Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
Un acto para denunciar los intentos de censurar la libertad de opinión
Este jueves se anunciaba la convocatoria del segundo “Encuentro Familia, Vida y Libertad” que organiza la asociación HazteOir.org. El evento tendrá lugar a las 19:30 en San Fernando (Cádiz) el próximo jueves 3 de mayo, y contará con la participación de Pedro Mejías (delegado de HO en Cádiz), la profesora Alicia Rubio, Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla) y Teresa García-Noblejas, Licenciada en Geografía e Historia y responsable de prensa de HO. Además, ese mediodía, a las 12:30, se leerá en la Plaza de España de Cádiz la “Declaración de Madrid por la comprensión, el respeto y la libertad”, un texto que denuncia que en aras de la ideología de género “censuran la libertad de opinión y el debate científico”.
Kichi quiere censurar el acto usando una ordenanza que no se ha leído
Un acto así entra dentro del legítimo debate de ideas propio de un país democrático, pero algunos totalitarios no admiten que nadie contradiga sus ideas. Anteayer, José María González “Kichi”, el alcalde podemita de Cádiz, tachó el evento de “transfóbico” y anunció que no lo va a consentir, alegando que la Ordenanza Municipal de Publicidad y Uso de la Vía Pública “impide los actos que atenten contra los derechos de las personas, como por ejemplo este caso”. Para empezar, ningún alcalde puede prohibir un acto simplemente porque no le gusten las opiniones de sus organizadores: esto no es una dictadura. Pero además, el alcalde de Cádiz parece no haber leído el texto al que hace referencia, porque la citada ordenaza (ver PDF)no dice lo que afirma Kichi por ninguna parte. De hecho, y como señala el Artículo 1 de dicha ordenanza, ésta sirve para “regular la instalación de elementos de publicidad, información y señalización en las fachadas de los edificios, en la vía pública y en cualquier otro lugar visible desde el espacio público”, y no para prohibir el ejercicio del derecho de reunión. Estaría bien que el alcalde conociese las normas que aplica.
El alcalde no puede prohibir un acto público por motivos de opinión
Kichi parece olvidar que esto es España, no Venezuela ni Irán, y aquí un alcalde no tiene competencias para prohibir un acto por motivos de opinión. El único que puede prohibirlo es un juez, si considera que el acto en cuestión puede incurrir en un delito conforme a lo indicado en el Artículo 513 del Código Penal. La Constitución Española ampara el derecho de reunión en su Artículo 21, señalando que no precisa de autorización previa. Sobre las reuniones públicas, además, ese artículo señala que la autoridad “sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”, y no cuando a un político le disgusten las ideas que se van a expresar en esas reuniones. Por otra parte, esa prohibición sólo la pueden dictar las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, no un alcalde, por muy déspota que sea y por mucho que desprecie los derechos ajenos. La única competencia que tiene un Ayuntamiento es la de prohibir la reunión si supone, por ejemplo, un grave peligro para el tráfico, pero se da la circunstancia de que el citado acto tendrá lugar en la Plaza de España de Cádiz, ante el Monumento a la Constitución de 1812, que es una zona peatonal compuesta de jardines.
Kichi se salta tres derechos constitucionales y podría ser acusado de un delito
Por otra parte, hay que recordar que la Constitución en su Artículo 20 ampara el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Nuestra Carta Magna no dice por ninguna parte que esté prohibido discrepar de la ideología de género ni de ninguna otra de las patrañas que defiende Podemos. Repito: esto es España, no Irán ni Venezuela, por mucho que los dirigentes de Podemos se crean con poder y autoridad para censurar todo aquello que no les gusta. De hecho, con su anuncio de anteayer, el que podría y debería ser denunciado es Kichi, no sólo por pasarse por el arco del triunfo los derechos amparados por los dos artículos citados, sino también porque en su Artículo 14 la Constitución prohíbe, además, que los ciudadanos puedan ser discriminados por motivos de opinión, que es exactamente lo que está haciendo el alcalde podemita con los organizadores del citado evento, simplemente porque sostienen opiniones que son opuestas a las de Podemos. Además, sería aconsejable que el alcalde se leyese el Artículo 404 del Código Penal:
“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”
Lo digo, más que nada, por si se le ocurre enviar a la Policía local para impedir el ejercicio de un derecho en los términos que él mismo ha expuesto. Pero seguro que los abogados de la asociación organizadora del acto ya lo han previsto y estarán encantados de ponerle una querella al alcalde si cumple con su amenaza de intentar impedirlo por motivos ideológicos.
Lo que debe saber Kichi si su partido envía a matones a reventar el acto
“La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.“
Téngalo en cuenta el señor Kichi por si su partido tiene intención de enviar a matones a reventar el citado acto, como ha hechoen otros lugaresde España contra quienes han tratado de exponer opiniones contrarias a la citada ideología de género.
Pérez Dora, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, ha descubierto un agujero de 1.148.000 euros en la gestión de Podemos.
