 La práctica totalidad de los abogados de Cataluña con la ayuda de La plataforma 'Escuela de todos', que reúne a 12 entidades, demandará a la Generalitat por incumplimiento de la sentencia del 25% del castellano en las aulas. Además solicitan que la enseñanza sea el 100% en español y el catalán pase a ser optativo y de pago.
En Cataluña y todo hace pensar que el modelo de la inmersión lingüística, que, por norma general, otorga al catalán el estatus de lengua vehicular para impartir todas las asignaturas, excepto la de Lengua castellana y las materias de Lengua extranjera, aunque cada centro tiene su propia política y en la práctica hacen lo que les ordena el jefe político del clan Lluís Companys, el mayor asesino de catalanes de la historia. Hoy, mártir en proceso de beatificación.
Algo está cambiando en la sociedad civil catalana. Distintas entidades constitucionalistas ganan fuerza, se agrupan y alzan la voz cada vez con menos recato frente al independentismo que domina las instituciones. Y sus miembros lo hacen totalmente desvinculados de los partidos políticos de los que afirman estar «desengañados». Consideran que les han «abandonado» en sus reivindicaciones.
La protesta de un nutrido grupo de abogados que ejerce en Barcelona para que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano evidencia dicha movilización. En los últimos años han surgido en la región distintas asociaciones para evitar que el independentismo se haga con el control absoluto del sector educativo y social. Consideran que el Govern no puede seguir excluyendo a los ciudadanos que no quieren una Cataluña independiente y que la legalidad debe imponerse. Ven la educación como la línea roja, el ámbito donde no puede permitirse un incumplimiento de las resoluciones de la Administración de Justicia y en el que debe garantizarse el bilingüismo reconocido en el artículo tercero de la Carta Magna.
Precisamente la plataforma ‘Escuela de todos’, que aglutina a 12 entidades constitucionalistas lideradas por ‘Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)‘, ha iniciado una campaña en la región para informar a los padres y madres sobre la obligatoriedad, avalada por el Supremo, de que los menores reciban un cuarto de su educación en castellano. Si la Generalitat no ejecuta la sentencia, presentarán una demanda conjunta para exigir su cumplimiento y abrir la puerta a querellarse contra los miembros del equipo del president Pere Aragonés por desobediencia en caso de que se nieguen a cumplir con la exigencia de los tribunales.
«Nos sentimos más fuertes frente al independentismo» «El equilibrio entre constitucionalismo e independentismo en Cataluña es imposible porque ellos cuentan con los fondos y los medios: reciben financiación de los ayuntamientos, de la Generalitat y de los partidos nacionalistas, además del apoyo de muchos medios de comunicación públicos, pero continuaremos con nuestras reivindicaciones porque ahora estamos más unidos que nunca. Nos sentimos más fuertes frente al independentismo», afirma Pepe Domingo, presidente de ‘Impulso Ciudadano‘, movimiento cívico nacido en 2009 con el fin de «promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España», según se autodefinió la asociación en su nacimiento.
Domingo, abogado de formación, fue diputado de Ciudadanos entre 2006 y 2009, pero ahora no pertenece a ningún partido político. Antes de que estallara el procés ya era una de las principales voces del constitucionalismo en Cataluña y en este momento su papel de asesoramiento jurídico es clave para la coordinadora de asociaciones ‘Escuela de todos’.
Jóvenes con representación en la Universidad En dicha unión de entidades también se encuentra ‘S’ha Acabat!‘, un grupo de jóvenes constitucionalistas con representación en los campus universitarios catalanes que centra gran parte de su actividad en denunciar campañas que consideran excluyentes y persecutorias por parte de sindicatos «pancatalanistas y separatistas».
El pasado octubre, sin ir más lejos, denunciaron ante el rector de la Universidad de Barcelona (UB) la campaña Plataforma per la Llengua que reivindicaron el Sindicat dels països catalans (SEPC) y Federació Nacional d’Estudiants. Según la entidad constitucionalista, los impulsores colocaron una pancarta en la universidad con el lema de la campaña y proporcionaron una web para que los alumnos denunciaran a compañeros y profesores por usar el castellano en las aulas. Consideraron que buscaban crear «un listado de profesores que usan el español que podría ser utilizado para obtener datos e intimidarlos».
