Casado: “Embestir a la justicia, en plenas elecciones, contra Rajoy y Aznar, le pasará factura a Pedro Sánchez”.

  

Que el Partido Popular se financió con dinero de la Gurtel y de otras fantasma/empresas cuya contabilidad en “B” la reflejaba Bárcenas, no hay la menor duda. Que el PSOE se financiaba con FILESA, MATESA…. Y hasta que se descubrió “el pastel de más de 800 millones de euros” de los EREs de Andalucía, tampoco lo pongo en duda. Que a Vox, le financie el PSOE, para que reste votos al PP es tan evidente como ¿de dónde se financia?. Qué Podemos se financia del “inmundo bolivariano” y actualmente con dinero del ayatolá, Hasán Rohaní, presidente de Irán es tan evidente como demostrado.

Por tanto es inevitable hacer una Ley de financiación de partidos –SERIA- y se evitarán casos de suma corrupción, igualdad entre partidos políticos,  casos como el de Bárcenas o sufrimientos como los del mártir de España, Santiago Abascal.

 

Cómo es posible que una sala de la Audiencia se pase un mes o más escuchado y leyendo en plena campaña electoral, las gilipolleces de un mentecato como Bárcenas que a las preguntas del tribunal sobre cada uno de los documentos, contesta que los destruyó Rajoy. Le indican este documento que según usted fue destruido por Rajoy, en 2013 y en esta misma sala declaró usted ante el Juez Ruz que se lo dio al marido de Dolores Cospedal; si es cierto no tengo la misma memoria que antes de ingresar en prisión –hay un jajajaja-. Se le pide seriedad y le siguen haciendo preguntas, ¿Dónde están los documentos que trata de aportar y que sobre la compra venta de cuadros? Se los robaron a mi mujer de su despacho. Pero, si dijo usted que su mujer no tenía ninguna actividad laboral ¿Dónde tenía el despacho?

 El arranque del juicio de la supuesta caja B del PP ha enfriado las expectativas creadas por la confesión, la semana pasada, de Luis Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción. Durante las cuestiones previas, su abogado, Gustavo Galán, ha reconocido que el extesorero cuenta con un "déficit" de documentación para respaldar sus acusaciones y, a cambio, ha propuesto escuchar a varios periodistas que supuestamente pueden confirmar sus palabras. Galán, que ha insistido en la importancia de oír como testigo al expresidente Mariano Rajoy, ha ido un paso más allá y ha reclamado un careo. El letrado ha ofrecido esa posibilidad en el caso de que la declaración del antiguo líder del PP contradiga la versión de Bárcenas, que la pasada semana cargó de forma directa contra el expresidente con el escrito que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción

Qué parte no recuerda

La memoria es muy frágil, incluso es engañosa. A veces, rememoramos recuerdos antiguos, de cuando el disco duro de nuestra mente acumulaba sin problema nueva información, que tienen diferencias sustanciales con lo acaecido realmente. Se trata de deformaciones y matices que deforman en parte la realidad. Esa fragilidad de la memoria cuando está referida a momentos cercanos es cuando, más que de fragilidad cabe hablar de engaño. Hace poco tiempo, no más de cuatro años, Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en funciones, reiteraba su negativa a desbloquear una investidura de Mariano Rajoy como presidente de gobierno. Afirmaba entonces que tendría que buscar los apoyos entre sus afines ideológicos y le repetía que “no es no”. Con una importante dosis de maldad política, le preguntaba ¿qué parte del no es la que no entiende, señor Rajoy? El Partido Popular había obtenido en aquellas elecciones, las de 2015, ciento veintitrés diputados. Curiosamente, los mismos que ha obtenido el PSOE en las elecciones celebradas el pasado mes de abril. No fue posible configurar gobierno y los españoles nos vimos abocados a unas nuevas elecciones generales, que dieron como resultado un repunte en los votos del Partido Popular que llegaba a los ciento treinta y siete escaños, mientras el PSOE de Sánchez obtenía los perores desde las elecciones de 1977, al quedarse en ochenta y cinco diputados. Con mucha dificultad -Sánchez seguía en el “no es no” hasta que fue defenestrado de la secretaría general de su partido- Rajoy logró la investidura y comenzaba una legislatura complicada, con un gobierno en franca minoría y que acabaría con una moción de censura ganada por Sánchez, que había recuperado el poder en el PSOE, con el apoyo de los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes. Afirmó en el debate de aquella moción que constituiría un gobierno provisional para convocar inmediatamente elecciones. La fragilidad de memoria le hizo olvidarse de aquella promesa y trató de agotar la legislatura. No le fue posible porque sus compañeros de moción de censura se lo impidieron al no aprobar los presupuestos. Estos días -superados los que transcurrieron entre las elecciones generales de abril y las municipales, autonómicas y europeas de mayo- Sánchez anda recriminando al Partido Popular y a Ciudadanos su negativa a facilitar su investidura como presidente del gobierno. Se ha olvidado de afinidades ideológicas y reitera, una y otra vez, la necesidad de estabilidad. Habla de sentido de Estado y de gobernabilidad. Señala que no quiere ir de la mano de proetarras -su partido en Navarra los ha abrazado- e independentistas catalanes. Pero ni el Partido Popular ni Ciudadanos se apean de la negativa a facilitar su investidura. Sánchez deja caer, como una amenaza, que es posible que se vea abocado a convocar de nuevo elecciones -visto lo ocurrido con Rajoy en 2015 y 2016 pudiera ser que no le parezca mala idea ni a él ni a los fontaneros de la Moncloa-, al mismo tiempo asusta al propietario del casoplón de Galapagar, que trata de enjugar sus pésimos resultados con una entrada en el gobierno que no están por concederle. La memoria de Sánchez se revela, una vez más, como particularmente frágil y alguien debería preguntarle, con maldad política, acerca de cuál es la parte del no del Partido Popular o de Ciudadanos, que no entiende el señor Sánchez. (Publicada en ABC Córdoba en esta dirección)

