lunes, 29 de octubre de 2018

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, ha cobrado 150.000 € en dietas de alojamiento pese a tener casa en Madrid

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad del Gobierno Sánchez (PSOE). 
Otra pifia más y ya ni llevamos la cuenta de las que han perpetrado Pedro Sánchez y su gobierno socialista en los escasos meses que llevan disfrutando del poder. Y usamos intencionalmente el verbo 'disfrutar', porque es comp'licado encontar otro que refleje mejor la falta de profesionalidad, caradura y desparpajo con que operan (Ni España ni los españoles se merecen a Pedro Sánchez y este Gobierno de mierda).
La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se ha embolsado a lo largo de seis años alrededor de 150.000 euros en dietas de alojamiento pagadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, pese a que tiene casa propia en Madrid (Quim Torra: "Presidente Sánchez, se le ha acabado el crédito").
Como explica M.A. Ruiz Coll este 29 de octubre de 2018 en OKdiario, Carcedo es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo y ha ejercicio como médico de Atención Primaria (¿Eres ministro? Pues no poses en la tercera fila o serás víctima de una terrible maldición).
El pasado mes de septiembre, asumió la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, después de que su antecesora en el cargo, Carmen Montón, se viera obligada a dimitir por plagiar su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos URJC).
Pero antes de llegar a este cargo, María Luisa Carcedo ha acumulado una larga experiencia política. Ha sido consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias (entre 1991 y 1995) y diputada autonómica del PSOE en la Cámara regional (entre 1991 y 2004).
Obtuvo por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones de 2004 y lo ocupó durante cuatro años hasta que, en 2008, el Gobierno de Zapatero la nombró presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación. Es difícil describir en qué consistía su trabajo en este cargo.
Tiene casa en la capital desde 2006
Regresó al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2011 y conservó el escaño hasta septiembre de 2015, cuando fue nombrada senadora por designación del Parlamento de Asturias.
Dese entonces, ha ocupado un escaño en la Cámara Alta hasta que, el pasado mes de junio, el presidente Pedro Sánchez la nombró Alta Comisionada para la Pobreza.
Durante los ocho años que ha permanecido en el Congreso y el Senado, como parlamentaria procedente de la circunscripción de Asturias, María Luisa Carcedo ha cobrado dietas por alojamiento en Madrid: ascendían a 1.762 euros al mes en 2007 y en la actualidad suponen 1.874 euros al mes. Todo ello, en 14 pagas.
Congreso de los Diputados
Las dietas de alojamiento ascienden en la actualidad a 1.874 euros al mes (en 14 pagas) para los diputados que proceden de fuera de Madrid.
Teóricamente, estas dietas están destinadas a pagar sus gastos de alojamiento en un hotel o piso de alquiler durante sus estancias en la capital. Sin embargo, la ministra posee una vivienda propia en Madrid desde 2006: se trata de un piso de 60 metros cuadrados con dos dormitorios en el barrio de La Latina, a espaldas del tradicional Mercado de la Cebada.
Desde allí, le basta coger un taxi, o uno de sus dos vehículos, para llegar al Congreso de los Diputados en apenas 15 minutos.
La ministra de Sanidad contrató una hipoteca de 60.000 euros en 2006 para comprar este piso, en el que ha seguido residiendo desde entonces durante sus estancias en Madrid.
Siempre, sin renunciar a las dieta de alojamiento que le abonaba el Congreso de los Diputados primero, y luego el Senado. En total, una media de 1.800 euros al mes en dietas, distribuidas en 14 pagas, durante seis años: alrededor de 150.000 euros.
A esta cifra hay que sumar sus ingresos como parlamentaria: 4.949 euros brutos al mes, en 14 pagas, durante su última etapa como senadora. Por estos ingresos, pagó 14.679 euros en concepto de IRPF el año pasado.
Según su última declaración de bienes, Carcedo posee otros dos inmuebles en régimen de gananciales con su marido: una vivienda en Gijón comprada en 1987 (cuyo valor catastral asciende a 262.464 euros) y la cuarta parte de una casa situada en una finca rústica de Asturias, que ha obtenido por herencia.
El valor catastral del 25% de este último inmueble es de 11.168 euros.
Fuente: Periodista Digital

domingo, 28 de octubre de 2018

La subida de las cotizaciones sociales es una estafa para los futuros jubilados

El aumento de la base máxima de cotización del 12% elevará las cuotas en 173 euros al mes de 1,5 millones de trabajadores.


