El PP atribuye a acercamientos a Ciudadanos los ceses de articulistas en ABC

El periódico ha prescindido de colaboradores conocidos como Edurne Uriarte, Curri Valenzuela, José María de Areilza, Velarde y Urbaneja.

ABC acaba de prescindir de varios de sus colaboradores más conocidos, lo mismo que de distintos periodistas veteranos. En el periódico lo justifican en la necesidad de recortar gastos, pero algunos de esos ceses han sido recibidos con sorpresa en el Partido Popular.

Sede de ABC

La medida ha afectado a más una decena de colaboradores históricos, entre ellos Edurne Uriarte, Curri Valenzuela, José María de Areilza, Juan Velarde y Fernando González Urbaneja, así como a los periodistas Luis Ayllón, Beatriz Cortázar y Juan Ignacio García Garzón, entre otros. 

En el primer caso, se trata de articulistas históricos, que además son muy seguidos por los lectores, como por ejemplo ocurre con Edurne Uriarte, cuyo blog está entre los más leídos del periódico.

Según fuentes internas, la iniciativa de prescindir de algunos de esos colaboradores tiene que ver con una indicación recibida desde la cúpula del periódico, que promueve un cambio de orientación ideológica del periódico.

Así se ha entendido también dentro del Partido Popular, donde han sorprendido los ceses, que atribuyen a una deriva de ABC hacia posiciones más cercanas a Ciudadanos.

Ciudadanos abre una guerra con Madrid y pide mantener el impuesto de sucesiones

Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, comienza a desvelar su propuesta de financiación territorial. Y lo ha hecho en el Parlamento de Andalucía, donde ha asumido las tesis del Partido Socialista y de la comisión de expertos sobre financiación autonómica, que han planteado la necesidad de que ninguna comunidad autónoma —en clara referencia a Madrid, que lo bonifica en un 99%— tenga la posibilidad de anular por la vía de los hechos la eficacia recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones.

Ciudadanos, en esa línea, propone armonizar el tributo que grava las herencias con un “mínimo exento elevado y tipos que irían en función del grado de parentesco”. Es decir, acabar con la política de exención total que han diseñado algunos gobiernos regionales. En particular, el de Madrid, que ha llevado la iniciativa sobre este asunto en el conjunto del país provocando una competencia a la baja. Hasta el punto de que otras comunidades han dejado el impuesto prácticamente como residual.

La otra gran novedad en el discurso territorial de Ciudadanos tiene que ver con el impuesto sobre el patrimonio, también cedido a los gobiernos regionales. En este caso, se propone que el control pase a manos de la Agencia Tributaria estatal y no como ahora, que está a cargo de las agencias autonómicas. En este caso, Ciudadanos no cuestiona una política de exención total, sino que propone que las CCAA que decidan no recaudar por patrimonio estén, sin embargo, obligadas a exigir a los contribuyentes una declaración censal de sus bienes.

Los representantes de Castilla y León y La Rioja apoyan una propuesta de Andalucía para que Montoro fije en menos de un mes una posición en la comisión técnica que negocia la reforma

Esta propuesta tiene que ver con un viejo problema de control del fraude en el impuesto que grava la riqueza, toda vez que este tributo es fiscalizado y recaudado por los entes territoriales. Sin embargo, en el IRPF quien investiga es el Estado a través de la Agencia Tributaria. El resultado es que hay mucha descoordinación y fraude, ya que muchas veces no es coherente la renta declarada en el impuesto sobre la renta con la que se incorpora en la declaración por patrimonio.

En esta línea, se propone intensificar la colaboración entre las agencias tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria Estatal para “mejorar la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos, así como el afloramiento de cantidades de fraude y evasión fiscal”. El partido de Rivera esgrime estudios que estiman que el fraude fiscal se situaría en torno a 26.000 millones de euros.

Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la independencia

Un momento de la manifestación en Barcelona                                                        

La protesta, apoyada por el PP y Ciudadanos, pide a Puigdemont que "escuche al 52% de los catalanes que no quieren la independencia".

