La Fiscalía del Supremo da carpetazo a la investigación del Rey emérito

 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado este miércoles el archivo de la investigación abierta sobre el patrimonio en el extranjero de Juan Carlos I. En los decretos de archivo, firmados por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, el Ministerio Público considera que no hay indicios de criminalidad sólidos contra el monarca emérito como para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. En los dos decretos, la Fiscalía enumera todos los hechos por los que se ha investigado al Rey emérito: las posibles comisiones del AVE a La Meca, los regalos recibidos por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause y la fortuna oculta en la isla de Jersey. El Ministerio Público concluye que no cabe perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón por su condición de inviolable mientras fue jefe del Estado, por la prescripción de los hechos delictivos, por las regularizaciones fiscales y por falta de indicios de delito en otros casos. Sobre las comisiones del AVE a La Meca, el Ministerio Público subraya que la investigación no ha podido establecer, "siquiera de modo indiciario", vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna. "Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado que Don Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito", informa la Fiscalía. En el caso de los regalos del mexicano Sanginés-Krause, la Fiscalía indica que "no existe constancia de contraprestación alguna por las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por Allen Sanginés Krause a Murga Mendoza y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto" el monarca. Sobre la fortuna oculta en la isla de Jersey, a través del trust The JRM 2004, el fiscal explica que entre los años 2004 y 2021 "no existe indicio alguno que permita vincularlo" con el Rey "ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas". La Fiscalía explica que el JRM 2004 Trust fue constituido en Jersey el 9 de marzo de 2004 por Joaquín Romero Maura, con unos fondos iniciales de 14.923.604 euros. Los fondos procederían a su vez de la liquidación de dos trust el 9 de marzo de 2004. El primero de ellos, Tartessos Trust, fue fundado en 1995 con aproximadamente 4.000.000 de dólares; y el segundo, Hereu Trust, en el año 1997 con alrededor de 1.000.000 de dólares. Estos dos trust fueron constituidos en Jersey por Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo de Don Juan Carlos, fallecido en el año 2009. "Puesto que no existe documentación soporte de estos trust, no se conoce el origen de los fondos con que fueron creados. La finalidad de ambos trust era apoyar al entonces Rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario", recalca el fiscal.

Las regularizaciones fiscales

En el caso de las regularizaciones fiscales, el fiscal jefe de Anticorrupción explica que las notificaciones de incoación de diligencias de investigación no podían tener, "en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización que contempla el inciso final del apartado 4 del artículo 305 del Código Penal". El citado artículo sostiene que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias". "La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón", recogen los decretos de archivo.

Indicios insuficientes

Por otro lado, en un comunicado, el Ministerio Público explica que se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 a través de la fundación panameña Lucum "en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, cuyo titular real fue Su Malestad Don Juan Carlos de Borbón, que "superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito". Sin embargo, el fiscal Luzón explica que la posible responsabilidad penal de los ejercicios de 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. "No así la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 don Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado". En conclusión, la Fiscalía admite que la investigación desarrollada en el marco de estas diligencias de investigación no permite "ejercitar acción penal" alguna contra don Juan Carlos. El monarca emérito ha sido investigado durante más de dos años por la Fiscalía por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. En el último mes, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha retrasado la notificación de los decretos de archivo sobre el patrimonio del Rey Emérito. Delgado no quiso dar a conocer los citados documentos antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León ni tampoco durante la crisis del Partido Popular.

 

Sánchez, en el Hemiciclo, frente a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa.

Otegi exige a Sánchez ahora desmantelar la Fiscalía de la Audiencia Nacional

En el interminable "mercado persa" en que el PSOE ha convertido la política penitenciaria contra ETA, Bildu presenta una nueva factura al inquilino de La Moncloa tras el acercamiento masivo.

 | J.R.V España

  

El frente vasco de la coalición Frankenstein, integrado por PNV y Bildu, no están dispuestos a aflojar en el cobro de uno de sus principales peajes a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo: la voladura total de la política penitenciaria, el blanqueo definitivo del brazo político de ETA y la neutralización de los últimos resortes judiciales y policiales que combatieron a los terroristas durante más de cuatro décadas.

