Culpar implícitamente a PP y Vox de los sobres amenazantes acredita la degradación del PSOE
En las elecciones de 1996, González llevaba ya catorce años en el poder. Su ciclo estaba agotado y la necesidad de un cambio en España resultaba evidente. La tasa de paro se había disparado (22,8%) y los casos de corrupción embadurnaban al PSOE. No faltaba de nada: financiación ilegal con Filesa, terrorismo de Estado con los GAL y chorizadas de toda índole. Pero aun así, al PSOE le parecía inadmisible, intolerable, que otro partido que no fuese él pudiese gobernar. Para intentar frenar a Aznar, los estrategas socialistas idearon una campaña de una agresividad por entonces inédita. Fue el famoso dóberman. El anuncio arrancaba en blanco y negro, con música fúnebre e imágenes de un perro rabioso intercaladas con otras
de políticos del PP. Una voz lúgubre advertía: «La derecha no cree en este país. Se opone al progreso». Luego el anuncio se llenaba de color, con «el país moderno, progresista y libre» del PSOE. Allí nació algo que envenena la democracia: en lugar de criticar las ideas del partido rival, lo que se hacía en la práctica era negarle su derecho a gobernar.
Desde entonces los socialistas siempre han tenido al dóberman a mano. En la campaña de 2008, Zapatero fue pillado tras una entrevista con Gabilondo explicándole que al PSOE le convenía «que haya tensión». El guión de la apelación al miedo nunca cambia: la derecha es franquista, fascista, y hay que pararla. Pueril, mendaz. Pero les ha funcionado.
El cordón sanitario ha ido extremándose, hasta alcanzar la degradación moral en que está incurriendo el sanchismo para intentar evitar a toda costa una victoria de Ayuso. El ministro de Interior, ¡que es juez!, tacha de «organización criminal» al primer partido de la oposición. En las leyes, que acorde a la Constitución son sancionadas por el Rey, añaden morcillas introductorias acusando al PP del «desmantelamiento de las libertades». Ante cuatro sobres amenazantes remitidos a cargos de la izquierda -tres con balas y uno con una navaja-, la reacción del PSOE ha sido pedir a la ciudadanía que responda en las urnas. ¿Y eso qué supone? Pues que implícitamente los socialistas están señalando a PP y Vox como autores de las amenazas, ya que de no ser así, ¿por qué relacionar los sobres con los comicios? La navaja tiznada de rojo llegó en un paquete para la ministra de Industria, Reyes Maroto, que aspira a ser vicepresidenta con Gabilondo. De inmediato compareció ante la prensa frente al Congreso, enseñando grandes fotos de la navaja y convirtiendo la amenaza en argumento electoral. Y dijo algo muy grave: «Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas». Sin prueba alguna, culpó a otro partido de un acto criminal. Como todavía vivimos en una democracia -a pesar de la querencia de nuestra izquierda-, la policía hizo su trabajo y solo cuatro horas después destapaba que el paquete lo había enviado un enfermo mental. Dóberman nunca había caído tan bajo y a Sánchez puede salirle mal. Los madrileños perciben que el PSOE está forzando la máquina muchísimo más de lo aceptable... Y Ayuso sigue subiendo.
Alguien
debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década
de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar
al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo
de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes
empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero
ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más
tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue,
en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años
de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.
