Susana Díaz, Pasión y Muerte política. O no

 La responsabilizarán de no haber querido la presidencia del Senado

Carlos Herrera

Los augurios políticos que hacen referencia al futuro político de Susana Díaz se corresponden mucho con el día de hoy, Viernes Santo. Sánchez, de cuya falta de piedad podrían escribirse enciclopedias, ha dictado su martirio: la actual secretaria general de los socialistas andaluces no debe sobrevivir a la ofensiva política que sin disimulos se ha desatado sobre ella. Los signos inequívocos que ha mostrado el sanchismo no dejan lugar a dudas, pero aún así es legítimo que algunos se pregunten si Díaz tiene margen para sobrevivir o salir triunfante ante un ataque nada disimulado.

El PSOE andaluz debe decidir quién será su responsable y, por lo tanto, su candidato a enfrentarse a Juanma Moreno en una próxima cita electoral. Susana quiere serlo, pero la oficialidad no. Quien tiene la palabra es la militancia. Quienes manejan ahora el socialismo andaluz -íntimamente ligados al socialismo reinante- han decidido confiar ese trabajo a Juan Espadas, alcalde de Sevilla. Espadas no solo no le hace ascos: está encantado de cambiar el traje de alcalde por el de secretario general y candidato a la Junta. Es un candidato sin aristas: su gestión en Sevilla no ha aportado grandes cambios, pero ‘institucionalmente’ ha desempeñado una labor muy aseada, sin pisar charcos ni ganarse enemistades grupales, cosa que en Sevilla tiene su mérito.

Su lugar lo ocupará Juan Carlos Cabrera, hombre bien considerado en la ciudad y que goza de buena relación con todo tipo de sectores. Pero ¿y Susana?. El anterior látigo de Pedro Sánchez, de quien decía lindezas en público y en privado -muchas de ellas con particular acierto, tal como se ha visto-, se desdijo en varias ocasiones afirmando de forma algo sorprendente que quien tenía razón era Sánchez y no ella. Hasta dio por bueno el acuerdo con Bildu y la chatarra de ERC, cosa impensable en una dirigente que aspiró a ser líder de la izquierda nacional con el discurso de todos conocido. Cualquiera que conozca al ocupante de La Moncloa sabe que ese arranque de arrepentimiento no va a servirle de mucho y que el ofícialismo socialista ha venido dando muchas muestras de su condena. Ahora, Díaz tiene que organizar un discurso cara a sus primarias: si prosigue en el peloteo a su declarado enemigo, Sánchez, pocos la van a creer, pero si de repente cambia y vuelve a la postura anterior, en la que muchos creen que debería haber continuado, muchos le reprocharán haber cambiado de nuevo de estrategia. Antes no, luego sí y ahora otra vez no. No resulta eficaz. Susana podría haber conservado su discurso y fallecer con honor, pero ahora, salvo sorpresas, fallecerá mientras mastica palabras de lisonja a su íntimo enemigo. Los que lleguen, si ganan, la desplazarán detrás de la columna correspondiente y cuando acabe la legislatura le darán las gracias y dos palmaditas en la espalda. Si no dos puñaladas. Y la responsabilizarán de no haber querido la presidencia del Senado o, incluso, un ministerio. Susana apostó, pero lo hizo de forma extraña. Tiene buen talento político, pero no lo puso al servicio de la apuesta correcta.

DESMILITARIZAR LA GUARDIA CIVIL, ES ACABAR CON ELLA

Cuando el extravagante charlatán que hace las veces de vicepresidente segundo del Gobierno comparece en ámbito público y entremezcla su papel institucional con el de presidente de su partido para teorizar sobre el carácter militar de la Guardia Civil, a nadie se le escapa que está definiendo una de las líneas argumentales de su chiringuito para acabar con el Instituto Armado, posiblemente la institución más valorada, o una de ellas, por los españoles.

Iglesias afirma, envuelto en supuesta beatería, que quisiera para los guardias unos derechos de los que no gozan, aparentemente, por la característica militar del Cuerpo. Convendría que no nos dejáramos engañar: abogar por la desmilitarización de la Guardia Civil es apostar claramente por su desaparición o, cuando menos, por la transformación en un grupo policial en el que ejercer abiertamente un control político.

La Guardia Civil es una policía integral. De carácter militar, lo que la hace dependiente del Ministerio del Interior, pero, también, del Ministerio de Defensa. El carácter militar garantiza una cohesión que no resulta tan fácil de alcanzar en otras estructuras. La jerarquía, la disciplina, definen su forma de actuar, y ello configura la esencia fundamental del Cuerpo. Guste más o menos, el carácter militar otorga una operatividad específica.

En ningún momento quiero que se desprenda de estas palabras que la esencia meramente civil y administrativa de la Policía Nacional, tan admirable, la haga sospechosa de nada: dan lo mejor de su esfuerzo y ofrecen todo su sacrificio por la paz y el orden, y resultan imprescindibles. Digo solo que la Guardia Civil forma, con los Ejércitos, una reserva activa que resulta esencial para la Defensa del Estado.