Ciudadanos ha encontrado en el Ayuntamiento de Cádiz, dirigido por José María González ‘Kichi’ un agujero millonario en la polémica gestión municipal de la corporación de Podemos: 1.148.000 euros de deuda que la emisora municipal Onda Cádiz ha engullido en apenas dos años.
Albert Rivera y nuevo presidente de Onda Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha denunciado el presunto fraude. “Onda Cádiz tiene un deuda de más de un millón de euros generada exclusivamente por Podemos”, ha sacado a la luz Pérez Dorao en el último consejo de la empresa pública celebrado este lunes
“Ninguno de los consejeros del equipo de gobierno supo dar las explicaciones oportunas de por qué no se han ido atendiendo en tiempo y forma los diferentes pagos y haber permitido generar 1.148.000 euros de deuda”, denuncia Pérez Dorao.
El nuevo presidente de Onda Cádiz, que tomó posesión de su cargo hace apenas unos meses, ha explicadoque “esta deuda de más de un millón de euros no es una deuda heredada de la anterior corporación, es toda ella deuda generada con posterioridad, desde que Podemos -Por Cádiz sí se puede- se hace cargo de la gestión de Onda Cádiz”.
Los señalados en concreto en la denuncia de Ciudadanos son dos colaboradores de Kichi, David Navarro como consejero delegado de Onda Cádiz y Adrián Martínez de Pinillos como responsable de Cádiz Conecta”.
Según Pérez Dorao, “esta deuda, escandalosamente alta, pone sobre la mesa la falta de solvencia profesional de Podemos para atender los asuntos públicos, así como inatención de los asuntos corrientes de la sociedad por parte del anterior consejero delegado”. “Nos encontramos ante la típica forma de actuar de Podemos, hacer ruido y generar cortinas de humo para tapar su mala gestión, en este caso una mala gestión que se calcula en 1.148.000 euros exactamente”.
El Ayuntamiento de Manresa, gobernado por PDeCAT, ha llamado a sus funcionarios a no celebrar la festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
El Consistorio, que este jueves retiró la bandera de España del mástil, cree que la fiesta “no tiene arraigo en la ciudad” y, por tanto, ha llamado a sus empleados a acudir a su lugar de trabajo “como en un día laborable cualquiera”.
El desprecio al día de la Fiesta Nacional se extenderá también a otras zonas de España gobernadas por la izquierda y los separatistas. En Navarra, por ejemplo, el Parlamento ha aprobado celebrar el día de la Resistencia Indígena. En un acto el día 11 por la tarde se leerá un manifiesto basado en la Leyenda Negra.
Alergia al 12-O
En los últimos años, partidos y dirigentes de izquierdas y/o separatistas mostraron su “alergia” hacia el 12 de octubre. La CUP en Barcelona pidió boicotear la fiesta, retirar la estatua de Cristóbal Colón, situada al final de La Rambla, y sustituirla por símbolos “de la resistencia al imperialismo y a la opresión”, Ada Colau acusó al Estado de “celebrar un genocidio” y el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, señaló que “nunca descubrimos América”. “Masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar”, sentenció.
Además, Izquierda Unida registró una proposición no de ley en el Congreso en la que instaba al Gobierno a suprimir el desfile militar, aéreo y terrestre. La formación comunista señaló que los actos oficiales conmemorativos del 12 de Octubre se hacen “de espaldas” a una participación efectiva de la ciudadanía y con un “claro componente militarista absolutamente desfasado en pleno siglo XXI”.
“Es el momento de dar un paso adelante, de decir ¡basta ya!Tenemos que construir entre todos/a otro modelo de ciudad, donde se gobierne con y para la ciudadanía, pensando realmente en las necesidades de la gente y no enlas prioridades de unos pocos”.
Estas son las palabras que dedicaEva María Acedo Torresa los gaditanos en su perfil de internet como miembro del Consejo Ciudadano de “Cádiz sí se puede”(Podemos) en marzo de 2015. Unas palabras que a juzgar por los hechos acontecidos sólo unos meses después distan mucho de la realidad.
Según ha podido saberOKDIARIO,el alcalde de Cádiz, José María González “Kichi” enchufó comoasesora de Podemos en laDiputación Provinciala Eva Acedo. Casualmente, Acedo esla pareja actual del concejal de medioambientey teniente de alcalde en el ayuntamiento gaditano,Manuel González Bauza, salpicado por el escándalo de la contrata municipal de limpieza,Sufi-Cointer.
Acedo que cobra como asesora de “Cádiz sí se puede” en la Diputación unsueldo cercano a los 40.000 eurostrabajó en el área medioambiente y urbanismo del consistorio entre 2005 y 2010. Después de ejercer como auxiliar administrativa se encontraba desempleada hasta que “Kichi” y su novio concejal salieron al rescate.