No hay día que el Gobierno de Sánchez no idee un disparate nuevo. Con tal de alargar su estancia en La Moncloa, se ha echado en brazos de populistas e independentistas -los mismos con los que alcanzó la Presidencia mintiendo al decir que la censura era para convocar elecciones- para perpetuarse en el poder. Da igual que los Presupuestos se negocien en una prisión o que se flexibilice la actitud con el intento de golpe de Estado en Cataluña. Parece que todo vale para ganar tiempo.
Entre todas esas cuestiones, el Gobierno se ha atrevido a enviar a Bruselas un presupuesto bolchevique, donde incrementa el gasto de manera brutal e incrementa el déficit en medio punto, del 1,3% al 1,8% del PIB, con unas cuentas de la lechera en forma de potenciales ingresos que nunca llegarán, pues mortificar a los ciudadanos con más impuestos no sólo es inmoral, sino que, además, es ineficiente, porque hundirá la economía y el empleo y, con ello, la recaudación. Tantas veces equivocándose en ello, y la izquierda no aprende que si se suben mucho los impuestos cae lo que se recauda.
Pues bien, en una nueva vuelta de tuerca, ahora pretende incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, sangrando, especialmente, a dos grupos de cotizantes. Por un lado, los autónomos, los cuales, en su mayoría -más del 80%- cotizan por la base mínima, pues saben que lo que van a recibir a cambio de la Seguridad Social no les compensa y, de esta manera, disminuyen un poco la carga impositiva que sufren. A ellos, quiere el Gobierno subirles unos 50 euros la base mínima de cotización, nada menos que cerca del 20%, elemento muy negativo para estos trabajadores que cada día tienen que hacer muchas cuentas para poder salir adelante.


Y el otro colectivo al que pretende masacrar el Gobierno no es otro que el resto de la clase media profesional, quienes tienen un salario que rebasa la base máxima de cotización, a los que ahora quieren elevarles dicha base nada menos que un 12%. ¿Y qué supone eso? Pues que cada trabajador en esas condiciones -un millón y medio, aproximadamente- pagará el impuesto de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre una base casi 500 euros mayor. Esto quiere decir que cada uno de estos profesionales pagará 29 euros más al mes a la Seguridad Social directamente, y la empresa pagará, por cuenta del trabajador, otros 144 euros más al mes; es decir, en conjunto, el pago a la Seguridad Social se elevará en 173 euros al mes.


Eso podría suponer un incremento de mayor pago de cotizaciones a la Seguridad Social muy por encima de 1.100 millones anunciados, casi el triple, de manera que, indirectamente, el propio Gobierno reconoce que va a darse una bajada de actividad y empleo que hará reducir ese incremento, pese a subir también las bases mínimas -por el efecto del incremento nocivo para la economía y, por tanto, para los trabajadores, del salario mínimo-. Así pues, una vez más, suben los impuestos para incrementar recaudación y lo que consiguen es acabar con la actividad económica y, a la larga, con los ingresos.
Esta subida de las bases máximas -cualquier día proponen el destope completo, lo que sería ya el acabóse- es una estafa por varias razones. En primer lugar, porque con ello no se soluciona el problema de las pensiones, que requiere de una reforma estructural profunda -de la que ya hablaremos próximamente-, sino que supone una medida que no sólo no servirá de nada, sino que será contraproducente y terminará, por caída del empleo, agrandando el agujero de la Seguridad Social. Además, aunque recaudasen la cifra que repiten de 1.100 millones más al año por la subida de las bases máximas, no compensan el incremento de déficit anual de la Seguridad Social, de 1.403 millones, incremento que ha reconocido el propio Gobierno a Bruselas.


Por tanto, no sólo no enjugará el déficit de la Seguridad, sino que mantendrá moribundo el sistema, enquistando el problema. La previsión de un incremento de más del 5% para el gasto de la Seguridad Social en 2019, motivado por el aumento del efecto sustitución de los salarios, el aumento del número de pensionistas y el IPC al que se va a ligar de nuevo, elevará el déficit de la Seguridad Social por encima de los 20.000 millones de euros, dando un paso más hacia el colapso del sistema, que ya parte de una deuda de casi 35.000 millones de euros.



