Bombas, cortes en la frontera y atentar contra La Vuelta: las ‘gestas’ de los CDR y Tsunami que amnistiará Sánchez

La ley de amnistía, tras las presiones de Junts, pretende liberar a los miembros de CDR y Tsunami que se enfrentan a distintas causas judiciales.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic serán blindados en la ley de amnistía que prepara el Gobierno de Sánchez con Junts. Un gesto que trata de evitar que un total de 22 personas pasen por los juzgados. Se trata de 12 miembros de los CDR y 10 de Tsunami en total, aunque solo serían perdonados por los delitos vinculados al terrorismo -en caso de que salga adelante la propuesta que ha puesto sobre la mesa Puigdemont a Junts-. El resto de delitos, todos ellos de menor gravedad, sí tendrán que pasar por los juzgados.

De esta forma, Sánchez podría amnistiar a varios miembros de los CDR, un grupo en cuyo historial tiene, entre otras cosas, detenciones por fabricación de explosivos o el intento de boicotear La Vuelta a su paso por Lérida. En el caso de Tsunami, además de formar parte de la batalla campal en la plaza de Urquinaona -el juez García Castellón evaluará su nivel de implicación-, protagonizó el asalto al aeropuerto de El Prat.

Estos capítulos suponen el resumen del independentismo catalán superando la raya roja de la legalidad. La más reciente fue el pasado agosto durante La Vuelta. Cuatro presuntos miembros de los CDR fueron sorprendidos por la Policía Nacional en un bosque de Lérida con dos tanques con 200 litros de aceite cada uno. Su intención era arrojar el líquido sobre el asfalto para provocar que los ciclistas resbalasen. Fueron puestos en libertad con cargos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente. En estos momentos, la causa está archivada por la Audiencia Nacional, ya que es el Juzgado de Primera Instancia de Sonsonès quien está investigando los hechos.

También sigue la investigación sobre los CDR que fueron detenidos por posesión de explosivos. El informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional tras la operación Judas en 2019 reflejó que esta formación, autodenominada 'Equipo de Respuesta Táctica', formaban un grupo terrorista. Entonces, el juez García Castellón dio por concluida la investigación y atribuyó a 12 investigados el delito de pertenencia a grupo terrorista y a nueve de ellos el de tenencia y fabricación de explosivos.

Ahora es la Sección Tercera de la Sala de lo Penal quien tiene que dictar sentencia firme sobre los doce acusados. En caso de que Puigdemont se salga con la suya -amnistiar el terrorismo siempre que no haya producido víctimas-, este grupo quedaría libre de cargos de manera automática tras la aprobación de la ley.

En el caso de Tsunami, en su historial hay dos grandes 'proezas': el corte de la AP-7 a la altura de la Jonquera y la invasión del aeropuerto de El Prat. El primer caso fue archivado porque para el juzgado de instrucción número 4 de Figueres prevaleció el derecho a manifestarse. Pese a ello, la acción provocó pérdidas millonarias a los camioneros: tal y como contó este diario, unos 15 millones de euros diarios.

En el caso de la toma de El Prat, Tsunami reunió a cientos de personas para bloquear el tráfico aéreo. La plataforma independentista difundió a través de Telegram tarjetas de embarque falsificadas para que los asaltantes pudieran acceder a zonas exclusivas para los viajeros. Los disturbios provocaron 172 heridos, de los cuales, 47 eran policías. Además, las compañías aéreas perdieron importantes sumas de dinero y los destrozos ocasionados fueron peritados en dos millones de euros.

Tal y como publicó este diario, el juez García Castellón sostiene que el delito de terrorismo se ha "consolidado" con la última documental aportada a este último caso, pero al no existir relación entre el turista francés fallecido por un infarto durante los hechos -lo hizo por causas naturales, según el juez-, también se amnistiaría al no haber víctimas mortales vinculadas al asalto.

Otro de los hechos por los que el juez ve indicios de terrorismo fue la batalla campal en la Plaza de Urquinaona el 18 de octubre de 2019. La policía, que incautó dos motosierras tras los hechos, recibió una lluvia de piedras que dejó varios heridos. Entre ellos, Iván Álvarez, un agente de la UIP que estuvo en coma tras recibir el impacto de una piedra. Este agente tuvo que ser jubilado y perdió un acto durante el suceso. Al caso se han personado otros dos policías heridos

Vozpópuli

Iglesias huye hacia adelante y advierte al juez: Si le imputa “sería el mundo al revés”

Por  Javier de Benito Hernández

 

Iglesias ha asegurado que escondió la tarjeta de Dina Bousselham para "protegerla".El líder de Podemos no ha aclarado el resto de dudas y ha pedido una comisión de investigación sobre el caso.

