Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
La memoria no solo tiene un papel fundamental en el aprendizaje, es también importante para nuestro día a día, para nuestro desarrollo físico y emocional.
Todos tenemos 5 tipos de memoria: memoria episódica (hechos personales), memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria semántica y memoria procedimental (destrezas).
Aunque inherentemente todos deberíamos tener en mayor o menor medida estas 5 memorias, desde el actual Desgobierno Socialpodemita solo se nos intenta potenciar la memoria selectiva centrada en “su” memoria histórica. Así, que ya hemos pasado de 5 memorias a 7.
El que Sánchez hable de manera recurrente de la “Memoria Histórica” no tiene otro fin que intentar tapar su incompetencia como presidente del Gobierno de España así como la de los Ministros que le acompañan. Ante los graves problemas que azotan a la sociedad española, ante su falta de capacidad para hacerles frente, la alternativa más rentable con miras a las urnas, es hablar de “Memoria Democrática” y “Memoria Histórica”
Recordemos un Tweet escrito por Pedro Sánchez: “ La Memoria Democrática es para el Gobierno una política de Estado. Volcaremos recursos para exhumar los restos de los asesinados que hoy siguen en las cunetas. Actualizaremos la Ley de Memoria Histórica para acabar con reconocimientos injustos a quienes torturaron a seres humanos “. (febrero 2020).
Siento vergüenza cuando el presidente del Gobierno habla de cunetas y olvida a los empresarios, industriales, terratenientes, políticos de la derecha y miembros de la Iglesia Católica a los que se consideró enemigos del bando republicano durante la Guerra Civil.
Siento vergüenza cuando el presidente del Gobierno habla de “reconocimientos” y tortura. El PSOE, Podemos, EH Bildu y PNV se han opuesto a reformar el Estatuto de la Víctima del Delito, y con ello miran hacia otro lado frente a los “ongi etorris”.
Por otro lado, en España siguen sin ser investigados los 376 crímenes de ETA que están sin resolver y se cuestiona ,desde el PSOE ,la recomendación de la Comisión Europea para que los etarras colaboren con la Justicia ,y con las mencionadas investigaciones , antes de obtener beneficios penitenciarios.
Esto no interesa. Normal teniendo en cuenta quien sostiene a Sánchez en el Gobierno.
La implicación de partidos de izquierda en dos golpes de Estado
Todas las formaciones de centro-derecha que hay en las Cortes Españolas son de reciente creación. La más antigua es el Partido Popular, fundado en 1989, y el más joven es Vox, que hizo su aparición en 2014. Por el contrario, en el Congreso hay diputados de izquierdas que pertenecen a partidos mucho más antiguos y que estuvieron implicados en la Guerra Civil Española y también en los hechos violentos anteriores a ésta y que contribuyeron a desencadenarla. El más antiguo es el PSOE, fundado en 1879. También está el Partido Comunista de España (PCE), fundado en 1921, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fundada en 1931.
Para empezar, y por si alguien lo ha olvidado, tanto el PSOE como ERC estuvieron directamente implicados, como promotores, en dos golpes de Estado durante la Segunda República, ambos cometidos en octubre de 1934 y que se saldaron con más de 300 muertos en Asturias y 107 muertos en Cataluña. Lejos de avergonzarse de ello, la izquierda tiene la desfachatez de dedicar monumentos y calles a cabecillas de aquellos golpes, como Lluís Companys, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Es tan grotesco como si se dedicasen calles a los cabecillas del 23-F, con la gran diferencia de que éstos no mataron a nadie.
Los crímenes de esos partidos de izquierda en la Guerra Civil
Otro hecho que se suele pasar por alto es que el PSOE, el PCE y ERC estuvieron implicados en crímenes de guerra durante la Guerra Civil Española. Bajo el mandato de Companys, líder de ERC, durante la Guerra Civil fueron asesinadas en Cataluña más de 8.000 personas por motivos políticos, entre ellas 4 obispos, 1.536 sacerdotes (el 30% del clero catalán) y miles de seglares por el simple hecho de ser católicos. Estas purgas al más puro estilo estalinista incluyeron el asesinato de 90 miembros de ERC que eran molestos para Companys, al más puro estilo de lo ocurrido en la “noche de los cuchillos largos” en la Alemania nazi.
