miércoles, 24 de noviembre de 2021

La 'cara b' de Yolanda Díaz: la vicepresidenta que quería guillotinar al Rey

 


La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz



La vicepresidenta ha cambiado su imagen, pero también su discurso, aunque sus formas, más suaves y sutiles que las de Pablo Iglesias, esconden en realidad el mismo discurso.



  

Yolanda Díaz se ha convertido de un tiempo a esta parte en el 'mirlo blanco' de la izquierda más radical. De formas pausadas, sin ruido, la antítesis de Pablo Iglesias, el hasta hace unos meses líder de Podemos, que paseaba por las tertulias con tono bronco y a la pelea con cualquiera que osase contrariarle. 

Sin embargo, bajo la nueva Yolanda, se esconde una líder radical, que como buena integrante del Partido Comunista no quiere ver ni en pintura una foto del Rey. De hecho, si por ella fuera, lo guillotinaría. 

 No es una frase figurada, es real y la pronunció ella misma, cuando no ostentaba un cargo en el Gobierno. Aquella Yolanda Díaz del pasado, explicaba abiertamente en un programa de la televisión gallega cuál era su horizonte de futuro: "Fin del bipartidismo, fin del régimen pactado en la Transición española, una nueva andadura, proceso constituyente y tercera república".

Ese es su plan, el mismo que siempre ha defendido Pablo Iglesias, ese "horizonte republicano" que pretende arrasar con lo establecido porque no sirve, y lamentaba profundamente que la historia no nos hubiera colocado en otro lugar, en el que el 'pueblo' cortase la cabeza a su rey.

Guillotinar al Rey

De hecho, explicaba que es "una pena que nuestro monarca y nuestra historia no tuvieran la suerte histórica y profunda, también, de haber cortado la cabeza, guillotinado, a un rey. Seguramente, los hechos, si fueran así, serían diferentes. Sin lugar a duda", zanjaba la actual vicepresidenta del Gobierno.

Y es que, parece que a pesar de que se presente a sí misma como una líder de una izquierda moderada, la realidad es otra. Sus formas pueden ser más suaves y sutiles de cara a la opinión pública. Puede ser que su imagen dulce distraiga la atención, pero su discurso no dista demasiado del de sus compañeros de Podemos y del propio Partido Comunista.

De hecho, hace unos meses, el pasado abril, una diputada morada Lucía Muñoz Alda, defendía públicamente el derrocamiento del Rey. La misma persona ante la que juraron o prometieron sus cargos de ministros sus propios compañeros de partido y ella misma, ante la Constitución, al recoger su acta como representante de los ciudadanos en el Congreso.

Así se ha expresó en una intervención en los llamados "Debates republicanos" en la que ha ido todavía más lejos de lo habitual en Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Irene Montero, entre otros, firmes defensores de la demolición del "Régimen del 78".

Muñoz Alda, una diputada con poca experiencia profesional pero que ya ha estado en dos legislaturas en el Congreso como la segunda parlamentaria más joven de la Cámara, llega a afirmar que la Monarquía española "es incompatible con la democracia". Y añade que, de derribarla, sería más sencillo "repartirse el poder", citando expresamente a poder como la Justicia, el Ejército o hasta el control de los medios de comunicación.

"Todos los Borbones a los tiburones"

También, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía sus pinitos antomonárquicos en las redes sociales cuando hacia las veces de activista antidesahucios en los inicios de Podemos. Montero también quería mandar al Rey a la guillotina utilizando Twitter como altavoz.

Bajo la etiqueta "Felipenoserasrey", la número dos de Unidas Podemos se dedicó a lanzar una serie de mensajes en los que atacaba a la monarquía. Corría la primavera del año 2013 y una desconocida Montero invitaba a lanzar a "todos los Borbones a los tiburones".

Sin embargo, no fue la única amenaza contra el Rey ese mismo día, sino que además, indicó que "vienen nuestros recortes, y serán con guillotina". Un barbaridad imperdonable, que parece que ha quedado en el olvido.

