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miércoles, 21 de abril de 2021

Revés a Podemos en la purga de Valencia: indemniza a la trabajadora que denuncia acoso

 Una trabajadora denunció acoso laboral tras ser despedida por el partido en plena batalla lanzada desde la dirección nacional para impulsar a la corriente afín. Podemos reconoce la improcedencia del despido e indemniza a la trabajadora con 8.000 euros.

Miembros de la dirección de Unidas Podemos antes de una comparecencia pública.

Podemos ha decidido indemnizar a una extrabajadora del grupo parlamentario de las Cortes valencianas en plena purga interna y después de su denuncia por haber sufrido acoso laboral y "represalia política". La extrabajadora del grupo parlamentario fue apartada en el proceso de sustitución de la exportavoz Naiara Davó con Pilar Lima, por orden de la dirección de Madrid.

Es el primer revés judicial para el partido en Valencia después de que se despidieron a un total de ocho trabajadores aprovechando la reforma laboral de Mariano Rajoy que, en teoría, Podemos quiere revertir. Podemos asume que el despido fue improcedente. La exempleada alegaba despido ideológico por haber apoyado en las primarias a la candidata contraria a la corriente afín al pablismo.

La trabajadora afectada, que desempañaba sus funciones en el equipo de redes, pidió una indemnización por el trato sufrido antes y durante su despido. Fuentes de Podemos revelan que habló de acoso laboral, lo que ha complicado la situación del partido, que finalmente se ha decantado por evitar el juicio. De hecho, ha acordado una indemnización de 8.000 euros asumiendo un despido improcedente.

Además del caso de esta trabajadora, hay otros ocho exempleados que han demandado el partido o están a punto de hacerlo. Como desveló este diario en febrero, la purga lanzada desde Madrid para apoyar a Pilar Lima ha acabado en un alud de demandas y denuncias que convierten el relevo de la anterior portavoz, Naiara Davó en una polémica política

Pablo Iglesias, junto a la senadora de Podemos Pilar Lima

Despido ideológico, Podemos recula

El hecho de que una primera trabajadora ya haya recibido una indemnización remueve las aguas del partido. Algunos ceses de los trabajadores eventuales de la formación se realizaron, de hecho, sin previo aviso en las reuniones del grupo y con nocturnidad, como ya adelantó Vozpópuli. Y siempre se ejecutaron con la indemnización mínima garantizada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, es decir, 20 días por año trabajado.

En el caso de la trabajadora del equipo de redes, fuentes de Podemos alegan que sufrió incluso un trato vejatorio por parte del grupo liderado por Pilar Lima. El hecho de que el partido asuma pagar una indemnización significa que rectifica en su primera versión, cuando enmarcó el despido en una cuestión de nuevas "directrices" y no en despido ideológico. Esto abre la vía a que todas las demás demandas revelen una batería de despidos por razones políticas en Podemos.

La batalla interna sacude un partido en el que las desavenencias van a más. Pablo Iglesias y la dirección madrileña quieren reducir el poder del sector de Davó por su cercanía con los socialistas en el gobierno del Botanic. Lima se hizo con la portavocía para marcar un perfil duro frente al ejecutivo de Ximo Puig, aunque de momento no se aprecia un cambio sustancial de línea política. Fuentes del partido morado sostienen que el relevo también se debe a la voluntad del equipo de Lima de hacerse con los recursos públicos recibidos por las Cortes.

Podemos ha decidido indemnizar a una extrabajadora del grupo parlamentario de las Cortes valencianas en plena purga interna y después de su denuncia por haber sufrido acoso laboral y "represalia política". La extrabajadora del grupo parlamentario fue apartada en el proceso de sustitución de la exportavoz Naiara Davó con Pilar Lima, por orden de la dirección de Madrid.

Es el primer revés judicial para el partido en Valencia después de que se despidieron a un total de ocho trabajadores aprovechando la reforma laboral de Mariano Rajoy que, en teoría, Podemos quiere revertir. Podemos asume que el despido fue improcedente. La exempleada alegaba despido ideológico por haber apoyado en las primarias a la candidata contraria a la corriente afín al pablismo.