Pedro Sánchez esconde a las víctimas de esos crímenes
Recuerdo todo esto porque ayer Pedro Sánchez recordó a las “13 rosas”, un grupo de mujeres socialistas -la mayoría de ellas eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)- ejecutadas por la dictadura franquista en agosto de 1939. Sánchez afirmó: “Las mataron por defender la democracia, por luchar por la libertad y la justicia social”. Ya expliqué aquí el año pasado que las JSU no defendían la democracia ni la libertad, sino una dictadura socialista al estilo de la URSS. Esa organización, además, estuvo implicada en la masacre de Paracuellos, cuyo máximo responsable fue Santiago Carrillo, secretario general de las JSU entre 1936 y 1947 y más tarde secretario general del PCE.
El caso es que mientras hace eso, Sánchez nunca dedica ni un tuiteo ni mensaje institucional alguno a los asesinados por la izquierda antes de la guerra y durante ella. Tanto en su función de dirigente del PSOE como en su papel de presidente de gobierno, actúa como si esas víctimas no existiesen y como si sus verdugos fuesen grandes demócratas (recordemos que en marzo un diputado del PSOE incluyó a Carrillo entre los “luchadores por la libertad”, a pesar de haber dedicado gran parte de su vida a defender a un movimiento totalitario, antidemocrático y genocida como es el comunismo).
La estafa de la «memoria histórica» del PSOE
En el fondo, es como si Sánchez y su partido estuviesen empeñados en seguir alimentando el odio que desencadenó aquellas atrocidades cometidas por el PSOE, atrocidades sobre las que nunca han pedido perdón y a cuyas víctimas humillan cada vez que blanquean y ensalzan a los responsables de esos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Teniendo en cuenta esto, obvia decir que eso que el PSOE llama “memoria histórica” y “memoria democrática” no es más que una estafa y un intento indecente de echar tierra sobre los crímenes de ese partido y del resto de la izquierda. Y ante ese propósito y mientras exista esa web, Contando Estrelas no dejará de recordar esos crímenes.
En 1931, se proclamó una República democrática que, aunque carecía del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas (de hecho, en las municipales triunfaron las fuerzas monárquicas gracias al caciquismo), vio aceptada su legitimidad por la mayor parte del espectro político.
Una niebla de mitos rodea a la Segunda República. Unos, en sentido negativo, pretenden elevar a nido de radicales bolcheviques esta segunda aventura republicana en España, a modo de justificación del posterior golpe de Estado. Otros, con intención de vanagloriar lo que fue un fracaso, presentan este periodo histórico como la arcadia feliz que nunca fue.
Lo primero que cabe preguntarse para despejar unos y otros mitos es cuánto de democrático llegó a ser este sistema de gobierno que tuvo que lidiar con los movimientos revolucionarios que agitaban Europa, las tensiones causada por la Gran Depresión, el surgimiento de estados totalitarios en Italia y Alemania y, en definitiva, lo que ha venido llamándose la «edad del odio»
.La falta de cultura democrática
En 1931, se proclamó una república democrática que, aunque carecía del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas (de hecho, en las municipales triunfaron las fuerzas monárquicas gracias al caciquismo), vio aceptada su legitimidad por la mayor parte del espectro político. Los republicanos de izquierda, los socialistas y los radicales de centro impulsaron la llegada de la Segunda República, pero solo estos últimos demostraron un verdadero compromiso con las normas del sistema electoral parlamentario. Para el resto, la república no era tanto un sistema político como un programa de reformas culturales e institucionales para el cual era indispensable eliminar a los católicos y a los conservadores de cualquier influencia política.
«La dificultad para asentar un régimen democrático en la España de los años treinta tuvo mucho que ver con el muy generalizado desprecio de los actores políticos hacia la cultura liberal del pacto», asegura el historiador Fernando del Rey en la obra colectiva «Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española» donde ejerce como coordinador. «Actitudes como pactar y dialogar, fundamentales en cualquier sistema que aspire a proteger y amparar el pluralismo social y político, fueron denostadas como parte de otra época ya extinta», apunta este mismo autor.
