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martes, 1 de agosto de 2023

propuesta del psoe de condonar las deudas de cataluña

 




La propuesta del Gobierno de condonar parte de la deuda a Cataluña, en el marco de las negociaciones con los partidos independentistas para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez, se ha topado con las críticas de comunidades tanto del PSOE como el PP, que exigen que no haya agravios en la reforma del sistema de financiación autonómica.

La ministra de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que existía la posibilidad de que algunos grupos independentistas pudieran plantear que el Ejecutivo central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña en la negociación, aunque veía «precipitado» hablar en este momento de este escenario. «Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa», añadió María Jesús Montero sobre esta cuestión, que apostó a su vez por reformar el sistema de financiación autonómica en la siguiente legislatura.

En este contexto, varios Ejecutivos autonómicos han alzado este martes la voz contra esta idea de condonar parte de la deuda a Cataluña, entre ellos el presidente en funciones de Aragón, el socialista Javier Lambán, que cree que el Gobierno debe asumir una quita de esta deuda autonómica «sin más agravios entre comunidades». El aún presidente socialista en Aragón cree que esta condonación habría de plantearse sobre el conjunto de la deuda autonómica, no solo la del FLA y «exactamente igual para todas las comunidades, con el mismo porcentaje».

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, gobernada por el ‘popular’ Juanma Moreno, han advertido de posibles «nuevas prebendas» que el PSOE ofrezca a partidos independentistas en el marco de esta posible reforma del sistema de financiación autonómica.

Y desde la comunidad más endeudada, la Comunidad Valenciana, el nuevo presidente Carlos Mazón ha rechazado que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie «en el cuarto oscuro del separatismo» y ya ha exigido una «compensación» para la situación de «excepcionalidad» que ha multiplicado la deuda de la región tras ser «injusta y soporíferamente la peor tratada» por este sistema.

Otra de las comunidades lideradas por el PP, la Xunta de Galicia ha mostrado «preocupación» porque el Gobierno pueda realizar esta posible condonación de deuda, lo que considera que sería una medida «inequitativa». Así, remarcan que «este es un elemento nuclear del sistema de financiación» y reclama que se negocie de forma conjunta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Cataluña, entre las comunidades más endeudadas

En este contexto, Cataluña es la comunidad autónoma, de las que están adheridas al Fondo de Financiación, que más dinero ha recibido de los 24.126,9 millones de euros que el Gobierno lleva asignados en 2023 con cargo a este fondo. En concreto, la comunidad catalana suma 8.713 millones de euros en el reparto de los tres trimestres de 2023, lo que supone algo más de un tercio del total.

El Fondo de Financiación se divide en dos compartimentos: el de Facilidad Financiera, en el que tan solo está Andalucía, y el del Fondo de Liquidez Autonómico, conocido como FLA, y al que están adscritas el resto de comunidades autónomas.

El Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, fue creado por el Ejecutivo en el año 2012 durante la crisis económica y, mediante él, el Gobierno otorga dinero a las comunidades autónomas adscritas para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados. En cuanto a la deuda, Cataluña se mantiene como una de las comunidades más endeudadas, con un total de 85.456 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España. Esto se traduce en una deuda del 33% del Producto Interior Bruto (PIB).

jueves, 17 de marzo de 2022

El Gobierno congela el plan de rebajas fiscales a carburantes y se abre ahora a dar ayudas

Las ministras Teresa Ribera y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. EP
 

La promesa de rebajas fiscales del domingo y el lunes queda en barbecho: el Gobierno se decanta ahora por dar ayudas según niveles de renta