La trabajadora afectada, que desempañaba sus funciones en el equipo de redes, pidió una indemnización por el trato sufrido antes y durante su despido. Fuentes de Podemos revelan que habló de acoso laboral, lo que ha complicado la situación del partido, que finalmente se ha decantado por evitar el juicio. De hecho, ha acordado una indemnización de 8.000 euros asumiendo un despido improcedente.

Además del caso de esta trabajadora, hay otros ocho exempleados que han demandado el partido o están a punto de hacerlo. Como desveló este diario en febrero, la purga lanzada desde Madrid para apoyar a Pilar Lima ha acabado en un alud de demandas y denuncias que convierten el relevo de la anterior portavoz, Naiara Davó en una polémica política.

Pablo Iglesias, junto a la senadora de Podemos Pilar Lima

Despido ideológico, Podemos recula

El hecho de que una primera trabajadora ya haya recibido una indemnización remueve las aguas del partido. Algunos ceses de los trabajadores eventuales de la formación se realizaron, de hecho, sin previo aviso en las reuniones del grupo y con nocturnidad, como ya adelantó Vozpópuli. Y siempre se ejecutaron con la indemnización mínima garantizada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, es decir, 20 días por año trabajado.

En el caso de la trabajadora del equipo de redes, fuentes de Podemos alegan que sufrió incluso un trato vejatorio por parte del grupo liderado por Pilar Lima. El hecho de que el partido asuma pagar una indemnización significa que rectifica en su primera versión, cuando enmarcó el despido en una cuestión de nuevas "directrices" y no en despido ideológico. Esto abre la vía a que todas las demás demandas revelen una batería de despidos por razones políticas en Podemos.

La batalla interna sacude un partido en el que las desavenencias van a más. Pablo Iglesias y la dirección madrileña quieren reducir el poder del sector de Davó por su cercanía con los socialistas en el gobierno del Botanic. Lima se hizo con la portavocía para marcar un perfil duro frente al ejecutivo de Ximo Puig, aunque de momento no se aprecia un cambio sustancial de línea política. Fuentes del partido morado sostienen que el relevo también se debe a la voluntad del equipo de Lima de hacerse con los recursos públicos recibidos por las Cortes.

Naiara Davó interviene en la sesión de control I. CABALLER/CORTS (Foto de ARCHIVO) 15/10/2020

Carta interna de otra compañera

El problema es que ahora, después de la primera indemnización, otros extrabajadores reciban cifras semejantes o incluso mayores. Otros en cambio se decantan por la reincorporación. Y en medio de la polémica, una carta circuló por el partido con duras acusaciones contra el equipo de Lima. Se trata de una misiva enviada por una trabajadora del área de feminismo, que denunció haber sufrido acoso por su apoyo a la candidatura de Governar Unides de Davó. Y que esa situación la ha obligado a presentar su dimisión.

La asesora denunció la imposición del silencio en las comunicaciones internas del grupo parlamentario, falta de información, bloqueo de todo tipo de iniciativas, y otras situaciones que califica de "acoso discriminatorio por omisión y falta de prevención de riesgos psicosociales". También la trabajadora del equipo de redes ahora indemnizada podría decidirse a hacer públicos los detalles de su despido durante esa difícil etapa.

VOZPÓPULI


lunes, 24 de febrero de 2020

PSOE, Podemos y Compromís impiden que se investigue el abuso sexual del marido de Oltra a una menor


Compromís, psoe, podemos, oltra, abuso, valencia, investigaciónLos tres partidos que se autocalifican como progresistas y feministas acaban de unir fuerzas en la Comunidad Valenciana para impedir que salga adelante una comisión de investigación que analice lo ocurrido en el centro de menores tutelados en el que el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abusó de una menor.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastida, ha defendido la necesidad de esa comisión de investigación porque “se debe contrastar si ha habido más denuncias por abuso de menores en los centros tutelados de la Generalitat”.

“Queremos saber si pudiera haber más denuncias, necesitamos crear la comisión para saber entre todos si ha habido más casos, contra quién, si se actuó, si salieron adelante y se retiraron y por qué”, ha estimado, añadiendo que todas estas preguntas “justifican la puesta en marcha de esta comisión, en su responsabilidad está pensar más en los menores y menos en Oltra y depurar responsabilidades o dejar que sigan en sus puestos quien no quiso hacer nada”.