En segundo lugar, porque el incremento de las bases máximas de cotización -así como del salario mínimo- destruirá actividad económica y, con ello, empleo. La AIReF estima que sólo el incremento de las bases máximas de cotización puede suponer un frenazo a la economía de una décima de PIB y de cerca de 40.000 puestos de trabajo. Con ello, la recaudación caerá, tanto en IRPF como en impuestos indirectos, como en cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que, en lugar de paliar el déficit, se incrementará sobre la base de un país empobrecido.
Recordemos que las cotizaciones a la Seguridad Social suponen casi un 40% más del salario del trabajador, de manera que un mileurista, para llevarse 1.000 euros netos a su casa al mes, ha de generar un valor con su trabajo que compense casi el doble del salario, que es el coste que le cuesta a la empresa. Si las cotizaciones aumentan, el desfase será mayor, el coste superior y la contratación será menor.


Y, en tercer lugar, porque ya es escandaloso que los profesionales que tienen la base máxima de cotización coticen por 3.803,57 euros y puedan llegar a conseguir una pensión, la máxima, de sólo 2.580,13 euros brutos, es decir, 1.300 euros menos que el importe por el que cotizan. Pero es que, con la subida de las bases máximas del 12%, que no se dará en las pensiones máximas, esa brecha se ampliará: cotizarán por 4.260 euros, es decir, 486,4 euros más que ahora, y la pensión máxima sólo subirá un 1,6%, es decir, 41 euros, que supone menos de un 10% de lo que subirá la base de cotización máxima.

Eso supone un claro fraude a los contribuyentes y trabajadores que cotizan por la base máxima, puesto que todavía verán cómo la diferencia entre lo que cotizan y lo que recibirán como pensión es mayor, al subir la base y no moverse casi la pensión, de manera que el sistema de reparto se convierte en menos contributivo todavía, en un claro desincentivo al trabajo.
Por último, todos estos incrementos de impuestos harán que la economía sumergida aumente, el fraude se dispare, caiga la actividad económica y aumente el paro, con lo que la recaudación no subirá, sino que bajará, y el gasto se incrementará más, por mayor pago de prestaciones por desempleo. Esta propuesta del Gobierno es nociva, además de ser una auténtica estafa para muchísimos trabajadores y cotizantes, a los que, una vez más, la izquierda pretende dar gato por liebre al grito de igualdad y solidaridad, cuando lo único que traerán será injusticia, paro y pobreza

Así empezó Venezuela: destrozando el poder judicial

Pedro Sánchez, Hugo Chávez y Pablo Iglesias


Una mujer con español impecable, ése que ya sólo se habla al otro lado del charco, se aproximó y me susurró al oído mirando a norte, sur, este y oeste: “Señor Inda, ¿puedo hablar con usted un minuto?”. Iba ataviada con un mandil, debía superar los 50, su acento era inequívocamente venezolano y se le notaba una categoría intelectual superior a la media. “Claro”, respondí sin titubear. “Acompáñeme”, me rogó llevándome a un puesto en un mercado capitalino de cuyo nombre prefiero no acordarme para no poner en riesgo su seguridad. Más que nada, para que la gentuza podemita no le dé un susto el día menos pensado.
Quince metros más allá estábamos ante su negocio. Humilde negocio. Un puesto de croquetas de todo tipo de sabores y colores. Rosadas, blanquecinas, verdosas y negruzcas. De jamón, pollo, espinacas y hasta chipirones. Me contó que llevaba dos décadas en la madre patria. “¿Se dedicaba usted allá al mundo culinario?”, cuestioné echando mano de lo obvio. “No”, terció rápidamente casi sin dejarme terminar, “yo era fiscal en Venezuela y al poco de llegar Chávez al poder, en el ecuador de los siglos XX y XXI, me destituyeron y me tuve que exiliar. Y aquí me tiene dedicándome a algo que no es lo mío pero bueno…”. Mi cara era, como se podrán imaginar, todo un poema. Estupefacción pura. Y dura. La suya, de una tristeza indescriptible.
Me desveló que en los 90 era una de las fiscales más importantes de la nación con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Pero que tuvo que tomar las de Villadiego cuando los medios vendidos a la dictadura (a la fuerza ahorcan), que entonces debían ser el 80% y ahora no bajan del 95%, la empezaron a poner en la diana, a injuriarla, a calumniarla y a difamarla. Como a cientos de garantes de la legalidad. “Los escraches a mí y a mis compañeros se hicieron insoportables por lo rutinarios y lo feroces que eran”, apostilló.
Consecuencia: se vino a España en busca de un mundo mejor. Y aquí sigue. Con añoranza de su bellísima tierra natal, melancolía a raudales y la sensación agridulce del que sabe que ha salvado la vida pero ha perdido a su familia tal vez para siempre porque ellos carecen de posibles para comprar el pasaje y ella es igual de consciente de que regresar allá es optar a una tómbola en la que cuentas con todos los boletos para que te den un susto o directamente matarile.
El sátrapa Chávez tuvo claro desde el minuto 1 que la perpetuidad de su satánico proyecto pasaba por convertir al Legislativo y al Judicial en un apéndice del Ejecutivo

