Podemos exige a Sánchez caminar hacia un referéndum pactado en Cataluña

Poco ha durado el disimulo en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tan poco, que Podemos ya ha insistido en que el primer paso en las cesiones a los separatistas debe ser -tal y como adelantó OKDIARIO- la garantía del cumplimiento del término “plurinacionalidad”. Pero que el segundo paso y el objetivo de fondo desde el inicio deber ser, según la formación morada, el avance hacia un referéndum separatista pactado y aceptado por La Moncloa.

En las filas moradas señalan que sólo eso cabe dentro de lo que ellos denominan como “evolución democrática del conflicto catalán”. Porque sus planes pasan por crear un “proceso de reconciliación y diálogo” que finalice en un “referéndum pactado”.

Sánchez ya ha recibido el mensaje. Y el presidente en funciones juega con fuego porque, mientras afirma que “todo lo que se haga deberá tener cabida en la Constitución”, lo cierto es que acepta como condiciones del pacto planteamientos que rompen las bases mismas de esa Carta Magna.

La líder del PSOE vasco, Idoia Mendia, ya ha avanzado recientemente que Sánchez renunciará a su promesa electoral de recuperar la tipificación de la organización de referéndum como delito. Un paso evidente en la dirección que reclama Podemos y los separatistas.

"No estará en el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, todo acuerdo con otro partido requiere dejar pelos en la gatera", desveló la secretaria del PSE-EE. Mendia añadió que "la idea" seguirá como "propuesta electoral" del PSOE pero no estará en el programa de Gobierno con los de Pablo Iglesias.

En el preacuerdo con Podemos, como ha recordado la dirigente vasca, se ha recogido que "la crisis catalana se resolverá con diálogo y dentro de la legalidad constitucional", por lo tanto, la propuesta de castigar penalmente los referéndum se diluye.

Por otro lado, ante la petición de ERC de crear una mesa de partidos, los socialistas ya han apuntado que "lo que hace falta en Cataluña es diálogo entre los catalanes" y han recordado que el PSOE "siempre ha estado a favor de que se constituya una mesa de partidos en Cataluña”.

Por otra parte, líderes del PSOE como la propia Mendia han manifestado sobre la política territorial del posible Gobierno socialcomunista, que los socialistas defienden "una reforma constitucional para que la política territorial del Estado se gestione mejor, que la financiación sea mucho más transparente y las relaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España fluyan mejor, y haya menos conflictos competenciales".

Un modelo que no excluye ese referéndum y que encaja con la admisión y defensa que ya ha hecho el PSC en ocasiones de ese mismo referéndum

Torra pide la libertad de los miembros de los CDR detenidos en medio de una bronca en el Parlament

La Cámara catalana vota una propuesta de la CUP que apuesta por la desobediencia

Ernest Maragall y Carlos Carrizosa discuten al final del pleno. En vídeo, Torra grita "libertad" junto al resto de independentistas en el Parlament. Silvia Jardí (ACN) 

El debate de política general que se celebraba este jueves en el Parlamento de Cataluña ha terminado con una monumental bronca entre los diputados y con gritos de "libertad" del presidente, Quim Torra, y otros diputados independentistas dirigidos a los activistas detenidos el pasado lunes y que se encuentran en prisión acusados de terrorismo. La escena, que ha acabado con la expulsión del diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, ha cerrado un pleno que ha aprobado defender "la legitimidad de la desobediencia civil e institucional" como respuesta a la sentencia del juicio del procés cuyo fallo se conocerá previsiblemente en octubre.

La sesión ha recordado a los momentos más broncos que se han vivido durante los últimos años en la Cámara catalana. El Parlament ha aprobado por 69 votos a favor y 25 en contra una propuesta de resolución de la CUP en la que se defiende "la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". El texto también defiende que "el Parlamento de Cataluña reconoce que Cataluña ejerció el derecho a la autodeterminación" en el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 que anuló el Tribunal Constitucional.

