Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
Sánchez reivindica al socialista Francisco Largo Caballero
Tal vez espoleado por el hecho de encontrarse ante un público muy afín (la UGT es el sindicato del PSOE), Sánchez empezó su discurso reivindicando a Francisco Largo Caballero, presidente del PSOE entre 1932 y 1935 y secretario general de la UGT entre 1918 y 1938. Una declaración que se enmarca en eso que los socialistas llaman “memoria histórica”, un término que sirve para disfrazar el pasado totalitario y violento del propio PSOE.
Durante su discurso, Sánchez afirmó sobre Largo Caballero que actuó “como hoy queremos actuar nosotros, desde todos los frentes; me refiero a la izquierda política, sindicalista, social, en definitiva, de nuestro país”.
Largo Caballero era presidente del PSOE cuando perpetró el golpe de 1934
Las declaraciones antidemocráticas y violentas de Largo Caballero
Vuelvo a recordar aquí algunas de las incendiarias y antidemocráticas declaraciones de Largo Caballero:
“No es que queramos nosotros implantar la dictadura nuestra caprichosamente, sino que si hay quien tiene el mal pensamiento de intentar implantar en España una dictadura o el fascismo, entre la dictadura burguesa o el fascismo, nosotros preferimos la dictadura socialista“. 23 de julio de 1933, en un mitin del PSOE en Madrid. Fuente: Nº 7.634 de ‘El Socialista’, periódico oficial del PSOE, del 25 de julio de 1933 (página 2, ver PDF).
“Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo? En un último extremo, ¿no es la democracia burguesa un sistema de opresión y de violencia?“. Septiembre de 1933, declaraciones al semanario ‘Renovación’ de las Juventudes Socialistas. Fuente: Nº 7.687 de ‘El Socialista’, periódico oficial del PSOE, del 24 de septiembre de 1933 (portada, ver PDF).
“(…) mantengo el criterio de que hay que apoderarse del Poder político revolucionariamente (…) la revolución no se hace con gritos de viva el Socialismo, viva el comunismo y viva el anarquismo. Se hace violentamente“. 20 de abril de 1934, en el V Congreso ordinario de la Federación de Juventudes Socialistas. Fuente: Nº 7.867 de ‘El Socialista’, periódico oficial del PSOE, del 21 de abril de 1934 (portada, ver PDF).
¿En qué cabeza cabe que el presidente de un país democrático reivindique a un antidemócrata que decía estas barbaridades, y que amenazó directamente con “la guerra” si sus rivales políticos ganaban las elecciones generales de 1936? ¿Cómo es posible que un presidente de un país democrático diga que piensa actuar como ese totalitario, y no se monte un gran escándalo?
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Foto: UGT. Pedro Sánchez en su discurso en el 43º Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT) el 19 de mayo de 2021.
En una artículo hallado en al Archivo Histórico Nacional, el famoso jefe del Estado Mayor de la Segunda República aseguró que «el pueblo no anhelaba incorporar a la bandera de España el color morado de Castilla». Fue una decisión «arbitraria» para «hacer prevalecer las ideas de la República por encima de las ideas de Nación y Patria»
«El cambio de la bandera hecho por la República constituyó un grave error». La frase que acaban de leer fue escrita, por extraño que les parezca, por uno de los más fervientes y aguerridos defensores del régimen republicano de 1931: el general Vicente Rojo. El hombre que recibió el encargo de defender Madrid durante el levantamiento de las tropas franquistas en 1936 y que, a menudo, es calificado como el «mejor estratega militar de su bando», a pesar de lo cual no tuvo reparos en criticar a su Gobierno por instaurar la enseña tricolor que, según él, «no nació del pueblo, sino de una minoría sectaria».
