Está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, luego, decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros.
El auto que ayer hizo público la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M es un repaso jurídico en toda regla a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. En 17 páginas sin desperdicio, la juez Rodríguez-Medel desmonta todas las quejas de nulidad procesal e indefensión al investigado. La resolución judicial no se limita a una fría aplicación de preceptos legales, sino que pone a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía ante el espejo de sus debilidades y contradicciones. Es un auto cuya lectura merece la pena, porque desvela la insolvencia de la campaña desatada por esas instituciones -que se deben al principio de legalidad- contra la propia juez, la Guardia Civil y la investigación del 8-M en su conjunto. Mucho miedo debe haber en el Gobierno por estas diligencias penales cuando tiene que forzar a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal a caer en una estrategia procesal casi suicida, sin fundamento sólido, ni objetivo claro. Es más, sus ataques a la instructora han permitido a esta perfilar aún más el objeto de su investigación y la posible implicación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, citado hoy a declarar, de manera que sólo lo desconocen los que quieran seguir siendo ignorantes.
Es evidente que, en principio, no resulta fácil el encaje jurídico penal de las decisiones administrativas tomadas por acción o por omisión en relación con el 8-M; pero también es evidente que la manifestación feminista fue consentida cuando el peligro de contagios masivos por el Covid-19 en actos multitudinarios no era un rumor o una mera especulación, sino un hecho notorio dentro y fuera de España, conocido precisamente con detalle por las autoridades sanitarias y políticas con competencia para prohibir esa concentración. La teoría del «no sabíamos nada» es falsa, pero si fuera cierta, seguiría siendo un dedo acusador contra quienes tenían la obligación de saberlo todo, porque de ellos dependían decenas de miles de vidas.
Por eso está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del Gobierno en Madrid y, luego, decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros. Incluso si algo cabe cuestionar en esta investigación penal es la exclusión de otros posibles delitos -lesiones imprudentes, por ejemplo- y otros posibles responsables, como Fernando Simón. En todo caso, la fase de investigación no cierra la puerta a nuevas ampliaciones de hechos y personas, y esto es lo que el Gobierno teme, porque tanto el informe del forense como los atestados de la Guardia Civil no solo no están dando motivos a la juez para archivar la causa penal, sino que aumentan los indicios para seguir adelante con ella e implicar a más personas. Y, en lo sucesivo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía deberían cuidar su autoestima y evitar el ridículo.
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