35 diputados de Ciudadanos no han participado en la votación, que ha intentado evitar el PSC al considerar que se podían estar desoyendo los continuos requerimientos que en los últimos meses ha realizado el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no ha prosperado la petición socialista para que la Mesa de la Cámara reconsiderase la admisión a trámite de la resolución de la formación anticapitalista.
El texto aprobado se reafirma en "la resolución 1/XI de 2016" que declara el carácter "plenamente soberano" del Parlament, "rechazando las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo". El diputado de la CUP Carles Riera explicó que cometieron un error en la redacción del texto y que se querían referir a la resolución 1/XI del 2015 que anuló el Tribunal Constitucional y que supuso el inicio del proceso soberanista en Cataluña.
El texto aprobado por el Parlament califica de "legítimo y legal" el referéndum, del que se dice que fue "la violencia física, ambiental y jurídica expresada por el Estado español la que impidió la celebración de la votación en las mejores condiciones de normalidad democrática, y que en lugar de perseguir a los culpables de aquella violencia, se ha encarcelado y forzado al exilio a muchas de los responsables" de aquella consulta.
La sesión ha acabado de forma especialmente bronca. Primero han sido los cuatro diputados de la CUP los que han abandonado el hemiciclo del Parlament, en plenas votaciones de las propuestas de resolución, en protesta por la prisión provisional decretada para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes. Al terminar las votaciones, Gemma Geis (JxCat) y Sergi Sabrià (ERC) han solicitado, como había propuesto la CUP, la celebración de una reunión de la Junta de Portavoces para abordar una respuesta a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de decretar prisión provisional para estos siete miembros de los CDR.
Acto seguido, diputados de JxCat y ERC, algunos de ellos en pie, han lanzado gritos de “libertad” entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al lado de un vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, más comedido, lo que ha desatado una bronca con la bancada de la oposición, especialmente con el grupo de Ciudadanos, cuyo presidente, Carlos Carrizosa, ha manifestado su "inmensa vergüenza" por estas muestras de apoyo a los encarcelados y ha dicho sentirse "amenazado por aquellos que respaldan el terrorismo".
La misma propuesta de resolución impulsada por la CUP y aprobada por todo el independentismo tiene otro aspecto que choca con la tradición europeísta que tradicionalmente han reivindicado algunos de estos partidos. Concretamente, se defiende que dentro del ejercicio al "derecho a la autodeterminación" se tendrá que "debatir" y "eventualmente tomar una decisión sobre la pertenencia o no a la Unión Europea, a la Unión Monetaria y Económica, la OTAN y otros organismos internacionales".

De octubre a octubre

Don Hilarión, uno de los protagonistas de la conocida zarzuela «La verbena de la Paloma», afirmaba que «los tiempos cambian que es una barbaridad». No le faltaba razón a don Hilarión. Hay que ver lo que ha cambiado en Cataluña el panorama de las calles a lo largo de un año. El que va de octubre de 2017 a octubre de 2018. El primer día de dicho mes, en 2017, la Policía Nacional tenía que emplearse a fondo para tratar de que la ley no fuera burlada. Hubo serios enfrentamientos entre quienes hacían burla de la legislación vigente, con la lamentable connivencia en muchos casos de los Mossos de Escuadra, que incluso llegaron a entorpecer la labor policial, y los cuerpos de seguridad del Estado: Guardia Civil y Policía Nacional. El independentismo catalán tuvo su jornada de gloria y sus líderes y gestores la aprovecharon para difundir cientos de imágenes, falseadas muchas de ellas, con las que denunciaban lo que denominaban violencia policial y represión del Estado español. Apuntaban a que los heridos, víctimas de esa violencia se contaban por centenares, casi mil, y que los hospitales y centros de salud de Cataluña estaban literalmente colapsados. Al día siguiente -salvo un par de casos- ninguno de los heridos estaba ya en los hospitales. Algo verdaderamente milagroso que va mucho más allá de la profesionalidad y capacidad de los servicios sanitarios de Cataluña. La verdad, como luego se supo, es que ni los heridos eran tantos y que, por el contrario, eran muy numerosos los tramposos. Muchos de los que aparecían como heridos por causa de la brutalidad policial no eran tales y algunos lanzaban acusaciones gratuitas, llenas de falsedades. Nada que a estas alturas nos extrañe porque la mentira forma ya parte indisoluble del relato de los independentistas catalanes. Mentiras sobre el pasado y mentiras sobre el presente. Un año después, el primero de octubre de 2018, Cataluña en general y Barcelona en particular, han vuelto a vivir escenas de agitación callejera y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad-en este caso se trataba de los Mossos de Escuadra-, y los radicales de la CUP. Ahora el culpable de la represión no son las «fuerzas de ocupación» del Estado opresor, es la policía autonómica catalana. Policía que ahora se queja de que la Generalitat los ha dejado a los pies de los caballos. Se quejan de algo que sus mandos, con el comisario Trapero a la cabeza, presuntamente orquestaron hace un año y los Mossos lo secundaron. A quienes entonces dejaron a los pies de los caballos fue a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que se las vieron y desearon para cumplir con lo que era su obligación: tratar de impedir un referendun ilegal. En esta ocasión los líderes independentistas, contra los que han clamado quienes pretendían, entre otras cosas, asaltar el Parlamento catalán, no han hecho circular por el mundo la actuación de los Mossos. Guardan un oprobioso silencio sobre los heridos, que los ha habido, y sobre las cargas protagonizadas por los Mossos. Como también lo guardan sobre el fenomenal fiasco político, amén del económico, que ha supuesto el independentismo quebequés, que ha sido uno de los espejos en que han estado mirándose los independentistas catalanes… hasta ahora. Es que, como decía don Hilarión, los tiempos cambian que es una barbaridad, y es tiempo quien, muchas veces, termina poniendo a cada cual en su sitio. (Publicada en ABC Córdoba el 17 de octubre de 2018 en esta dirección)

José Calvo Poyato Web Oficial.