Una nada despreciable parte de la operatividad de la Defensa pasa por la GC. Eso no quiere decir que forme parte de las Fuerzas Armadas: es un Instituto Armado de naturaleza militar, y en esa naturaleza reside gran parte de su éxito, pero no es ningún Cuerpo de Ejército.

Es lo que es. Es lo que viene siendo desde mucho antes de que nacieran los bisabuelos del mamarracho que estos días anda alentando su conversión. Conversión que es la primera parte de su desaparición.

En ningún país de nuestro entorno conviven dos cuerpos policiales de estructura semejante. Ni Francia, ni Italia, ni Portugal tienen dos cuerpos policiales. Tanto la Gendarmería como los Carabinieri, por ejemplo, están estructurados militarmente, y conviven con sendos cuerpos policiales de manera más o menos armónica.

Si mañana un gobierno irresponsable desmilitariza la Guardia Civil, ésta se transforma en un apéndice de la Policía. Lo cual es probablemente lo que quieran aquellos que recelan de su independencia y su carácter difícilmente sobornable.

La Guardia Civil, con todos los defectos que queramos achacarle, es un baluarte contra la deformación del Estado que juraron defender. Aquellos que acarician la idea de subvertir la forma de gobernarnos que nos hemos dado los españoles desde el 78 saben que tienen un estorbo en los hombres y mujeres que siempre atenderán a la legalidad vigilando por los derechos de los ciudadanos.

De hecho, la han sabido todos los gobiernos que han convivido con los hijos del Duque de Ahumada, a los que la benemérita ha sido lealmente fiel. No debe extrañarnos que los que están por el desmontaje del Estado, la abolición de la Monarquía, el troceamiento inconstitucional de España y la configuración de nuestro país como una república bolivariana pobre y miserable, estén por la desaparición de la Guardia Civil.

Desmilitarizarla es el primer paso y el segundo transformarla en un reducto funcionarial más. El ejemplo dado por los miembros del Instituto fidelizando la legalidad y no dejándose manejar por estos sujetos es la prueba elemental de que resulta absolutamente necesario para los intereses de la mayoría.

Carlos Herrera ( ABC )

TERNERA: CARNE DE CELDA

Probablemente han sido tres las ocasiones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tenido a Josu Ternera a tiro. Bueno, digamos a mano para no herir sensibilidades. Cuando no era por una cosa era por otra, pero jamás se le detuvo. Incluso una de esas veces hubo de ser advertido para que se quitara de en medio: la técnica consistió en que tres paisanos se acercaran a sus proximidades y pusieran cara de estar buscando.

Él, que estaba avezado en muchas cosas, casi todas siniestras, puso pies en polvorosa. ¿Cómo es posible que en la sociedad del siglo XXI, donde tan difícil es esconderse, pudiera un tipo como ese pasar inadvertido durante más de quince años?: porque había que negociar, que era palabra maldita, pero fue una realidad constante. No estamos hablando de pactar las condiciones de una rendición, cosa que se estableció muy al final, estamos hablando de negociar, tú que me das, yo que te doy. Tu podías detener a Thierry, pero no podías tocar a Josu Ternera, un criminal de un currículo apabullante.

Belloch, antiguo ministro del Interior, lo ha dicho claramente y sin cortarse lo más mínimo: «Ya no hay nada que negociar con ETA». Josu Ternera ya está amortizado. Eso debía saberlo él, Ternera, y sin que eso suponga que no dejara de tomar muchas precauciones, no debería tener muchas dudas de que antes o después acabarían echándole mano.

No me ha sorprendido la extrañeza de Eguiguren, presidente de los socialistas vascos y encargado por Rodríguez Zapatero de negociar con ETA: a buen seguro estaba convencido de que, una vez cerrada la oficina asesina, seguirían haciendo la vista gorda con Urruticoechea y éste podría defenderse en la vida en cualquiera de sus pueblecitos franceses favoritos.

Pero no. Ignoro mediante qué intención -que siempre la hay, siempre-, una vez vuelto a localizar, el dedo pulgar del Gobierno ha señalado hacia el suelo (en campaña electoral): han caído sobre él los gendarmes franceses después de que los guardias civiles le hayan señalado el objetivo, y se disponen a enviarlo ante los jueces del país vecino donde ha de responder de algunos delitos.

Difícilmente llegará a España en condiciones de ser juzgado. Tiene casi 70 años, le esperan cerca de diez en cárceles francesas y está, al parecer, enfermo, aunque desconocemos en qué grado. Puede que venga a ser juzgado por unas causas que habrá que actualizar para que no prescriban, pero a meterse en una prisión española es poco probable a simple vista. En cualquier caso es suficiente saber que, después de tanto periplo, el asesino contumaz en el que algunos ven un realista y sobrevenido hombre de paz, pasa al lado enrejado de la realidad.

