martes, 31 de octubre de 2017

Así tritura el dinero público la «cancillería» de Puigdemont

Tres millones en locales, dos para «reuniones y conferencias», 21 millones en sueldos, casi tres para dietas y viajes, mil euros al día en agua y luz…

 
Carles Puigdemont y Raúl Romeva - EFE

Nada más llegar al poder, Puigdemont puso en marcha una indisimulada estrategia para ampliar y redoblar las «estructuras de Estado» que habían ido cimentando sus antecesores en la Generalitat. Y, así, decidió que su gobierno debía tener su propio «ministerio» de Asuntos Exteriores, una nueva consejería del «Govern» dirigida por Raúl Romeva y dotada de generoso presupuesto. Incluye partidas tan disparadas como los casi 21 millones de euros para gastos de personal o tres millones de euros para mantener locales al servicio de esos organismos. Son solo dos botones de muestra de la «máquina diplomática» que el independentismo hace meses que puso a funcionar a pleno rendimiento tirando de talonario público.
La estrategia de los gobiernos catalanes nacionalistas de tejer su propia política exterior viene de lejos, desde los primeros años de la autonomía dirigida por Jordi Pujol. Pero, hasta que Puigdemont llegó a la Generalitat (enero de 2016) esa acción exterior correspondía a servicios repartidos por diversos departamentos. Con Puigdemont pasaron a quedar agrupados en uno único, de nueva creación y elevado al rango de Consejería. Y puso al frente a Raúl Romeva, que tiene a su disposición un presupuesto generosamente alimentado por Puigdemont durante este año, en el marco de su golpe independentista.

Sueldos: 20,68 millones

Los gastos de la «cancillería» de Puigdemont andan repartidos en múltiples rincones: el Gabinete del consejero, la Secretaría de Asuntos Exteriores, la agencia diplomática (Diplocat), la Agencia Catalana de Cooperación internacional, el Memorial Democrático, el Instituto Catalán Internacional por la Paz, el Memorial de la Batalla del Ebro y el Museo Memorial del Exilio.
Entre todas estas unidades orgánicas de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, el presupuesto de personal asciende este año a 20,68 millones de euros. De esa cantidad, el grueso (15,61 millones) se concentra en el Gabinete y Secretaría de Asuntos Exteriores. Y, a su vez, de esa cantidad, 1,62 millones son para sueldos de altos cargos y 793.227 euros para los asesores.

Gasto en locales: 2,93 millones

Para pagar alquileres y mantener los inmuebles al servicio de la «cancillería», la Generalitat tiene un fondo anual de 2,93 millones de euros. De ellos, 1,6 millones lo maneja el Gabinete y un millón la Secretaría de Asuntos Exteriores.
De esos 2,93 millones, 315.000 euros corresponden a gastos de mantenimiento de esos inmuebles y 2,6 millones a los conceptos de «alquileres y cánones».

«Embajadas»: 6,55 millones de euros

No hay que confundir ese multimillonario gasto por arrendamientos con el ligado a las «embajadas» que la Generalitat tiene repartidas por el mundo, porque éstas cuentan con su propia partida presupuestaria. Y este año asciende a 6,55 millones de euros.

Reuniones y eventos: 2,06 millones

Para hacer proselitismo «nacional», la Conesejería de Romeva suma también abundantes partidas. Sorprende su nutrido fondo para «reuniones, conferencias y cursos»: 2,06 millones de euros anuales, de los que 1,27 los maneja la «agencia» diplomática de la Generalitat, el Diplocat.
A esas partidas se añaden las reservadas para «exposiciones, certámenes y otras actividades de promoción» (440.590 euros); para «atenciones protocolarias y representativas» (115.200) y para «publicidad, difusión y campañas institucionales» (156.200).
En total, por tanto, para reuniones, conferencias y eventos promocionales, casi tres millones de euros al año.

Dietas y viajes: 2,68 millones

La «diplomacia» catalana cuenta también con disparada partida de gastos para viajes y dietas: 2,68 millones de euros en total. No solo cubre desplazamientos sino también los gastos de altos cargos, asesores y empleados de plantilla durante esos viajes «oficiales», así como las «indemnizaciones» que se les abonan por esos cometidos especiales.

Estudios y trabajos externos: 1,77 millones

Pese al nutrido cuerpo de trabajadores que agrupa la Consejería de Exteriores de la Generalitat, ésta se reserva un abultado fondo extra para pagar a profesionales externos y empresas, dentro y fuera de España. Así, dispone de 117.441 euros par encargar «estudios y dictámenes», 313.760 euros para «trabajos técnicos», y –lo más curioso- un enorme cajón de sastre denominado genéricamente «otros trabajos realizados por personas físicas o jurídicas», que está dotado con 1,3 millones de euros anuales y que da un extraordinario margen de maniobra a Romeva para pagar servicios de lo más diverso en aras a la proyección exterior del nacionalismo catalán.

Agua y luz, material de oficina…

Abundan las partidas presupuestarias a lo grande en la Consejería de Exteriores de la Generalitat. Incluso las dedicadas a pagar gastos teóricamente menores como el agua, la luz o el material de oficina. Así, solo para las facturas de «agua y energía», las oficinas de esta Consejería tienen presupuestados 351.000 euros anuales, a razón de más de mil euros por cada día laborable. Y para «material de oficina», 161.000 euros al año.
El gasto de limpieza de sus locales también deja un importe elevado: 345.593 euros de presupuesto anual. A ello se añaden otros costes como los 286.429 euros reservados para pagar servicios de seguridad, o los 136.500 euros para contratar traductores a lo largo del año.
 
