miércoles, 29 de septiembre de 2021

Según Aragonés, el referéndum de independencia de Cataluña, lo avala TODA la UE.

 

Según Aragonés, el referéndum de independencia de Cataluña, lo avala TODA la UE.

La realidad dice que no hay ni un solo país que avale dicho proceso. Este es más mentiroso que Pedro Sánchez.   

 

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que el referéndum de autodeterminación para Cataluña, avalado por la comunidad internacional, es "absolutamente inevitable" y hará todo lo posible para conseguir que se celebre. El president ha acusado al Gobierno de no hacer propuestas para resolver el conflicto y ha aseverado: "Forzaremos al Estado a moverse".

 

El partido de Puigdemont activará la declaración de independencia si fracasa al pactar un referéndum. El partido de Puigdemont activará la declaración de independencia si fracasa al pactar un referéndum

Iceta asegura que no habrá un referéndum por la independencia de Cataluña en los próximos 10 años

"Soy y seré el presidente de todos y todas las catalanas. Y por eso lo haré todo para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro en las urnas. La democracia, el referéndum, es la propuesta más inclusiva que hay, porque permite a todas las opciones expresar su voz y tener la oportunidad de ganar", ha asegurado al finalizar su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, que ha durado casi dos horas

 

Aragonès ha insistido en que, para él, el referéndum es la mejor herramienta para solucionar el conflicto catalán porque interpela a toda la población: "Todas las opciones tenemos que poder ganar y todas tenemos que aceptar el resultado. Esto es lo que haremos posible".

 

"Y cuando llegue este momento, que llegará porque es absolutamente inevitable, cuando podamos decidir el futuro del país en las urnas, pondré todas mis fuerzas a trabajar para que gane el 'sí', para que gane la opción de la independencia", ha zanjado.

 

"Lo dará todo" por la independencia

También ha defendido que quiere ser el presidente de todos los catalanes y que lo "dará todo para hacer posible la culminación de la independencia de Cataluña", ha asegurado para finalizar su intervención.

 

Tras reiterar que el referéndum es la propuesta más inclusiva porque incluye tanto a los catalanes independentistas como a los que no lo son, el presidente catalán ha reiterado que deberá ser "avalado por la comunidad internacional", como ha hecho y cree que volverá a hacer Escocia.

 

Considera que el referéndum es la mejor solución y la que no obliga a nadie a renunciar a sus ideales: "Una propuesta que permite salir reforzados como sociedad. La democracia une, la democracia fortalece las sociedades, la democracia es el instrumento más legítimo que podemos utilizar para resolver los conflictos políticos".

 

Ha subrayado que Cataluña es una sociedad profundamente democrática y que, "tanto si se quiere como si no, la solución deberá acabar siendo en las urnas".

 

Así, Aragonès ha contrapuesto el referéndum con que, a su juicio, el Gobierno no ha planteado cuál es su propuesta para solucionar el conflicto: "¿Qué propuesta tiene el Estado para los catalanes y las catalanas? Hasta hoy no hemos oído ninguna. Pero forzaremos al Estado a moverse, a mojarse"


 Blog de Juan Pardo.

martes, 28 de septiembre de 2021

Pogromos lingüísticos

 Quienes los perpetran celebran, desde su ignorancia aldeana, el brutal empobrecimiento derivado de sus políticas.


Hace algunos meses, tras la aprobación de la Ley de Educación que niega al castellano la condición de lengua oficial y vehicular en toda España, Escritores con la Historia, asociación de la que me honro en formar parte, promovió un manifiesto titulado ‘Escritores con nuestra Lengua’ al que se adhirieron millares de ciudadanos anónimos, así como destacadas figuras de la literatura y el periodismo, encabezadas por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. El texto, ajeno a ideologías y centrado en denunciar el riesgo inherente a permitir la erradicación de nuestro idioma común del sistema de enseñanza en aquellas comunidades donde gobierna el independentismo, concluía con estas palabras: «Nosotros, como escritores, quizás más obligados que nadie a defender la lengua quenos une, al tratarse de nuestra herramienta esencial de creación, hemos decidido levantar nuestra voz, a través de este llamamiento al colectivo y a la sociedad, para exigir el estricto cumplimento de la Constitución y el amparo efectivo del derecho de todos los españoles a ‘conocerla’ y ‘usarla’ en cualquier lugar de territorio español. Dicho ello sin menoscabo, sino bien al contrario, desde el mayor respeto, aprecio y cariño al uso del resto de lenguas habladas en España -españolas, por consiguiente-, porque constituyen un rasgo más de la riquísima heterogeneidad cultural nacional. Esa riqueza está felizmente a salvo. Pero lo que hoy está siendo agredido, y es ante lo que nos rebelamos, es el derecho de muchas personas a emplear el español con normalidad. Ningún hispanohablante ha de sentirse huérfano de sí mismo al serle vetado expresarse en la lengua en la que aprendió a conjugar los verbos amar, pensar, imaginar, comprender y vivir».

