El bloqueo del PP y la reforma legal dejan en el limbo 46 cargos judiciales

Nueve plazas del Supremo y seis jefaturas de tribunales superiores no se podrán cubrir.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el rey Felipe VI, durante un acto el pasado septiembre.POOL EFE / GTRES

El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial —impuesto por el PP desde hace dos años y medio— y la reforma legal con la que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha tratado de romperlo —limitando las funciones de este órgano para que no pueda hacer nuevos nombramientos— amenazan el buen funcionamiento de la administración de justicia. El órgano de gobierno de los jueces cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Supremo (por jubilación o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia.

Los cargos de nombramiento discrecional —y, por tanto, ahora paralizado— abarcan desde presidencias en los tribunales de justicia autonómicos hasta las plazas del Supremo. En el recorrido intermedio están las presidencias de las audiencias provinciales y las de sala de los propios tribunales superiores de las comunidades autónomas. En total, ahora hay 46 plazas que están pendientes de nombramiento o lo van a estar a lo largo de este año. Se plantea así un problema de especial gravedad para el funcionamiento de los órganos judiciales afectados, y con ello para el sistema en conjunto.

La situación es particularmente preocupante en el caso del Tribunal Supremo, donde para cada puesto que quede libre no se puede designar al nuevo titular. Lo impide la reforma legal, aprobada por el Gobierno con el explícito propósito de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, con una mayoría absoluta conservadora que no responde a la configuración actual del Parlamento, no pueda efectuar nombramientos. En otras instancias, la sustitución provisional está prevista y el cargo puede ser ejercido por mera prolongación del mandato o mediante el acceso provisional de otro magistrado al puesto. Pero en el Supremo, donde además el proceso de negociación sobre la idoneidad de los candidatos es especialmente intenso y riguroso, cada plaza que queda vacante por jubilación o fallecimiento se queda así hasta el nuevo nombramiento.

Las complicaciones se han producido ya en diversos casos en los dos años y medio que lleva el CGPJ en funciones. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estuvo un año y medio sin titular, con la presidencia cubierta interinamente, y en el del País Vasco pasó algo parecido. Aunque en estos casos pudieron hacerse los nombramientos este año porque no existía ningún impedimento legal. Con la entrada en vigor de la reforma del Gobierno, el problema se agravará, porque se extenderá a muchas otras instancias. A menos que haya renovación del Consejo tras las próximas elecciones del 4-M en Madrid, una hipótesis que ahora se maneja.

Mientras el acuerdo no llega, en la aludida lista de los 46 cargos que están o estarán dentro de este año pendientes de provisión figuran nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco corresponden a lo Contencioso, dos a lo Social, una a lo Civil y otra a la Sala de lo Militar.

La Sala Penal, al completo

La Sala de lo Penal es, por ahora, la única del Supremo que tiene la plantilla al completo. Al terminar el juicio del procés, en 2019, el presidente de esta Sala, Manuel Marchena, lanzó una voz de alarma, ante las jubilaciones ya producidas o previstas. Se llegó a decir entonces que si no se cubrían las vacantes no habría magistrados disponibles en el caso de que tuviera que celebrar otro juicio sobre los mismos hechos (por ejemplo en el caso de que pueda ser finalmente llevado a juicio el expresident prófugo Carles Puigdemont).

En cuanto a los tribunales superiores de justicia, no podrá designarse a los presidentes de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento —ya implique reelección o sea nuevo— no puede hacerse mientras el actual CGPJ siga en funciones, y solo quedará desbloqueado cuando se renueve el órgano de gobierno de los jueces. La misma situación afectará a la presidencia de las Audiencias Provinciales de Huesca, Álava, Ávila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logroño, Teruel, Cádiz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales superiores autonómicos.

Junto al problema de los nombramientos, el Consejo General del Poder Judicial afronta para su gestión ordinaria numerosos problemas derivados de la reciente reforma de la ley, una reforma cuestionada frontalmente por tres de las cuatro asociaciones judiciales, que han pedido la intervención de la Comisión Europea por considerar en “riesgo grave” el Estado de derecho en España. Sin llegar tan lejos, el próximo jueves el pleno del Consejo analizará un informe técnico sobre lo que puede y no puede hacer en este período tras la aprobación de la reforma legal, porque los vocales no lo tienen nada claro.

MÁS INFORMACIÓN

• El Supremo anula dos nombramientos de magistrados porque se decidieron sin informes

Algunas fuentes consultadas en esta institución atribuyen a la reforma, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, una pésima técnica legislativa, porque la ley enumera lo que el Consejo puede hacer, pero deja en el aire competencias a las que no alude. Por ejemplo, la de resolver recursos o impugnaciones de acuerdos de la comisión permanente o de las salas de gobierno de las audiencias o de los jueces decanos. Un vocal del Poder Judicial resume la situación así: “Nos han puesto una camisa de fuerza, pero intentaremos movernos”. Y otro añade: “Los partidos cometen un doble error: no se pueden poner de acuerdo, y para arreglarlo castigan al Consejo”.

La Fiscalía cambia la cúpula entre protestas

La Fiscalía General del Estado, que dirige la fiscal y exministra de Justicia Dolores Delgado, ha efectuado en los últimos meses numerosos nombramientos que afectan a la cúpula y que no están exentos de polémica. Un informe de la Fiscalía General señala que se han producido 58 nombramientos discrecionales, 27 de los cuales han correspondido a fiscales no asociados, por 16 que son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y 15 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Dicho informe interno sostiene que, por tanto, las acusaciones de “sectarismo” en las designaciones “no se corresponden con la realidad”.

Las críticas de la Asociación de Fiscales se centran en los nombramientos en la principal categoría de la carrera, la de fiscal de Sala, junto a la asignación de la jefatura de fiscalías especializadas. Los últimos comunicados de dicha asociación han recogido quejas relacionadas con la selección efectuada, que ha llevado a que durante el mandato de la actual fiscal general hayan sido designados para este tipo de puestos clave cinco afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dando lugar a discutidos cambios de destino o supuestas postergaciones.

Los fiscales conservadores critican, por ejemplo, que José Miguel de la Rosa, anterior jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, no haya podido permanecer en la jefatura de la Fiscalía de la Sala Civil del Supremo ni acceder a la de Menores, o que Consuelo Madrigal —que actuó en la causa del procés y llegó a ser fiscal general con el PP en el Gobierno— no haya sido promocionada a una jefatura, pese a tener ya todos ellos la categoría de fiscales de Sala.

Frente a estas críticas, la Fiscalía General responde con datos sobre las designaciones debatidas en el Consejo Fiscal. Así, de los 58 nombramientos efectuados, 54 se han producido tras obtener mayoría el candidato designado, y en 25 casos por unanimidad. También destaca que no ha habido designaciones de quienes obtuvieron un respaldo minoritario en el Consejo.

El Pais