El vicepresidente de S’ha Acabat! escuchó al descolgar el teléfono: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas. La próxima vez no quemaremos contenedores, os quemaremos a vosotros porque al fascismo se le combate
El vicepresidente de ‘S’ha Acabat!‘ , Jordi Salvadó, denunció ante el rector que dicha acción «supone una persecución lingüística e ideológica que atenta contra los derechos fundamentales tanto de alumnos como de profesores al perseguir el uso de una de las lenguas oficiales de Cataluña». Esta y otras reivindicaciones les están convirtiendo en el blanco de los sectores más radicales del independentismo. El pasado 28 de diciembre Salvadó denunció haber recibido una llamada con teléfono oculto en su móvil con una amenaza de muerte: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas. La próxima vez no quemaremos contenedores, os quemaremos a vosotros porque al fascismo se le combate. ¡Puta España¡», trasladaron en un comunicado público de la entidad que escuchó el joven al descolgar el teléfono.
Reunión con el fiscal delegado de delitos de odio Todas las entidades que impulsan la movilización constitucionalista en Cataluña persiguen que el español gane terreno y tratan de erradicar cualquier persecución ideológica para quienes defienden una Cataluña integrada en España.
El próximo 13 de enero, el presidente de ‘Impulso Ciudadano’ se reunirá con el fiscal delegado de delitos de odio y le presentará un informe de incidentes violentos protagonizados por Arran y el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans (SEPC) entre 2010 y 2021 que cree podrían constituir distintas vulneraciones de derechos fundamentales.
«La Sociedad Civil es más fuerte que los políticos» Superada la etapa de mayor judicialización del procés, con sus líderes políticos durante el Gobierno de Puigdemont condenados e indultados, continúa la estigmatización de los tribunales. Los jueces no quieren ejercer en la región, según los datos de la Escuela Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pide incentivos para quienes vayan a trabajar allí. Pero una parte de los abogados catalanes ya ha dicho basta y ha alzado la voz para que se cumpla la sentencia del castellano. Y lo ha hecho, además, desde el Colegio de Abogados de Barcelona.
Guerra abierta en el Colegio de Abogados de Barcelona por la sentencia del castellano
El asunto ha provocado una división -únicamente dialéctica aseguran desde el Colegio- que ha saltado, excepcionalmente, a los medios de comunicación. Cuando se conoció la sentencia, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados compuesta por letrados independentistas emitió un comunicado en contra. La Comisión Constitucional del mismo colegio (mayoritariamente constitucionalista) no tardó en emitir su propio comunicado considerando «de extrema gravedad» que el Govern manifestara que no cumplirá la sentencia.
Un buen grupo de abogados ha recogido firmas -hasta 1.800- para un documento de apoyo de la Comisión Constitucional del Colegio de Abogados que exige a la Generalitat cumplir la sentencia. La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, fue la encargada de leerlo en público.
Entre estos abogados constitucionalistas se encuentra José María Fuster-Fabra, que ha defendido a muchos mossos d’esquadra y también fue el representante legal de dos jóvenes de la asociación en apoyo a la Selección Española, ‘Barcelona con la Selección’, agredidas por un grupo de ultras o redskins en 2016 que ya han sido condenados.
Para Fuster-Fabra, la movilización constitucionalista de los últimos años en el ámbito civil es el reflejo de lo que pueden hacer los catalanes sin la ayuda de los políticos, «que al final siempre responden a sus propios intereses». «Muy pocas veces se había alzado la voz hasta ahora y mucha gente lo está haciendo. No nos vamos a callar porque estamos unidos», traslada a este diario. «La sociedad civil catalana es mucho más fuerte que los partidos políticos, afortunadamente para Cataluña», reflexiona. |
| Blog de Juan Pardo. |