José Calvo Poyato Web Oficial.

LA DECENCIA EN EL GOBERNANTE

“El Presidente de gobierno tiene que ser una persona decente, señor Rajoy, y usted no lo es”.

La frase, la recordaran todos,  se la dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en un debate electoral el día 14 de diciembre del año 2015 y hoy, casi tres años después sería legítimo que alguien se la repitiera al actual presidente del gobierno para que tomase nota de que, según sus propias palabras cuando se está en ese cargo hay que ser decente.

La decencia es una virtud no solo aplicable y exigible al gobernante para que no tolere la corrupción económica, ni mire para otro lado cuando en su partido hay gente que roba y es procesada y condenada por esos delitos como le sucedió al Partido Popular y al anterior presidente del gobierno.

La decencia tiene que ver también con valores éticos como son la verdad, la lealtad al cargo que se ocupa, el respeto a la ley y a las promesas que se hicieron de cumplirla y hacerla cumplir. La decencia en un gobernante exige trabajar por el bien común y no por el beneficio particular. La decencia en un presidente de gobierno implica mantener la palabra dada, defender el estado de derecho, proteger a los jueces de los ataques de los golpistas, no pactar con ellos concesiones que van contra la unidad de España cuando cada día sus dirigentes sostienen en  público que continúan con su ruta unilateral de seguir incumpliendo las leyes para proclamar la república catalana.

En tratándose de este asunto medular la cuestión no es ser de izquierdas o de derechas, sino ser decente o indecente cuando se ostenta ese cargo principal en una nación soberana.

Desde un partido político se puede decir lo que se desee y defender lo que entiendan que se adecúa a su ideología  por más que sus planteamientos repugnen a un sector de la población, porque serán los ciudadanos los que en unas elecciones decidirán apoyar o no cualquiera de las propuestas que lleven en su programa, pero cuando uno es presidente de gobierno está sometido a unas reglas marcadas por la ley.

La orden del ejecutivo de Pedro Sánchez a la abogacía del estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia y por tanto tiene obediencia jerárquica a su titular, para que rebaje la petición de pena y su calificación de rebelión a sedición se contradice con la convicción rotunda que demostró en una entrevista en televisión al decir que estaba convencido de que los dirigentes catalanes incurrieron supuestamente en un  delito de rebelión el día uno de octubre del pasado año.

Es cierto en vivimos en una sociedad en la que cuando un dirigente de un partido político miente, incumple sus promesas, se trasviste según conveniencias o estrategias,  maquilla su pasado  y oculta sus vergüenzas, sigue teniendo el apoyo electoral de su cuadra,  porque la clave que condiciona la decisión de los votantes en  la mayoría de los casos es la fidelidad a las siglas, independientemente del comportamiento de sus dirigentes.

Por eso no creo que su diletante  y veleidoso comportamiento político le pase factura a Pedro Sánchez,  porque trabaja en un oficio en el que entre ellos saben cómo perdonarse a sí mismos sus excesos y sus comportamientos inmorales.

