miércoles, 22 de marzo de 2017

El Congreso estudiará si sanciona a un diputado de Podemos

Pastor lleva a Cañamero a la Mesa por “intimidar” al ministro de Justicia

Cañamero y Pablo Iglesias este miércoles en el Congreso. 
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llevará a la próxima reunión de la Mesa de la Cámara al diputado Diego Cañamero (Podemos) para que estudie si le sanciona o si, al menos, le apercibe públicamente. Según Pastor, el diputado podría haber intimidado en el hemiciclo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al inicio del pleno de este miércoles.
Cañamero se acercó al escaño del ministro portando dos carteles, uno con la imagen de Iñaki Urdangarín y otro con la de Andrés Bódalo, líder sindical andaluz condenado a tres años y medio de cárcel por agredir a un edil socialista en 2012 durante una protesta y contar con condenas previas. El diputado pedía explicaciones por el hecho de que el primero esté en libertad pese a ser condenado y el segundo esté en la cárcel.
Pastor comunicó a la portavoz de Podemos, Irene Montero, su decisión, cuando esta fue a verla tras un pequeño incidente al final del pleno. Pastor había pedido a Podemos “respeto institucional” y que retiraran camisetas colocadas sobre las bancadas con lemas sobre el agua y contra su privatización.
La presidenta del Congreso les dijo que el hemiciclo no es un “tendedero”.
Podemos también tuvo protagonismo en el pleno como consecuencia de las inusuales palabras pronunciadas por su líder Pablo Iglesias en la sesión de control, cuando preguntaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Le traía a usted sin cuidado. Pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene usted varias opciones: ‘Me importa un comino el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino’. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: ‘Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla’, e incluso he encontrado una, si los señores de la bancada del PP que acaban de insultar a un compañero mío me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo: ‘Me la bufa’. A usted el informe de los letrados, se la bufa”, dijo en referencia al informe de los letrados del Congreso, adelantado por EL PAÍS, que pide limitar la capacidad de veto del Gobierno a iniciativas de la oposición.

El Parlamento desoye al Constitucional y destina recursos para el eferéndun

  
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Parlament ha aprobado que los Presupuestos de la Generalitat para 2017 puedan asignar los recursos necesarios para organizar y convocar un referéndum de independencia en Cataluña. La medida ha prosperado por 72 votos a favor -62 de Junts pel Sí, 9 de la CUP y uno de Catalunya Sí que es Pot- y 9 votos en contra de Sí que es Pot. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP no han votado. La votación ha bastado para validar la polémica disposición adicional 31, que garantizaría la disposición de recursos para celebrar la consulta y que fue censurada por el Consejo de Garantías Estatutarias, que elaboró un dictamen que consideraba ese punto contrario a la Constitución y al propio Estatuto catalán. Àngels Martínez Castells, diputada de Podem, ha aclarado que ha votado a "conciencia" porque y aunque sea contra el criterio de su grupo, le parecía razonable que se habiliten las partidas para el referéndum.
El conjunto de los Presupuestos, como estaba previsto, se ha aprobado gracias a los 62 votos de Junts pel Sí y dos de la CUP, que mostraba así su apoyo al referéndum y su rechazo a unas Cuentas que no considera "sociales". Su malestar deja una ajustada votación en el dictamen final, con 64 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones (de la CUP).
La disposición se ha convertido hoy en el centro de un bronco debate en la Cámara catalana, después de que los dos principales letrados del Parlament, el secretario general y el letrado mayor, hayan pedido la lectura de una nota advirtiendo que ese texto contraviene un auto del Tribunal Constitucional, por lo que se alertaba de “las responsabilidades que se derivarían” de la votación y aprobación de la misma. Los letrados aseguran que las enmiendas presentadas como alternativas por Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot --si esta era de adición-- incumpliría igualmente la resolución.
Tras un breve receso de unos minutos, Junts pel Sí y la CUP han decidido seguir adelante con la votación. A partir de ahí, la oposición, con la excepción de la CUP, ha tratado de detener la votación con el argumento de que la nota de los letrados no ofrecía el mismo criterio de opinión que se incluía en un informe presentado el jueves pasado, en el que no se advertía de los riesgos de aprobar la disposición adicional 31. Primero Ciudadanos, PSC y Ciudadanos han demandado una reunión de la Mesa de la Cámara. La presidenta Carme Forcadell ha denegado esa solicitud al argumentar que no estaba previsto en el reglamento. Después han intentado que se convocara una reunión de la Junta de Portavoces y, en ese caso, Forcadell también lo ha evitado al argumentar que ya se había iniciado la votación, por lo que no era posible, según el reglamento. Sus peticiones se basaban en la necesidad de que la nota emitida hoy por los letrados se pudiera convertir en un informe más amplio y argumentado.
La aprobación de la disposición adicional 31 –que obliga a “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”— abre la vía de los recursos ante el Tribunal Constitucional anunciados por Ciudadanos, PSC y el PP. Igualmente, el Gobierno central plantea también recurrir, lo que suspendería automáticamente la disposición adicional.
La cuestión ahora es si los miembros de la mesa se enfrentan a otra vía judicial por desobedecer al tribunal de garantías.

