Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
La maniobra del Gobierno para acortar la condena de medio centenar de etarras, descontándoles el tiempo de cárcel que han cumplido en Francia, se topa principalmente con dos objeciones.
La primera afecta fundamentalmente a la credibilidad del Estado de derecho y la convalidación de la función que en él lleva a cabo la Justicia, a la que con este ardid el Ejecutivo pretende fintar.
La segunda tiene que ver con el respeto y protección que ese mismo Estado debe procurar a las víctimas de los terroristas, que tienen razón cuando dicen sentirse traicionadas por el Gobierno. Los 54 presos a los que Sánchez quiere beneficiar con una salida prematura de la cárcel acumulan el 10 por ciento de todos los asesinatos cometidos por ETA a lo largo de su sanguinaria historia.
Hablamos de 84 asesinatos probados y sentenciados que además dejaron 250 heridos. El plan del Gobierno prevé que todos esos criminales se ahorren cuatro siglos de cárcel en lo que supone el penúltimo ‘favor’ que el sanchismo hace al entorno etarra, ese sobre el que descansa buena parte de la estancia de Sánchez en La Moncloa.
En realidad, es la penúltima traición a las víctimas; la última suena aún mucho peor y pasa por poner a todos en la calle antes de tiempo.
Sánchez va a soltar a un montón de asesinos etarras sin tomarse la molestia de informar siquiera a las víctimas.
En 2003 publiqué ‘Los años de plomo’, cuyo título se convirtió en sinónimo del período más sanguinario en la historia de ETA. El libro recogía diez entrevistas realizadas a víctimas en su mayoría anónimas, protagonistas de experiencias tan terribles en lo personal como vergonzantes para cualquier sociedad dotada de dignidad. En el prólogo de la obra, destinada a recoger la memoria en carne viva de esas gentes, yo escribía: «Fueron años de sangre, violencia y claudicación frente al terror, en los que el miedo se abatió sobre las conciencias y una amnesia tan deliberada como colectiva abocó al olvido el profundo sufrimiento de las víctimas... Fueron para esas personas tiempos de soledad e injusticia, de vergüenza sobrepuesta a la impotencia,
tiempos en los que los depredadores etarras ocuparon los desvelos de los responsables políticos y los escaparates mediáticos, mientras sus presas eran relegadas a los desvanes más inhóspitos de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado… Años de plomo calibre 9 mm. Parabellum, densos como el silencio cómplice que cayó alrededor de los asesinados...».
Han pasado casi dos décadas. Yo ya no vivo con guardaespaldas, porque en 2011 los etarras nos perdonaron la vida a cambio de sustanciosas contrapartidas políticas, pero el resto de mis palabras mantiene una dolorosa vigencia que el Gobierno de Pedro Sánchez alimenta a diario con sus acciones. La penúltima, esa maniobra traicionera y vil de la que informaba ayer ABC, consistente en derribar las barreras establecidas por Ejecutivos más decentes y allanar el camino a la liberación prematura de terroristas encallecidos, que ni se han arrepentido de sus crímenes ni cumplirán íntegramente sus condenas, tal como prometieron cuando era popular hacerlo dirigentes de diversos colores, incluidos los socialistas.
Estamos en 2022 y al plomo ha seguido la ignominia. Muchos de mis entrevistados han fallecido y se ahorran la humillación de ver cómo la historia se repite, los gobernantes centran de nuevo sus esfuerzos en satisfacer las exigencias de la banda, reconvertida en partido político socio preferente del inquilino de La Moncloa, y los españoles callan, al igual que hicieron en los ochenta y buena parte de los noventa, preocupados por otros asuntos como la economía o el Covid. Otros vivimos para seguir denunciándolo.
En la breve introducción a ese grito desgarrado, evidentemente inútil a la luz de lo que está pasando, yo señalaba también que entre 1975 y 1990 se produjeron incontables negociaciones entre representantes gubernamentales y jefes terroristas, se aprobaron dos amnistías y se tomaron múltiples iniciativas relativas a ETA, ninguna de las cuales contó jamás con la opinión de la otra parte; la que ponía las lágrimas después de cada atentado. Tampoco en eso hemos cambiado. Sánchez va a soltar a un montón de asesinos sin tomarse la molestia de informar siquiera a las víctimas.