 

La Audiencia Nacional imputa a Puigdemont y a su Govern y les cita para declarar el jueves

La juez Lamela admite la querella por rebelión de la Fiscalía y une la causa a la investigación contra Trapero.

 



 
 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación a Carles Puigdemont y todo el antiguo Gobierno catalán para declarar los próximos jueves y viernes 2 y 3 de noviembre. La magistrada admite a trámite la querella presentada el lunes por la Fiscalía General del Estado, y acumula la investigación a la causa ya abierta contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
La juez, quien envió a prisión a los líderes de la ANC y Òmnium para que no se fuguen por un delito de sedición, también les exige a todos, y de forma solidaria, una fianza de 6,2 millones de euros. Si no la depositan en un plazo de tres días, sus bienes serán embargados. Esta cantidad busca cubrir una posible responsabilidad civil si son condenados en una sentencia de un futuro juicio.
En su auto, la magistrada explica que los catorce imputados llevaron a cabo un proceso para proclamar la independencia de una parte de España, la comunidad autónoma de Cataluña, por las vías ilegales, según el relato de la Fiscalía General, que les acusa a los líderes independentistas de «dinamitar los cimientos del Estado de Derecho». Investigar esta conducta, alega la juez, es competencia de la Audiencia Nacional, porque se trata de un atentado contra la forma de Gobierno de España, según el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Juicial, que fija las competencias del tribunal.
Tras los interrogatorios, para lo que los antiguos gobernantes catalanes están citados tanto el próximo jueves como el próximo viernes a las 9 horas, se celebrará una vistilla en la que la Fiscalía podrá solicitar medidas cautelares para asegurar la disponibilidad de los investigados en el proceso. El Ministerio Público podría pedir el ingreso en prisión preventiva de Puigdemont y su equipo, una decisión que dependería de la juez del caso. Lamela podría acordarla si lo considera necesario para evitar que los imputados se fugen, destruyan pruebas o que continuen reiterando en los delitos.

Los citados a declarar son, aparte de Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret. Siete de ellos se encuentran en Bruselas, adonde han viajado según ellos para colocar la cuestión catalana en el corazón de Europa e internacionalizar el proceso.
La magistrada asegura que la Fiscalía argumenta la existencia del requisito de violencia que exige el tipo de rebelión «de manera seria, racional y lógica». Lamela alega que, en este momento inicial, no se puede descartar que el plan secesionista constituya este delito, castigado con hasta veintinco años de prisión si se comete sin armas. La rebelión, en el caso de existir, absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación, dice.

La causa de Trapero

La juez Lamela justifica la competencia de la Audiencia Nacional porque el objetivo del plan secesionista era empujar hacia la independencia por vías ilegales, lo que supone un atentado contra la forma de Gobierno, una materia que corresponde investigar a este tribunal. La magistrada cita jurisprudencia y acude al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye los hechos que por su materia son competencia de la Audiencia Nacional.
Esta causa se incorpora a la investigación en marcha por sedición contra el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Lamela explica esta decisión en que las personas investigadas en este caso (Trapero, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana y «los Jordis») forman parte de las estructuras básicas integradas en la estrategia secesionista, diseñada y ejecutada por los querellados, Puigdemont, Junqueras y los 13 exconsejeros.
ABC

viernes, 27 de octubre de 2017

En marcha el 155 con su publicación en el BOE

En marcha el 155 con su publicación en el BOE

El boletín recoge solo dos documentos: la resolución del Senado que aprueba la aplicación del artículo 155 y una orden del Gobierno que reproduce las medidas acordadas por el Gobierno el pasado 21 de octubre.
Un BOE extraordinario, publicado poco después de las seis de la tarde, pone en marcha el artículo 155 solo un par de horas después de que fuera aprobado en el Senado. Con la publicación, el 155 entra en vigor.
El boletín recoge solo dos documentos: la resolución del Senado, que aprueba la aplicación del artículo 155. Y una orden del Gobierno que reproduce las medidas acordadas por el Gobierno el pasado 21 de octubre.

jueves, 26 de octubre de 2017

La Policía Nacional pide declarar a Ada Colau persona non grata en Zaragoza



 
Policia nacional, ada colau, cup, zaragoza, non grataCinco organizaciones sindicales de la Policía Nacional han pedido al alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, que declare a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como persona non grata, ya que el consistorio ha concedido la Medalla de Oro a las ciudades de Barcelona y Cambrils, como reconocimiento a la sociedad civil de ambas ciudades, tras los atentados terroristas sufridos los días 17 y 18 de agosto. “Queremos que se concedan las medallas a la ciudad de Barcelona y Cambrils, conscientes del sufrimiento vivido tras los atentados terroristas”, han explicado estas organizaciones en una nota de prensa, al tiempo que han mostrado su “malestar y disconformidad” con la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau.

El Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y la Asociación Profesional de Policía han explicado que Colau debe ser declarada, a su entender, persona no grata, porque “ha acusado a la Policía Nacional de agresiones sexuales el pasado domingo 1 de octubre”, pronunciando “falacias injuriosas y calumniosas” que “poco contribuyen a generar ese clima de diálogo y tranquilidad que ensalzan la gente que dice ser de paz”. Los sindicatos han esgrimido que “por un puñado de votos” se realizan afirmaciones “cobardes” que solo ocasionan “odio y enfrentamiento”.



Según han relatado, “nuestros Policías y Guardias Civiles ha tenido que abandonar hoteles y alojamientos por la presión de alcaldes que tienen esa opinión y vivir situaciones de exclusión social propias de regímenes totalitarios, que poco tienen que ver con la democracia y el respeto a las libertades” y han considerado a Colau “incitadora y actora del odio a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil “no somos bárbaros represores que vamos violando a la sociedad catalana”, sino personas que han dejado sus casas y hogares “para defender la legalidad y la Constitución de todos los españoles, acatando las únicas órdenes validas, las de los jueces”.


Los sindicatos policiales piden al alcalde de Zaragoza “que diga no al odio, a la intolerancia y escuche a sus policías y a sus vecinos, que lo único que quieren es una Policía que cumpla las leyes, que son el verdadero marco y reflejo de la voluntad del pueblo”.

Puigdemont descarta elecciones y deja vía libre a la aplicación del artículo 155

El presidente de la Generalitat decide que sea el Parlament el que determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo de la Constitución.
 
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartado esta tarde convocar elecciones autonómicas para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, activado por el Gobierno. Así lo ha decidido tras 24 maratonianas horas de reuniones y desencuentros, anuncios de dimisión por parte de algunos de sus compañeros y acusaciones de traición por parte de estudiantes y miembros de entidades independentistas que han sostenido el desafío secesionista durante los últimos meses. Con esta decisión, el president renuncia al último dique que tenía para impedir la aplicación del 155 que, a la misma hora, se está debatiendo en la comisión del Senado que estudia el acuerdo del Gobierno. "El 155 que aprobará hoy el Senado es una aplicación fuera de la ley y abusiva", ha dicho.
"No hay ninguna garantía que justifique hoy la convocatoria de elecciones ni de parar la represión", ha señalado  Puigdemont, quien ha asegurado haber estado dispuesto a esa convocatoria electoral para que se hiciera "con normalidad". "Ha sido imposible", ha insistido desde el Palau del Parlament. Puigdemont solo ha estado acompañado por los consejeros de Interior, Joaquim Forn, el de Territorio, Josep Rull, y de Presidencia, Jordi Turull.
Puigdemont ha decidido que sea el Parlament el que determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155, que permite la intervención de la Comunidad de Cataluña. Puigdemont ha asegurado haber agotado las vías para una solución dialogada "para un conflicto político" pero, según ha dicho, “no he tenido una respuesta responsable por parte del Partido Popular”.


En un primer momento, el presidente catalán tenía prevista una comparecencia a las 13.30 horas, que después ha aplazado hasta las 14.30 para realizar una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Finalmente, cuando faltaban unos minutos para esa hora se ha anunciado la suspensión de la comparecencia. A partir de ahí han empezado a circular todo tipo de especulaciones y se ha vinculado el retraso de la aparición de Puigdemont a una negociación con el Gobierno para que retirase la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente catalán había comunicado su decisión de convocar elecciones esta mañana a los dirigentes del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, tras una tensa reunión mantenida en el Palau. Varios diputados del PDeCAT anunciaron que dimitirían si se consumaba el adelanto electoral, si bien ninguna se llegó a concretar. La celebración del pleno estaba pendiente de la decisión de Puigdemont y finalmente se celebrará como estaba previsto. En su mensaje, el líder catalán ha reivindicado que las elecciones estaban en la mesa "porque su responsabilidad es agotar todas las vías" y ha asegurado que "nadie podrá reprochar a la parte catalana su voluntad de diálogo y de hacer política",
El presidente de la Generalitat se ha reunido antes de comparecer con los dos lideres de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras y Marta Rovira. Ambos, sin embargo, no han acompañado a Puigdemont durante la comparececia ni se les ha visto reunidos con Palau. Desde el mediodía cientos de estudiantes han estado en la plaza de Sant Jaume pidiendo al presidente que "no traicionara" los resultados del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

miércoles, 25 de octubre de 2017

El brutal golpe del separatismo a la economía de Cataluña

Fomento ha destacado la caída «importante» en las reservas en todos los medios de transporte.