Homs, un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave por el 9-N

El Tribunal Supremo ha condenado a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave por la consulta del 9-N.
Foto: Francesc Homs durante el juicio
Francesc Homs durante el juicio
 
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al 'exconseller' catalán y actual diputado Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y 30.000 euros de multa por desobediencia grave al permitir la celebración de la consulta del 9-N a pesar de la prohibición expresa que había ordenado el Constitucional cinco días antes de que se llevara a cabo la polémica votación popular.
Según fuentes jurídicas, para que se haga efectiva la condena de inhabilitación impuesta a Homs, el presidente del Tribunal Supremo debe comunicar la sentencia al Congreso de los Diputados, del que forma parte el 'exconseller' como parlamentario. La cámara baja aplicaría entonces de forma inmediata la resolución y el diputado dejaría automáticamente su escaño, proceso aún no iniciado por el alto tribunal.

La resolución del alto tribunal absuelve al político de un delito de prevaricación administrativa, que también le imputaba la Fiscalía, al considerar que este ilícito penal queda absorbido en el de desobediencia, ya que para que sea considerado independientemente debe haber resolución injusta, extremo que no concurre en este caso. La sala aduce que “limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado acusación". "No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional (TC), tiene o no relevancia penal”, sentencia.
Al contrario de lo que adujo Homs durante la vista oral, cuando acusó al Constitucional de hacer una prohibición "inconcreta" de la consulta, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, asegura que ésta fue de fácil comprensión y ordenaba específicamente al Gobierno catalán que paralizara las actividades ya puestas en marcha, así como que se abstuviera de promover nuevas acciones dirigidas a seguir organizando el 9-N.

Roberto R. Ballesteros
Según el alto tribunal, Homs sabía perfectamente cuál era el objeto de la impugnación y que el contenido de la providencia aludía a todo tipo de actividades -presentes o futuras, encaminadas a hacer posible la votación popular. “La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma", argumenta la sala, que arguye también que "entender que cuando el mandato lo abarco todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido”.

El Supremo asegura que la providencial del Constitucional que prohibía organizar la consulta iba dirigida al restablecimiento de la legalidad y Homs desatendió, una idea que -a juicio de la sala- "no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación hecha valer por el acusado de que fue él, en cumplimiento de su deber como gobernante, quien asumió el juicio de ponderación y decidió hacer caso omiso al requerimiento del Tribunal Constitucional.
La resolución considera que cada omisión de Homs se engloba en el marco de una desobediencia más amplia que pretendía menospreciar la orden del TC. “Las distintas omisiones no son sino manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del Tribunal Constitucional. Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones –elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- solo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición”, resume la sala.
Además de estas omisiones, Homs llevó a cabo una "acción positiva", aduce la sentencia en relación a la carta que el 'exconseller' remitió el 6 de noviembre de 2014 a la mercantil TSystems después de que un directivo de esta empresa le preguntara si los trabajos que le había encomendado la Generalitat se veían afectados por la prohibición del TC. Esta misiva, según el tribunal, "ha servido a la sala de presupuesto para el juicio de tipicidad que permite la condena de Homs como autor de un delito de desobediencia", al considerar que su contenido desobedece el mandato del Constitucional

Magdalena Álvarez desoyó al Consejo de Estado al firmar el ruinoso convenio con Abertis

Magdalena Álvarez desoyó al Consejo de Estado al firmar el ruinoso convenio con Abertis 3 / 15
   


