El Gobierno se ha dedicado a presentar esta última semana la larga lista de planes con los que Pedro Sánchez abordará la segunda mitad de su mandato. Con su gabinete ya renovado desde el mes de julio, la hoja de ruta para los próximos meses aparece plagada de propuestas económicas y sociales, en la que la progresiva recuperación del país tras el impacto de la pandemia será la «prioridad absoluta» a la que el jefe del Ejecutivo dedicará todos sus esfuerzos, según reiteran en Moncloa. Sin embargo, Cataluña ha salido casi por completo de la agenda política del Gobierno tan sólo unos meses después de la aprobación de los indultos, a pesar de que entonces la distensión del conflicto independentista copaba órdenes del día, plenos y decenas de titulares.
Desde que el Consejo de Ministros pusiese punto y final a sus vacaciones de verano y volviesen al trabajo, los portavoces del Ejecutivo únicamente se han referido a la cuestión catalana cuando los periodistas han preguntado por los avances en torno a la mesa de diálogo que Pedro Sánchez y Pere Aragonès acordaron celebrar este mes de septiembre, justo después de la Diada. La cita, sin embargo, sigue sin fecha y de momento no es un asunto que parezca correr prisa en Moncloa, desde donde informan de contactos «cordiales» entre dos equipos que siguen a la búsqueda de un acuerdo respecto a contenidos o participantes.
De hecho, en la puesta de largo de Pedro Sánchez para el nuevo curso político que él mismo protagonizó este miércoles en la Casa de América de Madrid, el presidente no pronunció ni una sola palabra relacionada con el asunto catalán, ni tampoco hubo referencia alguna al manido argumento del «diálogo», la «unidad» y el «encuentro» político con que Moncloa ha justificado sus últimas e importantes cesiones al independentismo. Sánchez sí enumeró los retos que copan los primeros puestos de su lista de prioridades, como la subida «inmediata» del salario mínimo interprofesional (SMI); el abaratamiento de la factura de la luz; el impulso ‘verde’ y la revolución digital; y la máxima cobertura vacunal tras alcanzar el 70% de la población vacunada.
Así las cosas, y con Sánchez volcado en una «recuperación económica» a la que fía su futuro político -gracias, en gran parte, a la recepción de los fondos europeos-, Moncloa enfría la crisis catalana y fuentes gubernamentales no desvelan aún si el presidente del Gobierno se ausentará finalmente de la mesa de diálogo de Cataluña, a pesar de que el calendario corre y el Govern apunta ya al 16 o 17 de septiembre para su celebración. No sería una decisión que agradase precisamente al independentismo, que ya ha exigido que Pedro Sánchez encabece la delegación gubernamental ante unas negociaciones que se prevén «complejas».
A la posible ausencia de Sánchez en la nueva ronda de conversaciones para dar cauce al conflicto catalán hay que sumar la falta de acuerdo en cuanto al orden del día que se pretende abordar en la cita. Pere Aragonès no se ha movido ni un ápice de su intención de llevar como temas prioritarios la amnistía y la autodeterminación para un referéndum en que el Estado sea partícipe. Incluso sugirió 2030 como fecha límite para votar la independencia en Cataluña, una alusión que no fue precisamente bien recibida en Moncloa.
«Ese no es el camino del diálogo (…) y no es el lugar ni la forma en la que queremos transitar con Cataluña», reprochó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien recordó que el objetivo del Gobierno con la celebración del encuentro bilateral por derroteros muy distintos a los que plantea el nacionalismo catalán, como el encaje de Cataluña dentro de España o cuestiones «importantes» de índole económica que «demanda la sociedad catalana». Pero el Ejecutivo no quiere en ningún caso pronunciar las palabras «independencia» o «referéndum», menos en un momento especialmente delicado para los socios de coalición a la luz de lo que reflejan los sondeos desde hace meses.
Por el momento, y pese al previsible encontronazo entre ambas administraciones, el Gobierno tampoco teme que el incremento de la tensión con las fuerzas soberanistas se traduzca en una posición de debilidad en la negociación de los Presupuestos. El ala socialista del Ejecutivo mantiene la intención de presentar las cuentas públicas «en tiempo y forma», y fuentes conocedoras de las negociaciones señalan a las conversaciones con Podemos como el mayor escollo en la tramitación del documento presupuestario. Con ERC y el resto de fuerzas parlamentarias, según las mismas fuentes, lo que tratará de atarse antes del día 30 de septiembre son las enmiendas a la totalidad, pero en el Gobierno se muestran confiados de que las negociaciones llegarán a buen puerto.
Una hoja de ruta de 144 medidas… sin Cataluña
Este miércoles Sánchez sólo desgranó algunas de las 144 normas que el Gobierno quiere abordar en los próximos meses, una cifra «ambiciosa» que aportó el pasado martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El nuevo hombre fuerte de Sánchez mencionó proyectos como la reforma de las pensiones, la reforma laboral o leyes como la de vivienda y ciencia.
Y en esta lista de medidas no sólo no mencionó ninguna que tuviese que ver con la agenda catalana, sino que el Gobierno ha sacado directamente de la lista el compromiso de la reforma de los delitos de sedición y rebelión, un proyecto que también Unidas Podemos exigía poner en marcha más pronto que tarde. «Entendemos que en estos cuatro meses no es prioriatrio afrontar esta modificación del Código Penal», señaló Bolaños.
EL INDEPENDIENTE