Proclamación de la Segunda República. En la imagen, un grupo de obreras llevando en sus manos las banderas tricolor
Si bien el historiador Javier Tusell definió este periodo político como una «democracia poco democrática», otros autores, como el también historiador Francisco Sánchez Pérez, reivindican su éxito inicial como «un régimen democrático de masas bastante avanzado para la época y de voluntad modernizadora». Opinión muy pareja a la de Edward Malefakis, autor de «La Segunda República española en perspectiva comparada» (Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, 2014), que defiende que, «a pesar de todos sus defectos –que fueron múltiples–, la República de abril de 1931 estaba envuelta en una nobleza que la hizo excepcional tanto en su tiempo como en el conjunto de la historia de España y Europa».
No se pueden olvidar los numerosos avances sociales que de su mano transformaron por completo España, entre ellos la extensión del sufragio a las mujeres, las reformas sociales, la ampliación de los derechos ciudadanos a las capas populares, la política educativa, aunque por el camino se descuidara algo tan básico para estabilizar una democracia como el respeto por el pluralismo político y la alternancia entre distintas fuerzas. Faltó cultura democrática para llegar la república a un terreno manso.
«Una democracia sin demócratas» donde, en mayor o menor medida, la mayoría de líderes políticos conspiraron contra el régimen en algún momento.
Defiende Roberto Muñoz Bolaños en su obra «Las conspiraciones del 36: Militares y civiles contra el Frente Popular» que se trató de «una democracia sin demócratas» donde, en mayor o menor medida, la mayoría de líderes políticos conspiraron contra el régimen en algún momento. Tanto la derecha como la izquierda y, en general, las diferentes opciones políticas, consideraban la fuerza como una alternativa aceptable al sufragio. La posesión de pistolas entre parlamentarios era parte del paisaje. La convivencia en un mismo sistema de propuestas antagónicas resultó, como cabía esperar, un naufragio perfectamente legislado.
Una «Constitución para una guerra civil»
Entre los defectos de base de este proceso democrático estuvo una regulación en materia de prensa (sustentada por la «Ley de Defensa de la República» y la «Ley de Orden Público» de octubre de 1932) que en la práctica resultaba incompatible con el derecho a la información y que, en muchos sentidos, era más represiva que la establecida durante la dictadura de Primo de Rivera.
La libertad religiosa fue el otro problema candente de un régimen que gobernó de espaldas a la realidad social del país. Si bien la mayor parte de los españoles eran moderados o claramente católicos y conservadores, existían desde la génesis de la república unas minorías radicales y revolucionarias con un claro sesgo anticlerical. Como decía el propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española entre 1931 y 1936, insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil».
La Constitución de 1931, concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, estuvo construida bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. Los republicanos de izquierda no contaron con la otra España para llevar a cabo la reforma militar, la reforma agraria o para abordar una nueva relación entre Iglesia y Estado, planteadas más con un sentido revanchista que como una búsqueda de consenso sobre temas que la gran mayoría de los españoles también querían reformar.
Niceto Alcalá-Zamora
El filósofo Ortega y Gasset criticó precisamente que esos líderes republicanos de izquierda estuvieran más ocupados en una vuelta a obsesiones del pasado que en problemas apremiantes de esa décadas: «Lo que no se comprende es que habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca discordia, sin apenas herida, ni apenas dolores, hayan bastado seis meses para que empiece a cundir por el país desazón, descontento, desánimo, en suma, tristeza».
Y fue la falta de cultura de pacto y ese empeño por centrarse en los elementos de discordia lo que arrojó a muchos elementos de izquierda a postulados revolucionarios en cuanto el electorado decidió que el poder pasara a manos del centro derecha en 1933. Las fuerzas de izquierda se resistieron a aceptar el resultado electoral y Azaña hasta llegar a pedir la anulación de los comicios.
La revolución socialista
Como explica el hispanista Stanley G. Payne en su libro «La revolución española: 1936-1939» (Espasa), en los primeros cinco años de vida de la Segunda República, hasta las elecciones de febrero de 1936, los distintos gobiernos respetaron a grandes rasgos las reglas esenciales de una democracia constitucional, «aunque su conducta y sus procedimientos fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles». 1934 marcó un punto de inflexión que en 1936 se tradujo en una crispación que, según este autor, era incapaz de coexistir con un sistema democrático.