Iglesias asegura que todo esto es una persecución policial y mediática.

Si te ves acorralado, huye hacia adelante. Esta parece haber sido la consigna que el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asumido para afrontar el caso Dina, ya repleto de incoherencias y a poco de sentar al líder de la formación morada en el banquillo de los acusados. El vicepresidente ha dado la cara tras semanas oculto y ha exigido que se celebre una comisión de investigación sobre el caso Dina, el mismo que consideró como un perjudicado a Iglesias por el robo del teléfono de una exasesora (Dina Bousselham) y que ahora amenaza con imputar al líder de Podemos. Ese caso que el dirigente conoció antes de que el juez lo abriera gracias a la filtración de un fiscal. Pero por si al juez Manuel García Castellón se le pasa por la cabeza imputarle, Iglesias le ha advertido: “sería el mundo al revés”.

“Quienes ahora intentan alterar #LaVerdadDelCasoDina son los mismos que durante años han trabajado desde la cloaca para mentir sobre Podemos. Todas sus denuncias en los tribunales acabaron en nada, pero sirvieron para intoxicar. Ese era el objetivo ayer y lo sigue siendo hoy”, ha comentado Iglesias.

Sin embargo, a pesar de que ha dado la cara y ha respondido a algunas preguntas, Iglesias ha eludido aclarar las incógnitas más sensibles que rodean el caso. Y si lo ha intentado, no ha convencido a nadie. ¿Por qué escondió durante meses la tarjeta con la información personal (incluidas fotos íntimas) de su asesora? ¿Quemó él la tarjeta? ¿Algo que decir respecto a las filtraciones del fiscal Stampa?. Y el PP ha elevado aún más el tono tras registrar una pregunta clave: ¿dimitirá si cambia su situación procesal?

Iglesias, a medida que su situación procesal se complicaba, se ha ocultado durante semanas. No quiso exponerse ante los medios de comunicación para explicar las incógnitas que rodean el caso Dina hasta ahora. Sobre por qué escondió la tarjeta de Dina, el vicepresidente ha asegurado que lo hizo para “protegerla”. “Esto es una persecución policial y mediática. Se han dedicado a mentir durante meses, años, con la intención de perjudicar a mi fuerza política y que no llegáramos al Gobierno“, ha asegurado Iglesias el pasado jueves.

Por otro lado, los populares han registrado 44 preguntas para que el vicepresidente aclare si piensa dimitir en el caso de que cambie su situación procesal. Algo que complica más la situación del vicepresidente por todas las veces que aseguró que “en política no se pide perdón, se dimite”.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha recuperado su estrategia inicial, la misma que le sirvió para hacer campaña y venderse como una víctima de “las cloacas” del Estado. Habla de que es una parte perjudicada en todo este robo ocurrido en 2015 y que la única vía posible es la de considerarle una víctima de quien supuestamente robó ese teléfono de su exasesora: el excomisario José Manuel Villarejo. “Creo que los hechos son evidentes”, ha destacado Iglesias.

Respecto a la tarjeta, Iglesias ha sido claro, sin embargo, sus respuestas no han aclarado las dudas de pesan sobre él. “La habían relacionado ya conmigo (a Dina Bousselham), porque cada mujer con la que trabajo siempre es supuestamente porque mantenemos una relación, y decidí no exponerla a más presión”, ha comentado dejando entrever que escondió la tarjeta para “protegerla”. Una respuesta que no convence a los críticos, razón por la que el PP ha saltado al cuello y ha registrado esas preguntas.

Sobre su relación con el PSOE y cómo afectará esto a la coalición tan frágil que sostiene el Gobierno, Iglesias ha asegurado que su compañero no está pendiente del tema. “No tiene mayor preocupación al respecto más allá de la dimensión mediática“, ha comentado. Sin embargo, fuentes del PSOE sostienen que el desgaste del líder de Unidas Podemos favorece considerablemente la posición electoral de su partido.Entre tanto, su exasesora Dina Bousselham, el centro de todo este torbellino, sigue defendiendo a Iglesias a capa y espada y ya ha recibido algún que otro rapapolvo en el juzgado porsus contradicciones.

CASO DINA: EL VICTIMISMO FALAZ DE PABLO IGLESIAS

Los ataques de Pablo Iglesias al juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a los medios de comunicación críticos con Unidas Podemos sitúan al Gobierno en posiciones inadmisibles, antidemocráticas e impropias de un país miembro de la Unión Europea.