 

Y es que parece que la guillotina es para los miembros de Podemos un auténtico fetiche que utilizar con todos los miembros de la Monarquía, pues Fonsi Loainza, un periodista que formó parte de Podemos, también publicó un mensaje en las redes sociales que parecía insinuar su deseo de que la Princesa Leonor y su hermana la Infanta Sofía formen parte del equipo de la "guillotina"

El mensaje inicial que desató la polémica ya no se encuentra disponible puesto que "incumplió" las reglas de Twitter, pero lejos de retractarse, Loainza siguió insistiendo en el tema, asegurando que no pedirá perdón por sus palabras.

 

De esta manera, queda claro que, por mucho que Yolanda Díaz quiera presentarse a sí misma como una versión moderna y renovada de la izquierda más radical, en la que todos tienen cabida y dejan a un lado la violencia verbal y sus ataques al Rey, la esencia sigue siendo la misma. La de la líder comunista a la que le gustaría borrar de un plumazo la historia de España, a golpe de guillotina. 

martes, 23 de noviembre de 2021

La portavoz de Moncloa confirma el pago a Rufián a cambio del sí de Esquerra

 

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.© Proporcionado por ESdiario La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Pedro Sánchez respira a esta hora tranquilo. No se esperaban sorpresas en el desenlace final sobre la negociación de los Presupuestos para 2022 y Esquerra ha dado luz verde a las cuentas del Gobierno progresista a cambio de un nuevo pago de claro contenido ideológico al servicio de la causa independentista.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que habrá cuotas de contenido audiovisual en lenguas cooficiales para todas las plataformas, pactadas con el grupo parlamentario de Gabriel Rufián y que, además, "vienen protegidas por una serie de ayudas públicas".

Isabel Rodríguez se ha expresado así durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si las cuotas irán acompañadas de algún tipo de incentivo.

 

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, el anteproyecto de Ley audiovisual se está trabajado en el seno del Gobierno y "lo que se ha producido en el día de hoy son acuerdos parlamentarios que propiciarán la viabilidad de la tramitación de esta ley una vez que salga del Consejo de Ministros". En este sentido, ha señalado que llegará al Consejo de Ministros "en las próximas semanas, antes de final de este año".

"Es una ley importante que da cumplimiento a la normativa de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que forma parte de nuestros compromisos en las reformas integradas en el Plan de Recuperación que revierten también en una apuesta del Gobierno por potenciar la industria audiovisual a través de ese Hub para ser referencia europea", ha manifestado.

En este sentido, Rodríguez ha insistido en que, con esta normativa, el Gobierno aborda "la protección y la promoción de todas las lenguas del Estado, del castellano y de las lenguas oficiales, dando cumplimento a esa garantía constitucional que viene contemplada de poner en valor todas las lenguas del Estado como una riqueza cultural" del país. "Esa es la filosofía del texto que trabaja el Gobierno y que en unas semanas vendrá al Consejo de Ministros", ha subrayado.

En una comparecencia previa, el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra había anunciado un acuerdo con el Gobierno por el cual se establece que "una cuota del 6% del contenido audiovisual ofertado en las plataformas sea en lenguas cooficiales". Esta medida era la condición de los independentistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

 Rufián ha detallado que "esto significa que de cada 100 películas ofertadas en plataformas, 30, por directiva europea, tienen que ser en lengua europea y de estas la mitad tienen que ser en lenguas cooficiales del Estado". "Eso significa que el 20% de las películas europeas tienen que ser y serán en catalán en gallego y en euskera", ha apostillado.

Rufián ha revelado ademas que, en cuanto a incentivos se refiere, se ha acordado que Sánchez acepte un nuevo impuesto del 5% para la producción audiovisual. "El 10% de todo esto irá al Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y todo ellos será integro para las lenguas cooficiales, es decir, el 10% de este impuesto será para intentar fomentar la producción audiovisual en lenguas cooficiales", ha declarado.

lunes, 22 de noviembre de 2021

Y ahora, ¡retorno a la I República!