Sánchez, en el Hemiciclo, frente a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa.
Otegi exige a Sánchez ahora desmantelar la Fiscalía de la Audiencia Nacional
En el interminable "mercado persa" en que el PSOE ha convertido la política penitenciaria contra ETA, Bildu presenta una nueva factura al inquilino de La Moncloa tras el acercamiento masivo.
El frente vasco de la coalición Frankenstein, integrado por PNV y Bildu, no están dispuestos a aflojar en el cobro de uno de sus principales peajes a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo: la voladura total de la política penitenciaria, el blanqueo definitivo del brazo político de ETA y la neutralización de los últimos resortes judiciales y policiales que combatieron a los terroristas durante más de cuatro décadas.
Mientras el Ministerio del Interior sigue acelerando su calendario de vaciado de las cárceles españoles -como ha informado ESdiario- , iniciativa paralela a la entrega al Gobierno Vasco de la gestión de las prisiones vascas, en Bildu se sigue trabajando en la agenda de los presos con una nueva exigencia al Gobierno.
Según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar ESdiario, dirigentes del partido de Arnaldo Otegi han trasladado a sus interlocutores del Gobierno -a través de sus intermediarios habituales y de altos cargos del PSE- la urgencia por renovar la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en su día uno de los pilares de la lucha antiterrorista.
En concreto, Bildu exige "cambios de calado" en la delegación del Ministerio Público de la Audiencia. El motivo es que los fiscales de este órgano son los competentes en los informes sobre los beneficios penitenciarios de los reclusos de ETA. Y es que es a la Sala de lo Penal de la AN donde llegan los recursos de la Fiscalía contra los permisos -los últimos muy polémicos por su laxitud- que conceden los jueces de Vigilancia Penitenciaria.
En la cúpula de Bildu, a la que a través de Sortu se acaba de incorporar el exjefe de la banda, David Plá, hay creciente preocupación por la decisión de los fiscales de exigir nuevas y más determinantes pruebas del arrepentimiento de los presos terroristas antes de acceder a las progresiones de grados y a los acercamientos. Más aún, después de que la AVT y Covite hayan recurrido muchas de ellas alegando que los terroristas estan usando cartas tipo de arrepentimiento que se limitan a firmar en cadena.
Pedro Sánchez, aplaudiendo al nuevo secretario general del PSOE vasco, Eneko Andueza.
Por eso, ante la negativa del colectivo de presos etarras ha asumir una petición de perdón a sus víctimas mucho más expreso y menos ambigüo, Bildu exige a Sánchez que renueve a los actuales fiscales de la Audiencia Nacional o los releve por otros más susceptibles de recibir instrucciones de la fiscal general, Dolores Delgado.
El líder del PSE cara a cara con Otegi
Precisamente este miércoles, el nuevo líder del PSE, Eneko Andueza, y Arnaldo Otegi se reunirán en Bilbao en pleno debate sobre la reforma laboral, que debe convalidarse en el Congreso de los Diputados.
Bildu ya ha anunciado que no respaldará esta modificación legislativa si no se incluyen medidas como la prevalencia de los convenios autonómicos, la indemnización por despido de 45 días o el control público de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Se espera que en el encuentro, las direcciones políticas de Bildu y el PSE-EE aborden esta cuestión, entre otras. La reunión se enmarca la ronda de contactos que realiza la nueva dirección socialista con partidos, organizaciones sindicales y sociales vascos.
La información exclusiva publicada por EL ESPAÑOL que evidencia que el Ministerio del Interior acercó a presos de la banda terrorista ETA basándose en informes médicos dudosos de una profesional de la medicina que fue dirigente de Batasuna, el brazo político de los etarras, ha provocado una ola de indignación entre las víctimas del terrorismo y la oposición política.
Según denuncian desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), las informaciones publicadas por este periódico en las últimas horas vendrían a reflejar la estrategia seguida por la izquierda abertzale para lograr que los etarras en prisión sean acercados a cárceles vascas. "Venimos denunciando el paripé que suponían las falsas cartas de arrepentimiento y ahora los informes médicos que no pretendían otra cosa que blanquear este cambio de política penitenciaria a cambio de nada", asegura Carmen Ladrón de Guevara, abogada de este colectivo.