Esta defensa a ultranza de la bandera rojigualda fue realizada en 1939, pero no fue descubierta hasta 2014 por el abogado Javier Nart en el archivo de la familia Rojo, ubicado en el Archivo Histórico Nacional. Allí estaba junto a buena parte de la correspondencia privada del general responsable de la única gran victoria del bando republicano en la Guerra Civil: la conquista de Teruel. El militar que consiguió, además, retrasar el desastre final con su intervención en las batallas de Belchite, Brunete y el Ebro. Acciones todas ellas con las que obtuvo un gran prestigio entre los sublevados. Tal es así que, al fallecer en 1966 en Madrid, incluso recibió halagos por parte del diario «El Alcázar», el órgano de los excombatientes franquistas, que no fueron censurados por el régimen.
El mencionado texto fue hallado concretamente entre un montón de borradores de artículos que posiblemente estarían destinados a la revista que Rojo fundó en Buenos Aires, «Pensamiento Español», un proyecto editorial destinado a recoger las opiniones de los republicanos en el exilio y, sobre todo, a favorecer la conciliación de los españoles que habían combatido durante el conflicto. Esa fue la idea que debió rondar en la cabeza del general al dejar constancia por escrito de su oposición a la enseña republicana por la que se había jugado la vida. «La cuestión de la bandera es uno de los motivos que estúpidamente dividen a los españoles y que tiene su origen en la conducta mezquinamente partidaria de nuestros políticos», apuntaba al inicio del texto.
Desde el exilio
Rojo había llegado a Argentina con su familia desde Francia en agosto de 1939, a bordo del Alcántara. En este buque viajaba también José Ortega y Gasset. Ya debía llevar su texto encima, puesto que estaba fechado en abril de ese mismo año. Es muy probable que fuera concebido en Vernet-les-Bains, la pequeña ciudad del sur de Francia, muy cerca de la frontera con España, donde nuestro protagonista estuvo viviendo unos meses al acabar la guerra.
En él, Vicente Rojo exponía que «la bandera (rojigualda) que teníamos los españoles no era monárquica, sino nacional. Mientras la bandera de los Borbones fue blanca y la bandera real era un guión morado, la bicolor como enseña nacional fue creada por las Cortes españolas en plena efusión de liberalismo, el constitucionalismo y la democracia. Para diseñarla se tomaron algunos de los colores españoles que la Marina de Guerra venía usando tradicionalmente, los cuales habían dado tono a los guiones reales de los Reyes Católicos (rojo) y de Carlos I (amarillo), que eran también los de la enseña tradicional en Aragón, Cataluña y Valencia».
El general republicano daba tres razones por las que fue un auténtico disparate por parte del Gobierno imponer a los españoles la enseña roja, amarilla y morada: «Primero, porque no respondía a una aspiración nacional, ni siquiera popular. La bandera republicana era desconocida por la inmensa mayoría de los españoles. Segundo, porque se reemplazó una bandera nacional por una bandera partidaria y, con ello, solo consiguió dividir a España. Y tercero, porque no era necesaria y, consecuentemente, tan solo podía producir complicaciones, tal y como sucedió».
Vicente Rojo (izquierda) y Manuel Azaña, en noviembre de 1937 - ABC
Contra los tabúes
Esta opinión no era la que cabría esperar del hombre que, en octubre de 1936, había sido ascendido a teniente coronel y designado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa comandadas por el famoso general Miaja. Tampoco del hombre que había sido condecorado poco antes con la Placa Laureada de Madrid, la máxima distinción militar, que había sido otorgada únicamente a tres personas más. Pero Rojo no era un general muy común. Era, según muchos historiadores, una figura histórica de gran complejidad, un general católico y conservador que rompió con muchos de los tópicos que se crearon alrededor del Ejército, sin cuestionarse nunca su lealtad a la Segunda República.
El periodista y nieto de nuestro protagonista, José Andrés Rojo, autor del «Retrato de un general republicano» (Tusquets), ponía varios ejemplos de esto durante una entrevista en ABC en 2006: «Un militar de carrera tenía necesariamente que ser franquista. Un católico practicante también se suponía que tenía que ser franquista. Lo mismo ocurría con un hombre de ideas conservadoras, como mi abuelo, que se suponía que tenía que ser franquista, al igual que un patriota español, solo por el hecho de serlo. Pero dentro del Ejército convivían muchas familias. Unas, digamos, más chapadas a la antigua, para las que los militares eran los salvadores de la patria y estaban legitimados para intervenir en política con las armas; y otras, más modernas, que consideraban que el Ejército era una institución que dependía del poder civil y cuyo cometido no era gobernar. Entre estos últimos se encontraba mi abuelo».