. La ex ministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez en una foto de archivo. / EFE La ex ministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez en una foto de archivo. / EFE Negligencia ruinosa. Un convenio perjudicial para el Estado firmado personalmente en 2006 por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, va a terminar costando al menos 1.494 millones al erario. Ésta es la cifra que espera el grupo líder de concesiones de autopistas Abertis tras lograr una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En esta sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO aflora que el Consejo de Estado advirtió el 30 de marzo de 2006 al Ministerio de Fomento que el convenio que iba a firmar con Acesa, filial de Abertis, incluía una peligrosa cláusula de compensación que implicaba «la desaparición del riesgo» para la empresa concesionaria. Si caía el tráfico en el tramo concedido en la autopista de peaje AP-7, sería el Estado el que asumiría la pérdida de ingresos. El Consejo de Estado no llegó a considerar ilegal tal cláusula, pero sí alertó a Álvarez de que se apartaba del «principio rector» que regulaba las concesiones de autopistas desde 1972. La ministra desoyó estas advertencias.
Pese a la señal de alarma del Consejo de Estado, Álvarez firmó el convenio con la filial de Abertis y lo formalizó elevando una propuesta de Real Decreto al Consejo de Ministros. El Gobierno de Zapatero lo aprobó el 7 de abril de ese año.
La socialista andaluza apostó que el tráfico en el tramo entre Tarragona y La Junquera aumentaría todos los años ininterrumpidamente cerca del 2% hasta el fin de la concesión en 2021 y se comprometió a compensar a Abertis si esto no sucedía. Estalló la crisis año y medio después y la caída del tráfico ha provocado que la cuenta a compensar haya ido creciendo hasta los, al menos, 1.494 millones citados, según recoge Abertis en su último informe contable.
En 2012, la nueva ministra del PP, Ana Pastor, intentó evitar el golpe e instó a Abertis a contabilizar la deuda como un inmovilizado intangible, en vez de como un activo financiero «de derecho incondicional de cobro» como defendía la empresa. Pidió también un informe a la Abogacía del Estado, pero ésta resaltó que era demasiado tarde para declarar el convenio de Álvarez lesivo para el Estado, porque ésta posibilidad caducaba a los cuatro años de la firma. También encargó otro dictamen al Consejo de Estado y este organismo sí informó de que veía margen para no pagar, alegando que Abertis, entre otras concesionarias, ha recibido dinero público con posterioridad a través de los llamados préstamos participativos.
Fomento impidió entonces que Abertis siguiera contabilizando la deuda como si fuera irreversible, pero la concesionaria plantó cara y ayer anunció una seria victoria legal en el Tribunal de Justicia de Madrid. En la sentencia, los jueces aseguran que deben dar la razón a Abertis, pero deslizan la negligencia del Gobierno de la época. Señalan que, aunque no es objeto de la causa judicial, «el propio Consejo de Estado ya avisó, en su dictamen de 30 de marzo de 2006, sobre la desaparición del riesgo y ventura para la concesionaria y el desequilibrio entre concedente y concesionaria, avisando en su punto nueve que dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la ley 8/1972, de 10 de mayo». Según el fallo judicial, el convenio que firmó Álvarez con el actual presidente de Abertis, Salvador Alemany, suponía que «era de facto el Estado quien había asumido en su día los riesgos de mercado derivados de la concesión».
Resalta que «el convenio, en los términos en que fue redactado y suscrito por las partes, suprime de facto la existencia de riesgo de demanda para la concesionaria, pues, aun cuando estrictamente no garantiza la existencia de ganancias para la recurrente [el Estado], lo cierto e innegable es que de su clausulado resulta inequívoco que lo que sí garantiza es la inexistencia de pérdidas para la concesionaria a través del saldo de compensación».
El actual ministro, Íñigo de la Serna, decidió ayer recurrir la sentencia para evitar el pago, previsto para 2021 cuando concluya la concesión. Aseguró que no comparte el fallo y destacó que el método que se fijó para calcular la compensación está pendiente de sentencia del Supremo.
Abertis, por su parte, sostiene que sólo cumple su deber de defender a sus accionistas, que ayer festejaron la sentencia con una subida del 3,08%, la mejor del Ibex 35.
Abertis alega que al aceptar aquel convenio de 2006 hizo importantes concesiones. «Con ello, la Administración obtuvo el compromiso de la concesionaria de realizar unas obras de ampliación no previstas en el contrato de concesión, de renunciar a la indemnización que pudiera corresponderle por unas vías paralelas y de conceder determinadas bonificaciones y descuentos», afirma en su último informe anual.
La factura pública final en este tramo de la AP-7 superará los 2.200 millones, puesto que el Estado deberá abonar además más de 700 millones por las obras que Abertis se comprometió a realizar. En el comunicado oficial de la época de Álvarez resaltó que modificaba la concesión para lograr «una mejora significativa del servicio a los usuarios» entre Salou y La Junquera. Abertis construiría más carriles y se suavizaría el peaje. «El Ministerio de Fomento hará un riguroso seguimiento», aseguró.

martes, 21 de marzo de 2017

Rita Maestre se queda con 30.000€ que prometió donar a Ahora Madrid

Verdadera Izquierda


 

Rita Maestre, Ahora Madrid, Podemos, Corrupción, Madrid, El salario de los concejales de Ahora Madrid —grupo con el que Manuela Carmena concurrió a las elecciones— ha sido publicado en la web de Ahora Madrid, donde se especifica además el salario de cada uno de ellos, el dinero destinado a donaciones y las entidades a las que han destinado ese excedente.

Según consta en la web de transparencia de Ahora Madrid, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Calvon, no donó en 2016 ni un solo euro de los 93.820 que percibió del Ayuntamiento de Madrid.


Según el reglamento económico de los cargos electos de Ahora Madrid exponen que el dinero máximo que podían percibir los concejales de la formación dirigida por Manuela Carmena, tras ajustar los pagos por IRPF, el resto del dinero se destinaría a donaciones.

“Ahora Madrid nace con la ilusión de generar un cambio radical en el Ayuntamiento de Madrid. La primera forma de generar un cambio en la institución es actuando de forma diferente y renunciando todos los cargos electos a los privilegios que pudieran corresponderles y practicando una política de austeridad personal acorde con las circunstancias actuales”, se desarrollaba en ese reglamento de mayo de 2015.

Por su parte, el delegado de Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, percibió un salario bruto de 93.820€ en el año 2016, de los que donó tan sólo 4.994, cuando su salario debería situarse en 42.314€ brutos anuales.


