viernes, 21 de septiembre de 2018

Los separatistas agitan su miedo a Vox para pedirle a Sánchez que presione a la Fiscalí

El partido de Abascal lleva la acusación particular contra los golpistas


Ayer el vicepresidente de la hipersubvencionada asociación separatista Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ofreció unas muy reveladoras declaraciones a la emisora de radio catalana RAC1.
Como ya sabéis, el presidente de esa asociación, Jordi Cuixart, es uno de los dirigentes separatistas en prisión preventiva por un presunto delito de sedición como consecuencia de su participación en el acoso violento a agentes de la Guardia Civil y a una secretaria judicial el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona, unos hechos que se saldaron con varios vehículos de la Guardia Civil completamente destrozados y saqueados por parte de las turbas separatistas convocadas por Òmnium y por la ANC. Se da la circunstancia de que Vox ha actuado como acusación particular en el proceso judicial contra Cuixart y contra Jordi Sánchez, presidente de la ANC.
Òmnium apela al PSOE mencionando a la “la extrema derecha de Vox”
La entrevista a Marcel Mauri se puede escuchar aquí. En el minuto 3:23, Mauri demuestra su curiosa idea de la independencia judicial instando al Gobierno español a presionar a la Fiscalía para que retire la acusación contra los separatistas presos: “ha de decidir si quiere seguir manteniendo estas acusaciones falsas o si quiere instar la Fiscalía y la Abogacía General del Estado a retirar estas acusaciones que no se aguantan por ninguna parte”. A continuación, el dirigente de Òmnium habla de la “paradoja” de que el PSOE vaya de la mano de “la extrema derecha de Vox”. No es la primera petición del separatismo a su amigo Sánchez para que eche abajo esa investigación judicial. Como recordaréis, el pasado mes de julio el abogado de Puigdemont pidió al Gobierno “desactivar a Vox” para detener esa causa judicial. Cómo pretende hacerlo es todavía un misterio, aunque conociendo los métodos del separatismo catalán, podemos hacernos una ligera idea.
Vox: un aguafiestas sobre el que Sánchez no tiene ningún control
Que Òmnium presione al PSOE agitando el fantasma de una supuesta extrema derecha no deja de ser una mera función teatral. Recordemos que fueron los socialistas los que le dieron la utilidad pública a Òmnium, además de regarles con 6,55 millones de euros en subvenciones durante el mandato del socialista José Montilla en la Generalidad. Hace unos meses, los partidos que apoyaron el golpe separatista en Cataluña respaldaron la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa. Con su petición de ayer, Òmnium no hace más que intentar continuar con el intercambio de favores entre socialistas y separatistas. Lo que no imaginaban unos y otros es que entraría un elemento incómodo en escena: Vox. El partido de Santiago Abascal se ha convertido en el aguafiestas de las componendas entre el PSOE y los separatistas. Sánchez no tiene ningún control sobre Vox, y Vox no ha querido doblegarse a ninguna de las presiones y amenazas veladas que ha recibido. Si Sánchez pretendiese ilegalizarlo para hacerles un favor a los separatistas, la cacicada sería tan colosal que las expectativas electorales de Vox subirían a la velocidad de un cohete.
Un quebradero de cabeza que podría ir a más
Es divertido escuchar al dirigente de Òmnium agitando el miedo del separatismo a Vox para presionar al Gobierno. Hace un año el separatismo no se imaginaba hasta qué punto un partido sin representación parlamentaria y con escasos recursos le acarrería tantos quebraderos de cabeza. Unos quebraderos que también afectan a los socialistas, que ven peligrar el apoyo de sus socios separatistas a causa de ese proceso judicial. Y esto no ha hecho más que empezar. Basta con ver los éxitos de asistencia que está consiguiendo Vox en distintos puntos de España y las encuestas que ya pronostican que podría obtener representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Ayer mismo, un periódico muy afín al PSOE pedía la ayuda de liberales y conservadores para frenar a la “ultraderecha”, palabreja que -paradójicamente- ha venido usando ese periódico para referirse durante años a liberales y conservadores… El editorial no mencionaba a Vox, pero no cuesta imaginar el nerviosismo en ese y otros medios ante la perspectiva de que en las instituciones entre con fuerza una derecha valiente y sin complejos. Un nerviosismo que comparten, seguramente, los separatistas y sus portamaletas del PSOE.
(Foto: Vox. Imagen del mitin celebrado por Vox en Barcelona el pasado 3 de junio)

