miércoles, 21 de febrero de 2018

Báñez le saca los colores a Podemos: “Las mujeres en su partido ganan de media 800 € menos que los hombres”

Fátima Bañez

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes que “las mujeres en la plantilla” de Podemos “ganan de media 800 euros menos que los hombres” y les ha pedido que “empiecen por dar ejemplo” cuando reclamen igualdad.
Báñez contestaba así en el Pleno del Senado a la senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea María Fraixanet, quien ha pedido a la ministra que explique qué está haciendo el Gobierno para combatir la brecha salarial, ya que a su juicio, el “abandono de las mujeres es total” en esta materia.
Asimismo, la senadora le ha exigido medidas para “recuperar la negociación colectiva”, incrementar los recursos de la Inspección de Trabajo y “generar normativa efectiva” contra un problema que es más de desigualdad que de discriminación.

“Podían empezar por dar ejemplo –ha contestado Báñez. En su página web publican los salarios desagregados por sexo. En la plantilla, las mujeres ganan de media 800 euros menos que los hombres y de los que ganan menos de 1.000 euros, ocho de cada diez son mujeres”, ha espetado.
La ministra ha reiterado que “hoy hay en España más mujeres trabajando que nunca“, 8,5 millones, que “tienen más empleo de calidad que nunca antes”, con 5,5 millones de mujeres con contrato indefinido y que “la brecha salarial está en mínimos históricos” y “ha bajado cuatro puntos desde 2012”. “Esa es la realidad”, ha zanjado.

Turull es el elegido: será el jefe de la Generalitat tras una investidura simbólica de Puigdemont

Jordi Turull. (Foto: EFE)

Puigdemont se rinde en Waterloo: renuncia a ser president de la Generalitat
 La nueva Generalitat tendrá ‘conseller en cap’ y no president para no hacer de menos a Puigdemont


Carles Puigdemont hará una investidura simbólica en Bélgica. Pedirá que sea Jordi Sànchez el futuro presidente regional y, tras confirmar que su situación procesal se lo impide, acabará pasando el testigo para que sea Jordi Turull el nuevo presidente autonómico.
Se trata del pacto al que han llegado PDeCAT y ERC para desbloquear una situación que no quiero ninguno de los dos partidos y que tan sólo entraba en los cálculos de Puigdemont y JxCAT.
Puigdemont asume que no puede durar mucho más esta locura y prepara su comunicado en los próximos días. Un comunicado que albergará una buena carga de imagen buscada. Y es que, una de las claves del pacto es pretender evitar la imagen de derrota o de rendición. Por ello se mantendrá una ceremonia: la de la investidura simbólica. Pero con una realidad tras el telón.

Y es que a partir de ese momento se aceptará que una segunda persona sea nombrada oficialmente en el Parlamento catalán como presidente catalán. La simbología se mantendrá con Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y en prisión preventiva. Pero con la vista puesta en que, ante la evidencia de que no podrá salir de la cárcel, tendrá que correr turno. Hasta llegar a Jordi Turull, en prisión preventiva.
La cuestión catalana, por lo tanto, está a punto de resolverse. Con Carles Puigdemont convencido de que su paso atrás es imprescindible para la formación de un Govern que permita acabar con el 155 y con la amenaza, entre otras cosas, de modificar el modelo lingüístico de la escuela catalana, ahora solo falta plasmar esa escenificación.
El viernes, durante una reunión con los cuatro ex consejeros que están en Bélgica y con sus equipos jurídicos, como avanzó OKDIARIO, Carles Puigdemont se encargó ya de anunciar su voluntad de no obstaculizar más la situación y apartarse. Desde Junts per Catalunya, ese mismo día, dejaban en manos del ex President el anunciar la decisión y el proponer un sustituto, y eso es lo próximo que va a pasar.
Artadi llevó el peso de la negociación
Finalizada esta nueva ronda de declaraciones en el Tribunal Supremo, por donde han desfilado Mireia Boya, Marta Pascal, Marta Rovira, Artur Mas y Neus Lloveras –Anna Gabriel ha decidido no comparecer–, ya no hay obstáculos para prolongar el desbloqueo de la situación. En las puertas del Tribunal Supremo, estos dos días, había una ausencia destacada: la de Elsa Artadi. La jefa de campaña de Junts per Catalunya ha estado negociando con dirigentes de segundo nivel de Esquerra, con la intención de presentar el acuerdo a finales de esta semana.
Y en una fecha que rondara el 27 de febrero, en Bruselas, Carles Puigdemont será “legitimado” como President, aunque sin una investidura oficial y por lo tanto, sin base legal. Aquel mismo día, el ex president propondrá un candidato a ‘Conseller en Cap’ o jefe del ejecutivo, qué con toda probabilidad será el ex presidente de la ANC. “si Pablo Llarena lo permite, será él. Si no, la Justicia será la responsable de no haberlo permitido”, señala una fuente conocedora del pacto alcanzado. La fecha prevista para la investidura deberá situarse en la semana del 5 de marzo. Y, tras comprobar con toda probabilidad que Sánchez no puede acudir a ella, la segunda opción de Junts per Catalunya dará un paso la frente: el ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, en libertad provisional y con medidas cautelares, como la de no poder salir de España y la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado.
Ese es plan. Un plan que cuenta con una delicada segunda parte. Y es que Jordi Sánchez será más inhabilitado judicialmente con lo que, de nuevo, tendrá que correr el turno. Pero eso no se les escapa a los negociadores de los partidos en el pacto. Porque lo cierto es que, en ese momento, ya habrán conseguido desbloquear la situación y el balón ya estará en su campo. Y sin 155.