Solo en regímenes de corte populista, iliberal y autoritario se puede entender que un vicepresidente utilice la radio pública para presionar a la Justicia, descalificando una instrucción en marcha, y arremeter al mismo tiempo contra la prensa por investigar el conocido como caso Dina, por el que Iglesias podría ser citado a declarar como investigado en el Tribunal Supremo.

Se le imputarían posibles delitos de revelación de secretos -por apropiarse de la tarjeta del móvil de su antigua asesora, Dina Bousselham, como él mismo ha reconocido- y daños -por el borrado de su contenido, tal y como ella declaró ante el magistrado-.

En la entrevista que concedió ayer a RNE, Iglesias, que había guardado silencio desde que estalló el escándalo, repitió en varias ocasiones -sin citar al juez instructor que le retiró hace días su condición de perjudicado en el caso- que «parece que algunos quieren que los responsables de una cloaca, que quedó acreditada en sede parlamentaria, se vayan de rositas», insinuando una posible prevaricación de García Castellón y hasta su disparatada sumisión a Villarejo.

Acto seguido, recordó que esa «cloaca» es ahora ante todo mediática y tachó de «gentuza» y «tipejos» a conocidos periodistas y medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO. Finalmente, calificó de «bajezas» las informaciones publicadas por varios medios referidas a una posible filtración de información de la Fiscalía a la abogada de su partido, Marta Flor, para ayudar a Unidas Podemos en su defensa.

Es cierto que la actitud de Iglesias es propia de un político que se siente acorralado por sus propias mentiras y teme ser desplazado de su posición de poder, pero no hay que olvidar que de momento sigue siendo vicepresidente del Gobierno.

Y su virulenta reacción contra la Justicia y los medios de comunicación, dos pilares de nuestro sistema democrático, son una muestra del peligro que representa tener en el Consejo de Ministros a alguien que ha declarado abierta y reiteradamente su voluntad de acabar con el sistema constitucional vigente.

Si Sánchez quiere ganar credibilidad en Europa y contar con la colaboración institucional del principal partido de la oposición, deberá asumir que su cercanía a un populista megalómano desprestigia internacionalmente el nombre de España y hace inviable cualquier acercamiento entre los dos principales partidos políticos en el Parlamento.

El Partido Popular presentó ayer en el Congreso una batería de 44 preguntas escritas a Iglesias sobre su participación en el caso, denunciando que en su entrevista en la radio pública Iglesias no negó «el chivatazo» de la Fiscalía.

Pero la verdadera catadura de Iglesias no quedó ayer solo en evidencia por sus graves acusaciones e injurias para intentar salvar su posición. Además, evidenció que su feminismo es solo una máscara electoral al reconocer que se quedó con la tarjeta de Bousselham, a la que presentó como una desamparada «mujer de veintitantos años», para «protegerla».

 Una actitud paternalista y «heteropatriarcal» que contrasta con su discurso, que ya sabemos impostado y falso.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor

El juez apunta que Iglesias pudo cometer dos delitos con la tarjeta de Bousselham

El magistrado considera que el resultado de la orden europea de investigación a Reino Unido "permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos (...) y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal"

Delitos de apoderamiento de datos reservados de carácter personal y daños sobre dispositivos informáticos. El juez del caso Villarejo considera que el resultado de la orden europea de investigación que ha emitido a Reino Unido "permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia" de los delitos que pudieron haber sido cometidos por parte de Pablo Iglesias mientras mantuvo en su poder la tarjeta que había sido robada a su exasistente Dina Bousselham.

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Tal y como adelantó este miércoles Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha librado una orden internacional de investigación a Londres para "averiguar el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha de 29/09/2017 por Ricardo Sa Ferreira", esposo de Bousselham. "El resultado de esta diligencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos (...) y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal", según consta en un auto de 10 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En el marco de la orden de investigación, el instructor ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".

No es perjudicado

El juez instructor también reiteró este miércoles su decisión de retirar la condición de "perjudicado" al vicepresidente segundo. Alegó que "la omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer". A su juicio, la "pasividad" de Iglesias "resulta incoherente con las manifestaciones" que dio en sede judicial.

La Policía investiga si Iglesias inutilizó de forma intencionada la tarjeta de Bousselham Clara Rodríguez

El magistrado hizo hincapié en que Iglesias "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo". Según precisó, dicho dato "debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por Iglesias, entre Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham". En este sentido, aseguró que "aunque no puede descartarse totalmente que la fuente del medio OK Diario fuese Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas".