Para el PP, se trata de algo "humillante" para las víctimas del terrorismo etarra y por extensión para todos los españoles el hecho de que tras conocerse hechos como este Fernando Grande-Marlaska siga siendo el titular de Interior. Así lo manifestaba en las redes sociales la vicesecretaria de Organización de los de Pablo Casado, Ana Beltrán, quien resaltaba que "Interior y ex dirigentes de Batasuna, aliados necesarios para favorecer a presos de ETA.
Los populares llevan tiempo poniendo en la diana de sus críticas a Marlaska, también por la concesión de terceros grados, como el que recibió en 2020 el asesino de Lardero, y también por los pluses salariales a los directores de las prisiones por favorecer ese régimen de semilibertad, como también desveló este periódico.
La doctora en cuestión, Matilde Iturralde Martínez de Lizarduy, fue una destacada integrante de Herri Batasuna, brazo político de ETA en los años más duros de la banda terrorista. En 1997 fue condenada por el Tribunal Supremo, junto a otros 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, a una pena de siete años de prisión por un delito de colaboración con banda armada. Dos años después resultó absuelta por el Tribunal Constitucional.
Su particular modus operandi hacía que los reclusos pertenecientes a ETA recurriesen a ella de manera preferente. Así lo hizo, por ejemplo, Javier Zabalo Beitia, que cumple condenas de 72 años por por el intento de asesinato de un concejal del PSE en 2001 y la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga, que no llegó a explotar. Zabalo pidió en junio de 2020, en una carta remitida a la dirección de su prisión, que Martínez de Lizarduy fuese designada como "médico de confianza".
Hay socialistas que creen viable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acceda a excarcelar a los 200 presos de ETA que permanecen en prisión, como exige Arnaldo Otegi. El primero en verbalizarlo ha sido el histórico ex presidente del PSE Jesús Eguiguren, el hombre que pilotó la negociación con ETA durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Sánchez es capaz de eso y mucho más», ha reconocido en declaraciones a los periodistas en la presentación del número especial de la revista Grand Place Fin de ETA, 10 años de la Fundación Mario Onaindia en San Sebastián, aunque no cree se vaya a «soltar a 200 presos» a cambio del apoyo bildutarra a las cuentas públicas porque los votos de Bildu no son indispensables.
Hace tres años, Eguiguren reveló que Zapatero se planteó en su día indultar a los presos de ETA para facilitar el denominado proceso de paz que impulsó desde Moncloa. «No lo he dicho nunca antes: pese a que Zapatero estaba acosado por la derecha, pensó que el terrorismo se podía acabar, y tuvo planes de indultos individuales, para resolver políticamente el tema, aunque no se avanzó más», confesó en una entrevista radiofónica.
Apenas cinco horas después de escenificar un simulado perdón a las víctimas de ETA por «un dolor» infligido que «nunca debió haberse producido», Otegi destapó ante la militancia de Bildu en Eibar sus auténticos propósitos: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo».
La frase ha monopolizado este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha negado que vaya a intercambiar presos por Presupuestos, pero el presidente del PP, Pablo Casado, le ha recordado las numerosas ocasiones en las que el socialista dijo que con Bildu nunca iba a pactar y terminó haciéndolo.
En su intervención ante la militancia, Otegi proclamó que «Bildu tiene que obligar al Ejecutivo a que cambie la ley» para poder poner en libertad a los presos de ETA, lo que calificó como «la madre de todas las batallas» y «por eso no lo decimos en público».
Para alcanzar este objetivo, explicó Otegi, «necesitamos que pasen estos dos años de legislatura y que este Gobierno cumpla otros cuatro años más años en el poder, ya que si llegan PP y Vox lo pagaremos».