Ni los expertos que contrató la Generalitat consideran legal la consulta del 1-O

El informe de uno de los dos grandes grupos de observadores internacionales contratados por la Generalitat cuestiona abiertamente la "integridad" del resultado de la votación ilegal del 1-O. El denominado Equipo Internacional de Expertos Electorales Internacionales (IEERT), dirigido por la neozelandesa Helena Catt, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que obra ya en poder de la Justicia, mediante el que certifica que el referéndum ilegal no cumplió con los estándares internacionales y denuncia un sinfín de irregularidades.

Este grupo de 70 observadores que visitó más de 100 puntos de votación en Cataluña y que supervisó lo ocurrido entre las 05.00 y las 20.00 horas, concluye que el referéndum del 1-O no cumplió fielmente con ninguno de los imperativos legales de una consulta electoral.

Destaca inconsistencias en la comisión electoral, la elaboración del registro de votantes y su uso el día de la votación, la organización de los centros electorales, el acceso de los propios observadores el día de la votación, el personal de la mesa electoral, las garantías para el voto secreto, la cadena de custodia de las urnas o el recuento. Así, entre otras cuestiones, los observadores señalan que no pudieron observar "el recuento final de votos". Y por ello rechazan informar sobre la "integridad del resultado final".

Es más, según explica el informe de los expertos a sueldo del Gobierno catalán, se incumplió la obligación de que "al menos dos personas" custodiaran las urnas durante la votación y que "no hubo una comisión electoral en orden".

"En algunos casos nuestros observadores comprobaron cómo los miembros de la organización huyeron con las urnas para esconderlas en un lugar seguro hasta que se cercioraran de que la amenaza policial había cesado", detallan. Y concluyen que en estos supuestos "no hay manera de comprobar que la urna que regresó fue la misma, que ésta hubiera sido abierta o que se hubieran añadido nuevos votos en ella". En este sentido, "no se advirtió ninguna orden clara de preservar la cadena de custodia de las urnas".

También sostienen los observadores del IEERT que "debido a la ausencia de sobres en muchos puntos de votación no es posible comprobar que alguien haya podido introducir varios votos". Un extremo que, de nuevo, "cuestiona la integridad del resultado".

Además, acreditaron cómo "en varios puntos de votación se permitió que votasen personas sin acreditar que estaban en el registro electrónico" o que "los votantes habían podido ya votar anteriormente". Como tampoco se cumplió con la obligación de "anotar el nombre de los votantes" junto a su DNI. Al ser preguntados algunos de los responsables por estos hechos, se indicó por parte de los organizadores que ya chequearían los datos posteriormente. No obstante, señalan que "no pudieron ver ninguna anotación del número de votantes que debían ser chequeados posteriormente en el registro electrónico". Como tampoco se pudo verificar la existencia de "informe alguno de que esa comprobación se hubiera hecho más tarde». En esta línea, los observadores apreciaron «inconsistencia en la utilización del uso del registro electrónico".

Acreditaron además problemas de conexión con la base de datos. Dándose la circunstancia de que "en algunos puntos de votación del centro de Barcelona se ordenó a todo el mundo que pusiera sus móviles en modo avión para reducir la presión sobre la red de la base de datos". Asimismo, señalan que "en diferentes puntos observaron cómo se metían votos en bolsas de basura negras" tras la jornada sin haber podido comprobar si se procedió a su "destrucción" en el punto de votación como es preceptivo. Por lo tanto, señala el grupo de Catt, la "conducta observada en la votación dista del contenido de la ley electoral y de las instrucciones del referéndum".

"En algunos casos, estos cambios fueron anunciados por la Generalitat, pero otros fueron introducidos ad hoc en respuesta a la actuación de las autoridades españolas y al miedo a votar que provocaron".

Los observadores sostienen que no advirtieron indicios de que se falseara el resultado, sino un "esfuerzo" porque se celebrara la consulta más allá del resultado. Pese a todo, reconocen no poder avalar el proceso: "El número de cambios, su escala y su desviación de las normas de la administración electoral plantean serias cuestiones sobre la integridad general del proceso de votación"

elmundo.es

El Gobierno rechaza el referéndum que pide Catalula: “La autodeterminación existe en el marco legal”

Comisión Bilateral Estado-Generalitat

El Gobierno rechaza la posibilidad de que Cataluña pueda convocar un referéndum para independizarse. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Estado que se prevén en el Estatut y lo hará para abordar cuestiones relativas a financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos pendientes.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este miércoles, la primera que se ha hecho en siete años y que ha durado casi tres horas y media.