El Gobierno quiere rebajar el precio de la energía pero no sabe cómo. El domingo y el lunes prometía rebajas fiscales a carburantes que ahora ha puesto en barbecho y se inclina por dar ayudas. De pactarlo en la Conferencia de Presidentes y asegurarlo tanto la ministra de Hacienda como el presidente dos veces el lunes, ahora la rebaja fiscal pierde fuelle. No la traslada a los Grupos Políticos con los que se ha reunido precisamente para analizar la respuesta a la crisis por la invasión de Ucrania, y los ministros que se han pronunciado en las últimas horas no hablan de rebajas fiscales. Se perfilan ayudas según niveles de renta.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alertó ayer del riesgo de una bajada de impuestos para las arcas públicas y señaló que algunos países han optado por las "ayudas", ya que que hay distintas fórmulas para contribuir a minimizar ese impacto de la subida de precios. Dentro del Gobierno no parece que el PSOE se haya puesto de acuerdo con Podemos, a lo que los grupos que se han reunido con las vicepresidentas y con Félix Bolaños han atribuido también la falta de concreción en las medidas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha propuesto recientemente un cheque de 300 euros para ayudar a las familias a pagar la luz y el gas. El PP había planteado una pregunta a Belarra en la sesión de control en este sentido, pero el Gobierno evitó que contestara y lo hizo Nadia Calviño en su lugar.

El Gobierno está preocupado por el impacto para las arcas públicas de las medidas que estudia y por su posible falta de progresividad, según se ha traslucido de las reuniones con los partidos. Las ayudas por niveles de ingresos o renta se perfilan como una fórmula que sortearía estas reticencias y sería del agrado de Podemos.

Francia ha anunciado que a partir del 1 de abril los conductores tendrán un descuento de 15 céntimos por litro de carburante. Jean Castex, primer ministro francés, ha trasladado que el Gobierno asumirá el citado coste. Es decir, los impuestos no se tocarán pues se considera "una medida antiecológica" y que necesita de la aprobación de una Ley para su puesta en marcha. Por tanto, durante cuatro meses, las gasolineras aplicarán un descuento de 15 céntimos en el carburante al cliente y el Estado pagará esta diferencia a las estaciones de servicio. El Gobierno francés calcula que tendrán que destinarse 2.000 millones de euros para ello.

También ha aprobado un plan en esta línea Portugal, que subvencionará 40 céntimos de euro por cada litro de combustible, a lo que se suma que se ha suspendido el aumento del Impuesto al Carbono hasta el 30 de junio y se mantiene la reducción del Impuesto sobre los Productos Petrolíferos. Según el Gobierno de António Costa, por cada depósito de 50 litros, un conductor ahorra 24,25 euros.

Montero explicó que este tipo de medidas es lo que están discutiendo con los partidos -cuando estos han criticado que no se les ha planteado concreción alguna- y previamente plantearon a los agentes sociales. "Creo que es importante el consenso de todos" o al menos concitar el mayor número de voluntades posibles, apuntó. Además, indicó que buscan ser "eficaces" y que por mucho que el Gobierno baje impuestos o de ayudas, "si no se topan los precios", estas medidas no tendrán efecto porque "seguirán subiendo" a pesar de la reducción fiscal. Éste es el mensaje que ha mantenido Pedro Sánchez y el que asumen también los sindicatos.

El lunes, Montero aseguró en el Senado que se estaba trabajando en un "plan nacional de medidas que permita hacer frente al impacto económico, al tsunami que supone la invasión", con "todo un paquete de medidas", entre las que destacó que se va a "revisar la fiscalidad a la baja de algunos sectores y algunos productos claramente impactados por la inflación", en alusión al Impuesto de Hidrocarburos y a sus variantes sectoriales y al IVA de los carburantes.

Desde el Ministerio de Hacienda trasladan que todo está encima de la mesa en todo momento.

Rebaja de precios que no se concreta

A su vez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, garantizó ayer que el Gobierno bajará la luz, el gas y la gasolina en el decreto que tiene previsto aprobar el 29 de marzo, haya o no consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana. Será una bajada "inmediata y sencilla" para los hogares, las empresas y los autónomos españoles. Sin embargo, Bolaños no concretó el modo en que se va a ejecutar esa bajada de precios ni mencionó en ningún momento que sea una rebaja fiscal.