Evolución del PIB desestacionalizado
La incertidumbre política por el desafío independentista en Cataluña comienza a pasar factura a la economía de esta región. La Cámara de Barcelona revisó ayer a la baja el crecimiento de Cataluña para 2018 -del 2,7% al 2,5%- por las tensiones políticas. A ello se une que el deterioro del PIB de Cataluña afectaría de forma directa al crecimiento general de España. En esta línea, la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, reconoció ayer que la «incertidumbre» en Cataluña «está empezando a tener efectos en la economía general». Sin embargo, Garrido puntualizó que aunque la situación afecta a la economía del conjunto del país, el impacto se concentra «fundamentalmente en la economía y la sociedad catalana». El propio ministro De Guindos aseguró hace unos días que la desaceleración de la economía catalana representa ya el 20% de la del resto del país, prácticamente el doble que la del resto del país.
Los datos publicados en las últimas semanas ponen el foco en esta ralentización en el ritmo de crecimiento. Así lo acredita la caída «importante» en las reservas en los medios de transporte que recalan en la región, tal y como indicó ayer el ministro de Fomento, Iñígo de la Serna. Por otro lado, el éxodo de empresas va en aumento y la última nota de los registradores revela que ya son un total de 1.394 las compañías que han trasladado su domicilio social a otra comunidad.
El turismo también estaría encajando el golpe que supone la incertidumbre y el temor a una declaración de independencia. La Alianza para la Excelencia Turística «Exceltur» ha puesto sobre la mesa que las reservas turísticas en Cataluña se han desplomado un 20%. En consecuencia, la organización ha rebajado en un punto el crecimiento de esta actividad para el conjunto de España, es decir, desde el 4,1% previsto al 3,1%.
A estas cifras preocupantes se unen otras reveladas desde el Ministerio de Economía. De Guindos apuntó hace unos días que las ventas en las grandes superficies situadas en Cataluña habían registrado un descenso del 20% desde la celebración el referéndum ilegal.
Por otro lado, la inestabilidad ha tenido ya un impacto negativo en el consumo de cultura y ocio. Por ejemplo, el Liceo de Barcelona ha dejado de ingresar 400.000 euros desde septiembre por la caída en la venta de entradas, un 30% menos que el año pasado, tal y como publica el diario El País.

1. Descenso en las relaciones comerciales e industriales

Tren de mercancías
Tren de mercancías - ABC
Debido a los últimos acontecimientos en Cataluña, el Ministerio de Fomento ha percibido un descenso en las relaciones comerciales e industriales debido a la caída en las reservas de los distintos medios de transporte. «Nosotros estamos viendo en los servicios de transporte cómo hay una caída de las relaciones comerciales e industriales, en el caso del ferrocarril, por ejemplo, de hasta un 21%», explicó ayer en una entrevista en Los Desayunos de TVE el titular de Fomento, Íñigo de la Serna.
De la Serna destacó la caída «importante» en las reservas de transportes, entre ellos el aéreo y apuntó que en el aeropuerto de El Prat se ha pasado de un crecimiento del 10% a un «estancamiento», con un incremento de tan solo el 0,1%.
La única excepción ha sido, durante un periodo, el transporte de pasajeros en el AVE, que ha coincido con la fase de mayor salida de empresas de Cataluña. «No digo que sea la causa ni la única causa», ha puntualizado el ministro.
De la Serna recordó que las reservas turísticas en Cataluña han experimentado un descenso de más del 20% y que tanto las inmobiliarias como los fondos que operan en ese sector han paralizado proyectos y han frenado inversiones .

2. Fuga masiva de empresas

SEAT podría salir de Cataluña si se declara la independencia
SEAT podría salir de Cataluña si se declara la independencia - EFE
El número de empresas que han trasladado su domicilio social fuera de Cataluña asciende ya a 1.394 desde el referéndum ilegal, según datos del Colegio de Registradores de España. En la jornada de este lunes abandonaron esa comunidad autónoma 92 empresas, de las que 90 estaban afincadas en Barcelona y 2 en Tarragona.
La fuga de empresas comenzó el 9 de octubre, con 212 empresas, a las que se sumaron 177 el 10 de octubre; 155 el día 11; 81, el día 13 (el 12 fue fiesta); 68, el 16; 105, el 17; 112, el 18; 268, el 19; y 117, el 20.
Sobre el futuro retorno de estas sedes, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha admitido que «va a costar mucho tiempo» que las compañías que han salido vuelvan a la comunidad autonóma, a pesar de que en muchos casos se están manteniendo los centros de producción en Cataluña.
Por su parte, la multinacional alemana SEAT abrió ayer la puerta a salir de la comunidad en caso de que se declare la independencia. SEAT remitió una carta a sus trabajadores en la que, por primera vez oficialmente, el grupo automovilístico español aseguró que tomará las decisiones necesarias para preservar su seguridad jurídica.

3. Retroceso en las ventas

Mercado cerrado en Barcelona durante la huelga del 3 de octubre
Mercado cerrado en Barcelona durante la huelga del 3 de octubre - EFE
Desde el reférendum ilegal del 1-O, las ventas de las grandes superficies radicadas en Cataluña han retrocedido un 20% en Cataluña. El dato lo aportó la semana pasada en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien aseguró que la paralización de inversión o la caída de las ventas tiene que ver con las «decisiones irresponsables del Gobierno de la Generalitat».
En esta línea, el presidente de de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), Javier Campo, ha afirmado hoy que sería «una pena» que todo el esfuerzo realizado en los últimos años para salir de las crisis en España se diluya por la situación de «conflicto» en Cataluña. Si bien, Campo ha mostrado su confianza en que en pocas semanas «se acabará arreglando».
Campo ha lamentado, todos los riesgos existentes -como el Brexit o la apreciación del euro respecto al dólar- «palidecen» ante la situación de Cataluña, ya que el conflicto, más allá de la salida de empresas de esta comunidad, está teniendo «un fuerte impacto» en el turismo, con una caída del 20 %. Y si se complica, ha dicho, el turismo -que es el primer sector económico en Cataluña con 410.00 empleos directos- podría llegar a descensos de entre el 30 y el 40 .