Los esfuerzos por consolidar esta democracia se toparon así con fuerzas centrífugas que en Europa lograron tumbar democracias más consolidadas que la española. Los comunistas y los anarcosindicalistas, poco interesados en una democracia liberal, habían declararon la guerra a la República desde su nacimiento, pero fue el giro antidemocrático del resto de izquierdas lo que apuñaló al sistema desde dentro.
Largo Caballero, durante un mitin en Cádiz
Como señala G. Payne en la mencionada obra, el PSOE, que en la coalición del primer gobierno republicano actuó con responsabilidad y hasta moderación, mostró entonces su falta de madurez en comparación con los socialdemócratas alemanes y de otros países europeos. Su derrota en las elecciones generales de noviembre de 1933 provocó el «giro bolchevique» de muchos de sus líderes, entre ellos Largo Caballero, «el Lenin español», que se convenció de que solo con medidas radicales se podía alcanzar una reforma social del país. Así lo expresó, sin disimulos, en un mitin de ese mismo año en el que gobernaba el centro derecha: «Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen».
En una entrevista con Santiago Carrillo en esas fechas, Largo Caballero dejó claro su giro hacia postulados no democráticos: «Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?».
Actitud muy distinta a la que el partido tuvo en Francia, donde el socialismo accedió en 1936 a participar en un gobierno democrático «burgués» para impedir que el comunismo desembarcara en el país vecino.
«Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible; después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen».
Manuel Azaña, situado en el centro izquierda y considerado tradicionalmente alguien abierto al consenso, no quiso buscar la manera de estabilizar el sistema cuando, a partir de 1934, se iniciaron varios desafíos contra la democracia, entonces gobernada por el centrista Alejandro Lerroux. Junto a los comunistas, Largo Caballero encendió en las sombras la mecha de la Revolución de Octubre de 1934, si bien luego negó cualquier responsabilidad en aquellos hechos donde Asturias fue tomada por la CNT. Se registraron actos violentos en quince provincias y en total murieron 1.400 personas. Además, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó de forma unilateral y aprovechando la confusión «el estado catalán dentro de la República federal española».
Aquella ofensiva revolucionaria encabezada por un movimiento socialista, no directamente por los comunistas, contra una democracia establecida es –en opinión de Stanley G. Payne– un caso único en Occidente, con la salvedad de la Italia de 1919-1920.
El triunfo del Frente popular
Los líderes republicanos de la izquierda moderada en vez de aliarse con las fuerzas moderadas de la derecha para impedir el avance revolucionario, maniobraron en contra de cualquier brazo tendido hacia la derecha democrática. Cuando el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que gobernaba con el apoyo de la CEDA, cayó a finales de 1935 asediado por los casos de corrupción, Alcalá-Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido con más apoyo parlamentario formase otro Gobierno. «Si lo hubiera hecho, en el peor de los casos se habría producido una significativa reforma constitucional en 1936-37 que habría cerrado el paso a una guerra civil», señala el hispanista norteamericano.
Azaña, que nunca llegó a condenar en público la insurrección revolucionaria de 1934, se unió de cara a las elecciones de 1936 a una coalición electoral de las izquierdas, incluidas aquellas que habían apostado ya por una deriva no democrática, bajo las siglas de Frente Popular. Uno de sus cantos electorales era la amnistía tanto para los golpistas catalanes como para los revolucionarios de Asturias.
Manifestación celebrada después de las elecciones de 1936, con guardias y público con el puño en alto. - Martín Santos Yubero
Las elecciones, en las que se impuso el Frente Popular, han sido puestas en los últimos años bajo cuarentena en el libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular» (Espasa) ante las innumerables irregularidades en el recuento de los votos, con lacres rotos, papeletas que aparecen y desaparecen, tachaduras, borrones y raspaduras en los sobres, además de tres días de violencia en las calles que forzaron a dimitir al liberal Manuel Portela, presidente del consejo de Ministros, dejando en manos de Manuel Azaña el papel de garante de los comicios.