En la reunión del Gobierno con grupos políticos de ayer, sólo la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludió, según fuentes conocedoras, a que se busca un "alivio fiscal", sin concretar.

En la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, el presidente del Gobierno asumió un compromiso de rebaja de impuestos que impulsa Alberto Núñez Feijóo, futuro líder del PP. Una rebaja que el Gobierno tenía encima de la mesa y que de momento no ha activado ya que de entrada ha preferido prorrogar las rebajas del IVA de la electricidad del 21% al 10% y del Impuesto Especial a la Electricidad, y la suspensión del Impuesto de Generación hasta al 30 de junio. En la noche del lunes, Pedro Sánchez prometió en La Sexta rebajas fiscales: "Va a haber rebajas fiscales, los combustibles estarán ahí", aseveró. Ahora mismo esta posibilidad se aleja y ganan enteros las ayudas. 

VOZPÓPULI

lunes, 14 de marzo de 2022

Ministra de Hacienda: cierre usted su tienda

 Sepa usted que los impuestos son una cosa tan seria como detraer coactivamente a un individuo una buena parte de los recursos que ha generado con su trabajo. No es de recibo utilizarlos para sus juegos partidistas.

Ministra de Hacienda: cierre usted su tienda


Alguien dijo alguna vez que la política es la única profesión para cuyo ejercicio no se exige conocimiento alguno. Nunca me gustó especialmente la frase pues, siendo objetivamente cierta, admite ser interpretada como una manifestación ocurrente de un sentimiento antisistema. Pero es imposible no admitir que algunos políticos se empeñan en acreditar diariamente su veracidad. María Jesús Montero está entre los que se llevan la palma.

Nada obliga a que un ministro sea el mayor experto de las materias de su Ministerio, ni siquiera a que las conozca en profundidad. Basta con que sepa aprovechar el know how del capital humano existente en su Departamento para gestionar éste y representarlo con la mínima eficacia y seriedad exigibles.

En la dirección expuesta, es generalmente reconocido que nuestro Ministerio de Hacienda cuenta con un ejército de magníficos técnicos. Los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado, los Inspectores de los Servicios, los ingenieros y técnicos informáticos destinados en la estructura ministerial, todos ellos conforman un panel inigualable de capital humano que, de aprovecharse eficazmente, constituyen un formidable instrumento para el servicio de los intereses generales.

Ha instalado en su despacho una boutique low cost de propaganda política desde la que emitir los mensajes más falaces y ondear las banderas del oportunismo más ramplón

Lejos de aprovechar con eficacia lo anterior, la actual ministra de Hacienda ha instalado en su despacho una boutique low cost de propaganda política desde la que emitir los mensajes más falaces y ondear las banderas del oportunismo más ramplón.

Se ha podido percibir así en su particular cruzada contra la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado sucesivamente de ser un paraíso fiscal -demostrando ignorar lo que es ésto-, de practicar dumping fiscal -evidenciando desconocer en qué consiste esta práctica-, o de ser insolidaria -ignorando los datos cuantitativos de la aportación madrileña al Fondo autonómico con el que se financian los servicios públicos fundamentales en toda España-. Si hubiera consultado a la Secretaría General de Política Fiscal Territorial del Ministerio de Hacienda se le hubiera explicado la falsedad de sus afirmaciones.

Se percibió también cuando apoyó la estrambótica propuesta del presidente valenciano, consistente en crear un nuevo impuesto cuyo hecho imponible fuera tener la residencia en Madrid. Si hubiera consultado a la Dirección General de Tributos habría descubierto que la pretensión de Ximo Puig suponía anatemizar a los madrileños.

Se ha percibido asimismo cuando se refiere a las subidas tributarias que nos ha impuesto su Gobierno y al “impuestazo” que proyecta imponernos recurriendo a esa manida y simplona idea: "¡Que paguen más los que más tienen!" Si hubiera escuchado a los opositores que estudian para ingresar en su Ministerio habría aprendido que la multiplicidad y diversidad con las que se manifiesta la capacidad contributiva no pueden embutirse en semejante ramplonería.