4. Posible bajada de la inversión inmobiliaria

Congreso Meeting Point
Congreso Meeting Point - EFE
A la caída del consumo se une la que se podría producir en el terreno de la inversión en viviendas, locales y oficinas. Resulta significativo el descenso del 15 al 20% de los inversores internacionales asistentes a la celebración del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point (BMP) celebrado a mediados de octubre.
El presidente de BMP y delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, señaló entonces que el proceso independentista amenaza con romper la tendencia alcista de un sector tan importante como es el inmobiliario.
De momento, ni las cifras de Cataluña ni las del resto de España reflejan una contracción de las operaciones inmobiliarias, tal y como publicó ABC el pasado domingo. Sin embargo, la situación podría cambiar debido a la inquietud actual, según algunos expertos, con una rebaja de hasta el 50% de la inversión inmobiliaria en Cataluña en los próximos meses si se produjera el peor de los escenarios.
  • DE LA DUI AL MISIL NUCLEAR

    Joaquín Roy
    Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

    Solamente los multilingües avezados han captado una curiosidad de los planes con que el ahora neutralizado Gobierno catalán amenazaba al español. Se anunciaba una Declaración Unilateral de Independencia. Se la aludía en deletreo como DUI. Los que manejan automóviles en Estados Unidos se sonreían y recordaban que ese acrónimo se traducía en angloamericano como 'Driving Under the Influence'. O sea, la conducción temeraria bajo el impacto de exceso de ingestión de alcohol, o peor, de estupefacientes.


    La pena en caso de detención policial es financieramente cuantiosa, incluyendo la suspensión de la licencia y dificultades para obtener renovación de seguro. En caso de resultar en accidente grave, el derivado puede llegar a la prisión. En cualquier caso, el gasto para borrar la infracción puede causar una erosión notable en los ingresos de una familia, ser causante de divorcios, expulsión de una escuela. En fin, un desastre.


    La lamentable experiencia de la carrera hacia el proyecto de independencia ha sido causada por un anhelo de DUI, bajo la influencia de una fiebre digna de la mayor atención. El problema es que la policía (el gobierno del Partido Popular, dirigido por el Presidente Mariano Rajoy), que debiera haber patrullado las calles de España con cuidado desde hace tiempo, creyó que la fiebre de la conducción del Govern catalán se disiparía con el tiempo. En ausencia de medidas coercitivas, le recordó al conductor Carles Puigdemont el texto de la Constitución española de 1978.


    Es más: Rajoy se dedicó a imponerle unas multas, con el solo efecto de animar al conductor a seguir adelante con más energía todavía. Reforzado por dosis de nacionalismo, bajo los aplausos de sus vecinos, Puigdemont vio cómo le recortaban sus privilegios de conductor (afeites al estatuto de autonomía). Le denegaban la importación de un automóvil de superior gama de Italia (mejor trato fiscal, a la altura del concierto vasco).


    Puigdemont ya había tenido que recoger a un autoestopista (la CUP) que le podía pagar la gasolina que le faltaba para seguir su camino (calvario parlamentario de conseguir los votos necesarios para la investidura). Los anticapitalistas habían demostrado que no estaban por bromas: habían vetado el nombramiento del anterior President, Artur Mas, el delfín del mítico Jordi Pujol.


    La coalición de Puigdemont con la histórica Esquerra Republicana insinuó la amenaza de la DUI como si se comportara a la manera de Corea del Norte con lanzamientos de misiles capaces de cargas con cabezas nucleares y ejecutar de manera efectiva la operación de independencia. Los vecinos del centro y la derecha (la rama catalana del Partido Popular, la formación centrista de Ciudadanos), e incluso los socialistas, observaban con alarma las preparaciones de un lanzamiento de un proyectil de mayor alcance y potencia.


    En el ambiente enrarecido por el simulacro de referéndum celebrado el 1 de octubre, el gobierno catalán y la mitad del parlamento aprobaron un par de chapuceras leyes que sirvieran de base al estilo de la NASA de Cabo Cañaveral para el lanzamiento de la temida DUI. Ya con el conteo hacia atrás, Puigdemont apretó el botón a medias del botón nuclear, y quiso congelar el lanzamiento. Rajoy le conminó a que afirmará que no había pulsado el botón fatídico.



    Escarmentado y criticado por sus propios aliados debido a la percepción generalizada de carencia de decisión y una excesiva delegación en vecinos y subalternos (tribunales, Guardia Civil), el presidente español, también bajo efecto de una DUI especial, propulsó su potente misil nuclear. Resolvió activar el inédito, ignoto y misterioso artículo 155 de la Constitución Española.


    Mientras el temido cohete catalán de la imposible independencia, en la que pocos en realidad en el seno de los dos partidos protagónicos han creído, ni siquiera se elevaba sobre el horizonte de la Costa Brava, el descomunal artículo 155 aterrizaba con toda su potencia en plena Plaça Sant Jaume. No se parecía en nada a una intervención quirúrgica que algunos observadores prudentes habían recomendado. Debieran ser como esas operaciones médicas por las que el paciente vuelve a su casa por la tarde, sin apenas dolor.


    El proyectil nuclear de Rajoy, impelido por los aplausos no solamente de su gabinete, sino también insólitamente por el endoso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centrista-liberal Ciudadanos, llegaba con el número 155 en su lomo. Aunque las declaraciones del gobierno niegan que esta operación signifique la suspensión de la autonomía catalana, y se afirma que es solamente la sustitución temporal de sus actuales inquilinos ejecutivos (Puigdemont y su gabinete) y el recorte de los poderes del Parlament, nada va impedir que los analistas etiqueten esta operación con efectos más allá de la geografía catalana.