 Los movimientos de la España Vaciada muestran que siempre se puede ir más allá en el híper localismo

La I República fue el estrafalario, verborreico y desordenado experimento político que loqueó a España entre febrero de 1873 y diciembre del año siguiente. Allí ya se testó el crecepelo que 147 años después el PSOE pretende vendernos como solución novedosa para el problema territorial: la nación de naciones, el federalismo despendolado. Como es sabido, aquello acabó peor que mal, en puro esperpento. Sevilla se declaró República Social, Alcoy se proclamó independiente, el famoso Cantón de Cartagena… hasta el municipio manchego de Camuñas, con menos de 2.000 vecinos, se constituyó en Estado durante unos días. Contado hoy nos parece un chiste. Pero para reponer la cordura el Gobierno central tuvo que recurrir a las armas.

El auge del populismo, hijo de las heridas nunca bien curadas de la gravísima crisis de 2008 y de los cambios propiciados por internet y sus redes, provoca que en el arranque del siglo XXI retornen nocivos experimentos que dábamos por bien enterrados. Volvemos a tener un Gobierno con comunistas, como en los días del Frente Popular. Sufrimos a un Ejecutivo que cuestiona la extraordinaria Transición y ataca a los jueces. Y hasta está surgiendo un movimiento híper localista, la llamada «España vaciada», que evoca el cantonalismo del XIX, aunque sin llegar a su delirio trágico. León Ruge, Jaén Merece Más, Ávila Rexiste, Soria ya, Teruel Existe… El fenómeno presenta implicaciones políticas y puede influir en el mapa electoral, como ya explicó hace una semana El Debate (Vox, por ejemplo, sospecha que detrás puede estar la mano de La Moncloa para mermar sus votos).

Este movimiento, que puede resultar simpático a primera vista, reproduce a escala municipal el mecanismo mental de los nacionalismos disgregadores que se han convertido en el primer quebradero de cabeza de España. Por supuesto que existen problemas específicos locales y regionales que deben ser denunciados y atendidos. Pero su solución no pasa por el ensimismamiento victimista, la búsqueda de un enemigo exterior y la utopía de que el Estado lo arregle todo convirtiendo la Tierra Cha de Lugo en Silicon Valley con un AVE llegando a cada parroquia.

No: los países no prosperan cuando cada uno se mira su propio ombligo y se desentiende de un proyecto común más grande. No: no existen soluciones ultralocales en un mundo cada vez más global, donde para competir se necesita formar parte de un mercado amplio y cohesionado, como la UE, porque de lo contrario te comerás los mocos ante el empuje chino e indio. No: nadie obliga a las personas a marcharse de la que ahora llaman «España Vaciada»; se van porque el tirón de las grandes ciudades ofrece alicientes de todo tipo –laborales, culturales, deportivos, de ocio– que no brindan, ni podrán brindar jamás las pequeñas poblaciones por una elemental cuestión de tamaño. No: nunca se producirá un fenómeno masivo de retorno por el que los españoles dejarán Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga para volver a las deliciosas Zamora, Orense, Soria, Jaén, Teruel… aunque sin duda merecen ser bien atendidas y aunque es cierto que las posibilidades de teletrabajo de internet les brindan una nueva oportunidad.

La mejor esperanza de esa que llaman «España Vaciada» radica en una España próspera, con grandes metrópolis capaces de competir en la durísima liza global. Urbes muy potentes que tiren del país como vanguardias de creatividad y ejerzan de locomotoras económicas, irrigando toda la nación. Solo el desarrollo común del país podrá vivificar el bienestar de las capitales de provincia (por cierto, hoy cuidadísimas y de excelente calidad de vida). Nada de futuro se construirá cuarteando España en reinos de taifas municipales y apelando a una provincia subvencionada en contradicción con su casi irrecuperable realidad demográfica.

