La ministra Montero calcina de golpe la reputación de 112 senadores del PSOE

Imagen del Pleno del Senado celebrado esta semana.

El enfrentamiento entre Hacienda y las comunidades se trasladó este miércoles a la Cámara Alta, la de representación territorial, con serios efectos colaterales para los socialistas.
El enfrentamiento por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 que mantienen el Ministerio de Hacienda y las comunidades autonómicas rompió este miércoles las costuras del PSOE después de tensionarlas durante semanas.
Se supone que el Senado es una Cámara de representación territorial cuyos miembros han de velar por los intereses de sus respectivos territorios. Pero, pese a ello, los 112 senadores socialistas votaron en contra de una moción del PP instando al Gobierno a proceder al "abono inmediato" de los más de 3.500 millones de euros que debe a las regiones y a las entidades locales y que, según María Jesús Montero, no va a pagar porque ya ha pasado el plazo legal para su reintegro.
Lo llamativo es que Ferraz impuso la disciplina de voto a sus senadores y mantuvo prietas las filas del grupo parlamentario a sabiendas de que ello suponía desautorizar, a su vez, a varios de sus barones que han iniciado el proceso para demandar las cantidades que se les adeuda. Primero por la vía administrativa; llegado el caso por la judicial.
Es más. En varios parlamentos autonómicos y en ayuntamientos de toda España, los socialistas han apoyado mociones e iniciativas para esa devolución. Así que el enfado de los barones regionales va en aumento. No se conforman con que, a cambio, el Gobierno les rebaje los objetivos de déficit, como les prometió el viernes.
Para papelón, el que tuvieron que hacer, por ejemplo, los senadores socialistas de Aragón: Antonio José Cosculluela, Gonzalo Palacín, Rosa María Serrano, Miguel Carmelo Dalmau, Víctor Javier Ruiz y Ana Isabel Villar.
No en vano, su presidente, José Antonio Lambán, ha anunciado que sigue adelante con su idea de llevar a Hacienda a los tribunales si hace falta para que le integre 80 millones de euros. "Este Gobierno tiene claro que antes que sus intereses partidistas defenderá los intereses de los aragoneses", proclamó este miércoles su consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, mientras en la Cámara Alta sus senadores hacían precisamente lo contrario.
O los del PSOE de Castilla-La Mancha, María Montserrat Muro, Félix Ortega, Riansares Serrano, Rafael Esteban, Carmen Torralba, Alfonso Escudero, Donelia Roldán, Manuel Miranda, Jesús Martín y María del Carmen Mínguez.
También ellos votaron en contra de la devolución inmediata del IVA mientras, en Toledo, el Gobierno de Emiliano García Page pleitea para que el Ministerio le devuelva 135 millones de euros.
Mención especial merece la senadora socialista por Cantabria, Isabel Fernández. El lunes, su partido apoyó en el Parlamento cántabro una proposición no de ley presentada por Cs y aprobada por unanimidad instando a agotar todas las vías -incluida la judicial- para que Hacienda abone a la Comunidad 42 millones de euros. Y dos días después Fernández contradijo al PSOE de Cantabria para obedecer a Ferraz. "No tienen remedio", se lamentó en Twitter el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.
Curiosos fueron los argumentos esgrimidos por el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Pedir ahora esa devolución, según dijo, es "extemporáneo" porque el ejercicio de 2017 ya se liquidó. Eso y que la culpa es de Cristóbal Montoro. Incluso se jactaba después en Twitter de haber tumbado la moción del PP, con la inestimable colaboración de ERC:
El #PP y su cinismo han traído una moción al #Senado instando al Gobierno a destinar a gasto social el IVA que #MontoroPP les quito a las Comunidades en 2017.

Como ya no engañan a nadie han perdido su moción:

NO 126
SÍ 112
ABST 17 https://t.co/ZyfLRsCGE4
— Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) February 12, 2020

Pero lo cierto es que la moción del PP, apoyada también por Vox, Cs, UPN y hasta Junts per Catalunya, dejó a los pies de los caballos a los senadores socialistas y a los barones del PSOE.
"No le quieren devolver a la gente lo que es suyo, para gasto en servicios esenciales. Han perdido la vergüenza. ¿Qué piensan los presidentes autonómicos del PSOE?", se preguntaba en las redes sociales el senador del PP canario Sergio Ramos. Pero estos, de momento, se han quedado mudos.
Llueve sobre mojado porque el martes, el Pleno del Congreso también había debatido y votado una iniciativa parecida, aunque más amplia en sus objetivos (pedía además una reforma del sistema de financiación autonómica coincidiendo con los próximos Presupuestos). Y el PSOE hizo lo mismo.
 
Ana Isabel Martín

La ministra de Hacienda quiere subir el impuesto a las Herencias en Madrid, Canarias y Murcia

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere subir el Impuesto a las Herencias en Madrid y en las Comunidades Autónomas donde exista una menor carga impositiva, como Canarias o Murcia.

Montero, recién aterrizada en el Fisco, fue consejera durante la etapa de los ERE y se ha convertido en la máxima defensora de subidas de impuestos a las Donaciones y Sucesiones. Pero, además, subirlos en el resto de las comunidades autónomas que han optado, como Madrid, por bajarlos o incluso, casi, eliminarlos para colectivos como los hijos o los hermanos.

Montero fue consejera de Salud de Andalucía durante un largo periodo: 2004 a 2013. Lo fue con Manuel Chaves y, posteriormente, con su sucesor José Antonio Griñán, imputados por el caso de los ERE, donde se juzga un agujero de 800 millones de euros en las arcas públicas andaluzas.