Negociación y diálogo
Jesús Eguiguren (Guipúzcoa, 1954) comparte con Otegi el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación por «su aportación en la consecución de la Paz en Euskal Herria» [sic]. Su negociación con Batasuna comenzó en 2002, cuando era líder del socialismo vasco y Aznar presidente del Gobierno. Con Zapatero en la Moncloa los contactos se intensificaron hasta desembocar en el «alto el fuego permanente» de ETA en 2006 que terminó saltando por los aires con el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas.
«El diálogo fue clave para que ETA acabara de la mejor forma imaginable», ha manifestado durante el acto en la Fundación Mario Onaindia. Eguiguren ha defendido «la validez del proceso de paz», no porque él tomara parte, sino porque «lo hizo el PSOE». «La paz la trajo el PSOE, con Patxi López de lehendakari y José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno», ha zanjado.
"Hori da (esa es, en euskera) la madre de todas las batallas", respondió Otegi ante una de las preguntas que le realizaron en una charla celebrada en Eibar tan sólo siete horas después de que junto a Arkaitz Rodríguez leyera un comunicado de cinco puntos que incluía el reconocimiento de que el "dolor" causado a las víctimas por los terroristas de ETA "nunca debió de ocurrir". Un reconocimiento aplaudido de forma instantánea por miembros del PSOE como Patxi López y de Podemos como la ministra y secretaria general, Ione Belarra. El presunto gesto hacia los más de 850 asesinados por ETA y sus familiares en el acto público le permitió a Otegi "dar una patada en el hormiguero" y situar a EH Bildu "en el centro del tablero", según confesó horas después. En las explicaciones hacia su militancia, Otegi se sincera y establece con claridad la fórmula "presupuestos por presos" en las negociaciones ya en marcha con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la noche de este miércoles, y tras la polémica generada, en una entrevista con Jesús Eguiguren, en Radio Euskadi, Otegi aludió a su "responsabilidad" de anticipar el respaldo a las cuentas aunque no se libere ahora a los 200 presos etarras. "Un gobierno de progreso sí o sí tiene que apoyarse en los independentistas vascos y catalanes", advirtió. Los presos se encuentran, como reconoció el líder de la izquierda abertzale en el video difundido por Antena 3 y Vocento, en el "frontispicio" de su estrategia política, aunque no le interese reconocerlo públicamente e, incluso, sea un motivo de confrontación con sindicatos como ELA y LAB que cuestionan el apoyo de EH Bildu a Sánchez y, expresamente, a los Presupuestos Generales del Estado. Un respaldo por el que EH Bildu ha logrado el traslado de "cinco presos a la semana", que han beneficiado a 202 etarras desde 2018, según los datos de la AVT.
Reforma del Código Penal
Pero Otegi quiere mucho más que acercamientos. "Tenemos que obligar al Gobierno [de Sánchez] a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA", confesó a los suyos Otegi en Eibar. Ese cambio legislativo se fundamenta en la eliminación de dos cuestiones claves introducidas en 2003 en el Código Penal por el Gobierno de Aznar. Por un lado, se elevaron hasta los 40 años el cumplimiento de las condenas de los delincuentes más sanguinarios detenidos y juzgados después de 2003. Pero, sobre todo, la reforma de 2003 endurece las condiciones para que los etarras salgan de la cárcel al lograr el tercer grado o la libertad condicional. Desde entonces, los terroristas presos tienen que cumplir un mínimo de cuatro quintas partes del límite máximo de la condena para poder acceder al tercer grado y esta exigencia es aún mayor para acceder a la libertad condicional. Además, se establece que para obtener el cambio de grado debe haber un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, pero este obstáculo será más sencillo de superar tras la cesión de la gestión de las prisiones al País Vasco. El gobierno de Iñigo Urkullu ha anunciado que multiplicará el cumplimiento en "semilibertad" de las penas y está por ver cómo influye en las juntas de tratamiento que aún no se han reunido tras el traspaso. De momento, 104 presos ya han pedido formalmente su traslado al País Vasco. Otra pieza en el puzzle de Otegi, el aliado de Pedro Sánchez.