En la misma noche que accedió al Gobierno, Azaña se vio obligado a salir a la Puerta del Sol a contener con sus palabras una enorme manifestación. Poco después de abandonar el balcón, el político republicano reconoció ante Martínez Barrio la dificultad de contener la presión de la izquierda obrera pues, si se respetaba la legalidad, saldría «a motín por día».
«No hizo falta un pucherazo o un fraude masivo, simplemente se falsificó la documentación o se hizo desaparecer para que no llegara nunca a las Juntas Provinciales de Censo»
«No hizo falta un pucherazo o un fraude masivo, simplemente se falsificó la documentación o se hizo desaparecer para que no llegara nunca a las Juntas Provinciales de Censo», aseguró en una entrevista en 2017 a ABC Villa García, uno de los autores de la investigación. El resultado de la falsificación fue que en provincias donde había ganado de forma rotunda las derechas, véase La Coruña, Cáceres, Lugo y Tenerife, terminó venciendo el Frente Popular, mientras que en otras donde se daba una situación de empate técnico desapareció un determinado número de actas. Sin estas actas dudosas, en la primera vuelta de las elecciones «izquierdas y derechas habrían quedado equilibradas: entre 226 y 230 escaños los primeros, y entre 223 y 227 los segundos».
Aquel Frente Popular que accedió al poder de forma poco higiénica (no de forma ilegal, pues en aquel sistema el presidente de la República podía llamar a cualquiera a formar gobierno indiferentemente de su peso electoral), no tuvo como objetivo defender la democracia, como sí ocurriría con su homólogo francés en esos mismos años, sino reivindicar los sucesos revolucionarios de 1934. La liberación de los presos condenados por los tribunales republicanos fue uno de sus primeros movimientos.
Manuel Azaña
A continuación, Azaña y sus aliados del Frente Popular castigaron a Alcalá-Zamora expulsándole de la presidencia en un gesto a todas luces inconstitucional por haber disuelto sin justificación las Cortes anteriores. ¡Pero si habían sido ellos quien le habían exigido que convocara elecciones! Alcalá-Zamora definió aquella maniobra como un «golpe de Estado parlamentario», pero en ningún momento le sorprendió la actitud antidemocrática de Azaña que, a pesar del aura de mitificación con el se le reviste hoy, presumía sin problemas de su sectarismo:
«No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, a mi modo, ardientemente sectario, y en un país como este, enseñado a huir de la verdad, a transigir con la injusticia, a refrenar el libre examen y a soportar la opresión, ¡qué mejor sectarismo que el de seguir la secta de la verdad, de la justicia y del progresismo social! Con este ánimo se trae la República, si queremos que nazca sana y vividera». Discurso en febrero de 1930.
Quiebra del Estado de Derecho
Con Azaña como jefe de Estado y Casares Quiroga como presidente de Gobierno, se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho, entre ellas incautaciones ilegales de propiedades e iglesias, sobre todo en el sur; el cierre de colegios católicos por toda la geografía; miles de detenciones arbitrarias de miembros de partidos derechistas; la sustitución de jueces y funcionarios por otros afines al Frente Popular y la incorporación de activistas sociales y comunistas, nombrados ad hoc como policías suplentes («delegados gubernativos»), a los cuerpos de Seguridad.
«Ha entrado con precipitación, espanto y lágrimas un matrimonio amigo mío. El marido, que resistió a la dictadura de Primo de Rivera y ganó para la República las elecciones de 1931, ha tenido que huir aterrorizado ante la amenaza de la nueva dictadura tumultuaria, secundada por los delegados de los gobernadores, que van arrancando las dimisiones con amenazas de desamparo ante la violencia. Vienen temblando por sus personas, las de sus hijos y sus bienes, con cuya privación también se les conmina».
«¡Hay gobernador que tiene presos a los exalcaldes hasta… que se resuelva el problema del paro!»