Cabe destacar que Eva Acedo no es la única asesora de Podemos en la Diputación Provincial que tiene vinculación sentimental con miembros del ayuntamiento gaditano.Alba del Campotambién fue contratada como asesora en la Diputación Provincial y es lapareja de José Vicente Barcia Magaz, jefe del Gabinete de Alcaldía de “Kichi”.
Una vez más, el concejal de medioambiente de Cádiz se ve involucrado en otro nuevo caso de enchufismo.OKDIARIO ya desveló como ManuelGonzález Bauza afirmó a un amigo al que quería enchufar que el objetivo del consistorio gaditano de “Kichi” es que quieren “poner” a sus “mandos” al frente de los servicios municipales.
Este diario también desveló como González Bauzaenchufó a su hijo en la contrata de limpieza municipal de Cádiz, un hecho que el propio concejal reconocía enuna grabaciónmientras aseguraba que cuando“pides un favor, lo tienes que devolver”.
Actualmente, Sufi-Cointer es investigada por presunto fraude tras una denuncia presentada por varios trabajadores en la Fiscalía Provincial. Los empleados de la propia contrata aseguran que se “inflan y falsean” los partes de limpieza, reflejando más efectivos y maquinaria recogiendo los residuos de las calles de Cádiz.
A cambio, según la denuncia, los implicados en este supuesto fraude“recibirían contratos para sus familiares”. Este diario también ha publicado como el Ministerio Fiscalinvestiga centenares de “contratos fantasma“, que según los empleados de la contrata se tenían que haber efectuado para cubrir la limpieza de festividades y días especiales.
Los trabajadores apuntan quedichos contratos en realidad “no existen”porque el trabajo se cubre con el personal fijo y mientras se “falsean” los partes, la empresa presuntamente sigue cobrando dichos servicios especiales de limpieza del consistorio de “Kichi”.
Pleno extraordinario de limpieza
El concejal de medioambiente de Cádiz,Manuel González Bauza, se encuentra actualmente contra las cuerdas.Aparte de tener enchufado a su hijo en la contrata municipal de limpieza y a su pareja como asesora en la Diputación Provincial, es señalado como el máximo responsable político de las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía en Sufi-Cointer.
Los grupos municipales deC´s y el PSOE han solicitado al alcalde, José María González “Kichi” la convocatoria de un plenomonográfico sobre la limpieza en el municipio que se celebrará el próximo jueves 22 de diciembre. En él, pedirán la apertura de una comisión de investigación a la contrata municipal y donde propondrán la reprobación pública de Manuel González Bauza,previa a la petición de “dimisión inmediata”.
Por su parte, el propio González Bauza emitía un comunicado en las últimas horas donde señalaba que todas las acusaciones contra su persona “son falsas”.
Carmena y Colau lideran, en Madrid y Barcelona, el balance de proyectos torpedeados
Algunos de los «alcaldes del cambio» en una reunión en Barcelona en diciembre de 2015 - Efe
Más de 14.000 millones de euros de inversión bloqueada y, parte de ella, directamente fulminada antes siquiera de poder ponerse un ladrillo. Es el balance de conjunto de los apenas dos años de gobiernos municipales de la órbita de Podemos en las principales ciudades a los que se vieron aupados tras las elecciones locales de 2015.
La campaña jaleada contra el ambicioso proyecto cultural que Antonio Banderas quería llevar a cabo en su ciudad natal -iba a jugarse de su bolsillo tres millones de euros- han llevado al actor malagueño a plegar velas y olvidar la iniciativa. Ha sido tras una campaña de ataques que no ha estado dispuesto a aguantar más y en la que han tenido presencia activa los aledaños -y no tan aledaños- ‘podemitas’. El caso es un botón de muestra de esa «política del cambio» que ha hecho sucumbir -por frenados o por directamente dinamitados- proyectos de inversión privada por valor de miles de millones de euros. Y, con ellos, aguadas también las abultadas perspectivas de creación de empleo que llevaban aparejadas.
Carmena: 10.000 millones
Madrid es un ejemplo. Queda en la memoria reciente la espantada del magnate chino Wang Jianlin -grupo Wanda-. A los seis meses de que Manuela Carmena tomara posesión como alcaldesa, a Jianlin se le acabó la paciencia. Harto, desistió de plano a grandes proyectos que habrían supuesto, en conjunto, 4.000 millones de inversión. La espantada del chino -que pretendía derribar y volver a reconstruir la fachada protegida- propició la llegada del promotor murciano Trinitario Casanova, que ha prometido comprar el edificio el 1 de junio.
También se frenó la gigantesca «operación Chamartín», otros 6.000 millones de euros. Viene de lejos, pero Carmena impuso un parón añadido por entenderlo demasiado especulador y ha obligado a replantearlo. Ahora se trata de sacarlo adelante con menor edificabilidad y con el acuerdo del Ministerio de Fomento. Además, Carmena fulminó un proyecto privado para aprovechar urbanísticamente el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi: un fondo americano iba a invertir 75 millones de euros y a pagar al Ayuntamiento 60.000 euros de canon anual.