El PP sostiene que es necesario conocer qué ocurre con la gestión de los menores tutelados por parte de la Generalitat porque “es una situación que viene de lejos” y ha recordado que hay numerosas sentencias como la de Segorbe que “le quitan la razón a Oltra”, hay requerimientos, informes del Síndic de Greuges y de la Fiscalía apuntando a la señora Oltra y a su gestión defectuosa.

Pero lo cierto es que, pese a todo ello, PSOE-PSPV, Podemos y Compromís han votado en contra de la comisión de investigación. Desde las filas populares recuerdan que también se tumbó una comisión en Baleares “donde piden prudencia ante situaciones graves de prostitución y abusos, y con esa hipocresía se colocarán detrás de la pancarta el próximo 8 de marzo; pasan de puntillas cuando se condena a cinco años a un abusador en la Comunitat pero se pondrán detrás de la pancarta”.

Hay que recordar que la comisión de investigación no pretendía sólo conocer lo ocurrido en ese caso de abusos del entonces marido de Oltra y en otros posibles. Lo que pretendía especialmente era conocer todo lo que ha rodeado al caso y ha provocado un fuerte retraso en las actuaciones oficiales a la hora de proteger a la menor, pese a que su denuncia fue temprana y alertó de lo que pasaba.

Y todo ello ha quedado el descubierto precisamente porque la Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a Mónica Oltra, desvelando que ocultó pruebas del abuso. En concreto, la Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante cuatro meses. La víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, bajo supervisión de la Consejería de la propia Mónica Oltra durante la fecha de la denuncia: 2017.

El autor de los abusos sexuales fue Luis Eduardo Ramírez, educador del centro de menores y, por aquellas fechas, aún marido de la titular de la Consejería y ahora vicepresidenta del Gobierno de coalición con el PSOE, Mónica Oltra

viernes, 7 de febrero de 2020

La consejera de Justicia y pareja de Ximo Puig no inspeccionó las empresas de la familia del presidente



ximo puig, psoe, podemos, empresas, justiciaEl PP acaba de añadir una nueva denuncia al escándalo millonario de las subvenciones concedidas
por el Gobierno valenciano de Ximo Puig a las empresas del hermano del propio presidente autonómico. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Eva Ortiz, comunicará a los tribunales el hecho de que la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, no activó la Inspección de Servicios, dependiente de su Consejería, para comprobar las innumerables irregularidades que han visto la luz a lo largo de años sobre el escándalo del pago de subvenciones a las sociedades de Francis Puig, hermano del presidente regional. Gabriela Bravo no es sólo la consejera de Justicia. Es, además, la pareja de Ximo Puig.

El PP sostiene que la Consejería de Bravo “no ha hecho nada, y nunca ha controlado el dinero público de los valencianos que iban a parar las empresas el hermano del presidente Ximo Puig”.

Fuentes oficiales del PP han confirmado a OKDIARIO que el único organismo que no investiga a los hermanos de Ximo Puig “es justamente el primero que debía haberlo hecho: en el artículo 30 de la Ley reguladora de la Inspección se señala que la actuación inspectora se iniciará a raíz de cualquier dato obtenido por el sistema de alertas”.

Eva Ortiz ha denunciado, ademas, que la consejera de Justicia ha mentido en sede parlamentaria y que, tras ser preguntada por este aspecto, ha asegurado que sí había inspeccionado las empresas del hermano de Ximo Puig.

El PP aclara que “obstaculizar cualquier tipo de investigación interna para tratar de ocultar el presunto desfalco de sus hermanos puede acarrear consecuencias penales” y se ha preguntado por qué “tenía tanto interés el PSPV en separar la Inspección de Servicios de la Consejería de Transparencia esta Legislatura para dársela a Bravo”. Y es que ese traspaso de competencias se produjo precisamente para que fuese Bravo la responsable de ese cuerpo inspector.


Bravo ha sostenido en las Cortes valencianas que existía un informe sobre la concesión de estas ayudas. Pero el PP mantiene que “la Inspección no ha sacado ningún tipo de informe sobre las subvenciones obtenidas por los hermanos del presidente Puig”.