El que fuera presidente de la República se despachó a gusto sobre la violencia generalizada, sobre todo en las provincias del sur, que había dado luz a que jóvenes extremistas lograran registrar con impunidad los domicilios de sus enemigos. «¡Hay gobernador que tiene presos a los exalcaldes hasta… que se resuelva el problema del paro! Varios ayuntamientos, de elección o gubernativos, prohíben prácticamente el culto, con pretexto de ocupar o expropiar los templos… pero las cosas más enormes refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos que al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos».
Tras la peripecia política del diputado tradicionalista Vázquez de Mella en proponer dar el derecho de voto a las mujeres, fue D. Miguel Primo de Rivera quien lo llevo a cabo de la mano de su ministro Calvo Sotelo (asesinado por sicarios del PSOE) demostrando su interés por los derechos de la mujer; leyes de protección al trabajo, facilidades para cursar estudios universitarios, cargos en el gobierno municipal.
En la mitificación de la II República se han escrito, dicho y repetido muchas falsedades. Una de ellas es el reconocimiento del voto femenino. No fue obra de aquel régimen, sino de la dictadura de Primo de Rivera. Apareció en 1924, aunque ya había sido objeto de debate mucho antes. Un grupo de diputados conservadores presentaron en 1877 una enmienda para introducir el voto de mujeres mayores de edad, cabezas de familia o viudas que tuvieran la patria potestad. Volvió en 1908: el conde de Casa-Valencia, conservador, presentó en el Senado un proyecto igual. Contó con el rechazo de la izquierda, que argumentó que el voto de las mujeres estaba sujeto a la influencia clerical. De nuevo un conservador, el diputado Manuel de Burgos, presentó otra vez el sufragio femenino, en 1919, pero, al igual que los anteriores, no salió adelante. Los socialistas veían en el voto femenino una ventaja para los conservadores. El catolicismo social lo defendió y «El Debate» inició en 1918 una campaña para que se estableciera.
Sin presión social, la dictadura de Primo de Rivera estableció el voto administrativo de las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924 y el voto político de las solteras mayores de edad. El decreto-ley fue iniciativa de Calvo Sotelo –asesinado por socialistas en 1936–, y Gil Robles –quien fue luego líder de la CEDA–. Las casadas quedaron excluidas para «no crear disensiones en el matrimonio a causa de la política». El reconocimiento del voto tenía el objetivo de reforzar el apoyo social a un régimen que se presentaba como modernizador, y hacerse eco de las reformas sufragistas europeas. El nuevo censo electoral incorporó a 1.729.793 mujeres entre los casi siete millones de votantes.
Es de justicia señalar pues, que fue la dictadura y no la II republica la que concedió los primeros derechos políticos a las mujeres. El Estatuto Municipal (1924) otorgaba el voto a las mujeres en las elecciones municipales aunque con muchas restricciones: sólo podían votar las emancipadas mayores de 23 años, las casadas y las prostitutas quedaban excluidas. Luego, con motivo de un plebiscito, organizado por la Unión Patriótica para mostrar adhesión al régimen en el tercer aniversario del golpe, se permitió emitir el voto a los españoles mayores de 18 años sin distinción de sexo. Por último, en la Asamblea Nacional, constituida en 1927 en un intento de recubrir al régimen con un ropaje pseudodemocrático, se reservaron algunos escaños para mujeres elegidas de forma indirecta desde ayuntamientos y diputaciones.
Si el divorcio fue objeto de mucha controversia, no le quedó a la zaga el derecho de la mujer a votar. El Gobierno provisional, en un decreto de 8 de mayo de 1931, concedió el voto a todos los hombres mayores de veintitrés años y declaró que las mujeres y los curas podían ser elegidos para ser diputados. En las elecciones celebradas en junio de aquel año fueron elegidas dos mujeres diputadas, Clara Campoamor (Partido Radical) y Victoria Kent (Izquierda Republicana): dos mujeres de un total de 465 diputados. A finales de aquel mismo año otra mujer diputada, Margarita Nelken (Partido Socialista), ingresó en las Cortes. De las tres, Clara Campoamor, abogada, fue la más asidua defensora de los derechos de la mujer y desempeñó un papel importante en el debate acerca del sufragio femenino.