Ya sé que esto no es amable, que vende más regodearse en supuestos agravios, reivindicar las pequeñas identidades y fomentar los micro nacionalismos (ahí tienen la patochada del alcalde de Vigo, que ha inventado el Nacionalismo Luminotécnico con sus luces de Navidad, un derroche casi ofensivo cuando el precio de la luz machaca a familias y empresas y cuando sus correligionarios presumen de ecologistas). Hay que contar la verdad: jamás se ha construido una gran país a golpe de dispersión híper local.

Y por cierto: ¿Quién sufraga el fenómeno de la «España vaciada»? Nada se hace en política sin dinero. Resultaría interesante ir sabiéndolo…

LUIS VENTOSO,

Bolaños pidió a los nuevos ministros 'revisar' su pasado antes de que Sánchez les nombrase

 Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, en el Senado.

Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, en el Senado. EP

Antes de que los teléfonos de los destituidos comenzasen a sonar, Pedro Sánchez encomendó una primera misión al que se convertiría en el ‘hombre fuerte’ del presidente: contactar uno a uno a los ministrables para hacerles llegar la noticia de que el jefe del Ejecutivo estaba pensando en ellos para renovar el gabinete monclovita en el ecuador de la legislatura. Pilar Llop, Raquel Sánchez, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, José Manuel Albares y Diana Morant recibieron sendos mensajes en sus móviles con un recado un tanto singular: que escudriñasen en su pasado en busca de posibles polémicas o causas pendientes que pudieran salir a la luz y empañar la recta final del mandato del Gobierno de coalición. En plena carrera preelectoral, cualquier escándalo interno podría enterrar la oportunidad de Sánchez de repetir en Moncloa hasta 2027.

El pasado mes de julio, Pedro Sánchez ejecutó la mayor remodelación ministerial desde que resultó investido en enero de 2020. El anterior gabinete gubernamental se había visto sacudido por un sinfín de polémicas y, a ojos del jefe del Ejecutivo, había sucumbido a un desgaste político acuciado por el azote de una pandemia sin precedentes en España. La renovación gubernamental se convertiría muy pronto en un asunto capital para Pedro Sánchez, a pesar de que tanto él como su entorno lo desmentían una y otra vez.


Un caluroso fin de semana de julio llegó por fin el ‘hachazo’ de Sánchez. El presidente del Gobierno comunicó un total de siete nuevos nombramientos, incluyendo la salida de Miquel Iceta, que cambió la cartera de Política Territorial por la de Cultura y Deportes. Félix Bolaños reemplazaría a Carmen Calvo, aunque para entonces ya había comenzado a ejercer de nuevo ‘policía’ de Sánchez con el mandato de bucear en los posibles secretos de los nuevos ministros socialistas.

Y cuando lo tuvo atado, activó el terremoto: del Ejecutivo salieron la titular de Presidencia, Carmen Calvo; la de Educación, Isabel Celáa; el ministro de Ciencia, Pedro Duque; la de Exteriores, Arancha González Laya; el titular de Justicia, Juan Carlos Campo; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Transportes, José Luis Ábalos. La guinda del pastel fue la salida del todopoderoso asesor del presidente del Gobierno, Iván Redondo, cuyo puesto como jefe de gabinete fue ocupado por el socialista Óscar López.

Pero dentro de la escabechina gubernamental de Sánchez, la salida de José Luis Ábalos fue la que en mayor medida hizo convulsionar a las filas socialistas. El cese del ex secretario de Organización del PSOE -el ex número tres dimitió a las pocas horas de efectuarse el traspaso de cartera a Raquel Sánchez- fue argumentado por el jefe del Ejecutivo por el nuevo objetivo de «cargar las pilas» y «rejuvenecer» al Gobierno en el marco de una etapa de «renovación y modernización», pero nunca ahondó en las causas concretas.