jueves, 20 de septiembre de 2018

Los otros delincuentes españoles que también fueron refugiados por Bélgica




Durante años el gobierno y la justicia belgas acogieron a terroristas etarras



El rechazo de Bélgica a las peticiones de extradición del golpista Puigdemont y del rapero proetarra Valtonyc, condenado por proferir amenazas de muerte, está dando lugar a muchas mentiras.
Un ejemplo de ello es el mensaje publicado anteayer en Twitter por la alcaldesa ultraizquierdista de Barcelona, Ada Colau: “Ni rebelión violenta en Catalunya ni raperos terroristas. Una decisión de la justicia europea previsible y de sentido común”. Es curioso observar que Colau llama “justicia europea” a la belga, como si España fuese un país africano o asiático o como si el sistema judicial belga fuese el de la Unión Europea. Es una manipulación que está siendo muy habitual en medios izquierdistas y separatistas. Pero además hay que añadir que el hecho de que Bélgica dé cobijo a delincuentes no significa que no hayan cometido ningún delito. Prueba de ello son los siguientes ejemplos de otros delincuentes españoles que hallaron refugio en ese país:
  • Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz: colaboradores del “Comando Vizcaya” de la banda terrorista ETA, fueron detenidos en Bélgica en junio 1993 a petición de España. Pidieron asilo político en ese país, y tras ser admitida a trámite esa petición, quedaron en libertad unos meses después. En febrero de 1994 fueron nuevamente encarcelados en Bélgica después de ser rechazada su petición de asilo político, pero en marzo de 1996 el país rechazó su extradición a España, dejándoles en libertad.
  • Enrique Pagoaga Gallastegui, alias “Peixotín”: miembro de la banda terrorista ETA, fue condenado en 1976 por el asesinato del general Emilio Guezala Aramburu. En mayo de 1996 llegó a Bélgica procedente de Venezuela vía Fráncfort, usando documentación falsa. Pidió asilo en Bélgica alegando que su vida corría peligro en España. Ese mismo mes el Gobierno belga le dio total libertad para salir del país cuando quisiera.
  • Juan Cruz Maiztegui Bengoa, alias “Zulos”: miembro de la banda terrorista ETA, participó en 1981 en el secuestro del ingeniero José María Ryan, que fue finalmente asesinado. El etarra fue detenido en Bélgica el 29 de junio de 1998 después de llegar a ese país procedente de Méjico usando documentación falsa. El terrorista pidió asilo a Bélgica y el país se lo concedió en agosto de ese año, dejándole en libertad. Tras engañar a Bélgica de esta forma, Maiztegui se convirtió en 2008 en uno de los máximos cabecillas de ETA.
  • Juan Francisco Gómez López, alias “Patxi”: miembro del “Comando Vizcaya” de la banda terrorista ETA, en un periodo en el que ese comando cometió varios asesinatos gracias a la colaboración de este criminal. En 2004 fue detenido en Bélgica cuando conducía un coche con matrículas falsas. Un juez belga negó su extradición a España alegando que “existen razones para suponer que últimamente no se trata a los terroristas en España conforme a sus derechos fundamentales”. Los derechos de las víctimas del “Comando Vizcaya” le importaron un pimiento a la Justicia belga.
  • Natividad Jáuregui Espina, alias “Pepona”: miembro de la banda terrorista ETA Estaba siendo investigada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. Entre 1984 y 1988 estuvo refugiada en Francia, y después huyó a Méjico, otro famoso refugio de etarras. En 2003 llegó a Bélgica, residiendo en ese país con una identidad falsa hasta su detención en 2013. Un tribunal belga rechazó su extradición ante la “posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados”. En 2017 los familiares del militar asesinado por esta etarra denunciaron a Bélgica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no conceder esa extradición.
Si nos fiamos del argumento de Colau, a ninguno de estos personajes se les podría imputar delito alguno a pesar de ser miembros de una banda terrorista (y, en algunos casos, tener asesinatos y secuestros en sus historiales delictivos), simplemente porque Bélgica se negó a entregarlos. Que la ultraizquierda aplauda con las orejas a un país que ha refugiado a etarras y que ahora refugia a golpistas y a un tipo condenado por amenazas de muerte es algo que ya no me extraña nada. Recordemos que en 2016 Colau dedicó una plaza de Barcelona al terrorista Salvador Puig Antich, autor del asesinato del policía Francisco Jesús Anguas Barragán. Con estos antecedentes, poco más hay que añadir sobre la clase de persona que es Colau.