Eva Ortiz aclara que esta Consejería «tenía la obligación de comprobar que la actividad que los hermanos de Puig decían que estaban realizando realmente se realizaba». «Nosotros nos preguntamos: si hay dos Consejerías bajo la tutela de este Gobierno que son Educación y Economía que tienen expedientes abiertos, incluso una de ellas, Educación, ha pedido que se devuelva dinero, ¿por qué la Inspección de Servicios no lo sabe, no le consta y no lo pone negro sobre blanco?», zanja.

lunes, 27 de enero de 2020

El socialista Ximo Puig también aplica el pin parental que el PSOE critica a Vox



psoe, vox, pin parental, valencia, extremadura, educaciónLa Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig aplica su particular ‘pin parental’ en los colegios. En su caso reparte un formulario de renuncia mediante el cual los padres pueden negarse a que sus hijos no acudan al programa autonómico de educación sexual que se imparte en las aulas fuera del horario escolar.

Las actividades sujetas a este ‘pin parental’ se engloban dentro del denominado Programa de Intervención de Educación Sexual (PIES) dedicado a menores de 2º y 3º de la ESO. Los padres cuentan con la opción de que sus hijos no formen parte de este programa, una medida muy similar a la aplicada en Murcia por el Gobierno de PP y Ciudadanos, conocida popularmente como ‘pin parental’ y exigida por Vox para la aprobación de los Presupuestos regionales.

La negativa de los padres a que sus hijos acudan a estas actividades depende únicamente de la firma de una autorización. Tal y como refleja dicho documento, el programa pretende el abordaje de la educación sexual desde la perspectiva de la promoción de la salud.

Sin embargo, y atendiendo a la libertad de elección de los padres, si estos consideran “oportuno que su hijo no participe en el Programa de Intervención de Educación Sexual” basta con la firma del documento para que los menores no tengan que asistir.

Autorización para el curso de educación sexual
Vox ha afeado que se critique el ‘pin parental’ en Murcia mientras se aplica en lugares como Valencia y Extremadura, donde gobierna el PSOE. «Cuando al PSOE se le olvida su sectarismo, aprueba ‘formularios de renuncia’ para las familias que no quieran que ningún activista adoctrine a sus hijos en programas de intervención de educación sexual», recuerda. Sin embargo, Vox añade que su medida supone una “autorización expresa previa” para la asistencia y no una autorización de renuncia, como en el caso de valenciano.

Contenido del Programa
Según puede leerse en los documentos oficiales de la Generalitat Valenciana, los contenidos de educación sexual dependen del curso en el que se imparte. Los alumnos de 2º de la ESO recibirán los talleres número 1 y 2 titulados «Somos seres sexuados. La sexualidad como experiencia vivencial. La Identidad Sexual” y «Exploro, reconozco y significo mi cuerpo. La sexualidad integrada en la historia personal. El conocimiento y el manejo del propio cuerpo”.

Por su parte, los de un curso superior acudirán a los talleres número 3 y 4, titulados «Valoro el riesgo y decido. Valoración del riesgo y decisión en el área de la sexualidad” y «Los comportamientos sexuales y la salud sexual».

Pin en Extremadura
El Gobierno socialista de Extremadura envío en octubre una comunicación a los colegios públicos para recordarles que debían pedir a los padres de los alumnos autorización para asistir a determinadas actividades aunque se realizaran dentro del centro y en horario lectivo.

La comunicación interna a la que ha tenido acceso OKDIARIO señala que “es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización (adjunta) de consentimiento de asistencia a dicha actividad aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo”. Es decir, un ‘pin parental’ en toda regla.

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Compromís pide suprimir la religión en las aulas mientras dará la islámica y la adventista en Valencia


Compromís, valencia, religión, islam, adventista
Compromís ha presentado una moción en el Senado que reclama la eliminación de la asignatura de religión en los centros educativos al tiempo que en la Comunidad Valenciana implantará a partir del próximo curso la enseñanza de las confesiones islámica y adventista en una decena de centros públicos.

