El caso de los ERE de la Junta de Andalucía y la Audiencia Nacional. El mayor caso de corrupción del mundo civiizado

 

Hay más de 600 imputados y más o muchísimo más de 1.600 millones € malversados o en paraísos fiscales. El antepenúltimo descubierto es el de la mujer de Juan Espadas, candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, si gana las elecciones nos tenemos que ir los andaluces al Sahara. Este caso aún no está contabilizado. Hasta la fecha, solo se pueden contabilizar estos:  Dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta. Hay un caso curioso de una exconsejera y candidata nacional a Pta. Del Gobierno, -ganó Zapatero-, también sin contabilizar: “Le muestra el juez un talón de 300 millones de euros y, como siempre, le pregunta el fiscal ¿Es su firma? Contesta…NO ME ACUERDO, ¿Tantos talones de esa cantidad ha firmado usted como para no recordar este? Contesta….NO ME ACUERDO.

El caso ERE de Andalucía, no resolverá nunca. Reitero, la mujer del candidato a la Presidencia de la Junta y alcalde de Sevilla es funcionaria por dos veces y no recuerda la ubicación de ninguno de sus puestos de trabajo. Vox que es la marca blanca del PSOE y el PP que ni está ni se le espera. Ahora Semana Santa, después la feria de Abril de Sevilla, después el Rocío, después convocará elecciones Juanma Moreno, después el verano, después las rondas de pactos, después la Navidad, después los Reyes Magos, después volverá a convocar elecciones Juanma Moreno, después las elecciones municipales, después dirá el PP que no quiere pactos con Vox –lógico, si convoca elecciones porque con estos bichos no se puede gobernar- después las elecciones generales que Pedro Sánchez retrasará 90 días, el presidente del Gobierno tiene un plazo de 54 días para firmar el decreto por el que convoca las elecciones que se puede extender hasta ±90 días. Siempre se han adelantado, pero mucho me temo, pero mucho me temo que Pedro Sánchez es único.

Los jueces dicen que no se reconoce su trabajo, ¿A qué coño viene esta sentencia de la Audiencia Nacional? Estos mismos jueces u otros, pero jueces se supone que juzgaron parte del caso ERE de Andalucía. ¿Alguno sabéis la sentencia? 

Dice:  

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado de nuevo al Partido Popular a título lucrativo por las actuaciones de la trama ‘Gürtel’ en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Esta es la tercera condena contra la formación y en esta ocasión les obliga a pagar 204.198,64 euros.

 

En una sentencia de 303 páginas, los magistrados de la Sección Segunda establecen que los populares deberán abonar esa cantidad con responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, el exalcalde Arturo González Panero o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

 

El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para ‘El Albondiguilla’, que en la fase final del juicio recibió duros reproches por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El que fuera regidor deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

 

Un beneficio evidente para el PP

En esta línea, los magistrados cargan con dureza contra González Panero y aseguran que su declaración en el juicio no cumplió con la «veracidad, suficiente y utilidad» necesarias. «Negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando ‘un reconocimiento de hechos'», recuerdan.

 

Sobre el PP, que aparece mencionado hasta 177 veces en la resolución, la sentencia señala que el beneficio para la formación fue «evidente» y se deriva de pagos del Grupo Correa destinados al «sostenimiento de la propia organización» y que, por ende, se traducía en un «menor gasto» para el sostenimiento del partido en Boadilla y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007. «No cabe más que señalar que se ha producido un beneficio económico para este partido«, dice el tribunal. –otro juzgado dice que la relación entre Correa y el PP es meramente comercial-.

 

Además, la Audiencia Nacional dice que el PP contaba en esas campañas con un ‘colchón’ de remanente que sobró, y considera que esto evidencia «de un modo claro» que el partido «no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito». Lógico, en caso contrario no habría delito. Está claro que casi todos los jueces, como los políticos quieres estar en la cúpula, Casado no estaba por la labor de ceder y Feijóo, tanto o menos.

 

Beneficio a título lucrativo

En cuanto el argumento usado por la defensa de los ‘populares’, que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apunta que es irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

 

Y en lo referido al argumento de que la formación no sabía de esos gastos y que eran «contrarios a su voluntad», la Sala dice que es irrelevante porque tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, «la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva». Y recuerda que la condena a título lucrativo es compatible con la buena fe.

 

Esta es la tercera condena de la formación, que se suma a las de la primera época de la ‘Gürtel’ y por el uso de la ‘caja B’ para las obras de la sede del partido en Génova 13.

 

Entre los condenados en esta nueva sentencia, adoptada por unanimidad, también se encuentran el líder de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que confesaron su papel en la red a cambio de una rebaja en la petición de la fiscal.

Blog de Juan Pardo.

El Tribunal de Cuentas reclama 9,7 millones a UGT por el caso de los ERE

 

El sindicato sostiene que el pago de la fianza supondría su “inmediato bloqueo económico”

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al sindicato UGT en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. La investigación se inició hace más de 10 años y ha culminado este mes de julio en un acta de liquidación por la mencionada cifra, decisión que ha sido recurrida por el sindicato socialista denunciando indefensión. UGT hace constar en su recurso que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancarias, por lo que ofrece responder a la reclamación con su patrimonio inmobiliario como garantía.