    La contra-DUI de Rajoy va a ver esparcidos los efectos radioactivos del imponente misil. Se ignora cuál puede ser la reacción popular, cuál pueda ser el resto de la resistencia que le quede al partido de Puigdemont. Se ignora cuál pueda ser el alternativo papel de Esquerra Republicana, a la que el PP consideraba recientemente como alternativa suave. Y, en última instancia, se ignora cuál podría ser el alineamiento de un nuevo Parlament catalán tras las necesarias y anunciadas elecciones en 2017. Nada estará claro hasta que las cenizas de la operación nuclear se posen en el suelo. Y, sobre todo, que regrese la cordura y que todos se desprendan de sus personales DUI.Universidad de Miami.

    “El Estado ha de venir a poner orden en Cataluña”


    JOSEP LÓPEZ DE LERMA, exdiputado de CiU en el Congreso

    El histórico dirigente de Convergència se muestra muy crítico con el partido que abandonó en 2006

    Josep López de Lerma, el pasado miércoles, en su domicilio
     
    Josep López de Lerma (Sant Feliu de Guíxols, Girona, 1950) es un histórico de la extinta Convergència y fue diputado en el Congreso entre 1980 y 2004, hasta que el partido abrazó el soberanismo.
    Pregunta. ¿Qué piensa un convergente histórico de la situación que vive Cataluña?

    Respuesta. Nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. Estamos en una situación de altísimo riesgo para el autogobierno de Cataluña y para todo aquello que logramos desde la Generalitat y desde nuestro grupo parlamentario para llenar de competencias el Estatuto.
    P. Y una vez aquí, ¿cómo se puede salir?
     
    R. Con todo el sufrimiento que me provoca decirlo, y llegados a este punto, los catalanes no podemos solucionar solos el gran problema político, institucional y social que tenemos. Habrá de ser el Estado el que venga a poner un cierto orden con la intervención de la autonomía. Me parece acertado lo que dice el presidente Rajoy y me parece mucho más acertado el acento de moderación que pone Pedro Sánchez. No podemos ir ni a la vuelta de la esquina con el actual departamento de Economía de la Generalitat, que se ha de intervenir del todo, igual que el departamento de Interior. Los Mossos han de ir al psiquiatra, porque no pueden convertir a Cataluña en un psiquiátrico.
    P. Es demoledor el diagnóstico que hace y chirría viniendo de un nacionalista catalán.
    R. No chirría en un convergente de toda la vida, puede chirriar en los que han venido a sustituirnos, que se llaman liberales pero que están sometidos al dictado de la minoría de la CUP, a los que les interesa hacer la revolución en coche oficial. Es vergonzoso que la Convergència de Mas se sometiera a ellos para que lo decapitasen. Estoy muy preocupado por el futuro de Cataluña, con la salida de centenares de empresas y de miles de millones de euros que han huido y que nos llevan a la pobreza.
    P. Se oyen pocas voces exconvergentes que hablen así.
    R. Es que hemos de hablar claro y olvidar los eufemismos y la posverdad. No me pondré al servicio de los que están mintiendo y construyendo una verdad a base de repetirla mil veces. Es lo que Goebbels dijo que se tenía que hacer, pero Goebbels no es mi modelo.
    P. ¿Cómo explica la evolución de Convergencia?
    R. En un comité ejecutivo de 2002 mi amigo y actual consejero de Territorio, Josep Rull, expuso hacia dónde tenía que ir el partido y yo dije entonces que, si eso fuera así, CDC aparecería como una fotocopia de Esquerra Republicana. Su visión ya era entonces caminar hacia un Estado propio catalán y ese fue uno de los motivos por los que no me presenté a las elecciones generales de 2004 y me di de baja dos años después, cuando se confirmó, con Artur Mas en la dirección, que nos alejábamos de la centralidad política que nos propició tantos éxitos electorales.
    P. Por tanto, culpa a Mas de la evolución hasta el PDeCAT.
     
    R. Sí. El gran responsable del disparate que vive Cataluña es Artur Mas, que fue también el que le encargó a Carles Puigdemont que acabase con la autonomía catalana. Y así estamos.
    P. En 2016 escribió el libro Cuando pintábamos algo en Madrid, un título que habla por sí solo. ¿Qué pinta ahora el PDeCAT?
    R. Los diputados del PDeCAT en Madrid no pintan absolutamente nada. Leo con preocupación que no piensan estar en esa comisión que ha impulsado el PSOE y que me parece muy acertada para repensar la Constitución. Yo soy de aquella Convergència auténtica que decía que habíamos de estar donde se decidieran nuestras cosas. Mi generación no entendería que Minoría Catalana no hubiera estado en la ponencia constitucional de hace 40 años. Esa postura solo la entiendo desde una perspectiva de “adiós a España”, pero decir adiós para ir a no se sabe dónde y a un lugar en el que solo nos quiere Nicolás Maduro es una perfecta imbecilidad.
    “Es una perfecta imbecilidad decir adiós a España sin saber adónde ir”
    P. Los dirigentes del PDeCAT argumentan que aquellos tiempos del peix al cove [pájaro en mano] de Convergència son una pantalla pasada.
    R. Fue Artur Mas el que empezó a decir eso y yo les pregunto que me digan si han conseguido una sola competencia nueva para Cataluña. Peix al cove era el posibilismo y el pragmatismo con otra cosa que ha perdido esta gente del PDeCAT, que es el seny [sentido común]. Cataluña necesita una fuerza que se sitúe en el catalanismo político.
    P. Duran Lleida lo intentó después de que se rompiera la federación electoral y fracasó en las generales de 2015.
    R. Duran vaticinaba lo que está pasando. Yo estoy hablando de un centro político amplio que era el espacio que ocupaban desde el PSC a CiU, las dos fuerzas que han vertebrado políticamente Cataluña. Cuando pase este huracán, toque suelo y destroce la tierra, el seny volverá a dominar a la rauxa [arrebato] a la que estamos sometidos en este momento en Cataluña. Creo en la necesidad urgente de abastecer este espacio político, que pasaría por dar más cintura electoral al PSC, el único partido que ha quedado con presencia parlamentaria.
    EL PAIS
     