El independentista Tardá presenta al cobro la factura por su apoyo a Sánchez y deja tiritando al PSOE

"O se retira el delito de rebelión en la acusación a los del 1-0 o no habrá presupuestos"
El socialista Pedro Sánchez (PSOE) y el independentista Joan Tardà (ERC)

Tienen a Pedro Sánchez agarrado por los huevos y no van a soltar, convencidos de que el líder del PSOE hará lo que sea para seguir en la Moncloa.
ERC ha amenazado este 19 de septiembre de 2018 al Gobierno de Pedro Sánchez con no pactar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 si la fiscal general del Estado no retira la acusación del delito de rebelión contra los presos golpistas.
"Cataluña será su tumba política si no profundiza" en la búsqueda de una solución", ha advertido Joan Tardà al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso, después de condicionar su apoyo a los presupuestos generales del Estado a que se retire la acusación de rebelión a los políticos catalanes procesados en la causa del "procés".
"Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿Cómo será posible pactar los presupuestos? Casi, casi, es un imposible".
El portavoz de ERC en el Congreso ha reprochado a Sánchez una posición "un tanto hipócrita" cuando insta a la sociedad catalana a dialogar pero, a la vez, "excluye" a los más de dos millones de catalanes que hace un año -ha dicho- "nos autodeterminamos".
Tardà cree que "la exclusión nunca puede ser solución de nada" y que no se puede construir una solución contra la voluntad de los catalanes independentistas ni contra la voluntad de quienes no lo son.
En su respuesta, el presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo y el PSOE siempre ha defendido que no se debe judicializar la "crisis política" en Cataluña, pero también ha alertado de que no se puede quebrar la legislación como hizo la mayoría independentista en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Por eso, ha asegurado que el Gobierno utilizará "esa doble vía": "La ley y el diálogo".
"Respetemos la ley y encontremos cauces para fructificar ese diálogo que creo que necesitan tanto los catalanes no nacionalistas como los nacionalistas".
"Ni más muros ni más derechas"
En cambio, Tardà ha insistido en que la solución solo puede encontrarse en el diálogo y la negociación para convocar un referéndum al que se sientan llamados todos los catalanes, y en que un "escenario de exclusión" o de "venganza y escarmiento" es "pan para hoy y hambre para mañana" y puede incluso provocar una crisis mayor que la que significó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.
Se trata, ha recalcado Tardà, de que haya un referéndum en el que los catalanes puedan decidir si quieren "más autonomía" o si Cataluña debe ser una república.
De su lado, el presidente del Gobierno ha insistido en que el mandato que debe obedecer la Generalitat no es el del 1-O, en el que la participación alcanzó el 47 por ciento, sino el de las elecciones del 21D, en las que votó el 80 por ciento de los catalanes.
"La prioridad para el Gobierno no es la independencia, es la convivencia", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo para, a continuación, insistir en su compromiso de impulsar el diálogo, como ya está haciendo a través de las comisiones bilaterales o la Junta de Seguridad.
"Estamos impulsando la normalización institucional como paso previo a la normalización social".
Por último, ha apelado a los independentistas a no tener cerrado el Parlament en septiembre y abrir mesas de diálogos entre catalanes.
"Catalanes con catalanes, no catalanes contra catalanes. Ni más muros ni más derechas, convivencia, y en eso estará este Gobierno".

Diez cargos del PDeCAT se embolsaron las ayudas de la Diputación destinadas al Tercer Mundo




PDecat, diputación, cataluña, ayuda, corrupciónUna decena de cargos públicos del PDeCAT se embolsaron ilegalmente una parte de los 2 millones de euros que la Diputación de Barcelona otorgó en forma de subvenciones, entre 2012 y 2015, teóricamente para ejecutar proyectos de cooperación en el Tercer Mundo.

En los informes remitidos al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, los agentes de la UDEF expresan su convicción de que buena parte de estos proyectos nunca llegaron a ejecutarse. La mayoría de las subvenciones se justificaron ante la Diputación con facturas que no tenían nada que ver con estos proyectos y con informes que eran un simple “corta y pega” de distintas páginas web.

