El goteo de acercamientos y excarcelaciones de presos etarras es incesante y se ha normalizado en la información diaria sobre las decisiones del Gobierno. La brutalidad de la pandemia de Covid-19 pone sordina a este injusto devenir de lo que debería haber sido una derrota sin paliativos de ETA y empieza a ser una especie de victoria diferida de los terroristas
Que el otrora aclamado juez Grande-Marlaska sea la mano pagadora del precio que cuesta el pacto del PSOE con Bildu no hace más que añadir evidencias a la pérdida de escrúpulos y de memoria de la izquierda gobernante. No hay que engañarse. Puede, y así hay que aceptarlo, que algunas excarcelaciones sean conformes a la legalidad penitenciaria y otras respondan a razones médicas justificadas.
El Estado de Derecho siempre es de Derecho y las primeras en defenderlo han sido las víctimas de ETA. Lo cierto es que, al margen de estas decisiones amparadas por la ley, o a lomos de ellas, discurre el gran plan político de agrupación de la izquierda, desde el PSOE a EH Bildu, pasando por Podemos y ERC.
Los socialistas siempre buscan ser juzgados por lo que dicen, pero no por lo que hacen, porque lo que están haciendo con los actuales líderes del proyecto de ETA cumple aquello que pronosticó la madre de Joseba Pagazaurtundúa: harán cosas que helarán la sangre.
El descaro de Otegui cuando pide a los presos de ETA que militen en EH Bildu o anuncia que pactan con el PSOE para «democratizar el Estado» es una repulsiva consecuencia de la legitimación de los proetarras por el Gobierno de Sánchez. Aquí no hay PSOE ni ministros moderados.
Todos tragan lo que haga falta para conservar un poder que el PSOE lo hace descansar en la unificación de todas las izquierdas, sean dignas o indignas como viene sucediendo desde que, en 2003, cuando, animado Zapatero, Pascual Maragall creó el frente soberanista de izquierda con ERC, el llamado «pacto del Tinell». Acercar y excarcelar presos de ETA es una pieza de esta estrategia más amplia del PSOE con Bildu.
Una estrategia que irá a más, desmintiendo a los ingenuos que creyeron que el PSOE giraría al centro una vez que tuviera aprobados los Presupuestos para 2021. El desmantelamiento de la política penitenciaria que tan eficaz fue en la lucha contra ETA está ignorando la existencia de cientos de víctimas, por supuesto, pero también el deber de todo gobierno de España de hacer valer la derrota de ETA.
Si el Gobierno no fuera promotor de ese pacto con Bildu, si no sintiera una obscena satisfacción por el apoyo de Otegui, mantendría a las víctimas de ETA como prioridad de su agenda política, instaría a la Fiscalía General -esa que, según Sánchez, depende del Gobierno- a recurrir las excarcelaciones judiciales, cuidaría de mitigar el dolor que causa a viudas, huérfanos, padres y hermanos las salidas a la calle de asesinos no arrepentidos, ni colaboradores de la Justicia.
Es tan escandaloso como que el PSOE ha aceptado los votos de Bildu sin exigir a Otegui, terrorista reincidente, y a los suyos que pidan perdón por los crímenes de ETA.
Las víctimas de ETA sienten que han perdido la última esperanza que les quedaba: la de sumir en la indignidad y la marginación a los presos de ETA. En esto tendría que haber consistido el relato histórico de la derrota de la banda, no en su transición a una formación política homologable para «la dirección del Estado».
Hay mucho foco puesto en la responsabilidad de Iglesias como lobista de los proetarras ante La Moncloa, pero la decisión de aceptar los votos de Bildu es de Sánchez.
Y Bildu no representa a ETA. Es ETA.
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