Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
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Precisamente, en Moncloa no hay un Gobierno como el de Felipe González que encarnó un socialismo europeo de carácter social demócrata sin rateros comunistas al frente de los ministerios. Hoy, en Moncloa hay un Frente Popular social comunistas e incluso terrorista que, además, aspira a controlar la Justicia, porque no cree en la separación de poderes. Hace dos años, Pablo Casado habría llegado a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un Gobierno social demócrata. Con el Frente Popular no, porque de semejante acuerdo podría derivar la ocupación de la Justicia por la extrema izquierda comunista.
Pedro Sánchez lleva un mandato al frente del Gobierno de España en el que todas y cada una de las decisiones que se han tomado solo favorecen a movimientos populistas o dedicados. Nombrar a Dolores Delgado, Fiscal General, después de abandonar el ministerio de justicia, acredita todo lo anteriormente expuesto.
Como ha explicado el magistrado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TS) así como del CGPJ, Carlos Lesmes, la renovación no puede seguir supeditada a la controversia partidista. Parece necesario resolver ya la renovación del poder judicial. Y Pablo Casado podría aceptar el acuerdo con Pedro Sánchez con la fórmula actual, si el inquilino de Moncloa firma un documento en el que se comprometa a entregar a los jueces en un inmediato futuro la renovación del poder judicial. Dados los antecedentes de Sánchez, el acuerdo no puede quedar en palabras que se las lleve el viento sanchista. Es necesario preparar un documento sólido en el que se establezca de forma clara y sin vuelta atrás el compromiso de que a los jueces sean elegidos por sus pares como fórmula para preservar la independencia judicial. Sánchez no quiere firmar dicho acuerdo porque su socio de Gobierno Podemos quiere “meter” en los 12 a 2 magistrados y a dos vocales. HAY QUE SACAR A PABLO IGLESIAS DE SU INMINENTE INGRESO EN PRISIÓN.
Pablo Casado quiere asegurarse la estabilidad de la democracia “pluralista” plena impidiendo que los comunistas de Frente Popular se adueñen de la Justicia. Y ante la razonable actitud del magistrado Lesmes, parece lógico que el presidente del Partido Popular exija que Pedro Sánchez firme un documento comprometiéndose a reconocer que en el futuro sean los jueces los que elijan a los compañeros que consideren más idóneos para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
Posiblemente, el mayor logro en beneficio de la humanidad tuvo lugar durante el siglo XVIII en la Francia revolucionaria. Allí germinó el moderno Estado de Derecho que, en evolución constante, alcanzó su cénit en los albores del siglo XXI. En la Francia ilustrada nacieron ideas hoy consideradas irrenunciables como sustrato de la dignidad humana. Ideas tales, como la libertad política, la igualdad o la separación de los poderes del Estado, las cuales fueron abrazadas por una pujante burguesía que ya había alcanzado un gran poder económico y que provocó el benéfico efecto de clausurar el Antiguo Régimen residenciado en una Monarquía decadente.
El mayor aporte histórico fue, a nivel jurídico y social, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en la cual se inspirarían todas las venideras declaraciones y convenios internacionales sobre derechos humanos. En ella se establecieron una serie de derechos universales inherentes a la condición humana; derechos que no crearon los revolucionarios, sino que se limitaron a constatar. Todos ellos de tan hermosa factura como el contenido en el artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Se alude a la libertad como todo aquello que no perjudica a nadie y sólo la ley puede limitar; se habla de la presunción de inocencia y de la irretroactividad de la ley; de la libertad de opinión, de prensa y de conciencia; del principio de igualdad frente a la ley; de la igualdad para acceder a los cargos públicos solo con base en las capacidades individuales. Se refiere a la ley como expresión de la voluntad general y fuente de los poderes públicos; se recuerda que los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella. Constata cuales son los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
¿Cuánto de esto está llamado a desaparecer o desaparecido en la España socialista? Analicemos el art. 16: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución. Me pregunto si en el Ministerio de Justicia que impulsó la reforma de la LOPJ que acabó por convertir al órgano de gobierno de los jueces en una especie de subdirección general de aquel, y por elegir a sus integrantes "a dedo" entre los dos partidos mayoritarios con el apoyo de los partidos bisagra y sin intervención efectiva por parte de sus gobernados, los jueces, son conscientes de lo que han hecho con la separación de poderes. Un Consejo con capacidad de sancionar disciplinariamente a los jueces incómodos con el verdadero -único, en realidad- poder, de elegir para los altos tribunales a los magistrados llamados a juzgar, en su caso, a ministros, diputados, senadores y miembros de los parlamentos autonómicos, de informar las leyes y de nombrar, si un nuevo atentado a la independencia judicial se consuma, a los presidentes de los tribunales de instancia que ejercerán un poder desconocido sobre los restantes jueces desapoderados también de la instrucción del procedimiento penal una vez que el nuevo Código procesal penal deje en manos de los fiscales (subordinados jerárquicamente al Fiscal General del Estado elegido por el gobierno y que, a día de hoy, recae en la pareja de Garzón, juez inhabilitado y ministra de justicia porque así quiso Pedro Sánchez) la investigación de los delitos bajo el inédito principio de oportunidad (a ti te investigo y a ti no).