La Diputación de Barcelona, presidida en aquel momento por el convergente Salvador Esteve, adjudicó en marzo de 2015 a la patronal Pimec una subvención de 45.000 euros para diseñar un plan sobre la gestión de residuos en la región de Veraguas (Panamá).

La propuesta había sido planteada por el responsable de Relaciones Internacionales de Pimec Joaquim Ferrer Serra, que antes había trabajado como asesor del PDeCAT en el Parlament. El socio de Pimec en el proyecto fue la empresa Disseny i Sostenibilidad Sl, cuyo administrador, Lluís Basiana, está imputado desde 2017 por otro caso de corrupción. La Fiscalía pide para él una pena de tres años de cárcel. Su pareja era la concejal de CiU en el Ayuntamiento de Manresa María Olga Sánchez.

Usaban informes copiados de Internet
Según explican los agentes de la UDEF, esta subvención se justificó con “informes técnicos que en su mayoría son copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet”. Para justificar la presencia en Panamá, Pimec aportó varias facturas de hotel y la programación de un taller que duró un sólo día.


Gracias a los vínculos de Joaquim Ferrer con el PDeCAT, la patronal Pimec recibió otras dos subvenciones de la Diputación que suman 58.000 euros, para ejecutar sendos proyectos en Marruecos. También en este caso, la UDEF pone en duda que los proyectos llegaran a ejecutarse nunca.

Parte de la subvención de 38.000 euros otorgada a Pimec para el “desarrollo económico de la región de Gran Casablanca” acabó en la cuenta bancaria de Patricia Rodríguez Rafel, quien había trabajado para la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat. Su pareja  es el cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona).

En cuanto al ex asesor del PDeCAT y ex director de Relaciones Internacionales de la patronal Pimec, Joaquim Ferrer, también se benefició a través de su empresa Sestrategic i Konsektor SL de otras subvenciones otorgadas por la Diputación para ayudar al desarrollo del Tercer Mundo.

Ayudas para hacer proselitismo del ‘procés’
Otras subvenciones adjudicadas por la Diputación sirvieron para financiar a la empresa Hera Holding, cuya representante, Angels Cuadrada Basquens, es subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat de Catalunya. Su empresa se benefició la subvención de 49.840 euros adjudicada por la Diputación para desarrollar un plan de gestión de residuos en Colombia. También en este caso, la UDEF duda que el proyecto llegara a ejecutarse nunca.

Pero el caso más sangrante es el del actual diputado del PDeCAT Francesc Dalmases y el ex responsables de Relaciones Internacionales del mismo partido Víctor Terradellas, considerado como uno de los ideólogos del proceso de independencia.

Como ha informado OKDIARIO, ambos recibieron más de 230.000 euros en subvenciones de la Diputación a través de las asociaciones en las que compartían cargos: la Fundación CATMón (presidida por Terradellas) y la supuesta ONG Igman-Acció Solidaria, controlada por Dalmases. Las dos entidades han recibido cerca de 10 millones de euros de las Administraciones públicas catalanas entre 2011 y 2015, según las estimaciones de la UDEF.

Buena parte de estas subvenciones se destinaron a financiar las revistas Cataluña Internacional View y ONGC, que han servido para hacer proselitismo del proceso de independencia de Cataluña en el exterior. El diputado del PDeCAT Francesc Dalmases se embolsaba una parte del dinero de las subvenciones, en forma de honorarios por dirigir ambas revistas.

El diputado de Hacienda, archiimputado
En la tramitación de todas las subvenciones de la Diputación de Barcelona al desarrollo del Tercer Mundo jugaron un papel fundamental el vicepresidente de la Corporación provincial, Marc Castells, y el actual diputado de Hacienda, Joan Carles García Cañizares.

Ambos aprobaron subvenciones a proyectos en los que ellos mismos participaban, Castells como alcalde de Igualda y García Cañizares como alcalde de Tordera. Este último ya estuvo imputado en 2002 por un presunto delito de prevaricación, en el llamado caso Tordera, y ha sido detenido en otras tres ocasiones: en septiembre de 2007 por prevaricación urbanística, poco después por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio y en noviembre del mismo año por tráfico de influencias. Y pese a ello, hoy es el diputado de Hacienda de la Diputación de Barcelona gobernada por el PDeCAT.

