jueves, 19 de julio de 2018

Israel se define como “Estado nación judío” y desata protestas por discriminación



Vista general de la Knéset, en 2016. Foto: Reuters.
De la noche a la mañana de este jueves, con 62 votos a favor y 55 en contra, luego de horas de feroces debates, la Knéset israelí (el Parlamento nacional) aprobó el proyecto de ley del Estado nacional del pueblo judío que promueve los asentamientos exclusivamente judíos, quita al idioma árabe el estatus oficial y otorga el derecho de autodeterminación solo al pueblo judío, informa Haaretz.
Se trata de una ley básica (casi lo mismo que una ley constitucional) que entrará en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Parlamento.

¿Por qué es tan controvertida?

La nueva ley define oficialmente a Israel como la patria nacional del pueblo judío y afirma que “el ejercicio del derecho de autodeterminación nacional en Israel es únicamente para el pueblo judío”
También incluye cláusulas que establecen que una “Jerusalén unida” es la capital de Israel y que solo el hebreo es el idioma oficial del país
Otra cláusula prevé que “el Estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”
La ley, que comenzó a ser elaborada desde el 2011 y cuenta con el apoyo incondicional del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha desatado una ola de protestas tanto en el país como en la influyente diáspora judía en EE.UU.
En el centro de la controversia está la parte de la ley destinada a promover el “establecimiento y consolidación” de los asentamientos judíos, que está siendo criticada por la oposición como una abreviatura de la segregación que raya con el ‘apartheid’.
Además, los críticos de la norma argumentan que la ley convierte a unos 1,8 millones de árabes israelíes, una cuarta parte de la población, en ciudadanos de segunda clase.

Reacción de la comunidad

Inmediatamente después de la aprobación de la ley, los legisladores árabes rompieron los borradores impresos del proyecto de ley en señal de protesta, tachando la ley de “apartheid” y “racista”, tras lo cual abandonaron el pleno.
El legislador Ayman Odeh, presidente de la Lista Conjunta, alianza política de cuatro partidos árabes en el Parlamento, emitió un comunicado diciendo que Israel “declaró que no nos quiere aquí” y que había “aprobado una ley de supremacía judía y nos dijo que siempre seremos ciudadanos de segunda clase”.
Además, la naturaleza divisiva del proyecto de ley había provocado que miles de personas, incluidos árabes y judíos seculares, salieran a las calles en señal de protesta. No obstante, esto no ha impedido que Netanyahu aclamara su aprobación como un gran éxito.
“Con esta ley determinamos el principio fundacional de nuestra existencia. Israel es el Estado nacional del pueblo judío y respeta los derechos de todos sus ciudadanos”, declaró, al añadir que el Estado judío es “la única democracia en Oriente Medio”.
El secretario de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández, opina que se trata de una ley que viola los principios de la ONU y sitúa a Israel en el mismo escenario que Sudáfrica, ya que representa un ejemplo muy claro de ‘apartheid’.

El delicado equilibrio

La comunidad judía se ha dividido respecto a dicha ley. Antes de su adopción, 14 organizaciones judías estadounidenses transmitieron sus preocupaciones al presidente de la Agencia Judía para la Tierra de Israel, Isaac Herzog, quien ha sido un crítico enérgico del proyecto.
“La cuestión es si la ley dañará o beneficiará a Israel. Realmente espero que no dañemos el delicado equilibrio entre un Estado judío y un Estado democrático”, declaró Herzog durante los debates en la sesión plenaria.
Por otra parte, el director ejecutivo de New Israel Fund, Daniel Sokatch, dijo que el proyecto de ley es “completamente incompatible” con el “fundamento democrático” del Estado israelí.
Antes de ser votada, la norma también fue rechazada por el presidente israelí, Reuven Rivlin, quien había escrito una carta abierta al respecto, y por varios partidos de la oposición. Incluso la formación ultranacionalista Yisrael Beiteinu del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, habían anunciado su oposición.