El anteproyecto sólo había dado el voto a la mujer soltera y a la viuda, propuesta que defendió A. Ossorio Gallardo sobre la curiosa base que, “hasta que los maridos estuviesen preparados para la vida política, el sufragio femenino podía ser una fuente de discordia doméstica”. En general, sin embargo, la oposición a conceder el voto a la mujer, casada o soltera, estaba basada en el temor a que no estuviese todavía lo suficientemente independizada de la Iglesia y su voto fuese en su mayor parte derechista, poniendo así en peligro la existencia misma de la República. Aunque Jiménez de Asúa compartía dicho temor, pensaba que la conveniencia política no debía justificar que se negase un derecho legítimo que sería utilizado juiciosamente por aquellas mujeres económicamente independientes y conscientes de sus responsabilidades sociales. Otros estaban menos dispuestos a aceptar el riesgo. Los republicanos de izquierda, radicales y radicales-socialistas fueron los que más se opusieron. Los radical-socialistas presentaron una enmienda el 1 de septiembre de 1931 para restringir los derechos electorales exclusivamente a los hombres. Al día siguiente, el doctor Novoa Santos proporcionó argumentos biológicos para dar fuerza a los argumentos de conveniencia política: “a la mujer no la dominaban la reflexión y el espíritu crítico, se dejaba llevar siempre de la emoción, de todo aquello que hablaba a sus sentimientos; el histerismo no era una simple enfermedad, sino la propia estructura de la mujer“.
El 30 de septiembre, cuando se volvió a discutir la cuestión, se echó mano del ridículo para complementar a la biología. Hilario Ayuso entretuvo a la concurrencia con un discurso trivial en defensa de una enmienda de Acción Republicana que proponía que les fuesen concedidos los mismos derechos electorales a los hombres mayores de veintitrés años y a las mujeres mayores de cuarenta y cinco, basándose en que la mujer “era deficiente en voluntad y en inteligencia hasta cumplir dicha edad”. Al entrar en el Congreso le salieron al paso las mujeres de la ANME, que estuvieron presentes en todos los debates y distribuyeron octavillas entre los diputados conminándoles a apoyar el sufragio femenino. Los radicales propusieron una enmienda con el fin de que se omitiera la palabra mismos en el artículo que rezaba:“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Guerra del Río, defensor de la moción, arguyó que tal modificación permitiría a las Cortes conceder el voto a la mujer en una ley electoral que podría ser revocada si la mujer votaba por los partidos reaccionarios. La enmienda fue rechazada (153 en contra, 93 a favor), pero los radicales y radical-socialistas que habían votado sin someterse a la disciplina de partido pronto se arrepintieron, y El Heraldo (1 de octubre de 1931) recogía los rumores de un intento de última hora de pactar con los socialistas. Probablemente se satisfará el deseo de los socialistas de conceder el voto masculino desde los veintiún años y, a cambio de eso, se condicionará el voto a la mujer. Los socialistas rechazaron el pacto y el debate continuó al día siguiente.
El hecho de que Clara Campoamor defendiera el sufragismo femenino y de que Victoria Kent se opusiera provocó muchas burlas. Azaña describió la sesión “como muy divertida”. Informaciones (1 de octubre de 1931) comentaba “dos mujeres solamente en la Cámara, y ni por casualidad están de acuerdo“, y La Voz (2 de octubre de 1931) preguntaba medio en broma medio en serio: ¿qué ocurrirá cuando sean 50 las que actúen?. En el debate del día 1 de octubre de 1931, Victoria Kent propuso que se aplazara la concesión del voto a la mujer; no era, decía, una cuestión de la capacidad de la mujer, sino de oportunidad para la República. El momento oportuno sería al cabo de algunos años, cuando las mujeres pudiesen apreciar los beneficios que les ofrecía la República. Clara Campoamor replicaba diciendo que la mujer había demostrado sentido de la responsabilidad social, que el índice de analfabetos era mayor en los hombres que en las mujeres y que sólo aquellos que creyesen que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los hombres. Advirtió a los diputados de las consecuencias de defraudar las esperanzas que las mujeres habían puesto en la República:
Clara Campoamor