En ningún país miembro (salvo en España) se exige el vetusto Impuesto sobre el Patrimonio que ella y Pedro Sánchez se empeñan en seguir exigiendo a los españoles

Desgraciadamente, se percibe al comprobar los varios saltos en el vacío que ha obligado a realizar a sus expertos fiscales para cumplir con el encargo recibido de proponer en su Libro Blanco la prohibición a la Comunidad de Madrid de dar a sus residentes el mismo trato fiscal que reciben todos los residentes en la Unión Europea. En ningún país miembro (salvo en España) se exige el vetusto Impuesto sobre el Patrimonio que ella y Pedro Sánchez se empeñan en seguir exigiendo a los españoles. Prohibir que la presidenta Díaz Ayuso aplique a los madrileños una fiscalidad europea es ir contra la Historia y hacerlo tan solo por banderías políticas.

Pero entre lo percibido, clama ya al cielo que nuestra querida ministra encargara a sus expertos ¡analizar la fiscalidad con perspectiva de género! Pero ¿Qué broma es esta señora Montero? El género no constituye indicio alguna de capacidad de pago. Si hubiera preguntado a la Agencia Tributaria le habrían enseñado que en ninguno de nuestros impuestos se modula la caga tributaria exigida al contribuyente en razón de su género.

¿Pretendía usted que así fuera con la reforma que proyecta? O, sencillamente, su pretensión era aprovechar cualquier circunstancia, incluso los trabajos preparatorios de una reforma fiscal, para enarbolar de manera improcedente y oportunista una bandera de su credo político. Sepa usted que los impuestos son una cosa tan seria como detraer coactivamente a un individuo una buena parte de los recursos que ha generado con su trabajo. No es de recibo utilizarlos para sus juegos partidistas.

Se publicaban el sábado unas manifestaciones de José Bono en las que opinaba que Montero (la otra) y Belarra no podían seguir siendo ministras, basando su afirmación en la posición que mantienen ambas ante el criminal asedio que sufre el pueblo ucraniano. Si Pedro Sánchez le hiciera caso, que no se lo hará, podría aplicar aquello de dos por el precio de una y cambiar al tiempo a la titular de Hacienda.

Como para desgracia de los españoles las tres van a seguir en el Gobierno, bueno sería que por lo menos la Montero de Hacienda se dedicara a gestionar seriamente su Ministerio apoyándose en el magnífico equipo humano del que dispone y cerrando la boutique de marketing político que tiene abierta en su despacho.

vozpópuli

jueves, 10 de marzo de 2022

Hacienda tiene 2.000 millones para bajar la factura de la luz y Bruselas le empuja a usarlos

 El aumento del mercado de los derechos de emisiones ha generado unos ingresos extra para las arcas públicas. La Comisión Europa insta a los gobiernos a utilizar esta partida para ayudar a los consumidores.


Hacienda tiene 2.000 millones para bajar la factura de la luz y Bruselas le empuja a usarlos
 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Europa Press0


«Los países miembros también pueden utilizar que los ingresos por el mercado de derechos de emisiones han sido superiores a lo previsto», informaba la Comisión Europea en su comunicación sobre la crisis energética. Un mensaje directo para el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de recaudar esta tasa verde. Según estiman los Presupuestos Generales del Estado de 2022, esta partida se elevará este año hasta los 2.000 millones de euros.

Una cifra que engorda un 61% a los 1.240 millones de euros que recaudó Hacienda en 2020, según consta en los últimos Presupuestos. Hasta agosto de 2021, la recaudación por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero fue de 1.557 millones de euros, un 25% más que en todo el ejercicio anterior. Los PGE pronosticaban en octubre que, a cierre de 2021, esta vía de ingresos patrimoniales engordaría hasta los 2.335 millones de euros y se moderará, aunque levemente, hasta los 2.000 millones de euros en 2022.