Hugo Chávez, un narcoasesino con todas las letras, un ladrón con todos los números, lo tenía claro: una verdadera democracia es aquella en la que hay un sistema de contrapesos en el que unos poderes se controlan los unos a los otros en una suerte de círculo virtuoso. Como quiera que nació y murió sátrapa, este malnacido al que Satanás tenga en su gloria tuvo claro desde el minuto 1 que la perpetuidad de su satánico proyecto pasaba por convertir al Legislativo y al Judicial en un apéndice del Ejecutivo.
No había pasado ni un año y con la excusa de limpiar la Justicia puso en la calle a cientos de magistrados y fiscales. Casualmente, todos los miembros del poder judicial sucios eran aquéllos y aquéllas que, como nuestra exiliada amiga, habían expresado su malestar con la invasión chavista de los tribunales. Y si encima eras ideológicamente un liberal o te situabas en la derecha democrática tus posibilidades de trabajar en lo que tanto te había costado conseguir y de seguir con vida se reducían a la mínima expresión.
Chávez tardó seis años en tocar el Tribunal Supremo porque aquello eran palabras mayores. Pero como quiera que era tan malo como tenaz consiguió en 2004 ponerlo bajo su bota matonil. Quien controla la máxima magistratura de un país lo controla todo. La Asamblea Nacional tardaría un poco más pero resulta perogrullesco recordarles que hoy día es un órgano sin poder real por cuanto éste se halla residenciado en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, y en la servil Asamblea Constituyente. El Legislativo y el Judicial son tan sólo un recuerdo de un tiempo pasado que fue infinitamente mejor. Económica y democráticamente.
España no es Venezuela. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cada vez somos más los que puntualizamos un inquietante… “de momento”. Qué casualidad que, como por arte de birlibirloque, se haya desatado de repente una cacería contra el Tribunal Supremo de España, en el que están los mejores de la carrera. Los cristiano ronaldos y los messis de la judicatura. Los mejores de los mejores. Tipos de una brillantez superlativa. Y de una independencia a prueba de presiones, extorsiones y manipulaciones en el 95% de los casos.
La sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la posterior reacción del presidente de la Sala de lo Contencioso fue la tormenta perfecta que sirvió en bandeja al fascio podemita la excusa para poner caldo a nuestra más alta magistratura. El objetivo podemita era obvio: dejar en la opinión pública la sensación de que los jueces del Supremo eran poco menos que unos tipos malignos a la par que peseteros al servicio de los bancos, los cuales les habían sobornado como el diablo manda para que fueran “buenos chicos”.
Casualidad o no, lo cierto es que tanto el ponente como uno de los miembros del tribunal de lo Contencioso que dictó el fallo que puede generar un agujero de hasta 20.000 millones de euros a las entidades bancarias son magistrados próximos a la izquierda extrema. Ni quito ni pongo. Sólo aporto el dato. Nunca he creído en las casualidades, en las coincidencias o en el cruce de astros. Mi única fe es la estadística y la estadística indica que las cosas son normalmente lo que parecen. Empirismo puro.
La segunda andanada al Tribunal de la Plaza de la Villa de París juega directamente con las cosas de comer. Con la España constitucional. Con el Estado de Derecho. Con la división de poderes. Con la democracia en suma. Contemplar a socialistas y podemitas todos a una advertir de manera concertada al Supremo que no hay rebelión en el golpe de Estado del 1 de octubre del año pasado supone efectuar un viaje en el tiempo a esa Venezuela en la que todo terminó quién sabe si para siempre el día en que se empezó a linchar mediática y políticamente al Tribunal Supremo.