Sánchez facilita la salida de prisión del asesino de un concejal del PSOE

 

Mientras el Ministerio del Interior sigue acelerando su calendario de vaciado de las cárceles españoles -como ha informado ESdiario- , iniciativa paralela a la entrega al Gobierno Vasco de la gestión de las prisiones vascas, en Bildu se sigue trabajando en la agenda de los presos con una nueva exigencia al Gobierno.

Según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar ESdiario, dirigentes del partido de Arnaldo Otegi han trasladado a sus interlocutores del Gobierno -a través de sus intermediarios habituales y de altos cargos del PSE- la urgencia por renovar la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su día uno de los pilares de la lucha antiterrorista.

En concreto, Bildu exige "cambios de calado" en la delegación del Ministerio Público de la Audiencia. El motivo es que los fiscales de este órgano son los competentes en los informes sobre los beneficios penitenciarios de los reclusos de ETA. Y es que es a la Sala de lo Penal de la AN donde llegan los recursos de la Fiscalía contra los permisos -los últimos muy polémicos por su laxitud- que conceden los jueces de Vigilancia Penitenciaria.

En la cúpula de Bildu, a la que a través de Sortu se acaba de incorporar el exjefe de la banda, David Plá, hay creciente preocupación por la decisión de los fiscales de exigir nuevas y más determinantes pruebas del arrepentimiento de los presos terroristas antes de acceder a las progresiones de grados y a los acercamientos. Más aún, después de que la AVT y Covite hayan recurrido muchas de ellas alegando que los terroristas estan usando cartas tipo de arrepentimiento que se limitan a firmar en cadena.

Pedro Sánchez, aplaudiendo al nuevo secretario general del PSOE vasco, Eneko Andueza.

 

Por eso, ante la negativa del colectivo de presos etarras ha asumir una petición de perdón a sus víctimas mucho más expreso y menos ambigüo, Bildu exige a Sánchez que renueve a los actuales fiscales de la Audiencia Nacional o los releve por otros más susceptibles de recibir instrucciones de la fiscal general, Dolores Delgado.

El líder del PSE cara a cara con Otegi

Precisamente este miércoles, el nuevo líder del PSE, Eneko Andueza, y Arnaldo Otegi se reunirán  en Bilbao en pleno debate sobre la reforma laboral, que debe convalidarse en el Congreso de los Diputados.

Bildu ya ha anunciado que no respaldará esta modificación legislativa si no se incluyen medidas como la prevalencia de los convenios autonómicos, la indemnización por despido de 45 días o el control público de los Expedientes de Regulación de Empleo.

Se espera que en el encuentro, las direcciones políticas de Bildu y el PSE-EE aborden esta cuestión, entre otras. La reunión se enmarca la ronda de contactos que realiza la nueva dirección socialista con partidos, organizaciones sindicales y sociales vascos.

 

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Dolores Delgado

Los fiscales dan un golpe en la mesa y exigen la dimisión de Dolores Delgado

La mayoría de los fiscales exigen públicamente ya la salida de la Fiscal General del Estado, a quien ven a las órdenes de Sánchez y desprestigiando su función.

28 noviembre 2021 10:25 | Yolanda Lorenzo España

  

Fue Pedro Sánchez quien la nombró a dedo. Pero también quien la dejó señalada de por vida tras acceder así a la Fiscalía General del Estado poco después de abandonar el cargo de ministra de Justicia del PSOE. Y los fiscales han dicho basta, con un sonoro manotazo en la mesa contra la continuidad de Dolores Delgado.

Que lo digan sus "compañeros y subordinados", en un ámbito donde la jerarquía formal no evita la autonomía de cada profesional, es muy relevante: ya no es la oposición, sino los propios fiscales quienes denuncian la politización del órgano acusador en la Justicia española en un momento clave que, de prosperar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) les daría a ellos la instrucción de los casos en sustitución de los jueces, limitados a dictar sentencia.

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Y es que la Asociación de Fiscales ha exigido este fin de semana la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por, a su juicio, carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y sus "erráticas y sectarias" actuaciones.

Tras la celebración su XXIII congreso, celebrado en Zaragoza durante los días 26 y 27 de noviembre, la asociación ha exigido la dimisión de Delgado argumentando que sus decisiones ante la Fiscalía General del Estado han causado "un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal" y que su permanencia en el cargo es "incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen" en la institución.