Soto ha explicado que se ha acogido a la excepción por discapacidad debido a los costes extraordinarios que le ha generado, entre otras cuestiones, la contratación de un asistente personal que le atiende debido a su condición.

viernes, 17 de marzo de 2017

Un joven cura escribe una carta a Pablo Iglesias, que deja patidifuso al de Podemos

La misiva triunfa en Twitter y se hace viral

Un joven cura escribe una carta a Pablo Iglesias, que deja patidifuso al de Podemos

El sacerdote de una parroquia de Getafe explica al sectario político por qué es importante para tanta gente mayor que La 2 siga emitiendo la misa de los domingos
 
 
 
Y además ha decidido escribir una carta a Pablo Iglesias para explicarle por qué la misa de La 2 no hace daño a nadie, sino todo lo contrario (Luis Ventoso deja a Iglesias hecho un Cristo: "Su campaña contra la Misa demuestra su indigencia de propuestas").
El sacerdote, muy activo en las redes sociales y con canal de Youtube, empieza su misiva al líder de Podemos aclarando su posición ante el mundo que le rodea:
"Como muchos de la generación de los 80, sufro la desilusión de no saber a quién votar, me escandalizan los casos de corrupción y veo con dolor las consecuencias en la gente sencilla de una economía que ha endiosado al dinero y dado de lado a la persona".
Eso, por si el sectario político con coleta tenía alguna duda.El cura se presenta así en su perfil de Twitter: "Soy cura. No sabría ni querría ser otra cosa. Mi parroquia es @AsunValde, mi @DiocesisGetafe y mi Madre la Iglesia. Lo demás no es importante. En la #iMision".
Hechas las aclaraciones, entra Patxi Bronchalo en materia:
"Soy un privilegiado por ver y conocer las historias de dolor y paz de quienes vienen a Misa a mi parroquia. Y también están las historias de los que no van, que son muchos. Muy a su pesar, muchos se tienen que quedar en casa. No pueden venir. La edad se lo impide. La enfermedad física no les deja moverse del sillón. La minusvalía hace que tenga que depender de otros en todo. La depresión les condena a no salir de la cama. La soledad les hace aterrarse de salir al mundo".
 

Patxi Bronchalo continúa:
"De primera mano puedo asegurarte que es muy grande la cantidad de personas que están deseando que empiece la Misa del domingo de La Dos. Para muchos será el único consuelo de ese día. Muchos solo encontrarán paz y compañía ahí. Muchos no tendrán más alimento para su espíritu que ese. Muchos han pasado una vida de fatigas, de penurias y ahora están solos, y solo les queda Dios".
"No nos engañemos: el alma necesita alimento. Y estas personas no encuentran consuelo en los animalitos que salen después de comer, ni en las peleas que salen en los realitys, ni en las entrevistas de Chester, ni siquiera en vuestros debates desde el Congreso que nos cuentan las noticias. El alma necesita otra cosa. Negar a Dios es mutilarnos".
Y a renglón seguido le lanza varias preguntas:
"¿No tiene el estado el deber de velar por el bienestar de sus ciudadanos? ¿No es el alma una parte fundamental a cuidar para que la persona esté bien? ¿Podemos obviar que aunque vivamos en un estado aconfesional son cientos de miles los católicos de nuestra bella tierra? ¿Por qué dices que hay que quitarles la Misa?".
"Dime Pablo, de corazón, que no es por ideología", concluye, no sin antes contarle que, a pesar de todo, "sinceramente te digo que rezo por ti".

jueves, 16 de marzo de 2017

Podemos quiere equiparar a España con países comunistas echando a los capellanes militares

El partido de ultraizquierda ataca ahora la libertad religiosa de los militares

Podemos quiere equiparar a España con países comunistas echando a los capellanes militares

      
En el marco de la campaña anticatólica que está desarrollando Podemos, el exJEMAD Julio Rodríguez ha apoyado hoy la eliminación de los capellanes militares de nuestras Fuerzas Armadas.
Podemos intenta infiltrarse en las Fuerzas Armadas, y avisa: “se van a llevar un susto”
Pablo Iglesias creía que elogiar a militares era una “invitación a un golpe de Estado”
¿Quieren que sigamos el ejemplo de Cuba, China, Vietnam y Corea del Norte?
A la pregunta de si suprimiría los capellanes militares, Rodríguez, miembro del consejo ciudadano de Podemos, ha respondido que sí (ver vídeo, minuto 1:28). Hay que decir que una medida así violaría el Anexo I de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, firmados por nuestro país para desarrollar los derechos y libertades de la amplia mayoría de los españoles, que se declaran católicos. Pero además de quebrantar ese tratado internacional, la supresión de los capellanes militares igualaría a nuestro país con las dictaduras comunistas -unos regímenes sin libertad religiosa y que tampoco ofrecen este servicio de asistencia espiritual a sus soldados-, pues todas las democracias de nuestro entorno tienen capellanes en sus ejércitos, incluso los Estados más marcadamente laicistas. Sirvan los siguientes como ejemplo:

Francia
En las Fuerzas Armadas del país más laicista de Europa se les conoce como aumôniers militaires. Hay 200 capellanes católicos, 76 capellanes protestantes, 30 judíos, 35 musulmanes y 1 ortodoxo. Todos ellos son nombrados por el Ministerio de Defensa, previa designación de su idoneidad por sus respectivas confesiones religiosas. Visten uniforme militar. Sobre estas líneas vemos una foto de Claude Truong-Ngoc en la que aparecen, de izquierda a derecha, un capellán judío, un capellán musulmán y un capellán católico del Armée de Terre.