Y si la separación de poderes peligra de tal manera, no digamos el aseguramiento de la garantía de los derechos. ¿Están garantizados esos derechos de los ciudadanos con una ley de tasas que obstaculiza a millones de ellos el acceso a la tutela judicial efectiva? ¿Sabían que los asuntos civiles han disminuido en un 25% desde la vigencia de dicha ley? Varios miles de injusticias y quejas no tienen acceso a los tribunales; solo las grandes empresas y los ricos acceden con normalidad a ellos; se ha favorecido la impunidad de las administraciones públicas (exentas de tasas); no se ha recaudado con ellas ni la tercera parte de lo previsto, la cual tampoco se ha destinado a financiar la justicia gratuita como se decía; y, sin duda, va a convertirse en caldo de cultivo del conflicto social.
¿Conflicto social? ¡Ah! Para resolverlo expeditivamente tenemos otro ministro a mano: el de interior. El mismo que afirma sin rubor que las cuchillas de la valla –indultadas- que nos separa de África solo producen erosiones superficiales a quienes entran en contacto con ellas tratando de escalar dicha valla, también bendice que el escalamiento de edificios públicos con fines reivindicativos sea severamente sancionado en su autoritaria ley de seguridad ciudadana, lo mismo que hacer botellón o sacarle fotos a la policía en las manifestaciones (por cierto, a agentes que van con una armadura integral que les hace irreconocibles). Dice el art. 12 de la declaración francesa de hace tres siglos que, siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. ¿De verdad que esa fuerza, que ha dado muestras claras de su espíritu democrático desde la Transición no está empezando a ser utilizada no en beneficio de la comunidad, ni tampoco en provecho propio, sino para proteger a quienes mueven los hilos? ¿Cómo si no entender la sanción de los incómodos escraches que no han tenido la respuesta judicial que esperaba el gobierno? ¿Cómo si no entender las gravísimas sanciones económicas previstas para quienes se manifiesten ante el Congreso, Senado u otros organismos que tampoco han sido sancionados por el Poder Judicial? ¿También esta vuelta de tuerca es culpa de la crisis o en realidad es culpa de una ideología represora de las libertades?
Nueve plazas del Supremo y seis jefaturas de tribunales superiores no se podrán cubrir.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el rey Felipe VI, durante un acto el pasado septiembre.POOL EFE / GTRES
El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial —impuesto por el PP desde hace dos años y medio— y la reforma legal con la que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha tratado de romperlo —limitando las funciones de este órgano para que no pueda hacer nuevos nombramientos— amenazan el buen funcionamiento de la administración de justicia. El órgano de gobierno de los jueces cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo (por jubilación o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia.
Los cargos de nombramiento discrecional —y, por tanto, ahora paralizado— abarcan desde presidencias en los tribunales de justicia autonómicos hasta las plazas del Supremo. En el recorrido intermedio están las presidencias de las audiencias provinciales y las de sala de los propios tribunales superiores de las comunidades autónomas. En total, ahora hay 46 plazas que están pendientes de nombramiento o lo van a estar a lo largo de este año. Se plantea así un problema de especial gravedad para el funcionamiento de los órganos judiciales afectados, y con ello para el sistema en conjunto.
