcleo en España y se dirige desde aquí"

Rodrigo Rato.

 

Justifica su decisión de otorgar la competencia del caso Rato al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo justifica su decisión de otorgar la competencia del caso Rato al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en detrimento de la Audiencia Nacional en que el núcleo de la actividad criminal que se investiga en esta causa tiene lugar en España y se dirige desde aquí, a pesar de que parte de los fondos ilícitos con los que se relaciona al exvicepresidente del Gobierno fueran derivados al extranjero.

En el auto en el que el alto tribunal resuelve el conflicto de competencia planteado por el titular del 31, Antonio Serrano-Arnal, el ponente de la resolución, el presidente de la Sala Manuel Marchena, especifica que se aprecia la existencia de un flujo de capitales entre distintas sociedades que tiene como origen o destino España o tiene lugar dentro de su territorio.

"Precisamente en España se habrían cometido los supuestos delitos de los procederían esos fondos y también es en España donde, al parecer, tiene su domicilio social la entidad Kradronara", propiedad de Rato y que habría recibido las cantidades ilícitas para después remitirlas al extranjero.

El Supremo precisa que parte del dinero acabó en la entidad alemana Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín, pero dice que esto no significa que el delito de blanqueo se cometiera en ese lugar.

"Nada impide al Juzgado 31 de Madrid investigar las presuntas transferencias realizadas desde el extranjero o con destino a él", recuerda el auto redactado por Marchena, que añade que el juez Serrano-Arnal se encuentra en una mejor posición para continuar con la investigación ya que se trata de hechos "complejos" y fue él quien inició la instrucción.

REPASO A LA TRAMA.

El auto realiza un repaso de la causa, en la que se imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares a Rato y otras 13 personas y especifica que la mercantil Kradonara, cuya propiedad corresponde al 100 por 100 a la gibraltareña Vivaway, de la que es titular Rato, recibió cantidades que no cuantifica procedentes de posibles delitos fiscales y "otras fuentes de origen no esclarecido".

El dinero se destinó en parte a Bagerpleta, de la que Rato fue administrador único hasta el 22 de abril de este año. Esta empresa se utilizó "para dar apariencia de licitud a las cantidades desviadas de forma aparentemente ilícita".

Además, Kradonara habría recibido fondos de otra empresa, Albisa, controlada por el testaferro de Rato también imputado, Alberto Portuondo, que "podría haber intervenido para que Bankia se convirtiera en cliente de ciertas empresas de publicidad (Publicis y Zenith Comunicación) a cambio del pago de comisiones.