En poco tiempo, Ábalos se había convertido en una de las personas con mayor peso político en la organización socialista y era uno de los pocos ministros de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Quizá por este motivo, su destitución pilló a más de uno por sorpresa, incluido él mismo. De hecho, Sánchez preparó junto a Ábalos la profunda remodelación ministerial sin saber que su salida también figuraba en los planes del jefe del Ejecutivo. De hecho, no se enteró de su salida hasta la misma mañana del sábado en que Sánchez oficializó la crisis gubernamental. «Se vio de repente fuera del Gobierno», trasladaron entonces fuentes gubernamentales a El Independiente.

El afán de Pedro Sánchez de revisar el pasado de sus nuevos lugartenientes podría tener su origen en su propia experiencia con José Luis Ábalos. Fueron múltiples los escándalos que rodearon su figura en sus últimos meses en el seno del Ejecutivo, tanto que la oposición no dudó en relacionar su fulminante cese con dos escándalos en los que se había visto implicado y que habían erosionado al Ejecutivo: el ‘Delcygate’ y el rescate de Plus Ultra, ambos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro. En relación al último caso, el ministerio que él dirigía avaló el rescate con 53 millones de euros a la citada aerolínea a través de un fondo SEPI pese a que no se trataba de una compañía estratégica en España, y la primera parte del traspaso fue suspendido cautelarmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Meses después, una nueva polémica volvió a sacudir a un José Luis Ábalos ya retirado, después de que The Objective diese la voz de alarma por la presunta «doble vida» de José Luis Ábalos que, según el digital, precipitó la salida del ex titular de Transportes del Gobierno. El ex dirigente negó toda vinculación con las acusaciones del medio dirigido por Álvaro Nieto, y anunció una querella por la vía penal. Con todo, y aunque el asunto quede finalmente en nada tras su paso por los tribunales, Sánchez quiere despegarse al máximo de las polémicas que puedan zarandear su gabinete y rechazar toda ventana de oportunidad a la oposición para crecer a su costa.


El desastre económico de Sánchez genera una destrucción de empresas inaudita

 Pedro Sánchez

Pedro Sánchez

El desastre económico de Sánchez genera una destrucción de empresas inaudita

En lo que llevamos de año se han registrado casi 5.000 concursos de empresas, un 13% más que en 2020 cuando España sufría lo peor de la pandemia

Los concursos de empresas en nuestro país han aumentado un 44% de enero a septiembre de este año. Son un total de 4.993 procedimientos abiertos, una cifra que supera en un 13% los datos registrados el año pasado, cuando España sufría la peor parte de la pandemia de coronavirus, coincidiendo con el confinamiento total. 

Según un estudio de D&B, también subieron las disoluciones empresariales un 23% entre enero y octubre de este año, lo que hace un total de 22.104 sociedades acogidas a este proceso. Si comparamos las cifras con el año pasado, en términos interanuales, este mes de octubre han subido un 7% el número de disoluciones empresariales, un 44% más si comparamos el mes pasado con septiembre de 2021. 

El incremento en el número de concursos empresariales cada vez se nota más

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, "el incremento en el número de concursos empresariales cada vez se nota más y los 4.933 procesos iniciados hasta octubre ya superan en un 13% a los contabilizados en todo 2020”.

Por su parte, las empresas que presentan al mismo tiempo el concurso y la extinción, un proceso que se conoce como 'concurso exprés', sólo bajó del 60% en agosto de este año, llegando a representar en octubre el 68%, es decir, dos de cada tres. Si comparamos esos mismos datos con enero del año pasado,  el porcentaje por entonces era del 48%.

 De todos los concursos presentados el mes pasado, las microempresas son las que mayor porcentaje de concursos presentaron, con un 86%, de las cuales el 14% eran pequeñas y medianas empresas. 

La hostelería y el comercio, los sectores más afectados

Todos los sectores aumentaron los concursos presentados este 2021, salvo el de las comunicaciones, que la redujo solo un 1%. Entre los más afectados destaca el comercio, con 1.025 procedimientos y construcción y actividades inmobiliarias, con 909. Por su parte la Hostelería ocupa la tercera posición, con 794 concursos, lo que supone más del doble que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento del 152%. 