«Las causas del crecimiento son el aumento del volumen de derechos distribuidos por España, pero, sobre todo, la fuerte subida de los precios (el precio medio en 2021 casi duplica el de 2020)», informan los Presupuestos Generales del Estado de 2022. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, las previsiones eran ingresar 1.200 millones de euros.

El Gobierno consideraba que 2021 se iba a cerrar con un precio de 25 euros/tonelada de CO2. Pero el mercado se ha descontrolado en ese periodo y ha duplicado la previsión hasta cerrar el ejercicio con precio de 53,55 euros/tonelada. Y para 2022 la previsión se queda aún más corta. La media para los dos primeros meses de este año es de 84,79 euros/tonelada. Se espera que la recaudación para este año supere con creces a 2021, aunque desde el Ministerio de Hacienda no han actualizado sus cifras pese a la solicitud de Vozpópuli.

La Comisión Europea explica en su comunicación de este martes que, en un primer momento, los fondos de este mercado de derechos de emisión tenían como principal objetivo financiar proyecto destinados a la descarbonización de la economía. En particular, inversiones centradas en la eficiencia energética, la transición energética y la innovación en tecnologías limpias. Ahora, Bruselas da luz verde a que los países miembros pueden utilizar los ingresos para financiar los aspectos sociales en los hogares de ingresos bajos y medios.

Hacienda aprovecha la especulación

El aumento del coste de contaminar es lo que buscaba la Unión Europea en 2005 cuando creó este mercado. La intención era desincentivar con este pago las emisiones para cumplir el protocolo de Kyoto y reinvertir los ingresos de este mercado en proyectos medioambientales.

Un mercado donde los miembros de la Unión Europea y sus empresas negocian los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Un sistema similar a la Bolsa donde, en vez de pagar euros por acciones de una empresa, se compran y venden las toneladas de CO2 que se puede emitir. Estos derechos son demandados por los dueños de industrias que necesitan contaminar, como centrales térmicas, cogeneración o refinerías. Lugares con gran protagonismo en la producción energética que, si tienen que pagar muy alto ‘la multa’ de contaminar, la energía que producen se dispara. 

Los inversores se han unido a empresas y países miembros para competir en la rentabilidad de este mercado de emisiones compuesto en cerca de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que tiene la Unión Europea, de los que pueden hacer uso 10.000 instalaciones con autorización para explotar estos derechos.

miércoles, 19 de enero de 2022

Los expertos de Montero avalan la propuesta de ERC para que Madrid suba impuestos

 ECONOMÍA

Los expertos de Montero avalan la propuesta de ERC para que Madrid suba impuestos

El comité que ha designado Hacienda le entregará su informe a finales de mes. Se muestra partidario de armonizar al alza Patrimonio y Sucesiones con la fórmula de ERC y Podemos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pasa al lado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal considera que hay que armonizar al alza

Patrimonio y Sucesiones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos. Según ha podido saber Vozpópuli, entre las propuestas que recoge con este fin, a la espera de cerrar definitivamente sus ponencias -que debe entregar a finales de enero y que el Ministerio revisará en febrero-, se incluye la que han planteado ERC y Podemos en sendas enmiendas a los Presupuestos de 2021 y 2022.

Se trata de la creación de una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio, un tipo mínimo, que cuando la propuso en primer lugar ERC para las Cuentas de 2021 con el objetivo de recaudar 1.000 millones de euros más fue bien recibida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció que trabajaría en ello, aunque advirtió de que los Presupuestos no eran el marco adecuado para su desarrollo. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba la ley de autonomía financiera para tratar de blindarse de ofensivas en este sentido.

La propia ministra anunció en la presentación de los expertos en abril que pretendía subir Patrimonio y Sucesiones y que la armonización de estos impuestos era uno de los objetivos de la reforma fiscal. Tras delimitar con claridad estos objetivos antes de introducir al comité, preguntada por la independencia de los expertos y el seguimiento por parte de Hacienda de sus propuestas, Montero aseguró que tenían libertad para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. El informe ha alcanzado luego mayor protagonismo ya que se recoge en el Plan de Recuperación como un hito comprometido con Bruselas y como base de la reforma fiscal.

