La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse
Un
senador y un diputado socialistas, junto a otras personas del partido, pusieron
en marcha en la segunda década de los 80 un entramado empresarial con el
objetivo de recaudar dinero para el PSOE de manera ilegal. En poco más
de dos años amasaron unos 1.000 millones de pesetas, hasta que el escándalo
fue conocido y todos acabaron condenados y en la cárcel
Por
Agustín Yanel
 Alguien
debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década
de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar
al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo
de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes
empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero
ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más
tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue,
en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años
de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.
El 29 mayo de 1991, cuando vieron la portada de EL MUNDO, muchos dirigentes
del PSOE y miembros del Gobierno se echaron a temblar.Otros reaccionaron como
acostumbraban a hacerlo, descalificando a este periódico. «Sociedades
del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales»,
titulaba este diario en su portada, a cinco columnas. «Sociedades ligadas
al PSOE cobran cientos de millones por 'asesorar' a empresas y bancos con informes
inexistentes», se leía en otro título en páginas interiores.
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| En primera fila, Alberto
Flores, Carlos Navarro y Luis Oliveró, y detrás Aída Álvarez,
fotografiados el 3 de septiembre de 1997 en una sesión del juicio. / EL
MUNDO |
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El fiscal general
del Estado, Leopoldo Torres, no esperó ni un minuto. Aquella misma mañana,
nada más leer la información de este diario, envió una fotocopia
de la misma al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara
una investigación.
La trama empresarial que pusieron
en marcha varias personas del PSOE y de su entorno, para financiar al partido
a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export -que recaudó
unos 1.000 millones de pesetas sólo entre 1988 y 1990-, se conoció
gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El
Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973
a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años
después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que
era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara
de la contabilidad de las mismas.
Mientras desarrollaba ese
trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio
la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos
después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó
a su amigo Oliveró y éste aceptó.
Pasaba
el tiempo y el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese
entramado empresarial, en el que también participaba el diputado socialista
Carlos Navarro -casado con una sobrina de Luis Oliveró-. Entonces pidió
que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio
de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó
una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar
todo lo que sabía.EL MUNDO se tomó muy en serio la investigación.
La
tramitación de este sumario la llevó a cabo el Tribunal Supremo,
porque estaba implicado en el caso el senador socialista Josep Maria Sala. El
magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso
judicial en el que adoptó algunas decisiones llamativas y también
polémicas: registró la sede del Banco de España, la del BCH
en Barcelona y la federal del PSOE, en busca de documentos; interrogó a
los máximos directivos de los principales bancos y estuvo a punto de registrar
la sede del Tribunal de Cuentas, aunque al final todo quedó en que volvió
a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista. Varios acuerdos
suyos fueron recurridos por el fiscal general del Estado. La posterior dimisión
de Barbero dejó este caso en manos del magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo.
El
día 22 de marzo de 1993, los peritos de Hacienda entregaron un informe
al magistrado Barbero y a las partes que intervenían en este sumario, en
el que confirmaban las informaciones publicadas por EL MUNDO. Indicaban en él
que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario
era el PSOE, y que los informes técnicos sobre las más diversas
materias -por los que bancos y grandes empresas habían pagado unos 1.000
millones de pesetas- nunca fueron realizados.
Tras casi seis
años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el
juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente
del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por
el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes
empresas.
El 28 de octubre, el Tribunal Supremo dio a conocer
la sentencia en la que condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado
socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para
Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa-; dos años
y cuatro meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE-
y para su compañero, Miguel Molledo, y seis meses de arresto para los empresarios
Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa).
El
entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente
disculpas a los militantes y votantes de su partido.
En junio
de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos.Unicamente rebajó
de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmó las demás
condenas.
El Constitucional demostró que, en contra
de las críticas del PSOE, la información que había publicado
este diario sobre ese caso de corrupción política era veraz.
INFORMES
INEXISTENTES PAGADOS COMO EL OROAunque Filesa y Time Export tenían
sólo a seis personas en plantilla, decían que podían asesorar
a los principales bancos y a grandes empresas sobre los asuntos más complejos.
Dijeron que habían elaborado informes, siempre a precio de oro, sobre las
más diversas materias: al Banco Central le cobraron 83 millones de pesetas
por un estudio «sobre los procesos de la fusión bancaria»;
a la petrolera Cepsa, 85,6 millones de pesetas por otro sobre «la evolución
petroquímica en la Comunidad Económica Europea»; al Banco
Bilbao Vizcaya, 42 millones por la primera parte de un informe para «la
instalación de un sistema de leasing para contenedores»; a Fomento
de Obras y Construcciones, por «el asesoramiento relativo al establecimiento
de una empresa constructora en Francia», le facturaron 29 millones. Según
las facturas que publicó EL MUNDO, esas dos pequeñas empresas de
Barcelona asesoraban a los principales bancos sobre asuntos bancarios y a las
grandes constructoras sobre temas de construcción. Pero ninguno de esos
informes, a pesar de su elevado precio, fue entregado al Tribunal Supremo porque
habían desaparecido. Unos dijeron que los había encargado un directivo
del banco ya fallecido, y no guardaron copia; otros, que se habían perdido.
El Tribunal Supremo no se lo creyó y sentenció que todo había
sido una trama para financiar de manera ilegal al PSOE.
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1 comentario:
Bom final de semana...
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