VOZPÓPULI
Los fiscales del procés respaldan la tesis de Llarena de que los hechos son constitutivos de desobediencia y malversación, pero añaden también la figura diseñada por el Gobierno para sustituir a la sedición
La Fiscalía del Tribunal Supremo abre la puerta a acusar en el procedimiento del procés con el delito de desórdenes públicos agravados. Los fiscales al frente de esta causa respaldan la tesis del magistrado instructor, Pablo Llarena, acerca de que los hechos probados deben tipificarse, a tenor de la reforma legal impulsada por el Gobierno, con los delitos de desobediencia y malversación. Sin embargo, además, consideran que se tiene que añadir el delito de desórdenes públicos agravados; figura diseñada por Moncloa que sustituye a la ya extinta sedición.
Así lo confirman fuentes fiscales a Vozpópuli las cuáles precisan que la decisión del magistrado Llarena de mantener la malversación agravada les parece "razonable". El magistrado de la Sala de lo Penal apuntó en un auto este mismo jueves que la reforma legal del Ejecutivo implicaba la sustitución de la sedición por el delito de desobediencia, que no lleva aparejada pena de prisión. Del mismo modo mantuvo el delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.
En su duro auto el magistrado expuso que la reforma del Ejecutivo que entró en vigor este jueves no implicaba una modificación real de la malversación agravada que impone a Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig. El instructor entiende que para ellos, procesados junto con las también fugadas Clara Ponsatí y Marta Rovira, debe prevalecer el Código Penal vigente en el momento de los hechos que castiga con más de 10 años de cárcel la malversación de caudales públicos.
La Fiscalía respalda a Llarena
El magistrado de la Sala de lo Penal entiende que la nueva regulación prevé la misma pena que la anterior para supuestos en los que, como este, la cuantía asciende a más de 250.000 euros. De manera que el horizonte penal para tres de los cinco huidos podría complicarse con el delito de malversación. Una tesis que los fiscales del procés también respaldan. Las fuentes consultadas apuntan que les parece una interpretación "fundada y razonable", por lo que no se descarta que también la mantengan en lo que respecta a los otros doce líderes del procés ya condenados.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigió este mismo jueves a las partes del procedimiento y les dio ocho días de plazo para que formulen alegaciones en relación a los nuevos cambios legales que acaban de entrar en vigor. El tribunal que preside Manuel Marchena, y que condenó a Junqueras y los otros acusados por delitos de sedición en concurso medial con malversación, estudia ya cómo tipificar los hechos probados según los cuáles los condenados "desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional".
Así pues, ahora el Ministerio Público, la Abogacía General del Estado y las partes de la causa tienen que pronunciarse en relación al nuevo encaje penal mientras que, en paralelo, el juez Llarena ya ha anunciado que sigue la causa contra los fugados por desobediencia y malversación. A falta de que la Fiscalía informe sobre el asunto, las fuentes consultadas aseguran que sí contemplan la comisión de un delito de desórdenes públicos agravados. Cabe recordar que la Fiscalía del alto tribunal acusó por rebelión, aunque el tribunal finalmente les impuso sedición a todos menos a tres consejeros, a los que solo condenó por desobediencia.
Por su parte los condenados siguen estudiando una revisión de condena. Es el caso de la defensa de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue el que se llevó la condena más grande, con 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación y otros 13 años de inhabilitación. Su defensa anunció que estudiaría pedir una revisión a tenor de la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación hasta un máximo de cuatro años en los que casos en los que no haya habido lucro personal del desvío de fondos. El objetivo es acortar la inhabilitación para cargo público que tendría que cumplir hasta 2031.
Mismo criterio con la malversación
La reforma legal que aprobó Moncloa para contentar a sus socios de ERC no solo afecta al procés. Los daños colaterales de la rebaja de la malversación ya se están dejando sentir en otras causas de corrupción en las que se empieza a estudiar ya posibles cambios. Ante este escenario, el fiscal general del Estado, Álvaro García, prepara un decreto en el que impartirá las directrices a seguir para unificar criterio en lo que respecta a la actuación de la Fiscalía.
Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que el decreto estará listo antes de que acabe el mes ya que hay algunas causas –como la trama Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas- que están pendiente de calificación del Ministerio Fiscal y urge unificar criterio sobre el asunto. Al igual que ocurrió con la conocida como ‘ley del sí es sí’ la Fiscalía va a emitir decreto y no circular porque la circular se tiene que someter el preceptivo informe de la Junta de Fiscales.
La Fiscalía de Cataluña ha pedido tiempo para formular su escrito de conclusiones provisionales en la causa contra los diputados de ERC Jové y Salvador por malversación
Precisamente, una de las aristas del procés que se va a ver afectada por la rebaja de la malversación es la causa que se ha seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los diputados de ERC Josep María Jové y Lluis Salvador. La formación independentista no solo quería asegurar el futuro de Oriol Junqueras –que fue indultado junto con otros 8 miembros del procés- sino que también espera que Jové y Salvador se beneficien de los cambios legales.
De momento la Fiscalía del TSJ catalán ya ha pedido más plazo para formular su escrito de conclusiones provisionales. “El examen de estos preceptos no puede abordarse desde una perspectiva meramente individualista sino que, como no puede ser de otro modo, en aras a la salvaguarda de la unidad de actuación, debe ser consecuencia de una respuesta integral de esta institución”, reza un escrito de este mismo viernes firmado por el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche.
