Mariano Rajoy seguirá ejerciendo el control de la Generalitat. El artículo 155 de la Constitución está llamado a prolongar su vida porque el Gobierno de España considera que no es posible, con el decreto de nombramientos que firmó este sábado Quim Torra y con la ley en la mano, constituir un nuevo Govern. Dos fugados de la Justicia -Lluís Puig y Toni Comín-, sin posibilidad de poner un pie en territorio nacional sin ser detenidos, y dos presos -Jordi Turull y Josep Rull-, sometidos a la decisión del juez Pablo Llarena, son el obstáculo insalvable que impedirá la formación de un nuevo Ejecutivo catalán.
Esos nombramientos son entendidos como "una provocación" por el Gobierno de España y también por el PSOE. El sábado por la tarde, Mariano Rajoy llamó a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para comunicarles su decisión de no levantar el artículo 155 mientras no haya un Govern efectivo, según ha confirmado EL MUNDO. Los máximos dirigentes del PSOE y de Ciudadanos se mostraron de acuerdo con esta decisión.
El presidente del Gobierno les informó de que ha decidido no publicar los nombramientos decididos por Torra en el Diario Oficial de la Generalitat, ya que esta atribución está en manos del Ejecutivo de España al continuar hoy en día en vigor el artículo 155 de la Constitución. Al no nombrarse un Govern de forma legal, la disposición constitucional que deja de facto la gestión de la Generalitat en manos del Ejecutivo central seguirá vigente.
Fuentes socialistas explicaron que este escenario era uno de los que el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición barajaron en las conversaciones que mantuvieron a lo largo de la semana pasada. La línea del Gobierno con el PSOE continúa abierta para responder a cualquier decisión del presidente Torra. Como aseguran en Ferraz, el president no sólo está atentando contra la Constitución, sino también contra el Estatut y el autogobierno. De hecho, en el PSOE responsabilizan por completo a Torra de la nueva situación y de la posible prolongación del 155.
Además, el artículo 17.2 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña establece: "El Gobierno queda constituido tras haber tomado posesión del cargo todos sus miembros". De este texto legal se deriva con claridad que no podrá considerarse que el Ejecutivo catalán está formado en tanto la toma de posesión de todos aquellos que lo integran no se haya hecho efectiva. En este sentido, el Gobierno central considera que se trata de un acto personal, intransferible y presencial, como se deriva de su propia denominación, y por tanto en el que no caben los procedimientos telemáticos ni por vías interpuestas.
Por esta razón, Moncloa advertía este sábado de la posibilidad de que el decreto de nombramientos de Torra ni siquiera llegue a publicarse, "dadas las circunstancias personales de algunos de los designados", que les impiden tomar posesión y ser miembros del Govern. "El Gobierno de España es el único competente para autorizar la publicación del decreto", constataba el Ejecutivo.
Para Moncloa, de hecho, los nombramientos de Torra no son más que "una nueva provocación" y, entre otras cosas, demuestran que la supuesta voluntad de diálogo del nuevo president "no es sincera".
En estas condiciones, el camino para la formación de una nueva Generalitat queda cegado y el artículo 155 se mantendrá en vigor, puesto que, en virtud del acuerdo autorizado el pasado 27 de octubre por el Senado, su aplicación no decae hasta el mismo momento en que haya un nuevo Govern legalmente constituido. Para que esto suceda, Torra deberá prescindir de personas sobre las que pesan tan graves hipotecas judiciales, algo que de momento no parece dispuesto a hacer.
Si Rajoy optara por interponer recurso de inconstitucionalidad contra los nombramientos, sería una acción dirigida contra la decisión de Torra por intentar forzar la propia Ley de Presidencia de la Generalitat obviando a sabiendas la situación judicial en la que se encuentran los nominados. Pero no sería necesario para evitar la formación del Govern.
En cualquier caso, la situación de los fugados y de los presos no es la misma. Los primeros no tienen posibilidad alguna de ocupar un puesto en el Govern, en tanto que los segundos sí podrían hacerlo en el supuesto de que el magistrado del Tribunal Supremo les concediese el permiso oportuno para acudir a la toma de posesión. Esta autorización es posible por cuanto aún no pesa sobre ellos sentencia firme y no están inhabilitados.
Sin embargo, si obtuvieran ese permiso, el juez debería a continuación concederles sucesivas autorizaciones para participar presencialmente en los consejos de Gobierno o a lo sumo otorgarles el traslado a una prisión ubicada dentro del territorio de Cataluña, puesto que sus competencias se ejercen en dicho ámbito y no en otro.
El dictamen del Consejo de Estado del 7 de mayo, en el que se basó el recurso del Gobierno, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, para anular la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat que pretendía dar cobertura a la investidura telemática de Puigdemont, argumenta que el Govern en sus sesiones y toma de decisiones podría utilizar procedimientos telemáticos si así lo regulara por ley el Parlament, pero advierte de que debería hacerse cumpliendo dos condiciones.
La primera, que dichas sesiones a distancia se celebren desde Barcelona, que es la "sede permanente" del Govern. Y la segunda y más importante para lo que afecta a los consejeros: "Los miembros del Consejo de Gobierno que no estén en Barcelona sólo podrán participar en las sesiones a distancia si se encuentran dentro del territorio de la comunidad autónoma. Como regla general, tales miembros tienen la condición de ausentes cuando no están en el ámbito en el que pueden ejercer sus competencias". Por tanto, si están en España, pero fuera de territorio catalán, o en el extranjero, resultará de aplicación el régimen de suplencia o sustitución, pero no podrán ser tenidos en cuenta a efectos del cómputo del quórum de constitución de unas sesiones en las que no pueden participar.
La negociadora del artículo 155 por parte del PSOE, Carmen Calvo, ha calificado el Govern propuesto por Torra como "una verdadera y grave provocación", así como un Ejecutivo "jurídicamente inviable" y "como una afrenta desde el punto de vista político". El PSOE considera que este Gobierno es "inaceptable" e "inconcebible en cualquier país democrático". Por eso, ha confirmado el apoyo de los socialistas al Gobierno para hacer frente "al dúo Puigdemont-Torra", que "se ha convertido en una auténtica pesadilla" y en "un calvario" para los catalanes.
Calvo ha rechazado la argumentación del president catalán, que en El Punt Avui ha asegurado que ha propuesto un "Gobierno de restitución". Y ha lamentado que los socialistas no esperan nada de Torra, "un perfil xenófobo, ultranacionalista, fundamentalista y antidemocrático".
El Mundo
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