Estados Unidos
Las Fuerzas Armadas de la primera potencia mundial son, sin duda alguna, las que disponen del más amplio y variado cuerpo de capellanes militares: unos 2.900 sirven en sus filas, incluyendo la reserva y la Guardia Nacional. La mayoría son cristianos de diversas confesiones (principalmente católicos, protestantes y ortodoxos), y también los hay judíos, judíos mesiánicos, musulmanes, budistas e hindús. Visten uniforme militar, luciendo rango militar y la insignia de su respectiva confesión. Son empleados de las Fuerzas Armadas pero son designados para el servicio religioso por sus respectivas confesiones. Sobre estas líneas, capellanes judíos del Ejército de EEUU en una celebración del Sabbath en Irak.

Rusia
Tras la caída de la Unión Soviética, la llegada de los capellanes militares al antiguo Ejército Rojo tuvo que esperar hasta 2009, cuando Dmitry Medvedev firmó un decreto para designar a 240 capellanes de distintas confesiones religiosas, en su mayoría clérigos ortodoxos. Ese número ha ido aumentando con el tiempo, pues en el Ejército ruso un 70% de los soldados se declaran creyentes.

Polonia
Los capellanes militares, instaurados en 1919 tras la independencia del país, fueron eliminados durante la dictadura comunista y repuestos en 1991. Actualmente Polonia tiene 140 capellanes militares, en su mayoría católicos, pero también los hay ortodoxos y protestantes. Cada confesión tiene su propio ordinariato. Los capellanes son miembros de las Fuerzas Armadas, visten uniforme y su sueldo lo paga el Estado.

Alemania
Los Militärgeistlicher del Bundeswehr son capellanes católicos y protestantes. No tienen rango militar, pero visten uniforme y les paga el sueldo las Fuerzas Armadas. Legalmente tienen condición de funcionarios del Ministerio de Defensa. Sobre estas líneas una foto de Resolute Support Media que muestra a dos capellanes católicos alemanes en Afganistán.

Noruega
Las pequeñas Fuerzas Armadas de este país nórdico establecieron su Capellanía en 1953. Durante años hubo únicamente capellanes luteranos -es la religión oficial del Estado-, pero hace poco se han nombrado capellanes de las confesiones islámica y católica y también “humanistas”, para no creyentes. Los capellanes militares noruegos son legalmente funcionarios del Estado, visten uniforme militar y llevan rangos militares. Sobre estas líneas, tres capellanes militares noruegos junto al Inspector general de la Guardia Nacional.
Finlandia
El país tiene una larga tradición de capellanes militares, desde el siglo XVI. Finlandia tiene capellanes militares luteranos y ortodoxos. Visten uniforme militar y legalmente son empleados del Estado. No tienen rangos militares.

Suecia
Este país cuenta con capellanes militares desde 1545. Los capellanes militares suecos son luteranos, de la Iglesia de Suecia (la confesión oficial de este reino nórdico). Visten uniforme militar y son empleados de las Fuerzas Armadas, pero su coste se reparte entre éstas y la Iglesia de Suecia. Como esta denominación religiosa también ordena a mujeres, Suecia también dispone de capellanas. En la foto sobre estas líneas, dos capellanes del Ejército sueco y uno del Ejército finlandés (derecha) en una celebración de Adviento en Afganistán.

Suiza
El país alpino tiene armeeseelsorger -capellanes militares- católicos y protestantes. Todos ostentan el rango de capitán y visten uniforme militar. Están obligados a tener formación religiosa y también militar. Sobre estas líneas, un capellán militar suizo en Kosovo.
Austria
El país tiene una larga tradición de capellanes militares, habiendo tenido históricamente no sólo capellanes católicos (la religión mayoritaria del país), sino también protestantes, ortodoxos y musulmanes desde el siglo XIX (los capellanes judíos sólo se incorporaban en tiempo de guerra). Actualmente la mayoría de los capellanes son católicos (22), pero hay también seis capellanes protestantes y dos imanes musulmanes.

Bélgica
Las Fuerzas Armadas belgas tienen once capellanes católicos, uno protestante, uno judío y uno misulmán. Visten uniforme militar y se les considera empleados de las Fuerzas Armadas. Sobre estas líneas, un capellán católico del Ejército belga (derecha) junto a un soldado en Afganistán.
Ya cansa oír hablar del dinero público como si sólo lo pagasen los ateos