“No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza está en el comunismo“. Guerra del Río aplaudió los sentimientos expresados por Clara Campoamor, quien, según él, servía de portavoz de lo que siempre fue, es y será mañana ideal del Partido Republicano Radical: la igualdad absoluta de derechos para ambos sexos. Sin embargo, siguió diciendo, los radicales pensaban que era prematura la inmediata concesión del voto a la mujer, y por tanto votarían en contra. Ovejero, en nombre de los socialistas, dijo que, aunque sabían que existía la posibilidad de perder escaños en las próximas elecciones, eso no tenía importancia comparado con la educación política de la mujer española; querían el sufragio femenino para llamar a la conciencia de la mujer y convertirla en cooperadora eficaz del resurgimiento español. Cuando el artículo 34 – que establecía la equiparación de derechos electorales para los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años – fue finalmente aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra, se produjo un clamor: La concesión del voto a las mujeres, acordada ayer por la Cámara, determinó un escándalo formidable, que continuó luego en los pasillos. Las opiniones eran contradictorias. El banco azul fue casi asaltado por grupos de diputados que discutían con los ministros y daban pruebas de gran exaltación. (La Voz, 2 de octubre de 1931). Votaron a favor: el Partido Socialista (con alguna sonada excepción como la de Indalecio Prieto), la derecha y pequeños núcleos republicanos (catalanes, progresistas y Agrupación al servicio de la República); en contra, Acción Republicana, y los radical-socialistas y radical (con la excepción de Clara Campoamor y otros cuatro diputados). Indalecio Prieto, quien había intentado persuadir a sus compañeros socialistas de votar en contra del artículo o abstenerse de votar, gritó que aquello era una puñalada trapera para la República. Los radical-socialistas declararon que ya no harían más concesiones en la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el estado y amenazaron “con no dejar un cura vivo en España”.
Victoria Kent
Una táctica que Marañón describió como una confesión de cobardía y de falta de autoridad en los políticos de izquierda sobre sus mujeres e hijas (El Heraldo, 2 de octubre de 1931). Como si se quisiese asegurarse de que no faltara ningún elemento de la farsa grotesca en este esperpento de la vida real, El Sol (2 de octubre de 1931) informaba así de la aprobación del artículo 34: La galantería logró un triunfo indiscutible. Virtud española que perdura, para bien del “qué dirán”, pese a ciertos jacobinismos que nos sacuden. Pase lo que pase – hay quien asegura otro 14 de abril al revés – resultará lindo que los poetas del futuro canten en sonetos a este 1931, en que los hijos de España se jugaron a cara y cruz un régimen por gusto de sus mujeres. El triunfo del 1 de octubre, sin embargo, no fue definitivo. En la sesión del 1 de diciembre, Peñalba (Acción Republicana) propuso una enmienda que permitiría a las mujeres votar en las elecciones municipales, pero no en las nacionales hasta que los ayuntamientos se hubiesen renovado por completo. Si la enmienda hubiese prosperado, las mujeres se habrían quedado todavía sin voto en 1936. El último intento se produjo en diciembre de 1932 cuando el gobierno anunció su intención de convocar elecciones parciales para cubrir las vacantes en Cortes. Finalmente, las elecciones parciales no llegaron a producirse.
Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres fueron las de 1933, e inevitablemente se les echó la culpa de la victoria de la derecha. Era, sin embargo, una conclusión superficial. Aún aceptando que una parte del electorado femenino hubiera podido influir en el resultado favorable a las derechas de los comicios del 33, si se sumaban todos los votos de izquierda emitidos en esas elecciones todavía superaban a los de los conservadores. Se trataba sobre todo de un problema de estrategia y unidad, como se encargaría de demostrar las elecciones de febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular. En todo caso, las tesis sufragistas acababan de anotarse un triunfo en España. La concesión del voto, como la del divorcio, fueron logros de la mujer en el periodo republicano, pero logros tan efímeros como el propio régimen que los había posibilitado. La Guerra Civil y el nuevo Estado impuesto tras la victoria de las fuerzas franquistas el 1 de abril de 1939 darían al traste con todo lo conseguido. Habría que esperar al cierre de ese largo paréntesis de 40 años para que las mujeres recuperaran el punto de partida que significó la conquista del voto en 1931.