La suspensión de Puigdemont amenaza la estabilidad del Govern de Torra

Nuevo fracaso de los grupos de JxCat y ERC en su intento por llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión decretada por el juez Pablo Llarena para los siete diputados del Parlament procesados por su participación en los preparativos del 1-O, una división que bloquea el funcionamiento del Parlament. Las direcciones de ambos grupos, junto a miembros los de la Mesa Roger Torrent y Josep Costa se han reunido esta mañana en la prisión de Lledoners con los diputados encarcelados, sin conseguir cerrar una fórmula que satisfaga a ambos partidos.
El acuerdo es urgente, porque el Govern ha fijado para el próximo 2 de octubre el Debate de Política General, en el que el president Quim Torra debe presentar su programa de gobierno ante el Parlament -unos días antes lo hará en el Palau de la Generalitat- y obtener el apoyo de la mayoría independentista a sus propuestas. Una votación imposible si sigue el enfrentamiento sobre qué hacer con el auto de Llarena.
La crisis entre republicanos y junteros sigue tan abierto que algunas fuentes empiezan a reconocer que está en riesgo a estabilidad parlamentaria del Govern, pese a que el ejecutivo presiona insistentemente a los grupos para que alcancen un acuerdo que permita iniciar el curso parlamentario y aspirar a aprobar unos presupuestos catalanes para 2019. A esa presión responde la reunión mantenida hoy en la prisión de Lledoners, en la que habrían participado Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, todos ellos afectados por la medida de Llarena junto a Carles Puigdemont y Toni Comin.
Paralelamente, el ex presidente Carles Puigdemont, cuya negativa a ser reemplazado está en el origen del conflicto, ha advertido hoy en una conferencia desde Bélgica contra cualquier intento de acatar su suspensión sin pasar por el Pleno del Parlament. Puigdemont ha argumentado que “no hay ninguna sentencia” que les obligue a dejar el escaño y se ha mostrado convencido de que “el Parlament defenderá a sus diputados como el poder judicial ha hecho con Llarena”, lo que en su caso pasa por negarse a acatar el auto del Tribunal Supremo.
JxCat sigue manteniendo que Carles Puigdemont es una línea roja que no piensa traspasar. La coalición se presentó a las elecciones del 21D con la promesa de restituir al ex president, promesa que reiteró Quim Torra en su investidura. Por tanto, no pueden aceptar bajo ningún concepto que Puigdemont renuncie a un acta de diputado que es imprescindible para ser presidente de la Generalitat.
Este fue el punto que hizo saltar por los aires el principio de acuerdo alcanzado en julio, cuando Torrent propuso acatar la suspensión dejando que los diputados procesados fueran sustituidos en las votaciones por otros miembros de su grupo, lo que les permitiría recuperar su escaño en caso de sentencia absolutoria. Pero Puigdemont exigió un trato diferencial y se negó a aceptar la suspensión, lo que obligó a suspender el último pleno del periodo de sesiones con duras acusaciones de mentir abiertamente entre los socios de gobierno.
La solución se ha alejado un poco más en las últimas semanas, cuando Jordi Sánchez se sumó a la negativa de Puigdemont a ser sustituido en las votaciones por uno de sus compañeros de grupo en JxCat. Ahora, la tesis de JxCat defendida también por Rull y Turull es que bajo ningún concepto están dispuestos a aceptar ser sustituidos sin que el debate llegue al Pleno del Parlament, previo dictamen de la comisión de reglamento. En otras palabras, quieren forzar una votación del Pleno para rechazar la suspensión con el apoyo de la CUP, que se ha manifestado en el mismo sentido.
ERC quiere proteger a Torrent
Pero las líneas rojas marcadas por Esquerra van en sentido exactamente contrario: no aceptarán hacer diferencias entre Puigdemont y el resto de los procesados por el 1-O, es un principio inamovible para los republicanos, muy quemados por las presiones impuestas desde Bruselas, mientras ellos siguen purgando la falta de un líder público desde el encarcelamiento de Junqueras. La segunda línea roja de los republicanos, ligada a esta, es la negativa a poner en riesgo a ningún otro cargo institucional con actos de desobediencia al poder judicial sin ningún resultado efectivo.
Especialmente si se trata de Torrent, uno de los dirigentes con más proyección dentro de los no afectados por la causa del 1-O. El propio presidente del Parlament lo dejó bien claro en la conferencia con la que la semana pasada abrió el curso político, a falta de actividad parlamentaria. El independentismo debe dejar atrás la gesticulación para centrarse en pasos “efectivos”.
Los republicanos han planteado una tercera condición: que no se alteren las mayorías parlamentarias. Esto es, que no están dispuestos a renunciar a más votos en el Pleno. En los últimos plenos ni Comin ni Puigdemont han votado para no comprometer las decisiones adoptadas, pero esta medida no puede extenderse a los diputados presos, que hasta ahora sí habían votado por delegación, gracias precisamente a otra salida orquestada por Llarena en los autos de prisión de los procesados por el 1-O a los que se ha negado la libertad condicional.
Iva Anguera de Sojo