OKDIARIO

martes, 20 de febrero de 2018

La Fiscalía se inclina por solicitar prisión para Trapero este viernes



Trapero


La Fiscalía tiene previsto mantener su solicitud de prisión para el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su declaración como investigado por un segundo delito de sedición durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Trapero está citado a declarar como investigado por tercera vez este viernes ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

El pasado 16 de octubre, la magistrada le impuso ya medidas cautelares obligándole a entregar su pasaporte, prohibiéndole salir de España y con comparecencias quincenales en el Juzgado. Trapero fue citado entonces por el primer delito de sedición por la “inacción” de los Mossos durante las algaradas callejeras del 20 y el 21 de septiembre contra la Policía y la Guardia Civil. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaban la ‘Operación Anubis’ contra altos cargos de la Generalitat de Cataluña, relacionados con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Según las fuentes consultadas, este viernes el Ministerio Público podría mantener su petición de prisión para el exmayor de los Mossos que ya efectuó en octubre, sin embargo, todo dependerá de su declaración y todavía no hay una decisión firme al respecto. Trapero tiene a favor el paso del tiempo, ya que la petición realizada en su día por el Ministerio Público no fue atendida y 4 meses más tarde, esta petición de medida cautelar tan severa podría perder peso en la actualidad.
La magistrada Lamela investiga el segundo delito de sedición de Trapero en relación con los hechos acaecidos el mismo 1 de octubre de 2017. Las mismas fuentes apuntan que “existen muchos más indicios incriminatorios contra Trapero por el referéndum ilegal del 1-O” que por las algaradas del 20 y del 21 de septiembre. 
En su nuevo escrito de imputación emitido este lunes, Lamela pide a los Mossos  d’Esquadra que le informen sobre la forma en que se les comunicó el operativo dispuesto para el 1-O, como la identidad de las personas que lo hicieron, los medios escritos u orales utilizados, las pautas de actuación, las órdenes recibidas, la identidad de los jefes de las unidades Brimo y Arro que se encontraban de servicio aquel día, así como las composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los agentes que se encontraban de servicio durante aquella jornada.
Lamela también requiere a la Guardia Civil de Cataluña que identifique a los agentes de los Mossos que realizaron actuaciones de vigilancia sobre los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional el 1 de octubre.
La magistrada explica en su escrito que a lo largo de la investigación  desarrollada se han averiguado otros hechos que indican que la actuación de los Mossos prevista en un principio para impedir la celebración del referéndum, lejos de ello “fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”.
Con esta finalidad, según relata Lamela en su auto, “se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluís Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico”.
La conducta de los Mosos, según Lamela, desde el día 20 de septiembre hasta la fecha del referéndum el 1 de octubre, “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.
Los antidisturbios de los Mossos el 1-O (Foto:Twitter)
La juez añade que tanto el fiscal jefe de Cataluña  como el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, pusieron de manifiesto al mayor de los Mossos que el Plan de Actuación que se había elaborado de forma previa no era adecuado para el cumplimiento de las órdenes que le habían sido impartidas, “comprometiéndose éste a modificarlo con las recomendaciones que le dieron. Ello no obstante nunca llegó a realizar ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al Plan originario”, concluye Lamela.