Otra afrenta al poder judicial, ésta de libro, de manual de golpes de Estado más bien, fue la visita de ese diablo vestido de guarro que es Pablo Iglesias al jefe del golpe, Oriol Junqueras. Un desafío, una burla y una desautorización en toda regla de los poderes Ejecutivo y Legislativo. No imagino yo a Leopoldo Calvo-Sotelo ni a Felipe González remitiendo a su socio parlamentario Paco Ordóñez a la prisión militar del Castillo de la Palma en Coruña a negociar el silencio de Antonio Tejero. Básicamente, porque les hubieran montado el pollo del siglo y se hubieran tenido que ir por donde habían venido.
Lo que vienen a colarnos entre líneas es que el 1-O fue una expresión democrática, más o menos afortunada, pero expresión democrática al fin y al cabo
Han salido todos en tromba para desautorizar la calificación penal que tanto el juez Llarena, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado han hecho de lo acaecido entre el 6 de septiembre y ese 27 de octubre en el que se proclamó la República Catalana. Carmen Calvo, el pinochesco presidente Sánchez que dice “Diego” donde hace cinco meses decía “digo”, el  infausto Pascualone Sala, sobrecogedor amigo de Jesús Polanco, obviamente Pablo Iglesias, Dolores Delgado y el que faltaba, José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que transportó España de 1978 a 1936. La todavía ministra de Justicia llegó a asegurar allá por el mes de junio que había que modificar el delito de rebelión “a la nueva realidad”. Lo que vienen a colarnos entre líneas es que el 1-O fue una expresión democrática, más o menos afortunada, pero expresión democrática al fin y al cabo.
En resumidas cuentas, nos quieren vender una moto muy concreta: que no se puede encarcelar a nadie por sus ideas. Eso es lo que subyace de toda esta controversia. A todos ellos les invitaría a dedicar dos segundos de su augusto tiempo y leer lo que manifestó un tal Fernando Grande-Marlaska, cuando aún era el excelente magistrado que siempre fue: “En España no hay nadie en la cárcel por sus ideas o por sus opiniones políticas”.
Desprestigiar el Supremo para luego controlarlo es lo que se consumó en Venezuela con las terribles consecuencias por todos conocidas. Y es lo que tiene toda la pinta que se va a intentar perpetrar en España. Pedro Sánchez quiere un Tribunal al estilo González: cómodo y que no ponga pegas ni peros a su indisimulado deseo de perpetuarse en el poder. Y si hay que eliminar la tipificación del 1-O como rebelión (hasta 30 años de reclusión) para contentar a los que te transportaron a La Moncloa, pues se elimina. Estoy convencido de que es un firme creyente en la división de poderes pero más aún lo estoy (a los hechos me remito) de que el fin, morir dentro de 40 años en Moncloa, justifica para él cualquier medio. Y aquí paz y después gloria. Pablo Iglesias va más allá. Su objetivo último es desnaturalizarlo, destrozar lo que los anglosajones denominan check and balances y mandar a paseo a los magistrados indomables (la inmensísima mayoría) para convertirlo en un apéndice de la satrapía venezolano-iraní que quiere instaurar. Malos tiempos para Montesquieu y peores para nuestra democracia. Estas cosas siempre acaban igual: con menos libertad. En dictadura o en dictablanda, en democracia vigilada o en pseudodemocracia. Es la historia del mundo.
PD: las croquetas de nuestra amiga venezolana estaban buenísimas. Pero preferiría que estuviera en Venezuela haciendo Justicia, sancionando el terrorismo de Estado y a su narcopresidente que deleitándonos el paladar y el estómago a los españoles.
Eduardo Inda