Al instructor le llama la atención, indica el auto, que Iglesias mantuviera la tarjeta en su poder, "sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la misma, pese a observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", destaca la providencia.

Ocultó la tarjeta

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno no devolvió la tarjeta a Dina Bousselham, "ocultándole que la detentaba, y no lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás", concluye la resolución.

Entrada a edificio de la Audiencia Nacional en Madrid. Efe.

En el marco de la orden de investigación, ha solicitado a las autoridades británicas que faciliten la identificación de la persona que recibió la tarjeta, "así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa". Estos dos últimos, según ha precisado en el auto, deberán comparecer en calidad de testigos en un interrogatorio "para conocer los procedimientos o pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué actuaciones realizan para proceder a la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta".

Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE PABLO IGLESIAS

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE PABLO IGLESIAS

La petición de colaboración al Reino Unido por parte del juez García-Castellón, para investigar la destrucción de la tarjeta de móvil que Pablo Iglesias devolvió ya inutilizable a su ex asesora Dina Bousselham, estrecha el cerco sobre el vicepresidente del Gobierno.

Cabe recordar que el juez retiró a Iglesias la condición inicial de perjudicado por la difusión de datos reservados.

El avance de la causa desmonta el argumentario de Iglesias de que lo sucedido fue una operación para desgastar su imagen.

Más bien, lo que emergen cada vez con más claridad son las cloacas de Podemos.

El Mundo

El juez García-Castellón envía a la Policía los mails que prueban que Iglesias destruyó la tarjeta de Dina

 Caso Dina
Dina asegura al juez que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta de su móvil destruida
El juez del ‘caso Dina’ citará de nuevo a Iglesias porque pudo mentir en su declaración

Pablo Iglesias y Dina Bousselham

 El juez Manuel García-Castellón, que instruye el ‘caso Villarejo’, ha enviado a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los correos electrónicos entregados por Dina Bousselham, que demuestran que la tarjeta SD del móvil presuntamente robado a la ex asesora de Podemos se destruyó cuando estaba en posesión del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo fue citada a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional este lunes. En su declaración corroboró que el líder de Podemos le entregó la tarjeta de memoria, del móvil que presuntamente le habían robado, seis meses después –en el verano de 2016– de que el presidente de Grupo Zeta Antonio Asensio se la proporcionara al ahora vicepresidente del Gobierno. Además, Iglesias le entregó la tarjeta en malas condiciones: «estaba totalmente destrozada y era ilegible», afirmó. Sin embargo, cuando la tarjeta le llegó al líder de Podemos se encontraba en perfecto estado e, incluso, pudo ver el contenido de la misma.
El juez García-Castellón, que ha corroborado que la tarjeta fue entregada al Juzgado en mal estado, interrumpió la declaración de Dina y señaló: «No estaba algo alterada, estaba destrozada». Finalmente, advirtió que «estos (hechos) son muy serios». La destrucción de pruebas es un delito tipificado en los artículos 413 y 414 del Código Penal.
La ex asesora de Podemos, que ahora dirige el digital ‘La última hora’ vinculado a la formación morada, aseguró que tenía pruebas que podían demostrar las afirmaciones que estaba realizando en sede judicial. Bousselham ha explicado que envió varios correos electrónicos, sin éxito, a una empresa alemana para a poder recuperar el contenido de la misma. «Puedo aportarlos», afirmó.
Y así es. Ya ha proporcionado esos correos electrónicos al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En una providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez García-Castellón ha dado traslado de la documentación aportada por Dina Bousselham a Asuntos Internos para que proceda a «un análisis técnico de la información aportada por la declarante», según consta en el escrito enviado por el magistrado este miércoles.
Citar a Iglesias
El juez y los fiscales anticorrupción se plantean volver a citar a Pablo Iglesias, en el marco de la pieza separada número 10 del ‘caso Villarejo’, porque pudo mentir en su declaración en sede judicial cuando fue citado hace un año.
En esta pieza judicial se investiga cómo llegó a la redacción de Interviú, en enero de 2016, la tarjeta de memoria SD del móvil supuestamente sustraído a Dina Bousselham. El presidente de Grupo Zeta citó inmediatamente a Pablo Iglesias, a quien le entregó la tarjeta de memoria de su ex asesora junto a un lector para que pudiera visualizar el contenido de la misma en una sala de la redacción.
Sin embargo, el líder de Podemos tras comprobar que la tarjeta con información sensible pertenecía a su ex asesora no se la entregó hasta meses después. Y cuando lo hizo, estaba totalmente destrozada a pesar de que a él se la entregaron en perfectas condiciones.