Dos delitos de sedición

En el mismo auto, la juez Lamela sostiene que la finalidad inmediata de Trapero estaba orientada “a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional”.
Los hechos atribuidos a Trapero podrían constituir, según Lamela, dos delitos de sedición por los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre  y de 1 de octubre de 2017, sin perjuicio de ulteriores calificaciones “Y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal”.



Los secesionistas que se achantaron y escenificaron su ruptura con el «procés

Artur Mas es el último líder independentista que, en sede judicial, le quita valor efectivo a la declaración unilateral de independencia. Una estrategia que ya siguieron Carme Forcadell, Oriol Junqueras o Joaquim Forn, entre otros



Artur Mas ha sido el último dirigente soberanista que ante el juez ha quitado valor a la declaración de independencia unilateral. Ante el magistrado Pablo Llarena, Mas ha sostenido que la DUI fue «parlamentaria y simbólica». Un acto con el que los partidos políticos secesionistas en Cataluña acompañaron el «clamor popular hacia la soberanía con una voluntad de entendimiento, negociación y diálogo». Ni una ruptura efectiva, ni un desafío al Estado.
Las palabras de Artur Mas distan del discurso político y público que el exconvergente ha protagonizado en los últimos años. Pero no es el único líder independentista que, en sede judicial, ha desdeñado el camino que el secesionismo labró para lograr la «república independiente». Algunos, además, acataron la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Hace tan solo unos días, Marta Rovira, secretaria general de ERC, señalada como parte capital de la cúpula del «procés», quiso tomar distancia con el 1-O, y aseguró no tener «capacidad de gestión» sobre el referéndum ilegal, pero que planteó suspenderlo. Una propuesta que Puigdemont desdeñó.
La primera en tomar esta senda fue la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, cuya declaración rompió la estrategia independentista ante la Justicia. En la Audiencia Nacional, los exconsejeros del Govern cesado se negaron a declarar y no contestaron al juez. Sin embargo, Forcadell, que ahora es diputada por ERC, declaró en el Tribunal Supremo en noviembre de 2017 acusada de un delito de rebelión. Allí, sostuvo que la declaración unilateral de independencia tan solo tenía «carácter simbólico». La misma tesis defendieron el resto de miembros de la Mesa del Parlament que permitieron que se produjese la votación. Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet y la propia Forcadell aceptaron la aplicación del artículo 155 y renunciaron «a cualquier actuación fuera del marco constitucional».


No fue la única. Oriol Junqueras, que se encuentra en la prisión de Estremera tras la declaración de la DUI, dejó claro en uno de sus escritos para obtener la libertad que se comprotemía a lograr una independencia «por vías estrictamente pacíficas y democráticas». Como Forcadell, y el resto de los miembros del Parlament, aseguró aceptar el artículo 155. Una estrategia a la que también recurrieron, sin éxito, el resto de exconsejeros encarcelados.