Inversión pública cercenada
A la par que se frena o tumba inversión privada, el gobierno de Carmena tampoco puede presumir de su inversión pública. El año pasado dejó sin utilizar 369 millones de su presupuesto, y una parte sustancial correspondía a inversiones. Dos ejemplos: se dejó sin gastar 55 millones de euros de los fondos presupuestados para el programa de «vías públicas», o la mitad de los nueve millones de euros que consignó para «planes de barrio».
La Coruña y Cádiz
En inversión pública aparcada también destaca el Ayuntamiento de La Coruña, gobernado por otra particular «coalición del cambio» participada por Podemos. La patronal provincial de la construcción se ha quejado de la parálisis licitadora: cinco obras públicas tumbadas tras las elecciones locales de 2015 y que hubieran supuesto más de siete millones de euros.
Eso sí, al menos en La Coruña o Madrid hay datos oficiales publicados con los que conocer su inversión ejecutada, algo imposible en el caso del Ayuntamiento de Cádiz que dirige el líder local de Podemos, José María González «Kichi». Entrar en el «portal de transparencia» de este Consistorio es un viaje forzado al pasado: los datos de ejecución presupuestaria solo llegan a diciembre de 2014. El propio Tribunal de Cuentas tampoco puede auditar la contabilidad municipal gaditana: desde que «Kichi» está al frente no ha presentado ante ese órgano estatal de fiscalización ni una sola de las cuentas anuales que le tocaba presentar.
Colau frena hoteles
En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau también acumula balance de órdago en inversión torpedeada. En cuanto llegó al gobierno municipal frenó en seco decenas de proyectos hoteleros que preveían un flujo inversor total de 3.000 millones de euros y la generación de 10.000 empleos. El damnificado en este caso es un pilar esencial de la economía barcelonesa, su industria turística. Cuando Ada Colau llegó a la Alcaldía había proyectos en marcha para crear 15.000 nuevas plazas hoteleras.
Zaragoza: 200 millones
En Zaragoza, el gobierno de ZEC (Podemos-IU) que lidera Pedro Santisteve mantiene frenados proyectos privados por valor de más de 200 millones que, según sus promotores, supondrían la creación de más de 2.000 empleos en la ciudad, entre directos e indirectos. Son cuatro proyectos que requieren de tramitaciones urbanísticas que el equipo de Santisteve frenó en seco tras llegar al poder y que, ahora, en el mejor de los casos avanzan administrativamente al ralentí o que -en el peor- se han enterrado. Este último es el caso del gran hospital privado que quería levantar el grupo Quirón junto al estadio de La Romareda y en el que preveía invertir más de 100 millones de euros.
El caso Paterna
En Paterna (Valencia), otro caso: el gobierno municipal de Compromís -partido asociado a Podemos en la política de esa región- mantiene paralizado el proyecto «Puerto Mediterráneo», que contemplaba 860 millones de euros de inversión y la generación de 6.000 empleos entre directos e indirectos. Tras contar con 46 informes favorables, acabó frenando en seco por «criterios medioambientales». Ahora los promotores andan enfrascados en un forzoso replanteamiento del proyecto para intentar sacarlo adelante.
¿El Reino Unido, Dinamarca y Suecia no son democracias?
En otros municipios gobernados por partidos de ultraizquierda han ocurrido cosas parecidas ante la proximidad del aniversario de la instauración de la 2ª República, que se celebró el pasado viernes. Algunos han defendido la colocación de esas banderas en edificios y mástiles oficiales apelando a la democracia. Incluso he leído por ahí argumentos según los cuales nuestro actual régimen no es una verdadera democracia, por el mero hecho de ser una monarquía, y que la auténtica democracia era la República de 1931. Afirmar que una monarquía parlamentaria no es democrática es tan absurdo como decir que el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Holanda, Noruega y Bélgica no son democracias. Está muy claro que lo son, desde luego. Es más: esos países muestran una mejor salud democrática que ciertos regímenes por los que tiene una enorme simpatía la ultraizquierda española, como Venezuela, Bolivia o Ecuador (por no hablar de la Cuba castrista, que es una dictadura comunista). En cuestiones de modelo de Estado, a día de hoy, confieso no tener una especial preferencia por monarquía o república, pero sin duda prefiero una monarquía como la española o la británica a una “democracia” como la venezolana que tanto les gusta a los podemitas.