La represión violenta de Ortega empuja a la población de Nicaragua a un éxodo a la venezolana

Dos mujeres protestan frente a los juzgados de Managua, Nicaragua

La población en Nicaragua comienza a hacer las maletas para abandonar el país al constatar que el régimen de Daniel Ortega, lejos de tirar la toalla, incrementa cada día la represión violenta que ha causado ya 350 personas fallecidas y miles de heridos en tres meses de protestas. Lo que comenzó el 18 de abril como unas manifestaciones pacíficas contra la reforma del seguro social, se ha tornado en una especie de 'guerra civil' en la que el Gobierno quiere acabar por la vía de las balas con todo atisbo de oposición llegando incluso esta semana a disparar a decenas de estudiantes refugiados en una iglesia de Managua, donde murieron dos de ellos.
Ante un panorama de incertidumbre en el que la tibia presión internacional y la llamada al diálogo de la Iglesia Católica no hacen mella en Ortega, la ciudadanía ha comenzado a perder la esperanza de un cambio y está optando por un éxodo similar al que se dio en Venezuela. Pese a que las cifras son muy inferiores a las de Venezuela, donde según datos de la ONU, más de 100.000 personas llegaron a solicitar asilo en el exterior y otras 130.000 optaron por otras alternativas migratorias, en Nicaragua aumenta el flujo de gente que huye sobre todo a Costa Rica para dejar atrás la incertidumbre política, que está dejando un reguero de sangre en las calles del país centroamericano. "Lo único que tengo seguro aquí (en Costa Rica) es que no me van a matar como en Nicaragua", aseguró al diario 'La Prensa' una de las personas que llegó a pernoctar en las oficinas de Migración de San José en busca de una solicitud de refugio.
La denominada 'Operación Limpieza' impulsada por el régimen de Ortega no solo está provocando cientos de muertos, sino la salida del país de muchos nicaragüenses ante el temor de caer en manos de las huestes de un régimen que ha mostrado su peor cara enviando al Ejército y a grupos de paramilitares para reprimir las protestas encaminadas ya a lograr un cambio en el poder.
El país más afectado por esta situación es Costa Rica, donde ya de por sí viven alrededor de 500.000 nicaragüenses, muchos en situación irregular, por lo que han aprovechado la ola de violencia que sufre su país para solicitar refugio de forma masiva en la sede central de Migración y Extranjería de San José. De esta forma, ya podrían residir de manera legal en el país vecino, aunque el director interino de Migración de Costa Rica, Daguer Hernández, ya ha advertido de que no todas las personas son candidatas a obtener refugio, debido a que no están huyendo del conflicto en Nicaragua, sino que llevan ya años viviendo en ese país de manera irregular.
Según indicó en declaraciones a 'La Nación', semanalmente se están otorgando cada lunes 1.000 citas de solicitud de refugio a la que solo pueden aspirar "aquellas personas que tengan fundados temores de ser perseguidas por nacionalidad, raza, religión, género, pertenencia a grupo social u opiniones políticas". Hernández precisó que son pocos los migrantes de Nicaragua que están obteniendo este tipo de permiso. En 2017, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio solo aprobó el 6% de las solicitudes de refugio teniendo en cuenta que el resto solo pretendía regularizar su situación migratoria.
No obstante, cada día son más los residentes nicaragüenses en Costa Rica que acuden a las oficinas de Migración para obtener el ansiado permiso, por lo que se han llegado a atender en un solo día a 4.000 personas desesperadas por lograr la categoría de refugiadas, según han informado medios locales.
Ante la previsión de que la migración a Costa Rica vaya en aumento, el Gobierno de ese país creó el pasado mes de junio una Comisión Interinstitucional para dar seguimiento a los flujos de población que escapa de la violencia en Nicaragua. Este organismo prevé incluso la instalación de albergues, en caso de que el éxodo fuera masivo, si bien aún no se ha dado esta situación.
Mientras, las oficinas consulares de Costa Rica en Nicaragua han registrado un incremento del 42% en las solicitudes de visas, en relación con hace un año, por lo que en la sede de Managua se contabilizan un promedio de 600 peticiones diarias y en la de Chinandega se registran 320, según informó al diario 'La Nación' el Embajador de Costa Rica en Nicaragua, Eduardo Trejos. Precisamente, siete ex presidentes de Costa Rica suscribieron esta semana una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, para avisarle que si continúa la violencia, "podría muy bien desencadenar una nueva guerra civil en esa nación con enorme prejuicio para el resto de Centroamérica".