El caso del Fiscal Stampa

La Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera fiscal- ya se pronunció en contra de Delgado debido a las insuficientes explicaciones dadas por la Fiscal sobre la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

En un comunicado recogido por ESdiario, la asociación asevera que el procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal General del Estado tiene que garantizar la independencia del mismo frente al Gobierno. Algo que el Tribunal Supremo dio por cumplido recientemente, más por la evidencia de que el nombramiento fue legal que por la sensación de que fuera idóneo dada la evidente vinculación de la Fiscal General al presidente Sánchez.

Delgado está sobre un polvorín por su dependencia de Sánchez y sus relaciones con Villarejo, Garzón o Podemos

Así, y defendiendo la independencia de la institución, la Asociación de Fiscales reclama, "ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional" de Delgado, un nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, "imprescindible para asumir la investigación con garantías", reza el comunicado.

En este sentido, abogan por que se vuelva a una política de nombramientos "motivada en los principios de mérito y capacidad" abandonando la "arbitrariedad que impera en los nombramientos de la Fiscal General del Estado".

Con todo esto, la Asociación de Fiscales quiere "ensalzar y reivindicar el trabajo riguroso" de los integrantes del Ministerio Fiscal que promueven la acción de la justicia "desde la imparcialidad y con sometimiento pleno a la legalidad".

A la relación de Delgado con Sánchez se le añaden otras sospechosas conexiones con el excomisario Villarejo; su aparente desdén hacia las causas que afectan a Podemos; su inquina al Rey Juan Carlos y sus maniobras contra el fiscal Stampa. Todo ello, unido a su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, componen un cóctel explosivo que, de momento, no le ha pasado factura por la férrea protección de Moncloa.

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Posiblemente, el mayor logro en beneficio de la humanidad tuvo lugar durante el siglo XVIII en la Francia revolucionaria. Allí germinó el moderno Estado de Derecho que, en evolución constante, alcanzó su cénit en los albores del siglo XXI. En la Francia ilustrada nacieron ideas hoy consideradas irrenunciables como sustrato de la dignidad humana. Ideas tales,  como la libertad política, la igualdad o la separación de los poderes del Estado, las cuales fueron abrazadas por una pujante burguesía que ya había alcanzado un gran poder económico y que provocó el benéfico efecto de clausurar el Antiguo Régimen residenciado en una Monarquía decadente.

El mayor aporte  histórico fue, a nivel jurídico y social, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en la cual se inspirarían todas las venideras declaraciones y convenios internacionales sobre derechos humanos. En ella se establecieron una serie de derechos universales inherentes a la condición humana; derechos que no crearon los revolucionarios, sino que se limitaron a constatar. Todos ellos de tan hermosa factura como el contenido en el artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Se alude a la libertad como todo aquello que no perjudica a nadie y sólo la ley puede limitar; se habla de la presunción de inocencia y de la irretroactividad de la ley; de la libertad de opinión, de prensa y de conciencia; del principio de igualdad frente a la ley; de la igualdad para acceder a los cargos públicos solo con base en las capacidades individuales. Se refiere a la ley como expresión de la voluntad general y fuente de los poderes públicos; se recuerda que los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella. Constata cuales son los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

¿Cuánto de esto está llamado a desaparecer o desaparecido en la España socialista? Analicemos el art. 16: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución. Me pregunto si en el Ministerio de Justicia que impulsó la reforma de la LOPJ que acabó por convertir al órgano de gobierno de los jueces en una especie de subdirección general de aquel, y por elegir a sus integrantes "a dedo" entre los dos partidos mayoritarios con el apoyo de los partidos bisagra y sin intervención efectiva por parte de sus gobernados, los jueces, son conscientes de lo que han hecho con la separación de poderes. Un Consejo con capacidad de sancionar disciplinariamente a los jueces incómodos con el verdadero -único, en realidad- poder, de elegir para los altos tribunales a los magistrados llamados a juzgar, en su caso, a ministros, diputados, senadores y miembros de los parlamentos autonómicos, de informar las leyes y de nombrar, si un nuevo atentado a la independencia judicial se consuma, a los presidentes de los tribunales de instancia que ejercerán un poder desconocido sobre los restantes jueces desapoderados también de la instrucción del procedimiento penal una vez que el nuevo Código procesal penal deje en manos de los fiscales (subordinados jerárquicamente al Fiscal General del Estado elegido por el gobierno y que, a día de hoy, recae en la pareja de Garzón, juez inhabilitado y ministra de justicia porque así quiso Pedro Sánchez) la investigación de los delitos bajo el inédito principio de oportunidad (a ti te investigo y a ti no).