La 2ª República suspendería hoy un test de derechos humanos
Al margen de eso, ya expliqué aquí en 2011 que la Segunda República, como democracia, dejaba mucho que desear. Hoy en día muchas de sus disposiciones (negación de la libertad de educación, censura de prensa, etc.) sólo merecen ser calificadas como atentados contra los derechos humanos. El sectarismo y el desprecio por la libertad que manifestó la izquierda en aquel régimen fueron, en buena medida, los causantes de su hundimiento, que no sólo se debió al golpe de Estado de julio de 1936, sino también a la acción criminal del Frente Popular, con hechos tan escandalosos como el pucherazo electoral de febrero de 1936 (hoy ya perfectamente documentado) y el asesinato de un dirigente de la oposición, José Calvo Sotelo, a manos de elementos policiales, un hecho que muchos historiadores consideran como el detonante del estallido de la Guerra Civil. Si tuviésemos que buscar algún parecido actual a la Segunda República, el régimen de Nicolás Maduro sería lo que más se le acerca. Por eso no es de extrañar que los simpatizantes de ese régimen pongan a la Segunda República como un modelo a seguir.
En 1931 la izquierda prohibió la bandera roja y gualda
Hay, además, un hecho simbólico que revela hasta qué punto eso república era más restrictiva en materia de libertades que la actual monarquía parlamentaria. El 21 de octubre de 1931, con los votos de la izquierda, se aprobó una cacicada denominadaLey de Defensa de la República. Esta ley fue creada para facilitar la represión de los monárquicos e incluso de aquellos que mostrasen cierto descontento con el régimen republicano. El “menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado”, práctica habitual de la ultraizquierda actual, fue penado por esa ley, igual que la “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”. La incitación a desobedecer la ley también fue penalizada. Pero además, esa auténtica Ley Mordaza prohibía la apología del régimen monárquico “y el uso de emblemas, insignias o distintivos”. Lo que esto significó en la práctica es que la bandera rojigualda fue prohibida, y su exhibición se convirtió en motivo de persecución, ya no sólo en edificios públicos, sino también por parte de cualquiera. La paradoja es que la rojigualda había sido la bandera de la Primera República, por una cuestión de lógica: no era la bandera de la monarquía, sino la bandera de España.
Hoy los republicanos tienen la libertad que ellos negaron a los monárquicos
No hace falta tener mucha imaginación para adivinar lo que diría la ultraizquierda si nuestra monarquía prohibiese la bandera tricolor como la república prohibió la rojigualda. Hoy su uso está vetado, simplemente, en edificios públicos, donde sólo deben ondear las banderas oficiales tanto de la Nación como, allí donde proceda, las de las distintas comunidades autónomas, provincias y municipios. Por lo demás, hoy cualquier particular o asociación puede exhibir una bandera tricolor, una libertad que no tenían los monárquicos en la Segunda República. Y los nostálgicos de aquel régimen aún tienen la tremenda cara de venir a dar lecciones de democracia.
Venían prometiendo el oro, más trabajo y menos sueldo. Lo cierto, es que han dado empleo, sí, pero a familiares, han paralizado inversiones y la mayoría cobra más que Rajoy.
"Los alcaldes del cambio". Así les presentan en medios y arengas políticas entre Unidos Podemos y PSOE, que llegaron a la política con promesas de más trabajo, acabar con los desahucios, bajarse el sueldo y no emitir deuda municipal para mantener las arcas públicas dedicadas a acciones sociales.
Venían con el tesoro de la promesa y cosecharon un resultado suficiente para los socialistas les apoyaran en Madrid, Barcelona y Valencia. Sus promesas se incumplieron desde el primer día de tomar los bastones de bando. Ni han paralizado los desahucios que prometieron, mientras han cortado de raíz inversiones millonarias, que hubieran generado miles de puestos de trabajo. Los alcaldes del cambio venían con la promesa de no cobrar más de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, no solo incumplió la promesa de bajarse el sueldo, sino que se lo subió en 1.000 euros respecto a su predecesora, Ana Botella, hasta los 101.000 euros al año. Asimismo, además de colocar a 44 familiares de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, subió el sueldo de altos cargos. Luis Cueto, sobrino de Carmena, percibe 90.647,50 euros brutos; el sueldo del presidente del Pleno de Madrid, Mauricio Valiente, cobra ahora más de 98.000 euros, 20.000 más de lo que percibe Rajoy. Los asesores y cargos de confianza cobran 43.000 hasta los 90.000 euros.
Por otro lado, Carmena, de la mano con Carmona (líder del PSOE en Madrid), tumbaron la "operación Chamartín", un gigantesco proyecto que habría dado 121.000 puestos de trabajo en una ciudad que tiene casi 500.000 parados. La inversión que se ha ido ahora por el desagüe alcanzaría los 6.000 millones. Ahora Madrid ha preferido otro proyecto, con la mitad de superficie y solo algunos edificios de 40 plantas, frente a los rascacielos que proyectaba Grupo Castellana Norte. Pero no es la única, también ha puesto numerosas trabas a otros inversores, como Wanda, que finalmente remodelará el Edificio España, pero mantiene en vilo la operación Campamento, entre otras.