Vicente Rojo era un general al que «no le gustaban nada los desórdenes», según lo describió el historiador Jorge Martínez Reverte en este periódico. Un español orgulloso de serlo, en cuyo artículo no solo reflejaba sus sentimientos de rechazo contra la bandera tricolor, sino también su conocimiento de la realidad histórica de su país. «El pueblo no anhelaba incorporar a la bandera el color morado de Castilla –explicaba–. No podía anhelarlo porque la masa del pueblo español ignoraba que el morado fuese el color de Castilla [...]. Los republicanos de la Primera República quisieron introducir su bandera partidaria y crearon la bandera llamada republicana, pero esta no llegó a tener estado oficial y tampoco se popularizó. Nació, según contó el último Presidente de la Primera República, Emilio Castelar, en la Universidad de Barcelona, fundiendo tres colores de tres facultades. No pudo, pues, tener un origen más arbitrario. Por eso no llegó a ser bandera oficial, nacional o popular. Los primeros republicanos, más sensatos que los segundos, no impusieron el cambio».
«¡Viva España!»
Y añadía después: «Ni inconmovible, ni imperdurable ni eterna es la bandera tricolor, porque no nació del pueblo, sino de una minoría sectaria. No crearon pues un símbolo nacional, que ya estaba creado con ese carácter, sino uno de lucha partidario, haciendo prevalecer las ideas de la República por encima de las ideas de Nación y Patria. Hoy los españoles están divididos en torno a dos banderas: tal es el fruto de aquel error [...]. Hay un manifiesto artificio. La injusticia de las persecuciones nada tiene que ver con los colores de la bandera de España. Algunos se apoderaron del grito de “¡viva España!” y se colgaron en un sitio bien visible el crucifijo para proceder en nombre de Dios, pero no por eso los españoles debemos dejar de gritar “¡viva España!”, ni los que sean católicos o protestantes deben renegar de la moral cristiana».
Cuando Rojo explicaba que ya existía un «símbolo nacional», se refería a la bandera establecida por Carlos III en 1785 para la Marina de Guerra, la misma que prácticamente existe hoy con los colores rojo y gualda. Fue esa la que, posteriormente, terminará siendo adoptada como bandera única para todo el Ejército en el Real Decreto de 1843 aprobado por la Reina Isabel II. Según manifestó en 2018 el académico y militar Hugo O’Donnell, durante el acto de celebración del 175 aniversario de la bandera, con esta decisión el monarca español quiso «hacer un gesto a la reconciliación de España».
El historiador Luis Sorando Muzás, por su parte, destaca «el nombre de “nacional” que se dio a esta bandera naval, en contraposición a la Real, en una época en la que el concepto de nación, tal y como lo concebimos hoy, aún no existía». Lo cuenta en su artículo «La bandera rojigualda antes de su instauración para el Ejército», publicado en la «Revista de Historia Militar», que hace referencia a la nueva dimensión que adquirió la enseña tras un largo proceso de transformaciones que duró siglos. El mismo proceso que Vicente Rojo quería poner en valor con su artículo.
Una vez aprobada en 1785, esta bandera se difundió rápidamente, independientemente del régimen que gobernara el país. Ese mismo año pasó a los Correos Marítimos y, en 1786, a las fortificaciones de la costa y a las juntas de Sanidad de los puertos. En 1787, a la Real Compañía de Filipinas y así sucesivamente. Durante la guerra de la Independencia (1808-1814) apareció por primera vez en el batallón de Cazadores de Fernando VII, en Valencia, y, después, en la de los Cazadores Extranjeros. Y de ahí se extendió a todas las guarniciones.