La situación es particularmente preocupante en el caso del Tribunal Supremo, donde para cada puesto que quede libre no se puede designar al nuevo titular. Lo impide la reforma legal, aprobada por el Gobierno con el explícito propósito de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, con una mayoría absoluta conservadora que no responde a la configuración actual del Parlamento, no pueda efectuar nombramientos. En otras instancias, la sustitución provisional está prevista y el cargo puede ser ejercido por mera prolongación del mandato o mediante el acceso provisional de otro magistrado al puesto. Pero en el Supremo, donde además el proceso de negociación sobre la idoneidad de los candidatos es especialmente intenso y riguroso, cada plaza que queda vacante por jubilación o fallecimiento se queda así hasta el nuevo nombramiento.
Las complicaciones se han producido ya en diversos casos en los dos años y medio que lleva el CGPJ en funciones. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estuvo un año y medio sin titular, con la presidencia cubierta interinamente, y en el del País Vasco pasó algo parecido. Aunque en estos casos pudieron hacerse los nombramientos este año porque no existía ningún impedimento legal. Con la entrada en vigor de la reforma del Gobierno, el problema se agravará, porque se extenderá a muchas otras instancias. A menos que haya renovación del Consejo tras las próximas elecciones del 4-M en Madrid, una hipótesis que ahora se maneja.
Mientras el acuerdo no llega, en la aludida lista de los 46 cargos que están o estarán dentro de este año pendientes de provisión figuran nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco corresponden a lo Contencioso, dos a lo Social, una a lo Civil y otra a la Sala de lo Militar.
La Sala Penal, al completo
La Sala de lo Penal es, por ahora, la única del Supremo que tiene la plantilla al completo. Al terminar el juicio del procés, en 2019, el presidente de esta Sala, Manuel Marchena, lanzó una voz de alarma, ante las jubilaciones ya producidas o previstas. Se llegó a decir entonces que si no se cubrían las vacantes no habría magistrados disponibles en el caso de que tuviera que celebrar otro juicio sobre los mismos hechos (por ejemplo en el caso de que pueda ser finalmente llevado a juicio el expresident prófugo Carles Puigdemont).
En cuanto a los tribunales superiores de justicia, no podrá designarse a los presidentes de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento —ya implique reelección o sea nuevo— no puede hacerse mientras el actual CGPJ siga en funciones, y solo quedará desbloqueado cuando se renueve el órgano de gobierno de los jueces. La misma situación afectará a la presidencia de las Audiencias Provinciales de Huesca, Álava, Ávila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logroño, Teruel, Cádiz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales superiores autonómicos.
Junto al problema de los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial afronta para su gestión ordinaria numerosos problemas derivados de la reciente reforma de la ley, una reforma cuestionada frontalmente por tres de las cuatro asociaciones judiciales, que han pedido la intervención de la Comisión Europea por considerar en “riesgo grave” el Estado de derecho en España. Sin llegar tan lejos, el próximo jueves el pleno del Consejo analizará un informe técnico sobre lo que puede y no puede hacer en este período tras la aprobación de la reforma legal, porque los vocales no lo tienen nada claro.
Algunas fuentes consultadas en esta institución atribuyen a la reforma, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, una pésima técnica legislativa, porque la ley enumera lo que el Consejo puede hacer, pero deja en el aire competencias a las que no alude. Por ejemplo, la de resolver recursos o impugnaciones de acuerdos de la comisión permanente o de las salas de gobierno de las audiencias o de los jueces decanos. Un vocal del Poder Judicial resume la situación así: “Nos han puesto una camisa de fuerza, pero intentaremos movernos”. Y otro añade: “Los partidos cometen un doble error: no se pueden poner de acuerdo, y para arreglarlo castigan al Consejo”.
La Fiscalía cambia la cúpula entre protestas
La Fiscalía General del Estado, que dirige la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgado, ha efectuado en los últimos meses numerosos nombramientos que afectan a la cúpula y que no están exentos de polémica. Un informe de la Fiscalía General señala que se han producido 58 nombramientos discrecionales, 27 de los cuales han correspondido a fiscales no asociados, por 16 que son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y 15 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Dicho informe interno sostiene que, por tanto, las acusaciones de “sectarismo” en las designaciones “no se corresponden con la realidad”.
Las críticas de la Asociación de Fiscales se centran en los nombramientos en la principal categoría de la carrera, la de fiscal de Sala, junto a la asignación de la jefatura de fiscalías especializadas. Los últimos comunicados de dicha asociación han recogido quejas relacionadas con la selección efectuada, que ha llevado a que durante el mandato de la actual fiscal general hayan sido designados para este tipo de puestos clave cinco afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dando lugar a discutidos cambios de destino o supuestas postergaciones.