Ada Colau, la alcaldesa que lideró la PAH, prometió bajar los sueldos y llevar las instituciones al pueblo. Lo cierto, es que la nueva casta recibe 100.000 euros al año, mientras que los asesores y tenientes de alcalde perciben 98.000 euros. También ha dado trabajo a familiares, como a su pareja,Adrià Alemany, quien se encarga de las relaciones políticas e institucionales de Barcelona en Comú. Tras conocerse el fichaje, Colau le justificaba porque cobraba menos. Las medidas de Colau contra el sector turístico han dejado 3.000 millones de euros menos en inversión hotelera y unos 10.000 puestos de trabajo. La moratoria hotelera, además, suspendió 35 proyectos.
Joan Ribó, el alcalde de Valencia, cobra 20.000 euros menos que Carmena, 82.602 euros brutos, pero más que Rajoy. También es un agente colocador, ya que su pareja fue contratada después de su llegada por el consejero de Educación, Vicent Marzà. Con Compromís en el poder se han perdido inversiones por valor de 1.000 millones de euros y la creación de 20.000 puestos de trabajo al poner trabas a Singapur ARC Resort, que no solo iba a invertir en Valencia, sino en Castellón y Sagunto.
José María González, 'Kichi', el polémico alcalde de Cádiz, cobra 2.500 euros mensuales, y prometió no cobrar más de 1.880 euros. Pese a que dona el excedente, lo cierto es que declara por el sueldo que percibe. Ha colocado a miembros de su partido en una convocatoria pública de cuatro plazas, y se excusó diciendo que eran los que tenían su confianza y capacitación. En Cádiz, una de las provincias más castigadas por el empleo, se han paralizado inversiones, mientras ciudadanos han irrumpido en los plenos para implorar trabajo. Kichi decidió expulsarles en vez de escucharles.
Al graderío más alto del Teatro Falla, el templo neomudéjar de los ladrillos coloraos de Cádiz, lo llaman el paraíso porque en el techo hay una pintura de Felipe Abarzuza que representa el Olimpo. Es el sitio de los chiquillos jóvenes, que desde allí cantan y riman: «¡Menos trabajo y más Carnaval!» y «¡Que bote el Kichi!».
El concurso de agrupaciones carnavalescas es explosión de alegría, vehículo artístico para el natural ingenio gaditano y simplificación fina o gruesa del debate político local, pero principalmente es espoleta de una actividad económica indispensable para la ciudad y formidable lobby, colosal apero de influencia social por la enorme proyección pública del Carnaval en toda España.
Entre los finalistas está un cuarteto bastante gracioso, sale el Cristo de El Enrollao y un monaguillo vestido de árbitro. El acabose ocurre cuando aparece una mamá con barba pelirroja carreteando un bebé que es un adulto disfrazado y anunciando, tras el correspondiente suspense, que el niño es hijo... «¡der Kishi!». El aludido se carcajea, los flashes se disparan, el Falla se muere.
Borja Romero, puro arte, inspiración desenvuelta, es uno de los protagonistas, tiene 24 años y explica el carisma iconográfico del Kichi entre la juventud de la capital con el 34% de paro: «Es uno más como yo, de la calle, que vive en el barrio de la Viña, que ha pasado hambre, que no tiene privilegios. Con verlo en un desahucio, ya hizo mucho más que la otra».
José María González Santos, el guapísimo Kichi, es el alcalde de Podemos muy querido entre la gente del Carnaval porque hasta hace un año era punta jurado -la posición más cercana al tribunal, por su expresividad y su voz atiplada- en la comparsa de Jesús Bienvenido.
Pese a haber insistido durante dos semanas, el alcalde rechazó conversar con este periódico, siquiera cinco minutos y alegando falta de tiempo -«¿Cuándo, pisha? Si mi agenda es un caos...»-, tras saber que se trataba de hacer un balance de su gestión al frente del Ayuntamiento. No tuvo problemas, en cambio, para dedicar el que fuese necesario a atender a todo tipo de medios que trataron su relación con el Carnaval en términos de ditirambo personal o de manera acrítica. El equipo de Comunicación de Podemos no iba a desaprovechar esta oportunidad: Kichi, rey del Carnaval; Kichi «llora como un chiquillo» por la letra de un pasodoble; A Kichi le salen dobles en el Carnaval; Kichi abronca a los ediles de la oposición por querer entrar en el teatro «por la cara». Y las fotos y los vídeos de esa sonrisa perenne, mirada chispeante, efigie de la comunidad popular, se hacen volar por las redes sociales. La popularidad es el poder.
El paroxismo de su forma de entender la política se alcanzó el miércoles, durante una semifinal, cuando cedió uno de los palcos del Falla a un grupo de ciudadanos sin hogar, con los que posó con atrevido desenfado. La situación se repitió en la final. A Julio Pardo, leyenda del Carnaval y eterno campeón de coros, le pareció muy mal: «Eso fue una estupidez. El Carnaval es una herramienta de propaganda fantástica. Pero una cosa es ser popular y otra, ser populista. Eso es hacer espectáculo con la caridad». El día que eso sucedía, el Ayuntamiento desalojaba sin miramientos de los bajos del Balneario, junto a la playa, a seis personas sin techo, deshaciéndose de sus pertenencias.