Si tenemos en cuenta sólo los datos del mes de octubre, el sector del comercio también ha sido uno de los más afectados y con más porcentaje de concursos empresariales presentados. En total 145 procedimientos, seguido de la construcción (112) y de la hostelería (77), con subidas del 32%, del 5% y del 15%, respectivamente.

 En cuanto a las autonomías más afectadas por los concursos de empresas, sólo la comunidad de Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla registraron menos concursos que en 2020. El resto han incrementado sus datos con Cataluña a la cabeza con 1.364 concursos, un 55% más que el año pasado. De cerca le sigue la Comunidad de Madrid, con 1.018 concursos hasta el mes pasado y un avance del 53% si lo comparamos con el año pasado.

ESDIARIO

domingo, 21 de noviembre de 2021

Agentes de todas las policías dan la cara contra el Gobierno: "Si la reforma se consuma va a arder la calle"

 

Miembros de la Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional.© Unidad Editorial, S.A. Miembros de la Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional.Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa. También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle. Antes de abundar en las distintas formas de la pérdida de autoridad que aventuran, policías, guardias civiles y cuerpos autonómicos y locales se quejan amargamente de la incapacidad dialéctica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cambio por el que -entre otras cosas- no será necesario avisar de las manifestaciones, por el que se limitarán los materiales de uso de los antidisturbios o por el que se acota el tiempo de las identificaciones, ha despertado una sucesión de calificativos demoledora e implacable. Es una convulsión generalizada y sin grietas por parte de todos los Cuerpos afectados. Sin excepción. Por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia CivilPolicía Nacional, efectivos autonómicos y locales como agentes que no están adscritos a este movimiento se han dado la mano para protestar y lo harán en la macromanifestación que han organizado el próximo día 27, cuando pretenden sacar a 100.000 agentes a la calle. La reforma de la ley supone un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar Madrid para intentar hacer reflexionar al Gobierno. Agustín Leal, agentes de la Guardia Civil y secretario general de Jucil.JAVIER BARBANCHO. «Lo más triste de todo es que ni siquiera nos hayan consultado ni se hayan sentado con nosotros para una reforma tan importante. Nosotros conocemos el terreno y nos han dejado al margen. Es un despropósito y una merma total a nuestras funciones. Podemos perder el carácter de agentes de la autoridad», razona Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil. Leal se muestra inflexible con los planes para cambiar la normativa. «Esto es una traición. Es como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a un antisistema y le hubiera dicho 'pon lo que quieras'». Es especialmente crítico con la vía libre a las manifestaciones espontáneas. «Si no sabemos que va a haber una protesta no podemos preparar un dispositivo antidisturbios, y una manifestación sin avisar que se puede volver multitudinaria y violenta, y en la que apenas tenemos dos horas para identificar, puede llegar a ser un caos. Si la reforma se consuma, va a arder la calle», advierte.
Dan carta blanca a la delincuencia y nos atan de pies y manos
Leal también quiere aclarar que la reivindicación de todos los colectivos va más allá de que se retire el uso de las pelotas a los agentes antidisturbios. «La pelota de goma siempre es la última opción de los agentes. Cuando sucede, se hace por la necesidad de mantener alejados a los manifestantes que ejercen algún tipo de violencia. Por lo general, se usan métodos menos lesivos. Esta nueva manera obliga a un cuerpo a cuerpo que no tiene sentido». «El perjudicado total de todo esto, el verdadero rehén, es el ciudadano porque es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas. No es propia de un país de la Unión Europea». Delegado de Jupol y miembro de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.JAVIER BARBANCHO En la misma línea que Leal se pronuncia el delegado de Jupol y miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, los mal llamados antidisturbios, quien