Nueve meses más tarde y después de que hayan dimitido dos de los expertos, los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, como adelantó Vozpópuli, el comité ultima sus trabajos y a pesar de que fuentes conocedoras advierten de que no se planean grandes iniciativas de reforma ni de subidas de tipos, sí que se aboga por la armonización fiscal, un asunto sobre el que algunos de los expertos, incluso desde posiciones cercanas a la izquierda, se habían mostrado en el pasado en contra o al menos partidarios de cierta autonomía o corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Una materia con aristas y que genera distintas posiciones técnicas cuando consigue alejarse del debate meramente político.

Pues bien, la postura de algunos de los expertos partidaria de la autonomía fiscal de las comunidades no ha impedido que, a la espera de su cierre final, la ponencia que se encarga de este asunto avale la armonización. Y la permanencia tanto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la de Patrimonio, ésta más discutida por su desaparición en otros países, sus problemas técnicos y de doble imposición. De hecho, la comisión de expertos que asesoró a Cristóbal Montoro en 2014 para su reforma fiscal, liderada por Manuel Lagares, recomendó suprimir Patrimonio y armonizar Sucesiones. Eso sí, siguiendo la tónica del resto del informe que ultiman, esta ponencia no se decanta por una propuesta en concreto, sino que ofrece opciones de armonización, y entre ellas, la que han planteado ERC y Podemos.

Las posibilidades de armonización que plantea el comité son básicamente dos. La primera es recentralizar el impuesto, compensando la pérdida recaudatoria a las comunidades. La segunda es establecer un suelo mínimo de tributación, un impuesto armonizado en todas. La recentralización podría ser absoluta pero se desarrolla la opción que proponen los socios de Gobierno, mixta, en la que se recentraliza pero se deja cierto margen a las CCAA, que podrían legislar para cobrar más, pero no menos de ese mínimo. Aunque la recaudación sería para las CCAA, existirían dos tramos: el común a nivel estatal (el suelo mínimo) y el autonómico (voluntario para las CCAA). Si el gobierno autonómico todavía quisiese desactivar el impuesto, debería limitarse a recaudar la parte común, al suelo mínimo.

En este escenario, la enmienda de ERC establecía que las competencias de gestión, liquidación, recaudación inspección y revisión corresponderán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de las que pudieran tener las CCAA. La enmienda de Podemos era similar y además planteaba una subida de los tramos estatales más altos.

Bonificaciones a la empresa familiar

Los expertos también plantean, como hace la enmienda de Esquerra, eliminar buena parte de las bonificaciones a la empresa familiar que tiene el Impuesto de Patrimonio, que piden reconsiderar.

En el mismo sentido respecto a Sucesiones y Donaciones, proponen un impuesto armonizado para todas las comunidades autónomas, incluso abrir la posibilidad de que la capacidad normativa sea exclusivamente de la Administración central, sin exenciones, reconsiderando las reducciones actualmente vigentes (seguros de vida y transmisión de empresas familiares), con un mínimo exento general bien estudiado. Hacienda ha dado a los expertos oficialmente de plazo para terminar su informe hasta el 28 de febrero, pero ha estipulado que a finales de enero se lo entreguen y se reserva febrero para analizarlo.

A nadie se le escapa que la armonización que avalan los expertos y que quiere desarrollar el Gobierno de Pedro Sánchez se va a encontrar con la oposición de las comunidades del PP y que puede tener una tramitación complicada. En cualquier caso la Comunidad de Madrid ha optado por blindar su autonomía en una ley, además de anunciar que recurrirá a todos los tribunales e instancias posibles.
vozpopuli

jueves, 21 de octubre de 2021

Repugnante. Votos a favor de los falsos presupuestos a cambio de liberar terroristas.

 

Estos son los dueños de España. ¡¡HAY QUE LUCHAR¡ 


El sentimiento de dolor difundido por Otegi estaba pactado con Sánchez, para liberar a más de 200 presos de ETA encarcelados.