Ha garantizado “lealtad institucional” a la Generalitat y ha indicado que “no concibe” que el gobierno catalán no la tenga, al tiempo que ha avisado de que “solo se pueden producir avances de verdad si se mantiene esa lealtad institucional”.

n comparación con el anterior gobierno del PP, Batet ha destacado así que este gobierno tiene “un proyecto para Cataluña” y ha celebrado “la recuperación del diálogo como método”.

En este sentido, Batet ha indicado que la reunión ha tenido un tono “cordial y franco” porque cada parte ha expuesto con “normalidad sus posiciones” y se han producido “discrepancias importantes”, sobre todo en la cuestiones relativas al proceso soberanista.

Pero “hablar de las grandes discrepancias es importante, me parece importante que se produzcan en este dialogo en lugar de que se hagan mandando mensajes a través de titulares”, ha añadido la ministra.

Batet ha celebrado el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno y ha proclamado: “El Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña”, y ha asegurado que durante la reunión el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reafirmado en su rechazo a un referéndum de independencia.

La Fiscalía escocesa considera delito de "traición" el 1-O y pide la entrega a España de Clara Ponsatí

La ex consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí 

La Fiscalía escocesa considera que el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña constituiría en territorio británico un delito de "traición" o de "conspiración contra la Constitución por medios criminales". Por ese motivo, pide la entrega de la ex consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, en cumplimiento de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena. El procedimiento judicial en Edimburgo comenzará el próximo 30 de julio.

El pasado 2 de julio, la Fiscalía expuso a la defensa de la ex consejera que iba a respaldar la entrega pedida por España al cumplirse el requisito de la doble incriminación, es decir, que los hechos juzgados en España también constituirían delito en Escocia.

Según expresan los abogados de Ponsatí en un comunicado, esta extradición supondría una "violación del principio de proporcionalidad" intrínseco a la euroorden. Además, según el buffet Aamer Anwar & Co, "hay serias razones para creer" que la entrega de su cliente "violaría la presunción de inocencia, derecho a un juicio justo, el derecho de libertad de expresión y pensamiento, libre asociación y de libertad y seguridad".

La defensa considera "surrealista" que la ex consejera sea acusada de traición "por ejecutar una ley -ley de referéndum y transitoriedad- que fue votada en el Parlamento catalán" los pasados días 7 y 8 de septiembre y que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales.

Ponsatí, fugada de la Justicia desde el pasado 30 de octubre a Bruselas junto al ex presidentCarles Puigdemont y en Escocia desde el 10 de marzo cuando recuperó su plaza en la Universidad de Saint Andrews, continúa declarándose "inocente" y considera que este proceso, en el que se pide su entrega por un delito de rebelión y malversación, es una "persecución política".

Mientras tanto, el crowfunding abierto para sufragar su proceso de extradición sigue recaudando dinero y la cantidad ya asciende a las 278.705 libras (315.926 euros), superando ligeramente la mitad del objetivo fijado en 500.000 libras, a tan solo dos semanas de que se lleve a cabo dicho proceso judicial.

Mañana a las 10 de la mañana hora local (las 11 en España) se producirá la última vista oral antes de que dé comienzo el proceso de extradición, donde se sabrá si finalmente tienen que declarar ante la Justicia escocesa ex ministros del Gobierno de Mariano Rajoy por su actuación durante el referéndum ilegal del 1-O.

El juicio que dirimirá el futuro de la catedrática de la Universidad de Saint Andrews, dónde impartía docencia antes de entrar en el Gabinete de Carles Puigdemont, se prolongará previsiblemente hasta finales del mes de agosto y la defensa contará la participación de 14 expertos, entre ellos "profesores de universidad, abogados, jueces, expertos políticos procedentes de Europa y también de España", según declaró en la pasada vista el abogado Aamer Anwar.

Por otra parte, el actual president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmado su viaje a Escocia el próximo martes 10 de julio, un día después de su visita a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Este viaje surge con la intención de encontrarse con la ex consejera Clara Ponsatí y mostrarle así su apoyo en el proceso de extradición en el que se encuentra inmersa.

El miércoles 11 de julio, el president Torra mantendrá un encuentro con la primera ministra escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, para buscar el apoyo y la compresión de quien en más de una ocasión se ha mostrado simpatizante y a favor de la causa independentista en Cataluña, así como de la causa de Clara Ponsatí, una vez que la Justicia española reactivara la euroorden el pasado mes de marzo.