Información para ateos intolerantes: los cristianos también pagamos impuestos

      
La petición de Podemos de prohibir las misas en TVE, pero no la programación islámica de ese canal, está siendo defendida por algunos podemitas con un argumento tan viejo como falso.
Podemos quiere prohibir las misas en TVE pero no la programación islámica del canal
¿Acaso las creencias de la mayoría de los españoles no tienen cabida en la escuela?
¿Todos los medios públicos tienen que ser confesionalmente ateos?
Según ese argumento, la religión no ha de tener cabida en la televisión pública, o en las escuelas, universidades y hospitales públicos, por el mero hecho de que los ateos no quieren que con sus impuestos se pague la presencia de nuestra fe en esos medios públicos. Sobre esta premisa se ha establecido otra idea que por muy repetida es así mismo falsa: el supuesto principio de que todo medio público tiene que ser “laico”, o sea, confesionalmente ateo, que es lo que quieren decir los laicistas cuando usan ese adjetivo que también define a los católicos que no somos presbíteros ni religiosos. Según el CIS, en España hay un 9,1% de ateos y un 18,4% de no creyentes, y a menudo me da por pensar que ese 27,5% de la población debe ser la parte más adinerada del pueblo español, porque escuchando a algunos ateos da la sensación de que esa minoría es la única que paga impuestos en España y la única con derecho a decidir a qué se destina el dinero público.
Los católicos tenemos derecho a opinar sobre el uso de nuestros impuestos
El caso es que en según el CIS, el 67,8% de los españoles -la amplia mayoría- somos católicos. Y aunque a ciertos ateos intolerantes les cueste aceptar una idea tan básica, los católicos también pagamos impuestos y tenemos derecho a opinar sobre el destino de ese dinero. Empieza a resultar muy cansino, por no decir algo peor, ver que ciertos personajes, por el hecho de responder a las grandes preguntas sobre la vida, la creación y el universo con un no rotundo a la idea de una causa causarum (recurriendo a la expresión de Marco Tulio Cicerón para referirse al Creador), se creen con derecho a dirigir los destinos del país como si los creyentes en general, y concretamente los católicos, tuviésemos que ser ignorados, cuando no reeducados para corregir nuestra respuesta libremente afirmativa a esas grandes preguntas. En no pocas ocasiones, algunos ateos intolerantes incluso llegan a tomar por tontos a la mayoría de los seres humanos por no compartir la visión de la vida que sostiene el materialismo, vacía de trascendencia y de espiritualidad. Y tomándonos por unos tontos, se erigen ellos en los sabios llamados a gobernarnos, como en una tiranía.
El ateísmo no es ni lo neutral ni lo correcto: es una opción más
Ya he hablado aquí con anterioridad de la pretensión totalitaria de pretender excluir a la religión de la enseñanza, en lo que supone una agresión contra derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Insisto en la palabra “derecho”: a nadie se le obliga a recibir una educación religiosa. Quien no la desee para sus hijos, es muy libre de elegir otra cosa. Pero basta ya de vendernos como algo neutral y correcto lo que en realidad es una usurpación de nuestra libertad religiosa, de nuestras tradiciones y costumbres más arraigadas, y todo para complacer a una minoría cada vez más intolerante y más agresiva hacia las creencias que libremente profesamos millones de españoles. Una democracia se basa en la convivencia entre personas con formas distintas de ver la vida, no en la negación de la libertad de la mayoría para que una minoría se sienta más cómoda, como si la intolerancia de esa minoría imperase sobre cualquier derecho.
Podemos no persigue un ideal democrático, sino otra cosa muy distinta
El problema, me temo, es que algunos no pretenden alcanzar un ideal democrático cuando buscan erradicar la religión de la sociedad como quien pretende erradicar una plaga de piojos entre un grupo de tontos que no sabe ni asearse. Antes bien, el ideal que están persiguiendo personajes como los de Podemos tiene más que ver con las dictaduras comunistas que con las democracias. Creo que el mundo ya ha tenido tiempo de sobra para comprobar el horror al que nos ha llevado en los últimos cien años la imposición del fanatismo marxista a la sociedad, siempre por medio de regímenes totalitarios que han asfixiado las libertades a base de violencia. En este sentido, cuando defendemos nuestra libertad religiosa de los ataques de esos totalitarios no sólo protegemos nuestros derechos individuales, sino también nuestra democracia frente a los deseos de quienes preferirían verla en ruinas, para construir sobre ellas una sociedad opresiva como las que abrieron sus puertas a la libertad con la caída del Muro de Berlín en 1989.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Menos coñas: el velo islámico no es comparable al crucifijo cristiano

 

Menos coñas: el velo islámico no es comparable al crucifijo cristiano  Los musulmanes exigen demasiado en Europa pero no ofrecen reciprocidad.Siguen el viejo aforismo: lo mío es mío, lo tuyo es de los dos.El islámico que vive en España debe respetar el cristianismo.Porque Europa es una creación cristiana.
 