La ministra cuya firma rubrica esa norma inconcebible en cualquier país democrático ya no forma parte del Gabinete, pues una vez perpetrada la traición el traidor deja de ser necesario. Sánchez la utilizó para pagar a los separatistas una parte del peaje pactado, después de lo cual la cesó. Pero la persecución a los hispanoparlantes se acentúa. Baleares sufre una dramática escasez de personal sanitario porque el dominio del catalán es requisito indispensable para concurrir a las correspondientes oposiciones. Ni los médicos que se expresan en español pueden ejercer su profesión en las islas, ni los isleños ser curados por profesionales con quienes se entienden a la perfección. La lengua, cuya razón de ser es facilitar la comunicación entre las personas, se ha tornado muralla en detrimento de su salud. En Cataluña, entre tanto, la Generalitat urde planes para vetar el español también en la Universidad (de la escuela ya fue desterrado) y expulsar así de las aulas a incontables estudiantes nacionales y extranjeros, con la consiguiente pérdida de talento, diversidad y pluralismo. Cada día hay más hispanohablantes víctimas de estos feroces pogromos lingüísticos, mientras quienes los perpetran celebran, desde su ignorancia aldeana, el brutal empobrecimiento derivado de sus políticas.

Isabel San SebastiánIsabel San Sebastián


ERC exigirá a Sánchez que corte los fondos al Rey y al Tribunal de Cuentas

 

Yolanda Díaz conversa con Gabriel Rufián en el Congreso.


Ya se lo tiene advertido Rufián al presidente: "El voto de ERC se suda". Los republicanos saben que el Gobierno les necesita para aprobar los Presupuestos: empieza la lista de peticiones.

Esquerra empieza a contonearse delante de Pedro Sánchez. Con o sin Carles Puigdemont en Waterloo, los de Pere Aragonés se saben imprescindibles para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos de 2022. "El voto de ERC se suda", advirtió hace unos días Gabriel Rufián al líder socialista. 

Oficialmente acaba de empezar la ronda de contactos del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con los partidos del arco parlamentario. Pero extraoficialmente las conversaciones con ERC, Bildu, el PNV y demás socios habituales vienen de más atrás. 

 

En la lista de peticiones de Esquerra, que será larga, la Casa Real, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas ocuparán un lugar destacado. Para mal. Serán tres de los caballos de batalla de los republicanos, puesto que los tres son bestias negras de los independentistas.

Según ha sabido ESdiario de fuentes de ERC, el partido aprovechará la negociación presupuestaria para exigir que se recorte al extremo el presupuesto de la Jefatura del Estado, el TC y el Tribunal de Cuentas, adonde se trasladó la batalla por los indultos después de que Sánchez dejara en libertad a Oriol Junqueras y otros ocho condenados del procés. 

ERC considera "indignante" que la Casa Real tenga un presupuesto de 8,4 millones de euros (eso en 2021); teniendo en cuenta que fue Felipe VI quien llamó a capítulo a las autoridades catalanas aquel 3 de octubre de 2017 (algo que nunca le han perdonado). Este jueves el Rey estará nuevamente en Barcelona con motivo del Salón del Automóvil, pero el presidente de la Generalitat no le acompañará.

El Tribunal de Cuentas

Tampoco le gusta a Esquerra que el Estado gaste dinero en el Tribunal de Cuentas, un órgano fiscalizador que según ERC se dedica básicamente a "la persecución de la disidencia política en el ámbito económico y financiero". Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas tiene un procedimiento abierto contra una treintena de ex altos cargos independentistas por malversación de los fondos dedicados a la "acción exterior" (5,4 millones de euros reclama).  

Y menos le gusta, aún, el Tribunal Constitucional que preside Juan José González Rivas. En el actual ejercicio ha contado con un presupuesto de 26,5 millones de euros. El grupo parlamentario que dirige Rufián cree que es dinero mal invertido y así lo hará constar en la negociación y en sus enmiendas a las cuentas públicas.