El papel de Cuixart y Sànchez

La escenificación del rechazo a la DUI y a la hoja de ruta del «procés» no ha llegado solo desde la esfera política. Los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también han querido alejarse del discurso independentista. Cuixart aseguró ante el juez que la independencia solo se puede perseguir respetando la Constitución. Cuixart, que sigue encarcelado y está señalado como uno de los miembros de la cúpula del «procés», defendió que el único referéndum válido sería el que convoque el Estado español.
La declaración de Cuixart, que buscó alejarse de los hechos que se le imputan en relación con el 1-O rechazando ante el juez la violencia, coincide con las palabras de Sánchez, que fue más allá y aseguró ante el magistrado Pablo Llarena que el «referéndum del 1 de octubre fue ilegal». Además, confirmó que desde febrero de 2015 existe una hoja de ruta para alcanzar una república independiente de la que participan ERC, la antigua Convergència, la ANC y Òmniun Cultural.
Horas después de que los líderes de Òmnium y la ANC rechazaran la DUI, llegó el turno del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Forn, que ante el juez Llarena aseveró que siempre ha defendido una forma de actuar pactada con el Estado y que acata la Constitución.
Sobre la declaración de independencia, Forn recordó que no la votó ni la firmó, y que considera que no tiene valor legal, que siempre ha reconocido la Constitución como norma jurídica suprema del Estado. Asimismo, sostuvo que su actuación política personal siempre será respetuosa con ella, ha incidido ante el juez, añadiendo que de seguir el «procés» por la vía unilateral él «se bajaría del tren». Una «ruptura» que escenificó el pasado mes de enero cuando dimitió como diputado con el objetivo de conseguir la libertad, algo que el juez denegó

lunes, 19 de febrero de 2018

La población musulmana del País Vasco se ha triplicado en los últimos seis años

La población musulmana del País Vasco se ha triplicado en los últimos seis años


Islam, país vasco, musulman, inmigración, inmigrantesEn la década de los setenta del pasado siglo XX, las primeras familias musulmanas procedentes del Magreb, especialmente de Marruecos y Argelia, llegaron a varios municipios de Guipúzcoa que, en aquel tiempo, vivían un intenso proceso de industrialización. De hecho, la primera mezquita que abrió en el País Vasco lo hizo en la localidad de Eíbar en el año 1982, después de que, a raíz de la muerte de una mujer musulmana, quedara patente la falta de medios existentes para llevar a cabo los ritos funerarios propios del Islam.

Desde aquellos años,  y hasta bien entrada la primera década del siglo XXI, la llegada de familias musulmanas al País Vasco mantuvo un ritmo de crecimiento constante, pero no excesivamente rápido.

En el año 2008, la comunidad musulmana del País Vasco estaba formada por 16.000 personas, mayoritariamente de rito suní, tal y como ocurre en el resto de España.

A partir de esa fecha, que coincide con el inicio de la crisis económica, la llegada de musulmanes a Euskadi se dispara. De hecho, en el periodo 2008-2011, en solamente tres años, la población fiel al Islam casi se duplica hasta alcanzar las 30.000 personas.

En los tres años siguientes, en el intervalo 2011-2014, la comunidad musulmana se incrementa otro 57%, hasta alcanzar los actuales 47.178 miembros.

Algunos analistas explican este importante aumento de la población musulmana en el País Vasco por lo que definen como “el efecto llamada” de las ayudas sociales impulsadas desde las diferentes instituciones vascas, las más numerosas y mejor dotadas económicamente de las existentes en España. Para hacerse una idea de la importancia de este elemento de “atracción” hay que tener en cuenta un dato que revela el último informe anual del Consejo Económico y Social del País Vasco (CES): el Concierto Económico permite que el sistema de protección social vasco ofrezca una cobertura del 34 por mil, frente al 5,48 por mil de la media nacional. Tanto es así que un 41,8% de los fondos destinados a esta materia (“protección social”) en el conjunto de España se invierten en el País Vasco.

Por provincias, la población musulmana vasca se divide de la siguiente forma: 14.618 miembros (Alava), 14.090 miembros (Guipúzcoa) y 18.470 miembros (Vizcaya).

Por país de origen, los musulmanes que residen en el País Vasco provienen, principalmente, de Marruecos (18.337), España (7.843), Argelia (5.563), Pakistán (4.438) y Senegal (3.3672).

En 2014, los colegios vascos atendieron a 6.065 niños musulmanes.