Diego Armario

CONTRA LAS MENTIRAS Y EL ODIO

Si el presidente del Gobierno hubiera dimitido momentos antes de que se comenzase a votar la moción de censura contra él, el cargo habría seguido en manos del PP o habríamos ido a elecciones. Pero Rajoy prefirió facilitar a Sánchez su sueño de presidir el Gobierno, y sólo tras recibir la censura decidió retirarse a Santa Pola como registrador de la propiedad. Ahora, podemitas e independentistas centran sus ataques en el Rey. Y reiteran su mantra acusatorio de que apoyó la represión del 1 de octubre. Todo es un montaje, y ellos lo saben. Muchos de quienes no somos monárquicos sabemos que de ningún modo queremos una ‘república tiránica’ como nos aguardaría de prosperar sus planes. Sin ir más lejos, enterémonos del contenido de la ley de transitoriedad jurídica que de mal modo aprobó el Parlament el 7 de septiembre, jornada en que nuestros separatistas sustituyeron un orden legal democrático por medios ilegales, y se hicieron golpistas.

En uno de sus magníficos artículos en 'El País', el titulado ‘El árbitro sin reglamento’, Álex Grijelmo ha razonado de forma impecable acerca del discurso del Rey, televisado el 3 de octubre.

En efecto, el escritor burgalés -doctor en Periodismo- afirma de modo irrefutable que “quien repase las 661 palabras de Felipe VI no encontrará en ellas apoyo alguno a las innecesarias, estúpidas y violentas acciones de la policía en aquella fecha. Se puede alegar que no las condenó, y se dirá una verdad. Pero si se critica que las apoyó, se dirá una mentira”. Esto no sólo es tajante, es capital.

A pesar de esta prueba incontrovertible, hay plumillas y vocecillas que -incontinentes en la mentira y difamación- siguen en su continua labor de tergiversar, para engañar a la ciudadanía y atizar el máximo odio posible a su alrededor. Estos ataques se dirigen hoy al Rey por no dirigirse explícitamente -de momento- a España.

Grijelmo destaca con razón que cuando se dice que el Rey no actuó como árbitro (esto es, diera la razón a unos y se la quitase a otros según su leal saber y entender) se oculta que no hay árbitro sin reglamento. Quienes se saltaron por todo lo alto la Constitución y el Estatut, despreciaron absolutamente la mayoría de los votos de los ciudadanos de Cataluña. ¿Cómo se puede exigir que un árbitro sea arbitrario, esto es, ajeno a la ley y a la razón?

Rajoy pacta con Sánchez y Rivera no publicar el nombramiento del Govern de Torra y mantener el 155

Crisis independentista

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Las Palmas de Gran Canaria 

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Torra desafía el artículo 155 con un Gobierno de presos y huidos

El Gobierno acusa de "provocación" a Torra y se plantea no publicar el decreto de nombramiento

Mariano Rajoy seguirá ejerciendo el control de la Generalitat. El artículo 155 de la Constitución está llamado a prolongar su vida porque el Gobierno de España considera que no es posible, con el decreto de nombramientos que firmó este sábado Quim Torra y con la ley en la mano, constituir un nuevo Govern. Dos fugados de la Justicia -Lluís Puig y Toni Comín-, sin posibilidad de poner un pie en territorio nacional sin ser detenidos, y dos presos -Jordi Turull y Josep Rull-, sometidos a la decisión del juez Pablo Llarena, son el obstáculo insalvable que impedirá la formación de un nuevo Ejecutivo catalán.

Esos nombramientos son entendidos como "una provocación" por el Gobierno de España y también por el PSOE. El sábado por la tarde, Mariano Rajoy llamó a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para comunicarles su decisión de no levantar el artículo 155 mientras no haya un Govern efectivo, según ha confirmado EL MUNDO. Los máximos dirigentes del PSOE y de Ciudadanos se mostraron de acuerdo con esta decisión.

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El presidente del Gobierno les informó de que ha decidido no publicar los nombramientos decididos por Torra en el Diario Oficial de la Generalitat, ya que esta atribución está en manos del Ejecutivo de España al continuar hoy en día en vigor el artículo 155 de la Constitución. Al no nombrarse un Govern de forma legal, la disposición constitucional que deja de facto la gestión de la Generalitat en manos del Ejecutivo central seguirá vigente.

Fuentes socialistas explicaron que este escenario era uno de los que el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición barajaron en las conversaciones que mantuvieron a lo largo de la semana pasada. La línea del Gobierno con el PSOE continúa abierta para responder a cualquier decisión del presidente Torra. Como aseguran en Ferraz, el president no sólo está atentando contra la Constitución, sino también contra el Estatut y el autogobierno. De hecho, en el PSOE responsabilizan por completo a Torra de la nueva situación y de la posible prolongación del 155.