Este lunes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, se refirió al estado de las conversaciones con el Ejecutivo con tono poco conciliador. "El Gobierno se tendrá que esforzar mucho. Lo que vemos hasta ahora es que van en la línea contraria de la que tendrían que estar haciendo para encontrar nuestros apoyos parlamentarios", señaló. No obstante, la partida no ha hecho más que empezar. 

lunes, 27 de septiembre de 2021

ESPERANDO QUE EL » POLLO » CARVAJAL QUE SEÑALA A PABLO IGLESIAS CANTE COMO UN GALLO DE CORRAL

 

El gallo Kiriko iba a la boda de su tío Perico: Si pico me embarro el pico, y si no me muero de hambre. Con que fue y picó. Y eso fue lo que hizo este pollo (así llamado) que puede aportar pruebas en la Audiencia Nacional los próximos días. Se ha comprometido a presentar documentación.

El exjefe de los Servicios de Inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, señala al ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y se ha comprometido a aportar pruebas y documentación sobre presuntas irregularidades cometidas por el partido podemita.

Carvajal prestó declaración durante hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La comparecencia se ha celebrado a petición del propio Pollo Carvajal para evitar su extradición a EEUU.

Fuentes jurídicas aseguran que la declaración de Carvajal ha sido «muy interesante» y podrían producirse novedades muy pronto. Mientras tanto, según dichas fuentes, el magistrado instructor habría declarado el «secreto» de las actuaciones tras la nueva información aportada. El ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez habría mostrado además su intención de ampliar la información sobre las presuntas irregularidades de Podemos.

Si el Pollo Carvajal cumple con su compromiso, el magistrado García Castellón podría entonces reabrir las diligencias archivadas en el año 2016 en su Juzgado sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Para ello, Carvajal deberá aportar datos concretos y documentos que permitan reabrir diligencias.

Hugo Carvajal ya amenazó con tirar de la manta, si finalmente era extraditado a Estados Unidos. «Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países -dijo-. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda». Estas afirmaciones textuales las trasladó Carvajal a su entorno.

Carvajal se habría dedicado estos dos años que ha estado «desaparecido» a recopilar numerosa información sensible, que afecta al Gobierno actual y a altísimos cargos de otros gobiernos socialistas del pasado. «Se ha cobrado antiguos favores para conseguir información», apuntaban. En este sentido, dejaba claro que no dudará en utilizar esa información que salpica a dirigentes socialistas y de Podemos si finalmente es entregado a las autoridades norteamericanas.

En EEUU, le reclaman por lo que el gobierno español, debe enviárselo a Joe Biden, que Pedro Sánchez quiere conquistar ya que hasta ahora anduvo detrás de él como un perrito sin que le hiciera el menor caso. El gallo o pollo, se presentó solo ante la justicia española nada más que se olió que lo reclamaban allí, para evitarlo. Pero corre el peligro que si lo envían para allá aquí no vaya a cantar nada de lo que afecta aquí, con lo cual no conoceremos mejor la mafia criminal que ya tenemos.

Todo apunta a que les va a delatar. Pero el trato que hace con el juez, nadie lo sabe, acerca de que si canta no lo echan para allá, cuando se juega tanto. Aquí no le pasará nada, dado como funciona esto, y si lo cogen allí, en América del Norte, todo le cambiará.

Y la pregunta de examen es saber por qué se vino para acá. Pues parece ser que rompió con Maduro cuando se negó a recibir ayuda humanitaria de EEUU, aquella vez que recordamos cortaron el paso a los camiones. Y bien sabemos que con los dictadores, o a favor, o en contra, en cuyo caso ya puedes preparar los bártulos, que fue lo que hizo.

La deportación a los Estado Unidos fue cortada por el juez al ver que en España había mucha materia punitiva que había que investigar. Y así está en prisión provisional en la cárcel madrileña de Extremera, en espera de aportar pruebas y bajo secreto del sumario.

En el año 2019, tras su primera detención, Hugo Carvajal mostró su disposición de desvelar información relevante sobre terrorismo internacional. Concretamente, la relación entre la narcoguerrilla colombiana de las FARC y la banda terrorista ETA. También sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá. Estos hechos que muestran la conexión de ETA con las FARC, fueron investigados en una pieza separada y finalmente se archivaron provisionalmente porque Carvajal decidió no declarar.