Según los datos que maneja la Unión de Comunidades Islámicas de España, en 2014, en el País Vasco, existían un total de 58 entidades islámicas, 55 comunidades y 57 mezquitas.

domingo, 18 de febrero de 2018

La conexión entre el independentismo catalán y el narco tráfico venezolano

Fernan11
Para nadie es en secreto que desde hace años atrás el dinero del NARCOTRAFICO oficial venezolano en buena medida es lavado y legitimado en bancos andorranos . Las últimas medidas en relación a, secreto bancario han complicado un poco el panorama del Cartel liderado por Diosdado Cabello.
Nuestros informantes aseguran que inicialmente las operaciones de lavado se llevaron a cabo en complicidad con los hermanos CIERCO , quienes incluso antes de vender el BPA ” limpiaron ” las identidades de las figuras venezolanas como propietarios de las cuentas cifradas . A cambio habrían recibido varios cientos de millones de dólares . Uno de los intermediarios y operadores de estas actividades es el conocido estafador y prófugo de la justicia española José Manuel Carlos Llorca , quien permanece escondido en la más ex,uso a urbanización de Caracas .
Maria  Reig cabeza y líder de una acaudalada familia andorrana , divorciada y de 64 de edad , quien preside un conocido bando de Andorra es una de las principales cómplices y colocadoras de dinero sucio , que es legitimado en el pequeño principado , proveniente del gobierno de Venezuela  y de poderosos funcionarios y ex funcionarios de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro . La Flor y Nata de Andorra participa en esta actividad . Una gran operación internacional llevaría al albañal a ambos gobiernos : andorrano y venezolano . De esta manera iniciamos la reconstrucción del complicado rompecabezas , que nos testo Luisa Ortega Díaz .
” La familia Reig ha estado desde siempre vinculada al negocio financiero y tabaquero andorrano. Los Reig mantienen una participación en Crèdit Andorrà, una de las primeras firmas financieras del país. María Reig es consejera del banco. En 2015 la entidad alcanzó una cifra de negocio de 16.576 millones de euros y un beneficio de 72 millones.
El origen de la fortuna familiar está en el tabaco. En 1909 Juliá Reig abrió la primera fábrica de Tabacos Reig en Sant Julià de Lòria, que cerró sus puertas en 2007. Puritos Reig, Churchill, o Don Julián son algunas de sus marcas más conocidas.” .
Desde hace meses la Hacienda española investiga a la poderosa e influyente familia Reig por diversas razones . ” Hacienda inició el pasado mes de septiembre una investigación sobre la sociedad Venusaur, propiedad de la familia andorrana Reig, una de las grandes fortunas del Principado.
A través del grupo Reig Capital la familia andorrana maneja un grupo empresarial con intereses en el sector financiero, tabaquero, hotelero, y del lujo. María Reig(Barcelona, 1951), está al frente de los negocios familiares aunque es su hijo Carles Enseñat Reig quien  administra varias de las sociedades.
La presidenta del grupo Reig Capital es una de las personas más influyentes de Andorra, con fuerte predicamento en Cataluña.” Pero esta trama cada vez se pone mejor . Otra familia andorrana aparece seriamente comprometida con el lavado de capitales venezolanos . En esta ocasión se trata de los hermanos Higini y Ramón Cierco , quienes cuando eran propietarios  la Banca Privada de Andorra ( BPA) , antes de vender el banco recibieron una gran  cantidad de dinero por “desaparecer ” de la data de la entidad financiera las cuentas de ciudadanos venezolanos , PDVSA y CADIVI entre otras .
Estamos tratando afanosamente de obtener un duplicado que pondrá a temblar a andorranos y venezolanos . La Trama involucra a altos jerarcas del CICPC .   También involucra en el selecto grupo que tiene dinero en Andorra a la llamada Mafia del SENIAT  y sus presuntos operadores .

Dirigentes de Podemos han cobrado sistemáticamente del partido como autonomo


podemos, autonomo, corrupción, comunismoDirigentes de Podemos cobraron sistemáticamente del partido como «profesionales externos», como autónomos. La práctica fue aplicada en varios de esos casos hasta que han ido ocupando cargos públicos. Varios de ellos cobraron retribuciones como «autónomos» con asignaciones de forma regular y continuada, y al tiempo que formaban parte de la estructura organizativa del partido.

En las facturaciones retributivas de Podemos aparecen vinculados, de diversa forma, nombres del núcleo fundacional y dirigente de Podemos como Íñigo Errejón o Carolina Bescansa. También otros que hoy son igualmente cargos públicos, como Miguel Ongil y Pablo Padilla (diputados en la Asamblea de Madrid), o Sarah Bienzobas, «fichada» como asesora con sueldo municipal por la alcaldesa Manuela Carmena.