Decíamos ayer que no era bueno que las empresas puedan prohibir el velo islámico, según las sentencias de los tribunales europeos. Y decíamos que no lo era porque, aunque no se puede esconder la identidad de cada cual (quien algo esconde, algo oculta), nos encontramos con permitir el velo islámico, más bien el pañuelo, se compara con los símbolos cristianos, como puede ser el crucifijo o una imagen de la Virgen.
Aclaremos algunas cositas:
1.- Un crucifijo no es un velo islámico. El crucifijo es el sentido básico de la cosmovisión y la fe cristianas. El velo es una norma de moral que yo creo margina a la mujer pero que la defienden muchas musulmanas. En cualquier caso, prohibir el velo no es como prohibir, por ejemplo, el Corán.
Igualar todas las creencias no es más que una memez o algo peor: una memez interesada.
2.- Resulta cachondeante que los musulmanes protesten porque se les reduzcan sus derechos en Europa, fruto del cristianismo, cuando en países islámicos (por ejemplo, Arabia Saudí) el mero hecho de leer el evangelio puede llevarte al potro de tortura o a la muerte.
Mientras no haya reciprocidad lo que tiene que hacer el musulmán que vive en Europa es respetar a los cristianos con mucho entusiasmo.
3.- En la misma línea: Europa no es la península árabe, es una construcción cristiana, por tanto, los musulmanes no tienen derecho a exigir, sino a pedir y el deber de respetar la costumbre del país que les acoge. Otra cosa es que en el seno del Cristianismo vaya la acogida al otro.
Para aclararnos.
 
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com

La confirmación del fraude electoral del 36 deslegitima por completo la memoria histórica

 

 
La polémica ley fundamenta gran parte de su exposición de motivos en que el pronunciamiento militar de 1936 fue un ataque contra la legitimidad institucional anterior. Ésta queda ahora desmentida documentalmente.


 
La publicación de las actas del recuento de las elecciones de febrero de 1936, en las que se impuso en España un Gobierno revolucionario integrado por los partidos aliados en la coalición conocida como Frente Popular, deja clara la manipulación electoral con la que se asentaron en el poder. La publicación del libro “1936, fraude y violencia”, muestra ahora los resultados alterados para dar el triunfo a la izquierda al cambiar los votos para trasferir cincuenta escaños al Frente Popular y quitárselos al centro derecha y la derecha.
La información no es nueva, pero sí la documentación que aporta el libro que demostraría lo que varios autores llevaban publicando desde los años setenta.
El estudio, realizado por los historiadores Manuel Álvarez y Roberto Villa, saca a la luz numerosas actas manipuladas, con raspaduras y cambios siempre a favor del Frente Popular. El objetivo está claro: conseguir los 240 diputados que les permitiría gobernar en solitario. Los escaños que consiguieron realmente fueron muchos menos y rondarían los 215, una cifra que habría posibilitado un Gobierno del centro derecha o que habría obligado al Frente Popular a un pacto con los partidos de centro.
Además, el libro explica la importancia que tuvo el cambio de Gobierno el día 19 de febrero, de manera subrepticia, y que llevó a Manuel Azaña -uno de los máximos responsables de la candidatura del Frente Popular- a sustituir a Manuel Portela Valladares al frente del Ejecutivo. Además, la violencia política de la izquierda, que había causado 41 muertos y más de ochenta heridos desde principios de febrero, condicionó en gran medida las garantías con las que se desarrollaron los comicios.

Desmontando la Ley de Memoria Histórica

La polémica Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pierde con esta publicación la poca legitimación que pudiera quedarle. En la exposición de motivos que antecede al articulado del texto legal se definía a la República como el culmen de los valores democráticos y se justificaba la necesidad de la ley para reivindicar la democracia. Así lo dejan claro algunos pasajes de ese texto que pide reconocimiento para “quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos”. También dice que “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conociemiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Y, a la hora de repartir dinero público, esta norma ideológica lo justifica diciendo que “se prevé el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia”.
A la vista de la publicación de las actas que demuestran la falta de respeto a la más elemental norma democrática, ¿que legitimación le queda a la norma aprobada por Rodríguez Zapatero?

Documentos robados por los frentepopulistas

Las actas de las elecciones de febrero de 1936 llevan desaparecidas desde las horas posteriores a que se cometiera el fraude electoral. Acabaron en posesión del entonces presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, que las guardó poco después de su destitución y sustitución como presidente -primero por Diego Martínez Barrio y finalmente por Manuel Azaña- en abril de 1936. Las actas, junto a documentos privados y el manuscrito de sus memorias se encontraban en una caja de seguridad en el Credit Lyonnais. Pero el banco fue asaltado durante la guerra por milicianos comunistas y anarquistas y todas las propiedades del expresidente desaparecieron.
El propio Alcalá-Zamora acusaba a Santiago Carrillo de haberse quedado con la documentación que permaneció perdida hasta el año 2008 cuando una operación de la Guardia Civil que recuperó 12.000 documentos históricos se hizo con ellos.
Los documentos, que fueron solicitados por los herederos de Alcalá-Zamora, pasaron a ser depositados en el Ministerio de Cultura, donde quedaron bajo la custodia de la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas, a cuyo frente estaba entonces Rogelio Blanco Martínez, que se negó a entregarlos a los herederos del político, como publicó La Gaceta en junio de 2010.
Los descendientes del expresidente de la República comenzaron entonces un procedimiento judicial para recuperar los documentos que consideraban debían permanecer, por voluntad de Alcalá-Zamora, en los archivos de la fundación que lleva su nombre.
Ahora, tras estas peripecias, los documentos ven por fin la luz y desmontan uno de los mitos perpetuados dede febrero de 1936 por la historiografía y los políticos de izquierda -y gran parte de la derecha-. La Ley de Memoria Histórica queda deslegitimada totalmente ¿habrá movimientos desde el actual Gobierno?