No es necesario recordar quién ha sido este individuo. Hoy, en cualquier medio, se detallará de forma minuciosa cada una de sus proezas. Baste anotar en su currículum las órdenes despiadadas que suministró a su yihad durante tantos años como ocupó responsabilidades asesinas en ETA y baste también saber que alguno de los crímenes aún por aclarar podría ser desentrañado si se le invita suavemente a colaborar.

Los muertos de Zaragoza y otros muchos más no se van a levantar de sus tumbas ni van a sentarse a la mesa de la vida en los improbables otoños de sus familias, pero al menos -y aunque les pese a los que tuercen el gesto cuando se detiene a un criminal de esta característica- sentirán el alivio de la justicia tardía, en la prórroga de las cosas, cuando algunos estaban extendiendo una densa capa de olvido sobre toda la sangre derramada. No lo siento por él: mi vergonzante falta de piedad me lleva a celebrar que la vida se le haga interminable en inciertos días llenos de contrición, contrariedad y aburrimiento.

Carlos Herrera ( ABC )

El que venga que arree

¿Qué pasará cuando se jubilen los miembros del baby boom nacidos entre el año 60 y el 78, que son un porrón?

Opiniones relacionadas

• La comedia del sur
• Ratones en el desván
• El problema de Sánchez

El debate a corto es la consabida polémica: ¿está este Gobierno en condiciones de seguir? ¿Es viable un Gobierno con dos ministros dimitidos, uno cuestionado por asuntillo fiscal y otra -nada menos que de Justicia- por comiditas y cuchipandas con elementos tóxicos de la peor calaña, y un presidente acusado de haber plagiado su tesis doctoral? En los países de nuestro entorno -a excepción de Italia, donde todo renacimiento surrealista es posible-, ¿tendría aire para respirar una banda semejante a la que sustentan 84 diputados con el añadido de lo peor de cada casa, enemigos de la continuidad del Estado incluidos? La respuesta se antoja fácil.

Pero el debate, después del acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, es a largo. Y lo protagoniza un elemento esencial del Estado del bienestar: las pensiones. Permítanme algunos datos: en el año 2007 el dinero dedicado a satisfacer las diferentes pensiones rondaba los 90.000 millones de euros; este año presente la cifra asciende a 145.000 millones. La inmediata pregunta es: ¿cuánto supondrá la factura en el año 2030, que es cuando Pedro Sánchez calcula que ya habrá cambiado España? Más. Nuestro país es el más generoso de la UE a la hora de mantener de manera aproximada el sueldo que tenía un nuevo pensionista: un 80% frente al 40% de Dinamarca, por ejemplo. Y, por no cargarle, mantenemos a 9,5 millones de pensionistas, 1,2 millones más que hace diez años. ¿Qué pasará cuando se jubilen los miembros del baby boom nacidos entre el año 60 y el 78, que son un porrón? Hoy en día se da la circunstancia de que jóvenes que ganan apenas mil euros cotizan seguros sociales para pagar pensiones que en ocasiones llegan a los dos mil, lo cual, a simple vista, parece difícilmente viable a no ser que se cuenten dos o tres cotizantes por pensionista. Y así.

El Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo de mínimos y le ha dado una de las pocas alegrías que me parece a mí se va llevar este Gobierno en mucho tiempo. Todos los partidos han acordado -no es decisión vinculante: un gobierno puede hacer lo que crea conveniente- que se suban anualmente las pensiones en función del coste de la vida, el famoso IPC. Según ello, un pensionista no perdería poder adquisitivo. Ello, que sobre el papel es inobjetable, genera efectos perversos, y la expresión no es mía, sino de Octavio Granados, secretario de Estado de la Seguridad Social, que se supone que debería estar contento ya que es lo que defendía su gobierno, el del PSOE. Cuadrar la subida anual con el déficit al que obliga Bruselas y pretender pagarlo todo solo con cotizaciones es imposible: en España padecemos un paro considerable y una larga lacra de salarios bajos, con lo que no habrá otra que buscar distintas vías de financiación. Si cada año va a haber que añadir 1.600 millones de euros por subidas de IPC y añadir otros 5.000 por nuevos pensionistas que se incorporen al sistema, habrá que pellizcar el bolsillo a más gente que a los trabajadores que coticen. Si sube el PIB también sube la recaudación, pero no lo suficiente para amortiguar ese dinero. Los gobiernos, éste o cualquiera, deberán añadir otros índices, ya que de lo contrario colapsará el sistema dentro de poco más de quince años. El Pacto de Toledo ha sugerido una solución muy momentánea para no excitar a los pensionistas que andan levantiscos por las calles, quizá porque nadie está dispuesto a perder votos alegremente, pero han trasladado el problema a cuando los jóvenes del presente deban soportar a lomo el creciente coste de las pensiones, comprometiendo buena parte de su desarrollo y la pensión que algún día deberán recibir. Pero entonces ya no estarán ellos, con lo cual, ¡¡el que venga que arree!!Carlos Herrera@herreraencope