hace una profunda disección de la problemática que evidencia su profundidad. «Como policías, nos hierve la sangre que la gente no pueda hacer su vida. Esto es algo que afectará a la sociedad y pongo un ejemplo: si una manifestación, por no estar prevista, corta de manera sorpresiva una calle o una carretera puede hacer que no llegues a tiempo a la entrevista de trabajo de tu vida, a un examen, al médico con tu hijo o incluso a un parto. Que las vías de comunicación estén despejadas es esencial por muchas cosas. La reforma de la ley hace que se pierda el respeto a los demás». El agente enumera las gestiones que se dejarán de hacer en caso de que se consume la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. «Cuando tenemos constancia de una movilización, hay previsión y por tanto establecemos puntos de seguridad o rutas alternativas de metro, pero si de repente aparecen 50.000 personas sin avisar no tenemos capacidad de reacción».
Esta ley nos genera indefensión, ahora los agentes somos un blanco fácil
¿Las consecuencias? «No se podrá circular o se colapsará el transporte público. Un caos. Sin duda es un cambio estructural en la seguridad pública». Además, también se sumerge sin restricciones en el hecho de que les recorten su material de trabajo, concretamente las pelotas de goma. «Dejar de usarlas en manifestaciones violentas con la cantidad de agentes que somos y sin medios de disuasión hará imposible que contengamos a tanta gente. Será el triunfo de la anarquía». «Aquí -argumenta con vehemencia- no hay súper hombres, sino profesionales organizados que hacen su trabajo y a los que se lo van a poner muy difícil». Y lanza una reflexión que refleja el sentir del colectivo: «Esta reforma se ha planteado desde una visión idílica. En realidad, no beneficia a nadie, únicamente supone la pérdida de la paz pública. Es el temor del panadero, del propietario de la tienda de lujo, del ciudadano que tiene su moto aparcada en la calle y al día siguiente la puede encontrar quemada y no puede ir a trabajar...». Marcos Veiras, agente de la Policía Nacional y secretario regional de Jupol en Cataluña .A. P. El escenario que se prevé preocupa -y afecta- especialmente a Marcos Veiras, secretario regional de Jupol en Cataluña y agente del Cuerpo Nacional de Policía en activo en la Brigada de Extranjería y Fronteras. La reforma, considera, amenaza con acentuar las convulsiones que se viven en el territorio catalán. Vivía junto a su familia en una céntrica calle de Barcelona y, tras el 1-O, tuvo que mudarse porque varias personas le identificaron en un bar. Quemaron su moto. «A los vecinos no les decimos que somos policías, ni tendemos los uniformes en el exterior. Si quieres llevar una vida más social, tienes que mentir». Veiras conecta su reflexión a que ahora no vaya a ser delito identificar y subir fotografías de agentes a las redes sociales. «Aquí en Cataluña eso hará que no estemos tranquilos», insiste. «Tememos que elementos ligados al radicalismo nos identifiquen. Un compañero tuvo que cambiar a su hija de colegio porque la dejaban sin recreo y otros tres han tenido que dejar el Cuerpo».
Es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas
No olvida la especial realidad de la autonomía en la que trabaja con, recuerda, una presencia muy activa de los Comités de Defensa de la República (CDR), que han protagonizado la movilización social en la crisis política catalana tras el 1-O. «La reforma permite que haya manifestaciones violentas y que se desarrollen con total impunidad. No vamos a poder anticiparnos y eso es extremadamente peligroso porque los movimientos radicales están cada vez más organizados». El policía también reprende con dureza que no les hayan pedido opinión. «No se entiende. Definitivamente, no se han parado a valorar la situación violenta de la que nosotros somos conscientes». Milagros Cívico, guardia civil y secretaria regional de Jucil en Cataluña.A.P. También en Cataluña trabaja Milagros Cívico, secretaria regional de Jucil, quien alerta de cómo el cambio en la normativa puede contribuir a acentuar un ambiente ya de por sí muy crispado. «Nos dejan totalmente abandonados y más aquí, con la problemática tan grande que tenemos con los CDR. Si antes los actos violentos se sucedían con demasiada frecuencia, ahora lo harán con completa libertad», avisa. En este sentido, dibuja una realidad que, según su percepción, es habitual. «En Barcelona, una reivindicación lícita y aprobada muchas veces acaba en violencia con la quema de contenedores. Esta reforma hará más grande el problema».
