Casi 13 millones de personas en nuestro país se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Si escuchamos una afirmación así en alguna de las conversaciones cotidianas que nos rodean, se pone en duda o se rechaza. Pocos ven las caras detrás de estos números, mientras que la calle oculta a sus víctimas y entre la sociedad se tira a menudo del chascarrillo de que los bares están llenos, haya crisis o no, o nos digan que hay gente que no llega a final de mes o no. En ese sentido, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), calificó de “invisibles” a los que se encuentran en esta situación, cuyo estereotipo les vincula con “pedir en la puerta de la iglesia” y no con el perfil real: un 30% tiene trabajo y un 15% ha alcanzado estudios superiores.
Susías realizó tal afirmación durante la presentación del informe El Estado de la Pobreza. España 2017 el lunes 16 de octubre en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Este documento recoge los datos sobre el riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE (At-Risk-of Poverty and Exclusion), basado en tres variables: la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (es decir, que las ganancias económicas no pasen del 60% del ingreso nacional medio), la Baja Intensidad del Empleo en los Hogares (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la Privación Material Severa (falta de recursos como la calefacción, el pago del alquiler mensual o la ingesta de pollo más de dos veces a la semana). "Es la guía sobre la que trabaja la Unión Europea y los gobiernos de cada estado, les guste o no", expresó Susías.
La cifra exacta en nuestro territorio nacional es de 12.989.405 personas en riesgo de pobreza. Esto es el 27,9% de la población, un 0,9% menos que el año anterior (que fue del 28,6%), pero cuatro puntos y medio por encima de la media europea, que se sitúa en el 23,4%. Incluso siendo un dato “positivo”, que señala que 345.000 personas han salido del riesgo de pobreza, el dilema que se presenta es si continuará descendiendo o se paralizará. Las expectativas para 2020 —y el acuerdo de nuestro país con la Unión Europea— era reducir la cifra en, al menos, 2,8 millones de personas. Objetivo complicado, exponen, porque no existe una estrategia paralela de protección para mejorar la realidad y controlar la inestabilidad. En la crisis, dijeron, se disparó la caída, pero en tiempos de relativa bonanza no mejora sino que se estanca. “A falta de dos años, las evidencias estadísticas demuestran que no se ha avanzado en el cumplimiento de estos compromisos.
Aunque se están registrando modestos avances en la reducción de algunos indicadores, en general, se ha retrocedido con respecto al escenario inicial. De ello se deduce que será necesario introducir cambios importantes a fin de volver a la situación de partida, y una inversión social aún más destacada para llegar a la meta fijada, en el horizonte 2020”, argumentan en la introducción.
Dentro de esta cantidad total, 1,5 millones están en una situación de riesgo de pobreza severa, sumando más de uno de los parámetros mencionados. El presidente tildó de “sangrante” este aspecto antes de detallar que las tasas afectan prácticamente por igual a hombres y mujeres (con un 28% y un 27,9% respectivamente). “Al contrario que en otros ejercicios, donde la mujer era más vulnerable, en este se ha equiparado. Pero no porque la mujer haya mejorado, sino porque el hombre ha empeorado mucho”, matizó. Por grupos de edad, el riesgo de pobreza se ceba en los “jóvenes adultos”, de entre 16 y 29 años, con un 37,6% de afectados. Después se sitúan los menores de 16 (31,7%), los enmarcados entre los 30 y 65 años (27,1%) y los mayores de 65, que suman un 14,4%. “Uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social y 4,5 millones de pensionistas ya se encuentran en él”, lamentó Susías. “Los datos macroeconómicos prosperan, pero la pobreza no. Los pobres son los que más notan la crisis y menos la recuperación”, apuntó.
La coyuntura se agrava cuando hablamos de familias monoparentales (o “monomarentales”, como precisó Susías, ya que un 80% de personas solas que se encargan de los hijos son mujeres). “Las personas que viven en hogares con niños y niñas tienen tasas de AROPE hasta 30 puntos porcentuales más elevadas que las de aquellas que viven en hogares compuestos solo por adultos”, anotó. Del total, apenas un 12% representa a extranjeros en riesgo de pobreza. Dentro de esta franja, un 60,1% de los extracomunitarios está en riesgo de exclusión y un 47,3% entre los afectados con residencia europea. “La pobreza ha aumentado para toda la población española en su conjunto. Para las mujeres, para las personas mayores de 65 años, para los hogares monoparentales, para los extranjeros y extranjeras provenientes de la Unión Europea, para quienes están en paro, para quienes superaron la educación primaria y, también, para quienes tienen educación superior”, zanjan en la publicación.
Otros resultados llamativos atañen a la situación geográfica y laboral de los incluidos en el informe. Un tercio de las personas en riesgo de pobreza trabaja. Y mirando el mapa, la mitad sur copa los primeros puestos. Veamos: la renta media española era de 10.708 euros en 2016, con variaciones de hasta 6.000 euros entre comunidades. En País Vasco y Navarra, en el puesto más elevado, la renta media es de 14.345 euros y 13.408. En Cataluña, Comunidad de Madrid, Baleares y Asturias oscila entre los 12.000 y los 13.000 euros. En Murcia y Andalucía, esta renta es hasta 2.400 euros por debajo de la media nacional (unos 8.000 euros), y en Castilla-La Mancha, Canarias o Extremadura de hasta 2.000 euros inferior.
La línea divisoria de quién supera o no llega a esta renta es semejante a la del riesgo de pobreza: ocho comunidades autónomas por debajo de Madrid (incluyendo Ceuta y Melilla) superan el 27,9% nacional. “Lo que están fallando son las políticas de repartición. Necesitamos un sistema de rentas mínimas y acción directa sin paliativos”, esgrimió el presidente de EAPN, que expuso las líneas de actuación que apoya la agrupación: “Defendemos la necesidad de un pacto, de una estrategia que abarque la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales, pero también una política fiscal de impuestos progresivos y de unas ayudas garantizadas, así como tener en cuenta las diferencias de géneros, la diversidad y el impacto medioambiental”.
Graciela Malgesini, responsable de asuntos europeos e incidencia política de EAPN, insistió en que España se sitúa cuatro puntos por encima de la Unión Europea, cuya tasa de riesgo de pobreza se marca en el 23,9%, y señaló que solo siete países de 28 están detrás del nuestro. “En estos se recrudece por una privación material severa”, apostilló. Juan Carlos Llano, investigador y sociólogo que ha participado en el informe, remarcó algunas deducciones fundamentales del estudio: “No se cumplen los pactos con Europa. En tema de déficit sí, pero no en lo social”, arrancó, “y existe una enorme desigualdad territorial. Aparte, no todos los que salen del cómputo se recuperan por igual y tener hijos es un riego para ser pobres”. La síntesis de estas ideas desembocó en un alegato en contra del modelo “imaginario” que solemos asociar a estos datos: “Un 82% es español. Un 71% ha cursado hasta el segundo ciclo de secundaria y un 15% tiene estudios superiores”, finalizó, incidiendo en esa “invisibilidad” ya mencionada y en la necesidad de marcar una línea entre pobreza y miseria. Hay que desmontarla, reseñó, porque es dañina para la opinión pública. Escuchemos, si no, las charlas de nuestro alrededor.