 

Unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este domingo en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC) para expresar su rechazo al programa independentista del gobierno catalán y exigir el freno del llamado proceso catalán.

La concentración, apoyada expresamente por Ciudadanos y el PP, ha servido para denunciar la grave situación política que, a juicio de SCC, vive Cataluña, tras la constitución de un ejecutivo claramente independentista presidido por Carles Puigdemont.

Los manifestantes, que han llegado de diferentes puntos de Cataluña, han ondeado banderas españolas, catalanas y de la Unión Europea, y han coreado consignas y llevaban pancartas con lemas como “El proceso nos roba”, “No al proceso, sí al progreso”, “No a la independencia, sí a la convivencia” y “Hemos votado, habéis fracasado”, en alusión a los resultados de las elecciones catalanas del pasado 27 de setiembre.

Entre los asistentes a la concentración, se encontraban el portavoz en el Parlament del Partido Popular Catalán, Enric Millo, y la diputada de Ciutadans en el Parlament Susana Beltrán.

En declaraciones a los periodistas, Millo ha pedido a Puigdemont “que se quite los tapones de las orejas” y escuche al “52% de los catalanes que no quieren la independencia y que no quieren la ruptura, sino la concordia”, lo que le debería llevar a “parar el proceso”.

Por su parte, Susana Beltrán también ha reclamado al Govern que preste atención a los catalanes “que queremos estar dentro de España y de la Unión Europea” y se ha congratulado de la celebración de un acto en favor de la unión de España y Cataluña como el de este domingo.

Durante el acto ha tomado la palabra el vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Joaquim Coll, que ha calificado de “perversión democrática” que el gobierno de Puigdemont “reconozca que el separatismo no tiene una mayoría social para culminar la ruptura”, pero que, pese a ello, “esté decidido a continuar adelante con un proceso que divide a la sociedad”.

“El proceso no es ni legal ni tienen un mandato democrático para llevarlo adelante”, ha insistido Coll, tras denunciar que el proceso “nos roba dinero, democracia, recursos, derechos, convivencia y oportunidades”, además de “robarnos el país, España, que también es de los catalanes”.

Por su parte, el presidente de SCC, Rafael Arenas, ha asegurado que las personas que han llenado la plaza lo han hecho para proclamar “que nosotros también somos Cataluña y que no renunciamos a ello”.

Arenas ha afirmado que la independencia “amenaza el proyecto europeo y el español” y ha desconfiado de las palabras del presidente Puigdemont, en las que admitía que no hay una mayoría social que legitime la aprobación de una Declaración Unilateral deIndependencia (DUI).

“Están acumulando fuerza”, ha advertido, tras asegurar que “estamos hartos” y que “ahora nos toca decir alto y claro que el proceso ha fracasado y que toca pasar página”.

Durante el acto, ambos representantes de SCC han hecho referencia en varias ocasiones a la necesidad de que Cataluña cuente con otro modelo de escuela “no politizada” y con “una administración que trabaje por el bien común y no sólo por la independencia“, además de una sociedad en la que “el castellano se reivindique como una lengua catalana”.

Sociedad Civil Catalana ha aprovechado la celebración de la concentración en la plaza Sant Jaume para reclamar que vuelva a restituirse la placa conmemorativa del nombre que adoptó esta plaza durante años, plaza de la Constitución, y que, según ha denunciado, retiró en 2013 el entonces alcalde, Xavier Trias (CiU).

El pasado socialista de Alberto Rivera al descubierto

A unos días de las elecciones, es el momento de conocer la verdadera cara de los que algunos quieren vender como el cachorro del PP. Alberto Rivera y Ciudadanos no es ni mucho menos la marca blanca del PP, en todo caso sería la del PSOE.

Es cierto que algunas propuestas económicas no son socialistas puras pero ellos mismos se definen como socialistas/progresistas en su ideario. Además, si no lo tienes claro, aquí te dejamos un vídeo que te lo aclarará un poco más.