     

     

    Puigdemont disparó un 40% el gasto en «política exterior» en vísperas del golpe independentista

    Gran parte de ese dinero fue a parar a engordar la actividad de las «embajadas» de la Generalitat.

    Puigdemont y su consejero de Exteriores inauguraron este verano en Copenhague otra «sucursal» de la Generalitat en el extranjero.
     
    La Generalitat disparó un 40% el gasto de su Consejería de Asuntos Exteriores en los meses previos al golpe independentista, consumado en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una parte fundamental de ese gasto disparado se debió a una acelerada disposición de fondos por parte de la red de «embajadas» de la Generalitat.
    Así consta en documentos oficiales del propio Gobierno catalán, en los que se alude a ese fuerte aumento del gasto en «política exterior». Así, la Consejería que dirige Raúl Romeva consumió en ocho meses, del 1 de enero al 31 de agosto, 32,8 millones de euros, 9,4 millones de euros más que entre enero y agosto de 2016. Y esto ha sido gasto efectivo, no una mera consignación presupuestaria.
    En esa lista de gastos se incluyen la red de «embajadas» de la Generalitat en el extranjero y que cuentan con un presupuesto anual de más de 6,5 millones de euros.
    Documentos de la Generalitat reconocen expresamente que ese fuerte aumento del gasto se está debiendo al fuerte incremento del dinero dedicado al «funcionamiento de las delegaciones, oficinas y misiones exteriores». En concreto, del 1 de enero al 31 de agosto, el gasto corriente -el de funcionamiento ordinario- de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalitat se incrementó en 4,8 millones de euros respecto a 2016.
    Además, este año también están creciendo con fuerza los costes salariales: del 1 de enero al 31 de agosto pasado, el gasto de personal aumentó en otros 3,4 millones de euros en la Consejería dirigida por el independentista Romeva.
    La costosa propaganda internacional del independentismo ha escalado a la par que la Generalitat ha seguido nutriéndose de miles de millones de dinero extra que le llegan desde el Estado. Así, de enero a agosto del presente año, el Gobierno central inyectó en la Generalitat unos 7.000 millones de euros en forma de ventajosos créditos. Lo hizo en el marco del mecanismo extraordinario de financiación (FLA) al que acceden todas las autonomías, si bien Cataluña es la que más parte se lleva de dicho fondo especial.

    Cinco años de aumento presupuestario

    El incremento del gasto se ve soportado por un paralelo aumento de las dotaciones presupuestarias que la Generalitat viene reservando a su «política exterior» desde hace años. Así, desde 2012 -desde los tiempos de Artur Mas-, la Generalitat ha engordado un 78% el presupuesto que dedica a acción internacional, concebida por los independentistas como uno de los pilares de su estrategia secesionista. Ese fuerte aumento del presupuesto para las «relaciones internacionales» de la Generalitat ha tenido lugara la par que, desde 2012, el sector público catalán se ha nutrido de decenas de miles de millones de euros aportados por el Estado para socorrer las ruinosas arcas del 'Govern'.
    En 2012, la partida reservada propiamente dicha para acciones «diplomáticas» de la Generalitat -sin contar cooperación internacional- ascendía a 10,19 millones de euros, mientras que este 2017 su presupuesto alcanza los 18,17 millones de euros. Esos fondos alimentan la estrategia de imagen internacional desplegada por la Generalitat en su órdago independentista, que se complementa con los algo más de 17 millones de presupuesto que maneja para su particular agencia de cooperación internacional.
    ABC

    martes, 24 de octubre de 2017

    La edil valenciana que frivolizó sobre la muerte de Víctor Barrio no se arrepiente

    Datxu Peris manifestó a través de las redes sociales que «no podía sentir más por el asesino que ha muerto que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso»

     
    El torero Víctor Barrio falleció en 2016 a los 29 años como consecuencia de una cornada - ABC


    La edil del Ayuntamiento valenciano de Catarroja, Datxu Peris, que tras la muerte del torero Víctor Barrio escribió en su perfil de una conocida red social que el aspecto positivo era que había dejado de matar, ha negado este martes que se arrepienta de sus palabras.
    La concejal no adscrita no ha declarado en el juicio oral que se ha celebrado este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Sepúlveda (Segovia) ya que ninguna de las partes lo ha pedido, ni ha atendido a los periodistas que la esperaban a su salida.
    Tan solo, a preguntas de la prensa sobre si se arrepentía de los comentarios que vertió en una red social tras la muerte en julio de 2016 de Víctor Barrio, la concejal se ha limitado a decir que no.