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martes, 14 de marzo de 2017

Herrera, contra los que quieren eliminar la Misa de TVE: "Duermen la borrachera"

Herrera, contra los que quieren eliminar la Misa de TVE: "Duermen la borrachera"

ABC ÚLTIMA HORA
 
Podemos pidió a RTVE suprimir las misas católicas de la programación con el pretexto de que «una televisión pública no es el espacio más sensato para ritos religiosos», y Albert Rivera se sumó al partido de Pablo Iglesias, partidario de discutir la propuesta a través de la Comisión de control de RTVE.
La reacción de los defensores de que TVE ofrezca este servicio no se ha hecho esperar. Movilizados a través de las redes sociales, lograron que la Santa Misa catapultase su audiencia, triplicándola hasta alcanzar el 21,3% de cuota de pantalla.
Y la polémica todavía sigue viva. En esta ocasión, ha sido Carlos Herrera quien se ha referido a la misma en su programa matinal de COPE. «Estos tíos están durmiendo la borrachera a la hora de la Misa de TVE, la borrachera de cerveza caliente del sábado, así que dificilmente la van a ver», ha asegurado el periodista, sobre la petición de Podemos de suprimir la Misa.
Desde «Herrera en COPE», el locutor ha recordado que además del espacio que la televisión pública dedica a la religión católica, también existe uno para otras religiones como la religión evangélica, la musulmana, la judía… «¿Los quitamos todos o solamente el de la religión católica eh papas fritas?».
Pero no solo ha tenido palabras contra los miembros de Podemos. También contra Ciudadanos y, sobre todo, contra su líder: «Por cierto, Albert Rivera, está bien que seas un inmaduro como muestras muchas veces pero que te sumes a esta tontería de Podemos me parece que da idea de que te faltan un par de hervores todavía».

El Mundo quiere fusionarse con ABC y Vocento con Zeta

El Mundo quiere fusionarse con ABC y Vocento con Zeta
El plan presentado por Galiano a Urbano Cairo supondría la venta previa de Marca y Expansión.
Una sola empresa, con El Mundo-ABC-prensa regional y las correspondientes sinergias.
Es decir, con 350 despidos. Pero manteniendo las dos cabeceras.
¿El perdedor? El Ceo de Vocento, Luis Enríquez. Por eso se ha apresurado a negociar con Zeta.
Y naturalmente, la COPE quiere entrar en la melé, aunque se convierta en colega de Interviú.
¿Saldrá algo? Pues a la fuerza ahorcan, pero todo esto no es sino el reparto de la miseria.

La prensa vegetal española está quebrada. A la desesperada recurre a fusiones que, en las actuales circunstancias, no dejan de ser el reparto de la miseria.
En cualquier caso, la fusión ente El País y El Mundo, entre Prisa y Unedisa, propiciada por César Alierta y los bancos accionistas y acreedores (Santander, Caixabank y HSBC) no fue posible porque conllevaba la salida de Juan Luis Cebrián y éste, digamos, que no estaba por la labor.
Así que Antonio Fernández-Galiano (en la imagen junto a Luis Enríquez), Ceo de Unidad Editorial (El Mundo-Expansión, Marca-Telva, etc.) del grupo italiano RCS, ahora propiedad de Urbano Cairo, ha presentado un nuevo plan a su señorito, un poco harto de perder dinero en España y al que sólo se le ocurre lanzar películas femeninas, rosas tirando a verdes. ¡Qué tontería, para eso tiene Telva, que se nos ha vuelto progre!
El plan de Galiano consiste en, antes de la fusión con Vocento, vender Marca y Expansión. Marca, convertido en un deportivo de Hispanoamérica. En eso está dispuesto a participar Florentino Pérez, aunque siempre según el estilo de ¡Oh capitán, mi capitán!: aportar mucha imagen, mucho estilo y ni un euro.
Una vez enajenados Marca y Expansión y habiéndole proporcionado dinero fresco al señor Cairo, fusionar El Mundo con ABC manteniendo ambas cabeceras y con sinergias… 350 trabajadores a la calle.
Santiago Bergareche, presidente de Vocento, está por la labor, más que nada para fastidiar a su Ceo, Luis Enríquez, al que de buena gana metería en un ere.
Y es entonces cuando Enríquez se revuelve en un palmo de terreno y se aproxima a Antonio Asensio Mosbah (y a la Caixa, no nos engañemos) para fusionarse con Zeta. Otra vez el reparto de la miseria pero así Antonio Asensio Mosbah emergería como accionista de Vocento para competir con las familias accionistas. Una defensa para Enríquez.
Y, naturalmente, si se unen Vocento y Zeta, el medio colega de Vocento, la COPE, aportaría su cadena de emisoras y su canal de TV (13TV), que don Fernando Giménez Barriocanal, no se va a perder la fiesta. Y esto es bello e instructivo, porque así podría tener, en un mismo grupo, la COPE e Interviú, que podrían encontrar puntos comunes en su ideario.
¿Y todo esto sigue la lógica del mercado? No, estos son movimientos para defender el puesto y, sobre todo, es el reparto de la miseria.
 
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
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