En este juego del ratón con el gato, aunque sea un pollo, hasta la fecha, ha recurrido el rechazo a su petición de asilo formulada ante el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Además, Carvajal no podría ser extraditado a Estados Unidos hasta que se cierre la investigación abierta este lunes tras su declaración ante el magistrado García Castellón.

Por su parte, la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada el pasado día 16 por Carvajal para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020, por el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

El tribunal indica que «nada hay» en el escrito de petición que permita concluir la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una petición de medida cautelarísima y tampoco se alegan nuevos argumentos respecto a los planteados en una petición de suspensión cautelar formulada en 2020 que ya fue rechazada por la Sala en mayo de ese año.

Cuando la política se mezcla con la justicia o la primera somete a la segunda, ya sabemos cómo acaba todo, de lo que se dice que el que hace la ley hace la trampa. Esperemos que este caso sea una excepción.

Pues la esperanza es lo último que se pierde.

Fígaro ( El Correo de España )

Podemos se estrella contra Hacienda y 1,8M de funcionarios en su cruzada contra Muface


Un hospital privado en Granada.

El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y consolidación de las mutualidades. Así de contundentes se muestran fuentes de la pata socialista del Ejecutivo cuando se pregunta por el futuro del régimen de cotizaciones al que están adheridos algo más de un millón de funcionarios del Estado y sus familiares (Muface), personal de Justicia (Mujeju) y militares (ISFAS). Casi dos millones de personas ligadas a la Administración Pública forman parte de manera voluntaria de un colectivo que cuando tiene un problema sanitario no acude en primera instancia a la sanidad pública, sino que se beneficia de un sistema de conciertos con aseguradoras (DKV, Adelas, Asisa e Igualatoria de Cantabria), que a su vez contratan servicios asistenciales con empresas y hospitales privados. El Ministerio de Hacienda ha enviado al Consejo de Ministros de este martes una propuesta para renovar los conciertos de Muface con un incremento de la prima de 10% en los próxmos tres años, un 8% en 2022. El nuevo convenio recibirá una inyección de 3.521,7 millones de euros.

En las últimas semanas, una proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso por Unidas Podemos ha reabierto el debate sobre el futuro de este modelo y ha hecho reaccionar a sindicatos de la función pública y al sector privado asegurador. Los morados plantean que las nuevas incorporaciones de funcionarios no coticen por clases pasivas, sino directamente por el régimen de la Seguridad Social. La propuesta, que no tiene rango legislativo y únicamente busca abrir un debate en la Cámara, plantea que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)© Proporcionado por El Confidencial La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Es decir, Podemos propone que los actuales usuarios mantengan el régimen, pero que los nuevos empleados públicos coticen como el resto de trabajadores asalariados. La fórmula tendría como efecto una pérdida progresiva de recursos en las mutualidades, que vienen registrando un envejecimiento de sus usuarios mayor que el de la población general, con el consiguiente incremento del gasto sanitario. "Cabe señalar que en cinco años (2014-2019) los usuarios menores de 54 años han disminuido un 12,3%, mientras que los de 55 y más han aumentado un 16,3%. Los mayores de 55 representan 6,7 puntos porcentuales más que antes, han pasado del 36,1% al 42,8% del total", explican fuentes del sector citando la Memoria Anual de Muface.

"Sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado", señala un informe de la Fundación IDIS, un 'think tank' financiado por el sector de la sanidad privada que pide reconocer "los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario". IDIS defiende que las mutualidades (con un coste de 2.230 millones en el último año) ahorran entre 720 y 800 millones de euros al sistema público. "Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".

© Proporcionado por El Confidencial

Álvaro Moreno

El debate ha surgido en un momento delicado en la relación entre Muface, la principal de las mutualidades con 1,4 millones de usuarios, y las aseguradoras que garantizan las coberturas sanitarias. El Ministerio de Hacienda ha negociado con estas últimas la renovación del concierto para los próximos tres años. Las compañías sostienen que acumulan un déficit de financiación de años atrás que se ha visto incrementado notablemente durante la pandemia. Mientras el gasto sanitario público creció un 14% en 2020 para atender a los enfermos de covid, Muface apenas elevó su presupuesto un 4,5% el año pasado y lo tiene congelado en 2021.