Kichi entró al Falla maquillado y vestido de rey, disfraz tomado de la comparsa en la que él mismo interpretó en 2008 Si yo fuera alcalde, mientras a las puertas protestaban los ocupantes de la Corrala de la Bahía, otro colectivo de desfavorecidos utilizado en su día para la foto. En una manzana abierta del barrio de San Severiano de Extramuros está el edificio, racional y sobrio, pintado de amarillo pálido.
Fue construido hace nueve años, la promotora quebró y los pisos fueron embargados por el Banco Santander sin salir a la venta. En enero de 2015, 28 familias con dificultades ocuparon las viviendas, llevando una treintena de niños. Un mes después, falleció un bebé y el asunto se convirtió en una prioridad política para Podemos en la campaña de las municipales.
'Ya me están diciendo lo mismo que la Teo'
Raúl tiene 30 años y un hijo de siete en la Corrala. Trabajó en la construcción, en la hostelería «y donde hiciera falta». Ahora, en nada. «Antes de las elecciones estaban todo el día aquí. Todo el día. El Kichi también. Nos dieron esperanzas. Que si iban a luchar por nuestros derechos, que si tenemos derecho a una vivienda digna, que si patatín, que si patatán... Vino una de pelo azul a recoger firmas, fotógrafos, cámaras... Y ahora que ya ha salido, ¿qué? Ahora nos dicen: 'Uh, es que esto tiene sus pasos...'. Ya me están diciendo lo mismo que la Teo, lo mismo, que me ponga a la cola del alquiler social...».
Una de las iniciativas que anunció el alcalde tras tomar posesión fue «darle una solución» a los ocupantes de la Corrala. En octubre, hartos de expectativas incumplidas, empezaron a movilizarse. Kichi publicitó entonces una carta al Santander en la que dice que el banco no «entiende de humanidad ni de derechos humanos» y que «una vivienda digna es también tener garantizados los suministros básicos de luz y de agua».
Estamos en febrero y la solución no aparece. No hay alquiler social, el juzgado ya ha anunciado el inminente desahucio y el Ayuntamiento, gobernado por quien garantizaba «ninguna casa sin luz ni agua», no ha ofrecido ninguna alternativa. Entretanto, en medio de Cádiz sobreviven desde hace más de un año 80 personas, entre ellas 30 niños, en viviendas sin luz ni agua. Para bañar a los críos, acuden a una fuente cercana con cubos y garrafas que luego calientan con una bombona. La electricidad mínima indispensable la obtienen con baterías portátiles, que se recargan conectando sus bornes a una pequeña scooter negra con el motor encendido. No hay lavadoras ni neveras: en verano la leche tarda dos horas en echarse a perder.
Lo llamativo es que las empresas suministradoras no son privadas, sino de titularidad municipal mayoritaria. Además, el edificio contiguo, pared con pared, es una concejalía de distrito -«Es tan fácil como tirar una alargadera»-. Tampoco les queda el tradicional recurso de enganchar un cable desde una farola, porque ha sido la Policía Local la que ha cortado la acometida de luz y permanecen apagadas incluso de noche.
«En Nochevieja sacamos una tele a la calle para comernos las uvas. La enchufamos a la farola. Y el Ayuntamiento mandó a dos municipales que quitaron la luz de toda la manzana. ¿Para qué quiero una carta si me quitas la luz? ¿Para qué me vale que venga el Kichi a darme una palmadita en la espalda? Hace un par de semanas vino a darnos ánimos. Yo lo llamo el palmaditas... Mira: el que te quiere ayudar, te ayuda. Y más si eres el alcalde. ¿No son tan radicales? ¿Cuál es la diferencia con los otros?», protesta Raúl.
La última queja alude a una antigua inquilina que él sospecha que podía ser una infiltrada para instigarles a movilizarse, primero, y a dejar de hacerlo en cuanto Kichi alcanzó el poder. Ezequiel Arauz fue uno de los fundadores de Podemos en Cádiz y confirma que fue así: «Decidieron meterla ahí para hacer una táctica de entrismo, que es típica del trotskismo. Se trataba de usarlos». Él dimitió en marzo de 2015, defraudado por la fagocitación de los círculos por Izquierda Anticapitalista, el núcleo del poder actual. Llevaba un año preparando el programa. «Kichi decía que no hacía falta, que cogiéramos cuatro cosas copiadas del PSOE y otras cuatro de IU. Decía: 'Si la gente nos va a votar igual, ¿tú no te das cuenta de que votan a Pablo?' Es todo una gran mentira», resume.