La reforma mata la ley de prevención de las distintas policías
«Indiscutiblemente -continúa- se va a dar carta blanca a la delincuencia. Vamos a estar muy atados de pies y manos. Es un abandono a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Administración». «Esta ley -enfatiza- son pasos hacia atrás de lo legal y pasos gigantescos hacia lo ilegal». Cívico rescata, asimismo, el «rechazo continuo» que suscitan en Cataluña los agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional, y se muestra muy preocupada por que ahora no sea delito que las imágenes de estos efectivos puedan compartirse en internet. «Que nos graben y pongan esas imágenes nos deja en peligro a nosotros como agentes y a nuestras familias, y más con la tensión que se vive en esta autonomía. Es un retroceso». «Aquí -añade- te pueden señalar por ser guardia civil y eso hace que no te sientas bien». La agente presta servicio en la patrulla fiscal, con lo que el asunto de que únicamente vayan a tener dos horas -en la actualidad son seis- para identificar a una persona y devolverla al mismo punto en el que se la interceptó le afecta de primera mano. «Esas gestiones en dos horas no son posibles. Si, por ejemplo, entramos en un establecimiento público y la persona a identificar es extranjera, hay que hacer muchas comprobaciones. Si a eso le unimos que hay que devolverla al cabo de las dos horas al mismo sitio y que para realizar las gestiones en la mayoría de los casos hay que desplazarse a una comisaría, todo es misión imposible», precisa. «Sin duda -resalta- la reforma de la ley favorece la delincuencia y, sobre todo en Cataluña, favorece la violencia. Los antisistema camparán a sus anchas».
El más perjudicado, el rehén de todo esto, es el ciudadano
Juan Carlos Sáenz, agente y secretario de Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), también es muy crítico con la reforma. «Claramente, deja desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger más al delincuente y pone en entredicho el valor jurídico que nos daba hasta ahora la ley». En su queja, el lugar predominante es el reproche a la Administración por haberles dado la espalda cuando el proceso estaba en las bambalinas. «No pueden modificar una normativa de esta envergadura sin contar con nosotros. No tiene ningún sentido». «Hay un problema básico que no entienden las fuerzas jurídicas: hay que hacer una ley propia del siglo XXI. Tampoco hay que olvidar que somos garantes tanto de los derechos como de las obligaciones de los ciudadanos».
Supone un cambio radical en la estructura de la seguridad pública
Txema Cid, policía nacional y representante de Jupol en el País Vasco, se pronuncia en los mismos términos que su compañero. «La reforma nos genera indefensión porque ahora somos un blanco fácil y vamos a tener que justificar nuestras funciones. Nos convierte en agentes vulnerables». «Sin duda -añade- es un efecto llamada para ciertos colectivos y a que nos planten cara. Trabajar en la calle con esa nueva ley va a ser un auténtico infierno». Pablo Pérez, policía nacional y portavoz de Jupol.JAVIER BARBANCHO Pablo Pérez conoce con precisión los márgenes de la seguridad ciudadana y sus diferentes aristas. Hasta ahora, nunca había tenido que verse cuestionado como agente de la autoridad. Para el portavoz del sindicato Jupol la modificación de la normativa donde, apunta, la palabra de un policía no tiene presunción de veracidad en un atestado, es algo, subraya, «gravísimo». A su juicio, este extremo traspasa muchas fronteras. «Implica que se nos coloca al mismo nivel que a un delincuente». Y pone un ejemplo gráfico: «Es como si la palabra de un conductor valiera lo mismo que la de un policía cuando el conductor se ha saltado un semáforo en rojo y no hay una cámara». «Pone en duda nuestra profesionalidad y eso sienta un precedente muy peligroso». El tifón policial constante por la reforma de esta ley, calificada peyorativamente Ley Mordaza, tendrá su clímax con la manifestación del sábado con la que los sindicatos quieren hacer historia.