sábado, 27 de octubre de 2018

Los liberales europeos expulsan al PDeCAT por corrupción

La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) ha aprobado este sábado en Bruselas expulsar de su familia al partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los casos de corrupción en los que se vio implicada la formación con su marca anterior, Convergència Democrática de Cataluña (CDC)
Los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas - EFE

La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE, por sus siglas en inglés) ha aprobado este sábado expulsar de su familia al partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el PDeCAT, por los casos de corrupción en los que se vio implicada la formación con su marca anterior, Convergència Democrática de Cataluña.
«Con una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, el Consejo ha tomado la decisión de expulsar al PDeCAT de la pertenencia al partido ALDE, con efecto inmediato», han anunciado los liberales europeos en un comunicado.
La decisión se ha formalizado en un Consejo extraordinario celebrado en Bruselas para decidir sobre la expulsión del PDeCAT, siguiendo la recomendación que ya adoptó el pasado septiembre por unanimidad la Ejecutiva del partido europeo.
A la reunión han acudido más de una veintena de delegaciones del total de 47 partidos miembro con los que cuenta ALDE, entre ellos dos representantes del PDeCAT.
Esta expulsión supone la salida automática del PDeCAT del partido ALDE, no así del grupo de liberales europeos en el Parlamento Europeo, que comparte siglas con ALDE y del que forma parte el único eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa.
El partido exconvergente ha estado ligado a la familia de los liberales europeos desde 1986, aunque es miembro pleno del partido ALDE desde 2005, lo que le ha permitido ser el único interlocutor en España con esta familia, hasta la entrada de Ciudadanos en 2016.

La respuesta del PDeCAT

El PDeCAT ha lamentado que la ejecutiva del partido ALDE haya «comprado un relato sobre corrupción como excusa» para argumentar una expulsión que considera que ha sido «instigada» por Ciudadanos como respuesta a la apuesta independentista de la formación heredera de CDC.
En un comunicado, el PDeCAT ha denunciado que esta decisión está motivada por «una campaña de asedio por parte de Ciudadanos» desde que la formación naranja ingresó en el ALDE Party y que se debe al compromiso del partido catalán «con el derecho de autodeterminación de Cataluña».
Así, «el bureau de ALDE, instigado por Ciudadanos, ha comprado un relato sobre corrupción como excusa porque no se podía permitir que se visualizara que acepta que se castigue al PDeCAT por su posición política, perfectamente compatible con los principios liberales, que en ningún caso niegan el derecho a la autodeterminación», ha añadido la formación presidida por David Bonvehí.
Como Ciudadanos se ha convertido en el principal miembro del ALDE, el PDeCAT ha denunciado que «ha abusado de este papel» ante los dirigentes de esta formación europea, quienes, con su decisión, han «traicionado los principios fundacionales» del propio partido internacional.
Sobre las acusaciones de corrupción, la formación demócrata ha insistido en que es un «partido nuevo», fundado en 2016 como una nueva entidad jurídica aunque tomando la herencia política de CDC, y por lo tanto ha subrayado que «solo es responsable de sus hechos y no de los de otros».
ABC

¡ GOLPISTA !

¡ GOLPISTA !
Te apoyas en el magma separata,
con Bildu y la caterva comunista.
El hecho simplemente te retrata:
¡ Golpista !
Pablemos, de tu parte, maniobra
y con Oriol y Carles se entrevista.
El calificativo no te sobra:
¡ Golpista !
Te ciscas en las leyes y el derecho,
y dejas que al Monarca se le embista,
pensando solamente en tu provecho…
¡ Golpista !
Te asientas en mentiras y traiciones
(trolero, falso, hipócrita y trampista),
y no convocas nuevas elecciones.
¡ Golpista !
Nos vendes progresismo, pero pactas
con la antiespaña infame y extremista
de tóxicas ideas putrefactas.
¡ Golpista !
Insistes en tus sucias propagandas
(en eso sí que luces cual artista).
Pero es que, Pedro, dime con quién andas…
¡ Golpista !
Golpista por acciones y omisiones,
por mala fe y (permíteme que insista)
por entregar España a los felones.
¡ Golpista !
Fray Josepho ( Libertad Digital )
viñeta de Linda Galmor