Kichi gobierna tras quedar segundo, después del PP, con 18.000 votos, un 28%. El PSOE local facilitó su investidura por orden de Ferraz, pero ahora mantiene con él una relación tormentosa que ha impedido sacar adelante los presupuestos de 2016. Su acción política se ha concentrado en la prioridad del cambio de hegemonía cultural -los símbolos, los gestos, las frases hechas, los eslóganes en Twitter, la teatralización- y en exprimir la visibilidad del cargo para consolidar una marca personal. Lo primero que hizo fue cambiar el retrato del Rey Juan Carlos de su despacho por otro de Fermín Salvochea, presidente del Cantón de Cádiz y popularísimo Santo de la Anarquía. A partir de ése, innumerables. Y siempre el sello de la cercanía, «no somos profesionales», Carnaval, Cádiz Club de Fútbol y ahora también Cofradía aunque se haya declarado ateo.
El sueldo de 1.800 euros
El alcalde prometió que su sueldo no excedería de 1.880 euros al mes, el que tenía cuando era profesor. Su salario ya no se lo paga el Ayuntamiento, porque el partido lo ha designado diputado provincial. Él dice que «renuncia» a cobrar como regidor, pero la realidad es que la ley le obliga a elegir y él escoge: el que sabe que no va a perder si hay una moción de censura, el que le permite tener otra asignación por grupo -que tiene un miembro: él- y el que le da la posibilidad de contratar a dedo a dos asesores: ahí ha puesto a la novia de su jefe de Gabinete, ambos residentes en Madrid hasta que se hizo con la Alcaldía, y a la pareja de su edil de Medio Ambiente. Es también el más alto: 62.000 euros anuales. Su equipo de prensa se encarga de difundir mes a mes que Kichi dona el «sobrante» a una asociación, siempre cercana a su esfera de influencia.
«Reducir drásticamente los cargos municipales de libre designación», decía el programa de compromisos de Podemos, dentro del capítulo de medidas para una «nueva ética de la representación política». Pues ahora hay 10 donde antes había ocho. El partido simuló además que a las cuatro primeras plazas se accedería por un proceso «inédito en 20 años», público, «transparente y abierto». «Contamos con vosotros para nuestro equipo», anunciaban para invitar a los ciudadanos a enviar su currículum. Recibieron 417 y los escogidos fueron todos de Podemos, tres de ellos miembros de la ejecutiva local. El Diario de Cádiz transcribió así la forma que tuvo la concejal María Romay de anunciar los nombramientos: «La Sandra, el Perico...».
Tras ganar las primarias con un 94,8% de los votos, Kichi proclamó que su prioridad sería «parar» los desahucios. Según el juez decano, los desahucios en 2015 han vuelto a ser alrededor de 200. Fue espectacular y convenientemente televisado el enfrentamiento que el alcalde mantuvo con la Policía para intentar evitar, sin éxito, el primero que tuvo que afrontar. Ya luego se supo que la arrendadora era una anciana gravemente enferma que necesitaba para subsistir los 400 euros de renta que llevaban dos años sin pagarle. Lo que sí ha hecho Kichi es poner por escrito un protocolo que él llama «antidesahucios» y que no los impide: es el que ya existe en otras ciudades para que el juzgado avise al Ayuntamiento con tiempo para que desarrolle una intervención social.
«Lo primero, el hambre», fue el titular que colocó en su investidura: «Acabaremos con la situación de emergencia social en 100 días». No ha habido ningún cambio significativo a ese respecto. La última semana de enero se destinaron a esos fines 95.000 euros, en la línea del año anterior.
La gestión 'no existe'
Empresarios, comerciantes y asociaciones de vecinos coinciden en denunciar que la gestión «no existe». El Ayuntamiento ha paralizado los dos grandes proyectos de inversión previstos para la ciudad. De un lado, la actuación urbanística para integrar el flamante Puente de la Constitución, que incluía un parking subterráneo y un mercado gastronómico en la estación; de otro, la modificación para liberar 300.000 metros cuadrados de suelo público frente a la playa y adjudicar allí un hotel para que Cádiz aspire a ser puerto base de los cruceros transmediterráneos. El equipo de Gobierno no ha sustituido esas iniciativas por otras, más allá de la aspiración genérica de apostar por «otro modelo de turismo social».
«No hay certidumbre porque no conocemos qué modelo de ciudad tiene ni qué ideas va a poner en marcha para atraer inversión, que es la única forma de crear empleo», dice Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios. En el mismo sentido, Salvador Muñoz, de la Federación de Comerciantes, que además se queja de un perjuicio porque «movieron de sitio la Cabalgata y todavía no sabemos por qué».
«Lo más preocupante es la frustración que ha creado en muchos gaditanos que lo estaban pasando mal. Utilizaron a los empleados de las contratas municipales, a los parados... Prometía lo que sabía que no podía dar», afirma el portavoz del PP, Ignacio Romaní.
Podemos avanza en Cádiz: en las generales creció en 2.500 votos respecto a esas municipales. Es difícil que alguien pueda decirle en la ciudad del Carnaval a Kichi que tiene a todas las fuerzas vivas en contra: hoy él es el ídolo del paraíso.
