Santos Cerdán
El PSOE mantiene en secreto el contenido de la cita con Puigdemont que pone en jaque el pacto constitucional
Los socialistas y los independentistas catalanes confían en el diplomático salvadoreño Francisco Galindo la labor de coordinación de la mediación internacional con Junts
El PSOE siguió transitando este sábado la senda de lo desconocido con Junts. No solo porque mantiene en secreto el contenido de la cita que mantuvo su número tres, Santos Cerdán, con el expresidente catalán Carles Puigdemont en Ginebra (Suiza), sino porque cualquier futuro acuerdo que se materialice entre ambas fuerzas pondrá en jaque el pacto constitucional de 1978, ya que los independentistas no se apean de una consulta sobre el futuro político de Cataluña y el PSOE se abre a explotar las posibilidades del Estatuto de 2006, que puede incluir una votación sobre el encaje catalán en España, según se desprende del acuerdo de investidura.
Por el momento, el Partido Socialista solo ha notificado que ha acordado con Cales Puigdemont confiar en el diplomático salvadoreño Francisco Galindo la labor de coordinación de la mediación internacional. El resto es una gran incógnita. Eso sí, el encuentro, según una comunicación oficial de Ferraz, se desarrolló "en un ambiente cordial y de trabajo". "Se ha continuado avanzado", zanja el partido. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabe. Tampoco el propio PSOE, porque está impregnado de una gran desconfianza hacia su nuevo socio.
No hay una sola foto de la cita; una condición impuesta por el equipo de mediación. Tampoco hubo declaraciones públicas al término del encuentro. Tan solo una sucinta mención de Cerdán: "Ha ido bien, ha sido una reunión de trabajo". Y es que ese es el mantra al que se agarra el PSOE para restar trascendencia a su negociación con Junts. También el Gobierno se aferra a él. Pero por mucho que Moncloa intente circunscribir el diálogo con Puigdemont a un intercambio entre partidos democráticos, no se puede disociar el partido del Ejecutivo en tanto en cuanto quien decide por el PSOE es su secretario general que, a la vez, es presidente del Gobierno de España.
Competición independentista
El próximo encuentro se celebrará ya al año que viene. Aunque antes, Sánchez repartirá su atención a ERC, el otro gran partido independentista del que depende su Ejecutivo. El presidente del Gobierno se reunirá el próximo 21 de diciembre con el presidente catalán, Pere Aragonès; el delegado del otro gran vigía de secesionismo: Oriol Junqueras. Pero su archirival Puigdemont se lo pone difícil. La batalla por la hegemonía independentista es feroz. Solo así se entiende la publicación en Instagram del expresidente catalán, en la que mencionó el lawfare de marras que tanto inquieta a la Justicia y a Bruselas y que el PSOE compró en su acuerdo de investidura con Junts.
Puigdemont, que viajó a Ginebra acompañado de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y del secretario general del partido, Jordi Turull, citó la debilidad de España. Por parte del PSOE solo estuvo Santos Cerdán, que es el responsable de la interlocución de su partido con el independentismo catalán y el vasco. Junts necesita vender que está logrando algo más que la amnistía que también se ha arrogado ERC. Por eso Puigdemont está poniendo el foco en la negociación con el PSOE, que intenta elevar por encima de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, intentó tranquilizar sobre la opacidad que mantiene su partido y el Gobierno: "Cuando haya acuerdos se explicarán", dijo, en alusión a la cita de este sábado que ya advirtió que no acarrearía acuerdo alguno. No obstante, el hecho de que no se haya dado detalle alguno sobre la reunión, no indica que no se cerrado algún pacto.
El núcleo duro de Sánchez no esconde que su intención es dilatar al máximo la negociación con los independentistas mientras se sucede la tramitación parlamentaria de la amnistía; lo cual preocupa en el mundo secesionista, porque consideran que no está claro aún quién será amnistiado y cuándo. Y todo porque la aplicación de la ley, de aprobarse, estará sujeta al la interpretación de los jueces que mantienen abiertas las causas contra los independentistas por los acontecimientos del 1-O.
En el PSOE perciben la reunión de este sábado en Ginebra como un aperitivo de lo que está por venir: inestabilidad y ruido. Sánchez, consciente del coste que está teniendo para su partido, intenta reengancharse al espíritu que le invadió en campaña. El presidente intentó hacer pedagogía este jueves en TVE, en la primera entrevista desde que ha revalidado el Gobierno. Pero no salió bien parado.
Necesidad, no convicción
El presidente reconoce que la amnistía no nace de su convicción, sino de su necesidad. Él mismo espetó que no es el siguiente paso que hubiera dado en su política para Cataluña. Y cuando lo justificó en aras de la convivencia, en realidad está diciendo que contenta y cumple con las exigencias de los socios independentistas de los que depende para permanecer en el poder. No hay mucho más. Esa es la realidad. Con lo que no contaban en Ferraz era con la ferocidad de Bruselas, porque el presidente ha contado estos años con un halo en las instituciones comunitarias que se está empezando a apagar.
Solo así se entiende que su superministro Bolaños corriera a Bruselas a explicar a la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, la norma registrada en el Congreso y que ya se ha colado de lleno en el frente europeo. El ministro español aseguró, tras un intenso día de reuniones, que la Comisión Europea tenía "cero preocupación sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho en España". Sin embargo, fue desmentido poco después por el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand: "El comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones".
Moncloa intenta diluir sin éxito la medida de gracia. El análisis que hacen algunos dirigentes en el partido es que Sánchez ha sido incapaz de desviar la amnistía de la conversación pública una semana después de que constituyera su nuevo Ejecutivo de coalición. La medida de gracia le sigue lastrando allá donde va. Es más, le ha impedido arrancar la XV Legislatura con un anuncio potente rumbo a las Cortes y al BOE. Y ahora le persigue Puigdemont y los viajes de su fontanero fuera de España.