Los fiscales conservadores critican, por ejemplo, que José Miguel de la Rosa, anterior jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, no haya podido permanecer en la jefatura de la Fiscalía de la Sala Civil del Supremo ni acceder a la de Menores, o que Consuelo Madrigal —que actuó en la causa del procés y llegó a ser fiscal general con el PP en el Gobierno— no haya sido promocionada a una jefatura, pese a tener ya todos ellos la categoría de fiscales de Sala.
Frente a estas críticas, la Fiscalía General responde con datos sobre las designaciones debatidas en el Consejo Fiscal. Así, de los 58 nombramientos efectuados, 54 se han producido tras obtener mayoría el candidato designado, y en 25 casos por unanimidad. También destaca que no ha habido designaciones de quienes obtuvieron un respaldo minoritario en el Consejo.
La vicepresidenta descarta seguir la vía que pide Iglesias. El PSOE no irá más allá de limitar las funciones del CGPJ caducado.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrega de premios este lunes en Sevilla.MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS
La vicepresidenta Carmen Calvo fue la encargada en el Gobierno de idear la reforma de la Ley del Poder Judicial que permitía renovar su órgano de gobierno sin tener que pactar con el PP, porque pasaba de una mayoría necesaria de tres quintos del Congreso a solo mayoría absoluta. Pero, ante la tensión política que esa iniciativa generó en octubre, Pedro Sánchez decidió aparcarla, y ahora Calvo la ha enterrado aparentemente de forma definitiva. “No vamos a tramitar nada que esté afectando a las mayorías necesarias para la renovación del órgano. No está en el ánimo del grupo parlamentario mayoritario de la Cámara, que es el PSOE, con 120 escaños, que es además el grupo mayoritario que sostiene el Gobierno”, ha asegurado la vicepresidenta este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Calvo descarta así seguir en este asunto la vía que plantea Pablo Iglesias, que insiste en recuperar esa reforma ante la negativa del PP a renovar el consejo. El PSOE apuesta por un pacto con el PP después de las elecciones catalanas de febrero. La vicepresidenta ha insistido en que el PSOE defiende la vía que está en marcha, esto es, la de limitar mediante una ley la capacidad del Consejo de hacer nombramientos cuando esté caducado su mandato, como sucede ahora, cuando lleva dos años fuera de plazo.
La rueda de prensa ha estado plagada de mensajes al socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, aunque tanto Calvo como la portavoz, María Jesús Montero, han insistido en que hay que normalizar el hecho de que en las coaliciones haya distintas posiciones. En el sector socialista hay un malestar creciente con Unidas Podemos por hacer públicas las discusiones que para los socialistas deberían quedar en la discreción del debate interno, y sobre todo por trasladar la idea de que el PSOE no quiere hacer reformas progresistas y ellos sí.
Ese malestar se ha traslucido en la rueda de prensa en algunas respuestas, aunque precisamente este martes el PSOE y Unidas Podemos han empezado a resolver algunos de sus conflictos sobre asuntos centrales de la política económica. El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el decreto antidesahucios que llevaban semanas negociando los dos sectores del Gobierno y que finalmente incluye un añadido que impedirá el corte de suministros de gas, luz y agua en este invierno del coronavirus a la población más vulnerable. Ambas prohibiciones, tanto de desahucios como de cortes de suministros, estarán vigentes solo mientras dure el estado de alarma. La última prórroga de seis meses aprobada por el Congreso concluye el 9 de mayo.
Este acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un asunto especialmente sensible cierra un capítulo de la batalla política que las dos almas del Gobierno viven en las últimas semanas, justo después de haber encarrilado los Presupuestos y con ellos la legislatura. Sin embargo, quedan varios frentes importantes abiertos, en especial el del salario mínimo y el de las pensiones.
En el salario mínimo de momento no hay decisión definitiva, pero todo indica que el presidente, Pedro Sánchez — ausente en el Consejo de Ministros de este martes por la cuarentena a la que se ha sometido tras el positivo del presidente francés, Emmanuel Macron, con quien almorzó la semana pasada—, ha decidido respaldar la opinión de su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que apuesta por congelarlo de momento y ver en unos meses si la situación económica permite subirlo. Unidas Podemos reclama una subida del 0,9%, 9 euros al mes de los 950 en los que está ahora el SMI, el mismo porcentaje que han subido las pensiones y los sueldos de los funcionarios y por debajo de la media de aumento de los convenios colectivos. Calvo ha dejado muy claro que la apuesta del sector socialista, que es probablemente la que se impondrá, es dejar la decisión para dentro de unos meses.