    El torero «había dejado de matar»

    Peris manifestó tras la muerte que el aspecto «positivo» era que el torero había «dejado de matar» y explicó que «no podía sentir más por el asesino que ha muerto que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso», informa Efe.
    Su abogado ha alegado que estas palabras «no atentan contra el honor del torero».
    Por su parte, el abogado de la familia de Víctor Barrio y de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano, ha manifestado ante los medios su convencimiento de que el juicio, que ha quedado visto para sentencia, dará la razón a la acusación que ha sido apoyada «con firmeza» por el Ministerio Fiscal.
    La edil está acusada por la viuda y los padres del torero de un delito de intromisión al honor por el que piden 7.000 euros de indemnización y que publique en las redes sociales el contenido de la sentencia.
     
    ABC

    La prensa separatista carga contra Junqueras por tomar por «idiotas» a los catalanes

    El sector empresarial está indignado. Estamos preocupadísimos. Es la crisis más grave de la historia de Cataluña»

    La gestión económica del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ya no convence ni a la prensa independentista. En una tribuna publicada este fin de semana en el diario «Ara», el economista Fernando Trias de Bes firma una tribuna demoledora en la que pregunta al líder de ERC si toma por «idiotas» a los catalanes.
    [Sigue al minuto toda la información sobre la crisis catalana]
    «Un niño tiene cien monedas de un centavo y una moneda de un euro en la hucha. Total: dos euros. Le toman una moneda. La del euro. Son el 50% de sus ahorros. Si alguien le dice al pobre niño que sólo le han tomado una de las cien una monedas y que aún le quedan cien, ¿qué pensarían?».
    Así comienza el artículo de Trias de Bes, en la que recuerda el discurso que pronunció Junqueras en un acto de la Cámara de Comercio de Barcelona. Por primera vez reconoció que no le satisfacía la fuga de 800 empresas, pero se vanagloriaba de que aún siguieran en Cataluña otras 260.000.
    Pero lo que Junqueras no dijo —lo hace Trias de Bes en su columna— es que las cuarenta empresas más importantes que han abandonado Cataluña por el proceso separatista suponen el 30 por ciento de la economía catalana, y las 800 más de una tercera parte del PIB. Lo que Junqueras tampoco dijo es que la inmensa mayoría de las 260.000 empresas que se han quedado son microempresas: el 87 por ciento tienen menos de nueve trabajadores. «Con más de cincuenta trabajadores había 5.086 empresas. La próxima semana el 20% de estas empresas ya habrán cambiado de sede social. Una de cada cinco», subraya el articulista.
    «El sector empresarial está indignado. Estamos preocupadísimos. Es la crisis empresarial más grave de la historia de Cataluña. Junqueras tiene el récord de la historia de la economía mundial en cuanto a fuga de empresas por hora. [...] Señor Junqueras, no cuente monedas, sino euros. [...] Aunque sea por respeto, le pido que no nos tome por idiotas», concluye Trias de Bes.
    Junqueras siempre ha tratado de convencer a los separatistas de que la economía catalana no se vería resentida con la independencia, incluso cuando la realidad lo desmentía. El mismo día que el Banco Sabadell anunció que trasladaba su domicilio social a Alicante, el vicepresidente de la Generalitat todavía se permitía el lujo de declarar: «Ya veremos. Vaticinios de este tipo se han hecho otras veces y de momento no han sucedido nunca».
    Ya en el mes de septiembre, cuando las multinacionales radicadas en Barcelona comenzaron a plantearse sacar su domicilio social y fiscal fuera de Cataluña, Junqueras aseguraba que no iba a «haber huida empresarial». Las presiones del empresariado catalán no consiguieron que el Gobierno catalán variara el rumbo y hasta 800 empresas han salido de la comunidad autónoma en las últimas semanas.Cataluña»

    El Rey garantiza que ‘Cataluña es y será una parte esencial de España’



     
    Rey, España, Cataluña, Cataluña es España,Felipe VI reafirmó la fortaleza del Estado ante el desafío secesionista durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

    El mensaje lo ha pronnció en presencia del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y de las tres máximas autoridades de la UE, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Eurocámara, Antonio Tajani, que han recogido el Premio a la Concordia concedido a la UE.


    “Ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en romper la convivencia democrática. Ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección, ni en la división, siempre dolorosa y desgarradora de la sociedad, de las familias y de los amigos. Y ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”, ha advertido el Rey ante el plan separatista.

    La intervención del jefe del Estado fue la primera desde el mensaje extraordinario que dirigió a los españoles el pasado 3 de octubre, dos días después de la votación ilegal.

    “España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria“.


    Lejos de que el desafío secesionista desgaje el país, el Rey ha garantizado que la España del siglo XXI, “de la que Cataluña es y será una parte esencial”, debe basarse “en una suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos”.

    La muerte del fiscal Maza hace salir a la luz una infección moral que debemos combatir

    Foto:FISCAL GENERAL MAZA       Miserables reacciones de separatistas y ultras de izquierda en las redes sociales La...