Y si la separación de poderes peligra de tal manera, no digamos el aseguramiento de la garantía de los derechos. ¿Están garantizados esos derechos de los ciudadanos con una ley de tasas que obstaculiza a millones de ellos el acceso a la tutela judicial efectiva? ¿Sabían que los asuntos civiles han disminuido en un 25% desde la vigencia de dicha ley? Varios miles de injusticias y quejas no tienen acceso a los tribunales; solo las grandes empresas y los ricos acceden con normalidad a ellos; se ha favorecido la impunidad de las administraciones públicas (exentas de tasas); no se ha recaudado con ellas ni la tercera parte de lo previsto, la cual tampoco se ha destinado a financiar la justicia gratuita como se decía; y, sin duda, va a convertirse en caldo de cultivo del conflicto social.

 

¿Conflicto social? ¡Ah! Para resolverlo expeditivamente tenemos otro ministro a mano: el de interior. El mismo que afirma sin rubor que las cuchillas de la valla –indultadas- que nos separa de África solo producen erosiones superficiales a quienes entran en contacto con ellas tratando de escalar dicha valla, también bendice que el escalamiento de edificios públicos con fines reivindicativos sea severamente sancionado en su autoritaria ley de seguridad ciudadana, lo mismo que hacer botellón o sacarle fotos a la policía en las manifestaciones (por cierto, a agentes que van con una armadura integral que les hace irreconocibles). Dice el art. 12 de la declaración francesa de hace tres siglos que, siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. ¿De verdad que esa fuerza, que ha dado muestras claras de su espíritu democrático desde la Transición no está empezando a ser utilizada no en beneficio de la comunidad, ni tampoco en provecho propio, sino para proteger a quienes mueven los hilos? ¿Cómo si no entender la sanción de los incómodos escraches que no han tenido la respuesta judicial que esperaba el gobierno? ¿Cómo si no entender las gravísimas sanciones económicas previstas para quienes se manifiesten ante el Congreso, Senado u otros organismos que tampoco han sido sancionados por el Poder Judicial? ¿También esta vuelta de tuerca es culpa de la crisis o en realidad es culpa de una ideología represora de las libertades?

Blog de Juan Pardo.

El Tribunal Supremo se mostrará en contra del indulto a los condenados por el 'procés'

 

La Fiscalía ya ha emitido sus informes desfavorables a la medida de gracia y todavía queda el pronunciamiento de la Abogacía del Estado antes de que el alto tribunal decida, aunque su resolución no es vinculante

CARMEN LUCAS-TORRES 

Manuel Marchena, en la Sala del Tribunal Supemo. EFE

El Tribunal Supremo no respaldará el indulto a los políticos condenados por idear una ruta de independencia de Cataluña y organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 para dicha región sea cual sea el sentido del informe de la Abogacía del Estado al respecto.

El presidente Pedro Sánchez y distintos miembros de su gobierno han hecho manifestaciones en los últimos días dando por hecho que concederán el indulto para éstos en beneficio de la «reconciliación y la convivencia en Cataluña». Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina pero la decisión de la Sala Segunda del alto tribunal quedará al margen de cualquier calendario político y los magistrados no tienen ninguna intención de influir en éste. Su decisión será consecuente con los pronunciamientos que ha tenido hasta el momento, según trasladan a El Independiente.

Es decir, se mostrarán contrarios a conceder el indulto a los 12 políticos catalanes condenados a entre nueve y trece años de prisión por los delitos de sedición y malversación en la sentencia del procés o con multa e inhabilitación por el delito de desobediencia.