En plena negociación presupuestaria el Gobierno niega de lleno que tras el apoyo ya declarado de Bildu haya ninguna estrategia para liberar a los 217 presos etarras que siguen en las cárceles. También negaba su apoyo a los presos del proces catalán.

En esta ocasión, Sánchez podría prescindir de los votos de BILDU, sería suficiente con “”COMPRAR “” el voto de un diputado de Cs o de los canarios, para aprobar los presupuestos. Pero Sánchez no puede olvidar que el PNV tiene como socio de Gobierno a BILDU en el Gobierno vasco y se supone que votarán en el mismo sentido. Es el problema de la democracia “pactosa”, la mayoría de las veces votas a la derecha para que gobierne la izquierda o viceversa. Por ejemplo en Cataluña, los votantes del partido que lidera Puigdemont más cerca de la extrema derecha que del centro, apoyan a la Izquierda de Junqueras, una izquierda prosoviética. Decía Jordi Pujol que el comunismo es la peor pandemia jamás conocida.

 


La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho poco antes en los pasillos del Congreso que «yo con Bildu sólo hablo de números», aunque en su departamento admiten que forma parte de la negociación hablar de asuntos como la reforma laboral o el ingreso mínimo vital, «en ningún caso nada que tenga que ver con política penitenciaria». En la misma medida niegan la existencia de una vía paralela de negociación bajo el argumento de que «nosotros lo sabríamos». Pero ¿cuándo ha dicho una verdad esta servil con sueldo de ministra?


En Éibar, Arnaldo Otegi, ante su militancia afirma que «si para sacar a nuestro presos de la cárcel hay que votar a favor de los presupuestos, votaremos. Está claro  que el mensaje ante los suyos en reacción al comunicado leído por la mañana reconociendo el dolor de las víctimas del terrorismo, estaba pactado.

La salida carcelaria de los terroristas hay que enmascararla, al menos como ha hecho el ministro Marlaska con el traslado de los criminales etarras a prisiones vascas. La digestión política del festín bilduetarra no se puede hacer con empacho. Hay que dosificarla y el presidente del Gobierno, castigado en los flancos por Pablo Casado, ha tenido que comprometerse ante el Congreso de los Diputados con un no que significa: “Amigo Otegui, haremos la operación con más tiempo, con más dinero y con más cautela”. Existe el convencimiento en la oposición de que Sánchez cederá todo lo que sea necesario para garantizarse los votos bilduetarras directa o indirectamente. Resulta más confortable políticamente para el líder socialista pagar con dinero contante y sonante a Otegui, pero el antiguo terrorista se empecina en el órdago de la liberación de presos, Pedro Sánchez terminará por encontrar con alta probabilidad la fórmula para satisfacer las exigencias del dirigente abertzale. Puede que ahora sea demasiado tarde.

 Blog de Juan Pardo.

lunes, 9 de agosto de 2021

El Ministerio de Montero desconoce el origen de 1002 empresas públicas

 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tiene la responsabilidad de encontrar a dónde pertenecen un total de 1002 organismos para poder poner al día las cuentas públicas.


María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tiene el difícil reto de conseguir encontrar a qué ayuntamientos pertenecen las 1002 empresas, fundaciones, consorcios y asociaciones públicas cuyo origen es desconocido. El Ministerio quiere poner en orden las cuentas públicas y recolocar este entramado organizado por las Administraciones Públicas. 

El Ministerio a cargo de Montero tiene dificultades para saber a que ayuntamientos pertenecen muchos de sus organismos dependientes que han sido configurados ajenos a su administración. Hacienda no sabe la vinculación de uno de cada cuatros organismos e incluso desconoce el sentido de sus existencia, en total 1002 entidades de las 17.160 del total de organismos públicos. 