Tuvimos que esperar al Real Decreto de 13 de octubre de 1843 para que se estableciera oficialmente en todas las Fuerzas Armadas. A partir de ahí, se hizo tan popular que pronto empezó a aparecer espontáneamente en los balcones, tendidos taurinos, abanicos y atuendos, hasta hoy.
Sin embargo, el voto republicano se concentró en las ciudades, obteniendo la victoria en la mayor parte de las capitales de provincia, lo que sembró la euforia entre los partidarios de la caída de la monarquía y sembró el desánimo en la Corte de Alfonso XIII, que dos días después de los comicios partía hacia Cartagena y de allí hacia el exilio para evitar que un conflicto entre monárquicos y republicanos acabase en un baño de sangre: “quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil”, afirmaba el monarca en una carta publicada el 17 de abril por el diario Abc. Una Constitución aprobada sin referéndum y sin voto femenino La Constitución de la Segunda República fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes, elegidas el 28 de junio de ese año en unas elecciones en las que sólo pudieron votar los hombres (el voto femenino no fue aprobado hasta el 1 de octubre) y que dieron lugar a un parlamento con una insignificante presencia de la derecha. Para colmo de defectos, no se convocó ningún referéndum para aprobar esa Constitución. Las Cortes republicanas negaron al pueblo español su derecho a decidir sobre esa Carta Magna. Dos diputadas socialistas en contra del voto femenino En el otoño de 1931 se debatió la aprobación del voto femenino. En aquellas Cortes republicanas sólo había dos mujeres, que irónicamente no pudieron votar en las elecciones: Clara Campoamor, del Partido Radical, y Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. La primera votó a favor del voto femenino, y la segunda en contra. En su discurso, Kent no dudó en basar su rechazo al voto femenino en una “cuestión de oportunidad para la República”, llegando a afirmar lo siguiente: “Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino.” Curiosamente, el mismo argumento se podría haber usado para rechazar el voto masculino… El caso más esperpéntico de rechazo al voto femenino vino de Margarita Nelken, del PSOE, que resultó elegida diputada por Badajoz en las elecciones parciales celebradas el 4 de octubre de 1931. Nelken no dudó en mostrar su rechazo al voto femenino con estas palabras: “Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”. Hoy en día la web del PSOE presenta a Nelken como una pionera pero no menciona su voto en contra del sufragio femenino. Las mujeres votaron por primera vez en unas Elecciones Generales el 19 de noviembre de 1933, dando la victoria por mayoría a la derecha y evidenciando el motivo sectario por el que buena parte de la izquierda se negó a apoyar este derecho de las mujeres. Censura de prensa y duras limitaciones a la libertad de expresión El Artículo 34 de la Constitución de la Segunda República afirmaba: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.” Sin embargo, la Ley de Defensa de la República de 1931convirtió en delitos ciertos ejercicios de la libertad de expresión y de información, por ejemplo:
“La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”
“Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado”
“La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”
Con ello, se impedía a cualquier ciudadano, asociación o medio de comunicación ejercer la crítica al gobierno o al régimen, lo que proporcionaba a la Segunda República normas represivas propias de una dictadura. En la práctica, esta ley supuso la instauración de una férrea censura previa, que llenó los periódicos de diverso signo de espacios en blanco bajo el título de “visado por la censura”. Censura en el cine a escenas “lujuriosas” de abejas y flores Durante la Segunda República también se censuraban las películas. La censura suprimía escenas de desnudos, aquellas que tuviesen una cierta carga erótica e incluso cualquier mención a la prostitución o a los homosexuales, como señalan María Antonia Paz Rebollo y Julio Montero Díaz en “Las películas censuradas durante la Segunda República. Valores y temores de la sociedad republicana española (1931-1936)”. En dicho trabajo se recogen, además, casos de censura en “una escena que recogía la cópula de las abejas”, o “una escena de una yegua y un caballo y otra en la que se fecundan las flores”, pues “se consideró que presentaban una tendencia lujuriosa”. Censura política e ideológica en las obras de teatro Durante la Segunda República también existía censura previa en las obras de teatro, incluso en las infantiles. Como señaló