"En 2020 el coste equivalente per cápita se habría situado en 1.396 euros después de incorporar proporcionalmente el coste covid, mientras que la prima media efectivamente fue de 958 euros per cápita, un 31,3% menos", señalan desde el flanco de los concertados. "Perdemos entre todas 100 millones de euros al año con esto", insisten. Según su versión, las mutualidades no son un negocio en sí mismas, sino que sirven para mejorar la negociación global de la contratación de las carteras de servicios de mutualistas y asegurados con las clínicas sanitarias privadas. A su vez, estas se garantizan volumen de trabajo al tener entre sus usuarios a los funcionarios.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario: por una parte, mantiene los hospitales privados en provincias donde estos centros son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema", sostiene el informe de IDIS.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario"

El PSOE no se plantea desde el Ejecutivo modificar el sistema. Centros de estudios cercanos a los socialistas, como la Fundación Alternativas, han defendido la necesidad de integrar de forma progresiva los régimenes sanitarios por razones de equidad y homogeneidad del sistema. Pero es una patata demasiado caliente como para asumirla, cuando cerca del 80% de los funcionarios elige la vía de las mutualidades. Bastantes frentes tiene ya abiertos el Gobierno como para abrirse otro con los trabajadores públicos. Aunque hay discrepancias sobre la cuantía económica de los conciertos, el Ministerio de Hacienda se ampara en que en ningún momento en el dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, creada para afrontar los retos planteados por la pandemia, se hace referencia a posibles modificaciones del modelo.

La ministra María Jesús Montero heredó una propuesta de renovación de Muface de Miquel Iceta cuando cambió el Ministerio de Política Territorial por el de Cultura y Hacienda absorbió las competencias de Función pública. El ministro catalán planteaba subir las primas un 11% y firmar para tres años. Tras lanzar un primer esbozo bastante más reducido, Montero ha puesto encima de la mesa un 8+1+1, es decir, un incremento del 8% el primer año con una actualización de un punto en los dos ejercicios siguientes: un 10% en total. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo convenio este martes. Las aseguradoras no lo ven mal de entrada, pero reclamaban algún tipo de cuantía fija o bonus de arranque que compense los costes extraordinarios de la pandemia, como ha hecho el Ministerio con los fondos covid para las autonomías.

Respuesta crítica de Belarra

La propuesta de Montero ha recibido la respuesta crítica del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos). Cuestiona tanto la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. El Ministerio morado entiende que dicha explicación "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".

También desgrana, según documentos difundidos por 'Europa Press' que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.

"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales.

Respuesta sindical

En este contexto de negociación, la propuesta de Podemos no ha contado con la defensa abierta de ninguno de los principales sindicatos de la función pública. CSIF defiende la renovación de los conciertos sin matices y respalda la exigencia de las aseguradoras de recibir una compensación por el gasto derivado de la pandemia. "Desde CSIF no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria", afirman.

UGT y CCOO no se oponen tampoco al régimen del que se benefician cientos de miles de funcionarios y sus familiares. Reclaman la renovación de los conciertos, pero a la vez piden a los prestatarios del servicio que no escatimen con las coberturas sanitarias. "Es un derecho que ha adquirido el personal por su vinculación laboral con el Estado. Hay que garantizar que la prestación se mantiene de cara al futuro. Pero hay algunas zonas y algunas aseguradoras en las que no es posible obtener determinadas coberturas sanitarias", advierten desde Comisiones.



domingo, 26 de septiembre de 2021

Una denuncia golpea a Sánchez:la lista de cargos del PSOE que ocultan millones de euros en Venezuela

 Javier Marzal asegura que los presuntos defraudadores abrieron 752 depósitos bancarios con 392 millones de dólares (326,6 millones de euros).


EPSOE defiende el chavismo porque sus capos tienen cientos de millones allí”, así encabeza la información remitida a Periodista Digital por Javier Marzal, que detalla en un artículo las relaciones entre el socialismo y la Venezuela de Hugo Chávez, que tienen su razón de ser en las conexiones económicas.

Por su interés, siempre respetando la presunción de inocencia, reproducimos el artículo de Marzal a continuación, donde se detallan las presuntas cuentas millonarias que se han denunciado a la Agencia Tributaria:

Hace unos días, varios medios publicaron mi artículo: “Record en Hacienda: Denuncia exitosa de más de 1.772 millones de euros”.