Ante la cuarentena de Sánchez, ha sido la vicepresidenta primera quien ha presidido un Consejo de Ministros de claro contenido económico. La estrella es la aprobación de un gran plan de apoyo a la hostelería y la restauración que lleva también varias semanas de retraso por negociaciones internas del Gobierno. Esta vez no es entre el PSOE y Unidas Podemos, sino dentro del sector socialista, ya que el tira y afloja era entre la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el corazón económico del Ejecutivo, con Calviño y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que están especialmente preocupadas por la sostenibilidad de las cuentas públicas y frenan los impulsos de gasto de los ministros. De hecho, la medida estrella de este plan no supondrá un coste para el Gobierno, porque es un mecanismo para forzar una bajada de los alquileres que permite a los comerciantes que estén pagando un alquiler a un gran tenedor (propietario de más de 10 inmuebles) que si no logran un acuerdo de rebaja puedan exigir una rebaja del 50% o un retraso del pago hasta que se acabe el estado de alarma.
El Consejo General del Poder Judicial no está dispuesto a seguir el calendario que quiere imponer el Gobierno. Después de que este martes, el Ejecutivo consiguiera con desahogo sacar adelante la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que prevé limitar precisamente la capacidad del órgano de gobierno de los jueces para designar cargos estando en funciones, el Consejo tiene previsto aprobar en el último pleno del año, que se celebra este jueves, al menos tres nombramientos y trabaja para cerrar un cuarto, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.
La reforma que pretende el Gobierno no está aprobada pese a que se le quiere dar prioridad y un visto bueno de urgencia. La coalición contó en el primer paso parlamentario con el respaldo de sus socios de investidura. La renovación más atascada de la democracia no parece tener un horizonte claro. La llamada telefónica de Pedro Sánchez a Pablo Casado no ha despejado las dudas del PP que se mantiene remiso al pacto con el horizonte de las elecciones catalanas como freno.
Desde que se efectuó el anuncio, los 20 vocales del CGPJ comenzaron a trabajar en amplios consensos para continuar con los nombramientos. Han logrado cerrado con gran apoyo la cobertura de tres de las vacantes que se encuentran pendientes del total de 30 que deben aprobarse próximamente. Se prevé así que efectúen los nombramientos correspondientes a la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la presidencia de la Sala Contenciosa de Asturias.
A nadie se le escapa que el gesto es un desafío tanto por el momento en el que se produce como por las permanentes críticas lanzadas desde el Ejecutivo a los nombramientos de los dos últimos meses. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces reconocen un profundo malestar generalizado por las iniciativas legislativas del Gobierno que consideran un ataque directo. Además de ocuparse de los nombramientos, el pleno decidirá sobre la mejor forma de simbolizar y evidenciar de forma pública ese malestar.
La respuesta
Estudiará dos escritos relativos a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial referida a las atribuciones del Consejo en materia de nombramientos discrecionales. El primero de ellos, firmado por los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde, propone que el CGPJ solicite del Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley. El segundo, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán, propone que el CGPJ examine la proposición de ley sin dar más detalle.
Las fuentes consultadas indican que se buscará en la reunión un punto de acuerdo común. Mientras el primero de los grupos plantean una propuesta para pedir informes, el segundo parece ir en la línea de decir ya algo sobre el fondo, a través de un comunicado oficial que suscriba el máximo de vocales posible. Será la segunda vez en la que el Consejo reacciona a iniciativas legislativas del Gobierno.
En aquella ocasión y en respuesta a la proposición de la coalición gubernamental de plantear una reforma del CGPJ que reducía las mayorías necesarias para la elección de los vocales, el pleno extraordinario convocado se celebró y tuvo como resultado una declaración en la que el órgano expresaba su preocupación ante la primera de las iniciativas lanzada por el Ejecutivo que, al menos de momento, se mantiene activa de forma paralela a la nueva.
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![Carlos Lesmes. (EFE)]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"45","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1bZ4fY.img?h=450&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"35","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1bZ4fY.img?h=351&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"35","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1bZ4fY.img?h=351&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}})