miércoles, 19 de septiembre de 2018

El Gobierno suspende el impuesto a la generación eléctrica para bajar la luz

Y crea un bono social para calefacción.
La ministra Ribera anuncia medidas para facilitar que los clientes puedan rebajar la potencia eléctrica que tienen contratada para evitar "gastos innecesarios".

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

El Gobierno lanza una batería de medidas en plena subida del precio de la electricidad y del recibo de luz. Y lo hace en varios frentes. Medidas urgentes para intentar frenar la espiral alcista a corto plazo. Medidas para impulsar una reforma estructural y a largo plazo del sistema eléctrico. Y medidas para paliar los efectos de la subida para los hogares vulnerables. Un paquete de reforma que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, simplemente ha desvelado pero sin desgranar sus destalles.
La suspensión del tributo a la producción de electricidad puede rebajar un 3% el recibo de luz
La gran medida de choque anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados es la “suspensión temporal” de la aplicación del impuesto del 7% a la generación eléctrica de todo tipo (renovables, nuclear, carbón, gas natural…). Un tributo a la generación eléctrica que recauda cada año entre 1.600 y 1.700 millones de euros y cuya suspensión, según fuentes del sector eléctrico, supondrá una rebaja del recibo de luz de en torno a un 3%.
No se trata de una eliminación del tributo -creado por el Gobierno de Rajoy en 2012 como uno de los pilares de su reforma eléctrica-, sino que queda suspendido por un plazo que la ministra no ha aclarado cuál ser y que, muy probablelemente, se articulará con una rebaja del mismo hasta un nivel próximo al 0% para facilitar su aplicación con menos trámites legislativos. Ribera ha subrayado que la suspensión del impuesto supondrá una bajada inmediata del precio de la electricidad, dado que los productores de la energía dejarán de trasladarlo a la cotización del mercado mayorista eléctrico.
“El Gobierno actúa de manera inmediata contra la subida de la electricidad con la suspensión temporal del impuesto del 7%. Se trata de enviar una señal clara. No puede ser que el consumidor asuma las turbulencias”, ha apuntado la ministra, que considera que la medida supondrá la reducción del impuesto a “un tipo prácticamente cero” tendrá un impacto casi inmediato para “aliviar la factura de los consumidores domésticos y de los industriales”.

Nuevo bono social para calefacción

Ribera ha desvelado también medidas para elevar la protección a los hogares vulnerables. Según el Ejecutivo, 4,6 millones de ciudadanos españoles padecen pobreza energética, al no poder afrontar el gasto que supone mantener su hogar a una temperatura adecuada. El Ministerio mantendrá el actual bono social de la luz (que contempla ayudas a la factura eléctrica del 25 al 100% de la factura), en el que se introducirán mejoras y ampliará su cobertura “con carácter inmediato”.
Pero el Gobierno también creará un nuevo bono social para la calefacción para los hogares pobres como una medida urgente contra las consecuencias la pobreza energética. Un nuevo sistema de ayudas que se aplicará a todos los tipos de materiales que se utilizan para calentar los hogares (gas natural, butano, gasóleo, pellets…), según confirman fuentes ministeriales.
Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.

Facilitar el cambio de potencia contratada

El Gobierno también ha propuesto medidas para elevar la protección al consumidor doméstico para evitar “gastos innecesarios” por tener contratada una potencia eléctrica superior a la que necesitan en función de su consumo real de luz.
“Muchos consumidores tienen contratada más potencia de la que necesita”, ha dicho la ministra. Las medidas pasan por dar “mayor información al cliente” sobre la potencia necesita realmente contratar y, además, facilitar el cambio de potencia flexibilizando el proceso (actualmente un cliente sólo puede hacerlo una vez al año).