Manuel L. Abellán: “Autores, empresarios o representantes de las compañías teatrales elevaban una instancia con anterioridad al estreno de la obra.” En su trabajo se indica como diversas obras fueron censuradas por motivos políticos e ideológicos, e incluso suprimiendo críticas al gobierno. La Ley de Vagos y Maleantes, un invento de la Segunda República Hay mucha gente que piensa que la tristemente famosa Ley de Vagos y Maleantes fue un invento del franquismo, pero la realidad es que fue promulgada el 4 de agosto de 1933, durante la Segunda República, y fue un proyecto del gobierno izquierdista de Manuel Azaña. La versión original de la ley declaraba “en estado peligroso” a diversos individuos entre los que contaban los “vagos habituales”, los “ebrios”, “los que ocultaren su verdadero nombre” o incluso los que no justificasen la posesión del dinero que se hallase en su poder. Los castigos iban desde multas al internamiento, pasando por la pérdida del dinero y demás posesiones. Un escudo monárquico para una bandera que no usó la Primera República A diferencia de lo que muchos piensan, la bandera tricolor de la Segunda República no fue utilizada durante la Primera República (1873-1874), régimen que usó la bandera bicolor que había establecido Carlos III como bandera nacional en 1785. La Segunda República cambió el diseño de la bandera, pero irónicamente mantuvo el escudo con los cuarteles que representan a los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada, cuya unión ha simbolizado siempre el Reino de España. La Segunda República también mantuvo las Columnas de Hércules con la cinta luciendo el lema “Plus Ultra”, incorporado por Carlos V para simbolizar su Imperio. Simplemente, se suprimió el escusón con las flores de lis que representaban a la dinastía borbónica, y se sustituyó la corona real por una corona mural, elección muy inadecuada pues dicha corona se usaba tradicionalmente en diversos países -mayoritariamente monarquías- para timbrar los escudos de los municipios, y no de una nación. Una Constitución que lesionaba la libertad religiosa La Constitución de la Segunda República, en su Artículo 26, establecía la disolución de las órdenes religiosas que estableciesen un voto de “especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”. Se proscribía así a las órdenes que hacían voto de obediencia al Papa. A comienzos de 1932, esa norma dictatorial se utilizó para disolver la Compañía de Jesús, nacionalizar sus bienes e iniciar una auténtica persecución contra sus miembros. La Constitución de 1931 establecía, además, la disolución de todas las órdenes religiosas que “constituyan un peligro para la seguridad del Estado”. Con una afirmación así se abría la puerta a que cualquier gobierno se cargase toda orden que no complaciese los caprichos del poder. Además, dicha Constitución prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza, una labor a la que los religiosos había dedicado enormes esfuerzos y que había permitido educarse a numerosas personas de las clases más humildes. Se trataba de un atropello en toda regla que violaba el derecho a la libertad de educación. Pero las medidas anticatólicas de esa Constitución no acababan ahí. El Artículo 27 proscribió los cementerios religiosos, ya fueran católicos, judíos, protestantes, etc. Dicho Artículo también establecía lo siguiente: “Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.” Se sometía así a la voluntad del poder el ejercicio de la libertad religiosa, suprimiéndola de facto. Una República sin libertad de educación El Artículo 48 de la Constitución de la Segunda República afirmaba: “La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.” Como ya he señalado, se prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la educación. Al declarar la enseñanza laica se excluía a la religión del sistema educativo, algo que hoy en día violaría el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El citado Artículo 48 de la Constitución de 1931 se limitaba a afirmar: “Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.” Es decir, que la República reconocía a la Iglesia el derecho a enseñar su religión en sus parroquias, conventos o monasterios… pero incluso así esa enseñanza estaría sometida al control del Estado. Significativamente, y en línea con las tesis de las logias masónicas -un poderoso y socialmente muy minoritario grupo de presión, pero al que pertenecían nada menos que 151 de los 470 diputados de las Cortes Constituyentes-, ese Artículo 48 reconocía la “libertad de cátedra” -es decir, que los profesores podían imponer sus opiniones y tesis ideológicas a sus