En la noticia se dice que esa denuncia tributaria record del  17 de agosto de 2003, firmada por  Alberto Royuela Fernández  y su colaborador, el periodista Juan Martínez Grasa, estaba estructurada en 15 denuncias.

Una de ellas denunciaba que los días 3 y 10 de Agosto de 2004, los defraudadores abrieron 752 depósitos bancarios con 392 millones de dólares americanos (326,6 millones de euros), en la sede de CITIBANK en Caracas y Maracaibo. Se aportaba toda la documentación de cada uno de los depósitos.

¿Quiénes son los defraudadores tributarios?

Felipe González Márquez (Presidente del Gobierno 1982-1996) y su familia (esposa Carmen Romero González y Pablo, hijo de ambos). Cada uno de ellos depositó 26.400.000US$, totalizando 79.200.000US$ (66 millones de euros).

Juan Alberto Belloch Julbe, superministro felipista y exalcalde de Zaragoza, depositó 36.000.000US$ y su hermano 12.000.000US$, totalizando 48.000.000US$ (40 millones de euros).

Pascual Maragall Mira (exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalidat de Cataluña), su hermano depositó 23.000.000US$ y su cuñado 24.000.000US$, totalizando 47.000.000US$ (más de 39 millones de euros).

Carlos Jiménez Villarejo (primer Fiscal Jefe Anticorrupción) y su familia: Aurora Jorquera Hernández (esposa depositó 26.400.000US$), la misma cantidad que los dos parientes de Felipe González), 9.600.000US$ Carlos y 9.600.000US$ Ana, hijos de ambos, totalizando 45.600.000US$ (38 millones de euros).

José María Mena Álvarez (ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que proporcionaba servicios al PSOE y al fiscal Villarejo (que fue su jefe directo) y su familia: María Julia Maiques Azcárraga (esposo) con 21.600.000US$, y María, hija de ambos, con 9.600.000US$, totalizando 31.200.000US$ (26 millones de euros).
Mariano Fernández Bermejo, Fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y ex Ministro felipista, con 24.000.000 (20 millones de euros).
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, ex Presidente del Tribunal Constitucional, y su familia: Elisa Maseda Arango (esposa) con 24.000.000 (20 millones de euros).
Guillermo Vidal Andréu, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denunciado por encubrir los asesinatos de Mena, y su familia: Mercedes Salleras Lluis (esposa) con 24.000.000US$ (20 millones de euros).
Gerardo María Thomas Andreu, Magistrado Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona y su familia: Carmen Caja Lopez (esposa) con 21.000.000US$ (17,5 millones de euros).
Carlos Viver Pi-Suñer, Magistrado del Tribunal Constitucional, con 12.000.000 (10 millones de euros).
José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, con 12.000.000 (10 millones de euros).
Margarita Robles Fernández, actual Ministra de Defensa, con 12.000.000 (10 millones de euros).
Manuela de Madre Ortega, Vicepresidenta General del PSC-PSOE, con 9.600.000US$ (8 millones de euros).
Guillermo Castelló Guilabert, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Ramón Gomis Masqué, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Claudia Bayarri García, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Nuria Garriga López, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Ramón Macía Gómez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Jesús Navaroo Morales, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Magdalena Jiménez Jiménez, jueza del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Roser Aixandri Tarre, juez del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Eduardo Navaroo Blasco, juez del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Isabel Castellano Rausill, Fiscal en Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Rafael García Ruiz, sargento de la Guardia Civil destinado a la Policía Judicial y lugarteniente de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).
Juan Manuel García Peña, Agente de la Policía Nacional destinado a la Policía Judicial y lugarteniente segundo de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

¿Qué relación tenían entre sí todos estos presuntos delincuentes? ¿Por qué utilizaron los mismos testaferros? ¿Por que realizaron los depósitos en los mismos días?
La relación de los 23 últimos está bien documentada en el #ExpedienteRoyuela y todos tenían relación con el enorme negocio de Mena, en el caso de los jueces simplemente estaban en nómina de Mena.

Pero…., ¿qué relación tenían Felipe GonzálezJuan Alberto Belloch y Pascual Maragall con ellos? Belloch tenía presuntamente su propia red de prevaricación judicial y ¿los otros dos capos?

El #ExpedienteRoyuela lo explicará porque está llamado a reescribir la historia de la democracia española y a explicar cómo ha llegado la corrupción a destruir el país (8% del PIB, superando el beneficio de las grandes empresas y las multinacionales juntas).

Javier Marzal.