La fórmula del autónomo es la que también pretendía Pablo Echenique para el empleado del hogar al que tuvo durante más de un año sin contrato y sin cotizar por él a la Seguridad Social. Sin embargo, la legislación al respecto es nítida, como advierte la propia Seguridad Social en su página web sobre los empleados del hogar: «En todos los casos el responsable del ingreso de las cuotas será siempre el empleador».

Pablo Iglesias y sus «autónomos» televisivos
El líder de Podemos utilizó como plataforma de lanzamiento de su proyecto político su productora televisiva Con Mano Izquierda. En ella, puestos de trabajo fueron cubiertos como «servicios externos» de autónomos. Un caso destacado fue el de Sarah Bienzobas, miembro de la cúpula estatal de Podemos.

Bienzobas figuró como «autónoma» al servicio de la productora televisiva de Pablo Iglesias -productora a la que el propio Iglesias fue derivando miles de euros como donaciones de parte de sus asignaciones de europarlamentario-. Bienzobas cobró facturando como «externa» de la productora televisiva de Iglesias, pese a que desempeñaba un puesto destacado en la organización, como jefa de producción y encargada también de gestión de recursos y creación de equipos de trabajo. Después también facturó como autónoma en 2014 para Podemos, hasta que luego Iglesias la puso a nómina como asistente en el Parlamento Europeo. Desde hace meses, Bienzobas está a sueldo del Ayuntamietno de Madrid como asesora del equipo de Manuela Carmena.

Errejón, con beca y facturando
Por su parte, el ahora diputado nacional Íñigo Errejón, número dos del partido, cobró también como autónomo antes de que fuera dado de alta como empleado de plantilla de la Podemos. Sus cobros del partido como «autónomo» los simultaneó con el controvertido contrato del que disfrutó en la Universidad de Málaga y que acabó en escándalo. Esa beca laboral acabó en expediente sancionador, por incumplimientos contractuales y por haber ejercido otras actividades remuneradas sin haber solicitado la compatibilidad a la Universidad. El director y supervisor de aquel contrato era Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga y actual diputado en el Congreso por Podemos.

Errejón llegó a cobrarle al partido, como «autónomo», su actividad en la campaña electoral de las europeas de 2014: 2.400 euros netos que, además, le facturó por anticipado. Fue parte de lo que durante varios meses cargó al partido como «asesor externo».

El «gurú» de la transparencia
Otro caso de vinculado retributivamente a Podemos con forma de autónomo externo ha sido el de Miguel Ongil, «gurú» de la transparencia contable del partido y, desde el año pasado, diputado en la Asamblea de Madrid. Ongil cobró de Podemos con facturas de «externo» durante meses, hasta poco antes de que lograra el acta de diputado regional. Facturó como autónomo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, y en enero de 2015.


Bescansa: facturas con la Complutense
El nombre de la dirigente del partido Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, aparece igualmente en facturas abonadas desde la formación. En concreto, en cuatro facturas que suman un total de 20.570 euros (IVA incluido).

Esos importes se abonaron en forma de contratos de servicios con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por análisis sociopolíticos para Podemos. En todos esos contratos entre el partido y la UCM se dejó claro que la responsable de los estudios iba a ser Carolina Bescansa, profesora de Políticas en esa Universidad. Alguno de esos informes se realizaron en un puñado de días, pero se facturaron por ellos miles de euros.

Las facturas abonadas por Podemos las emitió la UCM el 24 y 27 de julio de 2015, el 20 de noviembre y el 21 de diciembre del mismo año. La última factura, por tanto, al día siguiente de las elecciones generales del 20-D que le garantizaron a Bescansa estrenarse con escaño en el Congreso.

El diputado Padilla, también

Entre quienes cobraron de Podemos facturándole como «externos» figura también el nombre de Pablo Padilla Estrada, que desde mayo del año pasado es diputado en la Asamblea de Madrid. Pablo Padilla cobró de Podemos con varias minutas que le giró como profesional externo. Las emitió en los meses previos a obtener escaño en el Parlamento madrileño. Fue retribuido por trabajos de «asesoramiento y análisis político».

Báñez le saca los colores a Podemos: “Las mujeres en su partido ganan de media 800 € menos que los hombres”

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