Queda por ver cómo materializarán el pronunciamiento teniendo en cuenta que el indulto, según la ley de 1870 al respecto, permite al Gobierno concederlo aunque cuente con el informe desfavorable y no vinculante del alto tribunal al respecto, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado.

«No se les condenó por perseguir la independencia»

Precisamente los magistrados que juzgaron a los políticos independentistas por el procés ya revocaron, el pasado 4 de diciembre, el régimen de tercer grado penitenciario que les concedió la Generalitat de Cataluña. También denegaron la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que suponía un régimen de semilibertad por su «falta de conexión con un proceso de reinserción».

Para rechazar el tercer grado, la Sala destacó que «es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte».

Además, los magistrados quisieron dejar claro en dicho pronunciamiento que los miembros del gobierno de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española, y los líderes de las entidades independentistas Ómnium Cultural y ANC no fueron condenados por sus ideas políticas, sino por transgredir las normas constitucionales. «Ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema», afirmaron.

«Solicité el indulto porque los condenados no lo pedirían al requerir una asunción de culpabilidad»

Sin embargo, en la petición de indulto que se presentó para cada uno de los condenados en la sentencia del procés -a cargo del abogado penalista Francesc Jufresa- y que puso en marcha la maquinaria del indulto en el Ministerio de Justicia añadiéndose a ésta el resto de peticiones, se afirma que los condenados fueron castigados por perseguir una meta política y legítima.

Los fiscales de Sala del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio por el proceso independentista ya presentaron sus informes en contra de la concesión del indulto.

Expusieron, entre otras cuestiones, que el indulto «no se trata de una medida que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia» y que está previsto para «circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública que no se dan en este caso y que nunca se deben identificar con «motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos».

Los fiscales también aprovecharon sus escritos para reivindicar que se hubiera condenado a los políticos catalanes por rebelión y no por sedición como finalmente decidió la Sala Segunda. Por lo tanto, y a la espera del contenido del escrito de la Abogacía del Estado, es previsible que aunque la Sala no suscriba los escritos del Ministerio Público rechace que se conceda la medida de gracia a quienes decidió condenar por perseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.

LA FISCALÍA, JUGUETE DE PEDRO SÁNCHEZ

Frenesí fiscal. El órgano que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, ha acometido en un solo día tres operaciones de gran calado. De entrada, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar a Juan Carlos I por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo a cuenta de las presuntas comisiones del AVE a La Meca. La noticia ha sido recibida con gran alborozo por personajes como Pablo Echenique y Gabriel Rufián, cuyas contribuciones a la democracia en España son de sobra desconocidas.

En segundo lugar, la Fiscalía Provincial de Madrid exige a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la causa contra Franco, titular que a bote pronto ha causado conmoción en la izquierda hasta que han entendido que este Franco es José Manuel Franco, a la sazón delegado del Gobierno en Madrid. Consideran los fiscales que no hubo prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo en la capital, la de la barra libre de coronavirus que estuvo a punto de diezmar la filas femeninas del Consejo de Ministros.

Y para redondear el día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja de rebelión a sedición la petición contra el exjefe de los Mozos, Josep Lluís Trapero, y prepara el terreno para una condena por desobediencia que no implicaría el ingreso en prisión del tipo que puso a 17.000 hombres armados al servicio de obstruir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sofocaran el golpe de Estado separatista en Cataluña.

Jornada magistral para la Doctrina Sánchez sobre la función y dependencia de la Fiscalía y refutación en toda regla de la separación de poderes en España. La fiscal general, Dolores Delgado, sí que sabe lo que hay hacer, no como su antecesora María José Segarra, con la que no había manera de meter mano en la Fiscalía.

Ahora ya saben a qué atenerse los refractarios al poder popular de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, el tricornio que se enfrentó a Trapero, fue un primer aviso. El paquete al emérito, el segundo.

Mientras tanto, la Fiscalía pasa de las revelaciones sobre la financiación ilegal del PSOE madrileño de Rafael Simancas, rebautizado en las redes Simangas, a través de la trama Púnica y Jordi Pujol, alias Pujolone, evasor fiscal confeso y padre del proceso separatista, cumple noventa tacos sin fiscal que le importune.

Pablo Planas ( Libertad  Digital )