En una carta que desvela 'Vozpópuli', tres diputados de Bildu solicitan entrevistarse con el director de la cárcel de Basauri para abordar "las novedades resultantes de la transferencia de prisiones" al País Vasco
EH Bildu ha pedido "reuniones discretas" a directores de cárceles en el País Vasco para supervisar el futuro de los presos de ETA. Así consta en una carta firmada por tres diputados de la izquierda abertzale a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Los parlamentarios solicitan abordar con el director del penal de Basauri (Vizcaya) "las novedades resultante de las transferencia de la competencia de prisiones" a la comunidad vasca.
La misiva está firmada por el diputado nacional en el Congreso Jon Iñarritu, el parlamentario de Bildu en la Cámara autonómica de Vitoria Julen Arzuaga y la diputada foral en la Junta de Vizcaya Beatriz Ilardia. Los tres solicitan visitar a cuatro etarras encarcelados en Basauri: Iñaki Garcés, Juan Carlos Subijana, Iñaki Bilbao y Ugaitz Pérez.
Iñarritu y Arzuaga reclaman además en la carta "reunirse discretamente con al dirección de la cárcel". El objetivo, dicen, es "departir sobre condiciones de encarcelamiento, régimen tratamental, expectativas de retorno y reintegración social de los mencionados presos, así como las novedades resultantes de la transferencia de la competencia de prisiones (al País Vasco)".
Bildu y la competencia de prisiones
No es la primera vez que cargos electos de Bildu visitan a presos de ETA en las cárceles. Pero el documento que desvela este diario muestra el interés de los diputados para abordar de manera "discreta" las expectativas de futuro que se abren para los etarras tras asumir el País Vasco la gestión de prisiones. El Gobierno de Pedro Sánchez traspasó esta competencia como parte de sus acuerdos de investidura con el PNV.
El grupo parlamentario de PP y Ciudadanos (PP+Cs) en el País Vasco exigió recientemente al Ejecutivo vasco que aclare cuál será el "nuevo modelo penitencial" que han prometido los nacionalistas vascos. La transferencia de esta competencia desde el Gobierno central al vasco se hará efectiva el próximo 1 de octubre. Populares y naranjas reclaman que no sirva para hacer un "traje a medida para los presos de ETA".
En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha pedido que se tenga en cuenta a las víctimas de ETA a la hora de tomar ciertas decisiones en materia penitenciaria. "Las víctimas del terrorismo hemos confiado en el Estado de Derecho, y lo mínimo que se nos debe es justicia", dijo la AVT en un comunicado tras una reunión con la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
"Hemos incidido en la necesidad de exigir como variables evaluables de la reinserción de los terroristas que exista una colaboración real y efectiva con la justicia, así como el compromiso de los presos de no ser merecedores de actos públicos de reconocimiento", añadió la Asociación.
Los cuatro presos de Basauri
Los cuatro etarras que los diputados de Bildu quieren visitar en Basauriacumulan penas superiores a los 80 años de cárcel. Iñaki Garcés Beitia reconstituyó el comando Araba en 1996 y se le condenó por varios delitos relacionados con el terrorismo; entre ellos, depósito de armas de guerra y explosivos.
Juan Carlos Subijana ingresó en prisión en 2009 y cumple condena de 28 años por los delitos de asesinato y daños: la Justicia le vinculó con el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera en el año 2000. Interior aprobó su traslado del centro penitenciario de León al de Basauri el pasado 12 de febrero.
Iñaki Bilbao Gaubeka también fue acercado de Zaragoza a Bilbao en abril. Ingresó en prisión en 1998 con una pena acumulada de 25 años por delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos. Asimismo, Instituciones Penitenciarias anunció en octubre el traslado de Ugaitz Pérez Zorriketa desde Castellón a Logroño. Y en abril se le condujo al centro penitenciario de Basauri, donde actualmente cumple una condena de 25 años por daños, desórdenes públicos, incendio y lesiones.
![Arnaldo Otegi, este lunes, en San Sebastián.]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"53","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPLuW9.img?h=959&w=1438&m=6&q=60&o=f&l=f&x=454&y=116"},"dpi":1.8,"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPLuW9.img?h=749&w=1123&m=6&q=60&o=f&l=f&x=454&y=116"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPLuW9.img?h=749&w=1123&m=6&q=60&o=f&l=f&x=454&y=116"}})