alumnos- pero omitía toda mención al derecho de los padres a decidir la educación que deseaban para sus hijos, derecho históricamente denostado por la izquierda pero que hoy recoge el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando la derecha ganó las elecciones y no la dejaron gobernar La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, gana las Elecciones Generales del 19 de noviembre de 1933 -las primeras elecciones de la historia de España en las que votan las mujeres-, obteniendo 115 diputados. La segunda formación más votada, el Partido Radical, obtiene 102, y la tercera, el PSOE, se queda con 59. A pesar de los resultados, la izquierda amenaza con una insurrección si la CEDA forma gobierno. La izquierda más extremista ni siquiera espera a que ocurra tal cosa: los anarquistas de la CNT inician el 8 de diciembre de 1933 un levantamiento golpista disfrazado de huelga general, que se salda con 89 muertos y 163 heridos, atentados con explosivos, destrucción de archivos, quema de iglesias y atentados contra vías férreas, puentes, líneas telegráficas y telefónicas. El acto más grave de esa intentona golpista es el descarrilamiento del tren rápido Barcelona-Sevilla en Punzol (Valencia), un atentado terrorista que mata a 23 pasajeros y deja 38 heridos. El 18 de diciembre el Presidente de la República, Alcalá Zamora, ignora los resultados electorales y encomienda la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, el segundo más votado. La CEDA se pliega a las amenazas de la izquierda y decide apoyar el gobierno de Lerroux. Sin embargo, en el otoño de 1934 la CEDA exige a Lerroux que le permita participar en el gobierno. Alcalá Zamora lo acepta y el 4 de octubre entran tres ministros de la CEDA en el ejecutivo de Lerroux. Al día siguiente, el PSOE pone en marcha una nueva intentona golpista bajo el disfraz de una huelga general. En Madrid miembros armados del sindicato del PSOE, la UGT, intentan asaltar -sin éxito- los edificios de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Gobernación. En diversas zonas de España la intentona golpista se traduce en una semana de violencia, lo que obliga al gobierno a hacer intervenir al Ejército. El golpe se salda con más de un millar de muertos, entre ellos 35 sacerdotes asesinados por los golpistas. Se trata del levantamiento armado más grave sufrido por la Segunda República antes del 17 de julio de 1936. La actitud golpista del PSOE durante la Segunda República La sangrienta experiencia revolucionaria de octubre de 1934 no es un caso aislado en la actitud del PSOE hacia la Segunda República. Basta con repasar los incendiarios discursos de Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT hasta 1938 y presidente del PSOE entre 1932 y 1935. Ya el 23 de noviembre de 1931, cuando ocupaba el cargo de Ministro de Economía y ante la posibilidad de que se disolviese el gobierno por falta de apoyos parlamentarios, Largo Caballero advirtió: “No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil“. En febrero de 1933 vuelve a repetir su amenaza: “Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución… tendremos que conquistarlo de otra manera”. En agosto evidencia en otro acto del PSOE lo que opina de la República: “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista“. En plena campaña para las Elecciones del 19 de noviembre de 1933, Largo Caballero vuelve a mostrar su peculiar talante: “El jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder“. El 5 de octubre de 1934, como acabamos de ver, cumplió con creces su amenaza, cuatro días después de afirmar en un mitin en Madrid lo siguiente: “Nuestro partido, es ideológicamente, tácticamente, un partido revolucionario… cree que debe desaparecer este régimen“. Tras esa intentona golpista, Largo Caballero es detenido. El 1 de diciembre de 1935 es puesto en libertad. De cara a las Elecciones Generales de febrero de 1936, el presidente del PSOE continúa con sus soflamas golpistas. El 19 de enero de 1936 afirma en un mitin en Alicante: “si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada”. Al día siguiente, en otro mitin socialista en Linares (Jaén), aclara todavía más su posición respecto de la República: “la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución“. El 10 de febrero, en el Cine Europa de Madrid, declara sin rodeos: “estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra democracia”. En ese mismo mitin Largo Caballero deja claro lo que entiende por “nuestra democracia” con estas palabras: “Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese período es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.”