El parlamentario de la coalición en la Cámara Alta Carles Mulet, que pasado mes de mayo protagonizó un duro enfrentamiento con el escritorArturo Pérez-Reverte en las redes sociales, solicita la apertura de un debate para suprimir las clases de religión y que ese horario lectivo «se dedique a otras asignaturas o proyectos que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro». Además, Compromís, «propone que se deje de asumir el coste del salario de los profesores de religión en los centros privados concertados y que se termine con los acuerdos y concordatos que permitan la intromisión de confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas».


La moción de Compromís en el Senado coincide con la decisión de la Conselleria de Educación, dirigida por el miembro de la coalición Vicent Marzà, de poner en marcha a partir del próximo curso un proyecto piloto para impartir en diez localidades de las provincias de Valencia y Alicante clases de religión islámica y adventista.




Mientras el departamento dirigido por Compromís en el Gobierno valenciano prepara el convenio para contratar a profesores que impartan ambas materias, la formación denuncia en el Senado «el gasto anual de cien millones de euros en maestros de religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas que, sin pasar por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos».

Mulet, que hace alusión a la protesta convocada este martes en la localidad castellonense de Altura contra la implantación de la asignatura de la religión islámica en el colegio del municipio, considera que «la realidad es que cada vez menos alumnado se decanta por la asignatura de religión lo que denota la tendencia de la sociedad a separar sus creencias religiosas de la educación que reciben».


A su juicio, «seguir impartiéndola va en contra de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad desde la entrada de la democracia. Dar pie a los fundamentalismos, sean de la religión que sean, solo alimenta movimientos intolerantes y extremistas que poco tienen que ver con la libertad y el respeto».

Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación sostienen que «ninguna religión -tampoco la católica- debería tener una asignatura dentro de los centros educativos, pero la Ley estatal obliga y los acuerdos con las diferentes religiones por parte del Estado también». Con ese argumento y de ejercer de «muro frente a la xenofobia», a partir del próximo curso comenzarán las clases de religión islámica y adventista en la Comunidad Valenciana

lunes, 6 de agosto de 2018

Compromís pide suprimir la religión en las aulas mientras dará la islámica y la adventista en Valencia

Compromís, Islam, valencia, religión, odio, catolicismoCompromís ha presentado una moción en el Senado que reclama la eliminación de la asignatura de religión en los centros educativos al tiempo que en la Comunidad Valenciana implantará a partir del próximo curso la enseñanza de las confesiones islámica y adventista en una decena de centros públicos.


El parlamentario de la coalición en la Cámara Alta Carles Mulet, que pasado mes de mayo protagonizó un duro enfrentamiento con el escritorArturo Pérez-Reverte en las redes sociales, solicita la apertura de un debate para suprimir las clases de religión y que ese horario lectivo «se dedique a otras asignaturas o proyectos que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro». Además, Compromís, «propone que se deje de asumir el coste del salario de los profesores de religión en los centros privados concertados y que se termine con los acuerdos y concordatos que permitan la intromisión de confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas».
La moción de Compromís en el Senado coincide con la decisión de la Conselleria de Educación, dirigida por el miembro de la coalición Vicent Marzà, de poner en marcha a partir del próximo curso un proyecto piloto para impartir en diez localidades de las provincias de Valencia y Alicante clases de religión islámica y adventista.

Mientras el departamento dirigido por Compromís en el Gobierno valenciano prepara el convenio para contratar a profesores que impartan ambas materias, la formación denuncia en el Senado «el gasto anual de cien millones de euros en maestros de religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas que, sin pasar por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos».

Mulet, que hace alusión a la protesta convocada este martes en la localidad castellonense de Altura contra la implantación de la asignatura de la religión islámica en el colegio del municipio, considera que «la realidad es que cada vez menos alumnado se decanta por la asignatura de religión lo que denota la tendencia de la sociedad a separar sus creencias religiosas de la educación que reciben».

A su juicio, «seguir impartiéndola va en contra de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad desde la entrada de la democracia. Dar pie a los fundamentalismos, sean de la religión que sean, solo alimenta movimientos intolerantes y extremistas que poco tienen que ver con la libertad y el respeto».

Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación sostienen que «ninguna religión -tampoco la católica- debería tener una asignatura dentro de los centros educativos, pero la Ley estatal obliga y los acuerdos con las diferentes religiones por parte del Estado también». Con ese argumento y de ejercer de «muro frente a la xenofobia», a partir del próximo curso comenzarán las clases de religión islámica y adventista en la Comunidad Valenciana

viernes, 15 de junio de 2018

PSOE, Compromís y Podemos reclaman al Ejército que abandone su principal sede en Valencia



Valencia, PSOE, Compromís, podemos, ejército,Las Cortes Valencianas han aprobado, gracias a los votos del PSPV y Compromís y de sus socios parlamentarios de Podemos, una moción de Compromís que reclama la "desmilitarización" del Convento de Santo Domingo de Valencia, la principal sede del Ejército en la región, y que el Gobierno ceda el edificio que alberga históricamente a Capitanía al Consell para su uso público. Ciudadanos se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra.

La moción ha sido defendida este martes en la Comisión de Educación y Cultura por la diputada de Compromís María Josep Ortega, quien ha denunciado que ese "emblemático edificio" ha sido objeto de "graves agresiones" como pintadas con purpurina, daños en el altar mayor o la desaparición de una talla, en las que el Gobierno "no ha tenido interés".

"Para que los valencianos lo disfruten, la tutela de la protección y gestión debe ser de la Generalitat y el Ayuntamiento", ha señalado Ortega tras indicar que los militares que ocupan este inmueble "se cuentan con los dedos de una mano" y podrían ser reubicados en otras instalaciones cercanas del Ministerio de Defensa, como las de Bétera.

Además, ha recordado que en su interior ha estado expuesta la estatua de Francisco Franco desde que se retiró de la plaza del Ayuntamiento de València en 1983 hasta 2007.

Se ha referido al convenio de La Haya, que establece la necesidad de proteger los bienes culturales que puedan ser objetivos militares en situaciones de conflictos armados, y ha señalado que una vez se recupere su cesión como edificio desmilitarizado se dará a conocer a la ciudadanía como uno de los bienes más importes y se garantizará el acceso público.

Según ha expuesto la diputada de Compromís, el antiguo convento de Predicadores, ahora conocido como convento de Santo Domingo, es uno de los monumentos con mayor interés histórico y artístico de la ciudad.

El complejo, cuya primera piedra fue colocada por el rey Jaime I en 1239, fue sede de la Orden de Predicadores y entre sus muros vivieron, entre otros, los santos Vicente Ferrer y Luis Bertrán.

Además de su carácter religioso, el edificio tuvo una notable trascendencia política por haber acogido en diversas ocasiones las sesiones de Les Corts Valencianes forales.

Por Ciudadanos, la diputada Mercedes Ventura ha señalado que el convento es de uso militar pero también acoge actos institucionales y religiosos, y ha reconocido que se trata de un patrimonio cultural de elevado valor y debería estar abierto a la ciudadanía.

En una enmienda que ha sido rechazada, Ciudadanos ha pedido la apertura del edificio al público cuatro días al mes, aunque desde Compromís le han recordado que gracias a un acuerdo con la Generalitat el Convento forma parte de los palacios transparentes y visitables.

El diputado socialista Fernando Delgado ha expresado que uno de sus "sueños" es convertir el Convento en un museo y que, uniéndolo al palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, y al Museo de Bellas Artes San Pio V, se pueda realizar "un itinerario museístico extraordinario" en València.

"Tanto Santo Domingo como el Palacio del Temple son partes del patrimonio que deberían descentralizarse y correspondería a una visión federal de la cultura y el patrimonio", según Delgado.

Por parte del PP, Miguel Ángel Mulet ha dicho estar "triste" porque en los últimos tres años se ha hecho un "mal uso de los valores de la cultura" y ha señalado que el Convento de Santo Domingo "no es solo de los valencianos, sino de los españoles y de la Humanidad".
"Hoy se trata de desmilitarizar y otro día de descristianizar, la cosa no es broma", ha dicho Mulet, quien considera que no es una propuesta "con rigor" y aunque ha dicho que le parecería bien tener más patrimonio ha defendido que sea con "propuestas más razonables"
Verdadera Izquierda