 

La pandemia ha aumentado un 3,1% el número de empresas de dependencia desconocida siendo 972 a finales de marzo de 2020, en muchos casos estas organizaciones se crean para centrifugar el déficit de sus servicios generales en los años más duros de las crisis económica y para que los partidos puedan colocar a sus compromisos.

Según un estudio realizado por este departamento, esta situación afecta especialmente a las asociaciones (no se conoce la dependencia del 91% de las existentes) y de las fundaciones (no se sabe la titularidad del 47%). En concreto, 566 de las 1.002 entidades sin dependencia conocida son asociaciones (el 57%), pero también hay 289 fundaciones (29%), 92 empresas (9%) y 54 consorcios (5%), así como una comunidad de usuarios.

Hacienda desconoce por qué se crearon

En total, hay 3.177 entes dependientes cuya participación es conocida. El 80% corresponde a los ayuntamientos, mientras que las diputaciones disponen del 15% y el resto se lo reparten las comarcas, las mancomunidades y las áreas metropolitanas. Es curioso que Hacienda reconozca que, entre este conjunto haya entidades pendientes de ser clasificadas. 

La mayor parte estos organismos son entidades que desempeñan funciones que deberían desempeñar los propios ayuntamientos. Dentro del entramado algunas empresas se crearon para obras públicas pero se han mantenido en el tiempo en el sector público o para externalizar diferentes servicios que ya se realizaban y conseguir así la dotación económica que corresponda.

Pero sin duda la mayoría de estos organismo se crearon para contabilizar la deuda de forma externa a las cuentas generales. Y es que, la mayoría de los mismos compiten con actividades privadas y muchos de los servicios que prestan deberían ser realizados directamente por la propia corporación municipal.

domingo, 8 de agosto de 2021

Desprestigio, mentiras y globos sonda

 ¿A que no hay para subir los impuestos a los ‘ricos’ de Barcelona, Bilbao, Valencia o Palma?


Hace meses Gabriel Rufián (sí, sí, ese genio portavoz de ERC en el Congreso) se nos destapó como un experto fiscalista y apuntó cómo asfixiar más a los madrileños vía impuestos. La ministra de Hacienda recogió el guante y luego pasó lo que pasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Normal.

Han pasado tres meses y Ximo Puig y todo el independentismo catalán vuelven a las andadas: la culpa es de Madrid (y de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto) y solo cabe subir los impuestos a los madrileños. ¿Por qué? Porque sí.

En estas que aparece el ministro Escrivá (que dicen que es el que sabía de estas cosas) y asegura que subir impuestos en grandes núcleos de

 población «tiene mucho recorrido». Se confirma que el ministro de Seguridad Social es el único en este Gobierno que dice la verdad, aunque María Jesús Montero le desmintió. ¿No se dan cuenta del espectáculo?

¿Qué pasa? Pues que cuando Escrivá habla de gran núcleo de población se refiere ‘solo’ a Madrid, pero se me ocurren otros grandes núcleos de población con ‘muuuuchos’ millonarios. Por ejemplo, Barcelona, Bilbao, Valencia y Palma de Mallorca.

¿A que no hay... para que un ministro diga que va a subir los impuestos ‘solo’ allí? ¿Qué diferencia hay entre un rico de Madrid y uno de Coruña, Málaga o Santander? ¿Por qué el de Madrid tiene que pagar más que los otros?

Se confirma que por el poder, sólo por el poder y todo por el poder (hasta la dignidad) tendremos que seguir pagando las neuras independentistas, las vacaciones al ‘zumbao’ de Waterloo, o la vida padre de las dos de Suiza. Lo que no reconocen los Ximo Puig, Fernández Vara, Lambán o García-Page es que después de los madrileños irán todos los demás. Y lo saben.

Mentiras, globos-sonda y desprestigio final. Y, por supuesto, la ruina.

PD: ¿No hay nadie que le diga a Pedro Sánchez que las desigualdades y esa puñetera bilateralidad con Cataluña, proclamadas desde el mismísimo Gobierno, es lo que nos está arrojando por el precipicio?

Ángel Expósito