Además, el artículo 17.2 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña establece: "El Gobierno queda constituido tras haber tomado posesión del cargo todos sus miembros". De este texto legal se deriva con claridad que no podrá considerarse que el Ejecutivo catalán está formado en tanto la toma de posesión de todos aquellos que lo integran no se haya hecho efectiva. En este sentido, el Gobierno central considera que se trata de un acto personal, intransferible y presencial, como se deriva de su propia denominación, y por tanto en el que no caben los procedimientos telemáticos ni por vías interpuestas.

Por esta razón, Moncloa advertía este sábado de la posibilidad de que el decreto de nombramientos de Torra ni siquiera llegue a publicarse, "dadas las circunstancias personales de algunos de los designados", que les impiden tomar posesión y ser miembros del Govern. "El Gobierno de España es el único competente para autorizar la publicación del decreto", constataba el Ejecutivo.

Para Moncloa, de hecho, los nombramientos de Torra no son más que "una nueva provocación" y, entre otras cosas, demuestran que la supuesta voluntad de diálogo del nuevo president "no es sincera".

En estas condiciones, el camino para la formación de una nueva Generalitat queda cegado y el artículo 155 se mantendrá en vigor, puesto que, en virtud del acuerdo autorizado el pasado 27 de octubre por el Senado, su aplicación no decae hasta el mismo momento en que haya un nuevo Govern legalmente constituido. Para que esto suceda, Torra deberá prescindir de personas sobre las que pesan tan graves hipotecas judiciales, algo que de momento no parece dispuesto a hacer.

Si Rajoy optara por interponer recurso de inconstitucionalidad contra los nombramientos, sería una acción dirigida contra la decisión de Torra por intentar forzar la propia Ley de Presidencia de la Generalitat obviando a sabiendas la situación judicial en la que se encuentran los nominados. Pero no sería necesario para evitar la formación del Govern.

En cualquier caso, la situación de los fugados y de los presos no es la misma. Los primeros no tienen posibilidad alguna de ocupar un puesto en el Govern, en tanto que los segundos sí podrían hacerlo en el supuesto de que el magistrado del Tribunal Supremo les concediese el permiso oportuno para acudir a la toma de posesión. Esta autorización es posible por cuanto aún no pesa sobre ellos sentencia firme y no están inhabilitados.

Sin embargo, si obtuvieran ese permiso, el juez debería a continuación concederles sucesivas autorizaciones para participar presencialmente en los consejos de Gobierno o a lo sumo otorgarles el traslado a una prisión ubicada dentro del territorio de Cataluña, puesto que sus competencias se ejercen en dicho ámbito y no en otro.

El dictamen del Consejo de Estado del 7 de mayo, en el que se basó el recurso del Gobierno, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, para anular la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat que pretendía dar cobertura a la investidura telemática de Puigdemont, argumenta que el Govern en sus sesiones y toma de decisiones podría utilizar procedimientos telemáticos si así lo regulara por ley el Parlament, pero advierte de que debería hacerse cumpliendo dos condiciones.

La primera, que dichas sesiones a distancia se celebren desde Barcelona, que es la "sede permanente" del Govern. Y la segunda y más importante para lo que afecta a los consejeros: "Los miembros del Consejo de Gobierno que no estén en Barcelona sólo podrán participar en las sesiones a distancia si se encuentran dentro del territorio de la comunidad autónoma. Como regla general, tales miembros tienen la condición de ausentes cuando no están en el ámbito en el que pueden ejercer sus competencias". Por tanto, si están en España, pero fuera de territorio catalán, o en el extranjero, resultará de aplicación el régimen de suplencia o sustitución, pero no podrán ser tenidos en cuenta a efectos del cómputo del quórum de constitución de unas sesiones en las que no pueden participar.

La negociadora del artículo 155 por parte del PSOE, Carmen Calvo, ha calificado el Govern propuesto por Torra como "una verdadera y grave provocación", así como un Ejecutivo "jurídicamente inviable" y "como una afrenta desde el punto de vista político". El PSOE considera que este Gobierno es "inaceptable" e "inconcebible en cualquier país democrático". Por eso, ha confirmado el apoyo de los socialistas al Gobierno para hacer frente "al dúo Puigdemont-Torra", que "se ha convertido en una auténtica pesadilla" y en "un calvario" para los catalanes.

Calvo ha rechazado la argumentación del president catalán, que en El Punt Avui ha asegurado que ha propuesto un "Gobierno de restitución". Y ha lamentado que los socialistas no esperan nada de Torra, "un perfil xenófobo, ultranacionalista, fundamentalista y antidemocrático".

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