Montero se hizo cargo en 2013 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Y ha sido desde ese momento en el que su protagonismo ha cogido fuerza en la exigencia de que comunidades autónomas como Madrid eliminasen la bonificación en el Impuesto de Sucesiones.

Montero ha liderado, así, las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica. Donde no se ha planteado ni una sola medida de rebaja de impuestos, pero sí de creación de un tipo y pago mínimo obligatorio en estos impuestos para impedir lo que ella califica como una competencia desleal de las comunidades autónomas que bajan impuestos. Y se convierte, de este modo, en el gesto más claro hacia Susana Díaz, la presidenta de Andalucía.

La nueva ministra de Hacienda pilotará la aplicación práctica del plan del PSOE, que incluye una subida masiva de impuestos en IRPF, Sociedades, Ahorro y Herencias. El proyecto está previsto para alcanzarlo en una legislatura entera: cuatro años. Y el impacto sería de más 7.000 millones por año. Más en concreto, 30.000 millones en cuatro años.

Sin impuestos no hay gasto social

El PSOE sabe que sin esas subidas no podrá soportar la escalada de gasto público que ha prometido a diversos colectivos sociales y a partidos como Podemos y ERC para obtener su apoyo a la moción de censura.

El plan incluye el famoso impuesto a la banca y a las transacciones financieras, con una recaudación estimada de 3.000 millones de euros anuales, según los cálculos del equipo económico de Pedro Sánchez.
 Pero incluye prácticamente todo el abanico de impuestos habituales y con potencial de recaudación.

Así, las medidas tributarias estudiadas por Sánchez incluyen una fuerte subida de impuestos para los trabajadores. En el IRPF, el golpe fiscal —según su propia documentación, en poder de OKDIARIO— supondría una subida de cuatro puntos del tipo máximo, de manera que se situará de forma generalizada en el 49% y podría llegar hasta el 52% en autonomías como Andalucía, Asturias o Cataluña.

Para el ahorro en general, la escala de impuestos sería aún mayor: llegará al 35% tras subir 12 puntos. Y, evidentemente, a ese recargo habría que sumar el impuesto específico a la Bolsa. Porque las medidas incluyen también un castigo a “la adquisición de participaciones en el capital [acciones]”, como recoge su propio documento.

Por si estas subidas fuesen poco, el PSOE plantea recortar todos los incentivos y deducciones en el IRPF. “Existen multitud de incentivos fiscales que, o bien tienen carácter regresivo, o bien suponen un desincentivo para el trabajo o finalmente, presentan una eficacia no contrastada. Su eliminación progresiva puede proporcionar una recaudación adicional de 2.000 millones de euros sin que se produzcan efectos redistributivos negativos”, recoge su plan.

Los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones también subirían. “No queremos dejar pasar esta ocasión sin proponer la reforma” dotándoles “de mayor equidad y capacidad recaudatoria en el conjunto del Estado. Por esta vía indirecta, además, se pueden reducir las aportaciones del Estado al sistema de financiación autonómica, liberando estos recursos de su Presupuesto”, añaden los socialistas en su documento.

La subida recoge “el establecimiento de un tipo mínimo no revisable a la baja por las Comunidades Autónomas” —lo que acabaría con la mayoría de rebajas o exenciones regionales actuales—, “exclusión de la exención/reducción de las falsas empresas familiares, que encubren un patrimonio inmobiliario”, “limitación de la exención/reducción para las verdaderas empresas familiares, introduciendo un beneficio fiscal decreciente por cifra de negocios”, y la “elevación del límite conjunto IP-IRPF”.

Subida del impuesto de Sociedades

Pero posiblemente, la pieza más dañina de todo este plan de escalada impositiva ni siquiera se encuentre ahí. Porque en plena carrera internacional por bajar los Impuestos de Sociedades —Austria, Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, etc.—, a los socialistas se les ha ocurrido subir ese tributo.

El PSOE pretende acabar con la posibilidad de las empresas de aplicar deducciones fiscales hasta quedar en pagos efectivos que pueden rondar tipos reales del 5% ó el 7% de forma bastante habitual. El Partido Socialista quiere un tipo mínimo obligatorio del 15% para las empresas, tal y como refleja su documento. En concreto, quieren un tipo mínimo del 15% del resultado contable de los grupos multinacionales: “Parece obligado considerar como una posibilidad plenamente viable un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable obtenido en España por los grandes grupos económicos”, dice literalmente el documento del PSOE.

Y, además, pretenden incluir una rebaja de las deducciones de las empresas: “También hay que reconsiderar la exención de plusvalías interiores y de las exenciones por doble imposición que no respondan estrictamente a evitar dobles imposiciones”. Y buscan una “revisión de todos los incentivos y regímenes especiales con criterios de coste beneficio y equidad, considerando el derecho comparado, en particular, el régimen para entidades de tenencia de valores extranjeros”.

Y con eso tampoco se calma el ansia fiscal del PSOE. Los hombres de Sánchez plantean elevar la presión sobre determinados consumos (alcohol y tabaco, carburantes) y sobre el impacto medioambiental. Todo lo que haga falta para seguir financiando el gasto porque, según el PSOE, no sobra gasto, faltan ingresos: “Hasta dar al erario español una capacidad recaudatoria extra en torno a 30 mil millones de euros para así situarse en el 41%” del PIB.