El acta de liquidación describe las irregularidades atribuidas a las centrales sindicales como actividades relacionadas con “los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía”, mediante ayudas que no se gestionaron debidamente. En su momento, dichos expedientes de regulación de empleo (ERE) tuvieron por finalidad atender a la situación en la que se encontraban los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y que, “por distintas razones, presentarían dificultades de integración en el mercado laboral”. Las ayudas perseguían, por tanto, amortiguar “el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad” andaluza.

Las ayudas se concedían a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Pero fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable, en suma, se derivaría de que este tipo de prácticas dio lugar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todo ello se refiere a los casos de “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.

MÁS INFORMACIÓN

• La juez acusa a CC OO y UGT de financiación irregular con los ERE
• La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones

El acta de liquidación fue comunicada a las partes el pasado 15 de julio, mediante la entrega de “ingente documentación”, expresión que utiliza el letrado de UGT en su recurso, para sostener que el sindicato ha quedado en una situación de indefensión. Parte de los 9,7 millones de euros exigidos —en concreto, 2.862.584 euros— se reclama de forma conjunta y solidaria con la Federación Minerometalúrgica de CC OO. Pero la impugnación relata que el delegado instructor de este procedimiento no especificó “qué concretas irregularidades fundamentaban” las imputaciones. De ahí, sobre todo, que se alegue indefensión. La citación se dirigió a la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines de UGT, que ya no existe, puesto que en 2016 se fusionó con la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios del mismo sindicato, dando lugar a una nueva Federación de Industria, Construcción y Agro, que fue la que compareció al acto.

Frente a la reclamación del Tribunal de Cuentas, UGT ha presentado un recurso en el que advierte de que “el afianzamiento inmediato por parte de esta Federación de UGT de la cantidad requerida de 9.745.882 euros, objetivamente muy elevada, afecta al normal desenvolvimiento de la actividad del sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución)”. El escrito subraya que “ni esta Federación sindical, ni tampoco la de Metal, Construcción y Afines, ni ninguna otra, ha recibido cantidad alguna de las que se reclama afianzamiento, sino que las han recibido los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes”.

“Función constitucional”

El recurso subraya que “aportar o afianzar” la cantidad reclamada “conlleva el inmediato bloqueo económico-financiero del sindicato y por tanto que no tenga medios suficientes para llevar a cabo su función constitucional”. En este sentido, UGT anuncia que si se llega a esta situación acudirá ante el Constitucional en petición de amparo. También advierte de que si se le embargan las subvenciones finalistas que reciben o las cuentas bancarias de sus secciones y comités de empresa o se le exige un “aval bancario de imposible obtención, por la retención de dinero que supondría, se le estaría impidiendo el ejercicio de la acción sindical”.

Las alegaciones presentadas contra la reclamación de los 9,7 millones de euros subrayan la “especial ubicación” de los sindicatos en la propia Constitución, lo que “realza” su posición como “uno de los soportes institucionales básicos de la sociedad”. También destaca que las centrales, en el ejercicio de la libertad sindical, “no pueden ser suspendidas ni disueltas”, salvo por resolución firme.

Para evitar todo riesgo de paralización, la impugnación propone que, “de mantenerse la obligación de afianzamiento de la cantidad señalada”, se permita que la garantía que se aporte se reduzca a la constitución de hipoteca unilateral sobre los inmuebles propiedad de la citada Federación, o su embargo. El sindicato argumenta que solo el afianzamiento a través de estos bienes permitiría la continuidad del ejercicio de su actividad sindical.

EL PAIS

Caso UGT: de un viaje a Sudáfrica a los cursos de formación

ABC desveló en 2013 gastos escandalosos de su líder mientras hacía un ERE

El proceso judicial de cinco sindicalistas de la UGT, entre ellos el exsecretario general Fernández Sevilla, dentro del conocido como caso de las facturas falsas de UGT Andalucía es el último eslabón de un escándalo que lleva años copando las páginas de ABC, ahora con resoluciones judiciales pero en sus orígenes con investigaciones periodísticas.

En el año 2013, Silvia Tubio destapó un escándalo que fue el inicio de lo que ahora está a punto de ser juzgado y que eleva el presunto fraude a más de 40 millones de euros que estaban destinados a cursos de formación para desempleados. El entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, pagaba con su tarjeta de crédito Visa Corporate Oro, de la que disfruta como responsable de la UGT, 852,35 euros por una comida en un restaurante especializados en pescados y mariscos a miles de kilómetros de Andalucía, en Durban, Sudáfrica. En total, gastó 1.252 euros de dinero del sindicato precisamente el mismo día en el que se anunciaba un ERE y un ERTE que afectaba a 159 trabajadores del sindicato por problemas económicos.

Fue sólo el primer paso, ya que también se descubrió que la casa de Manuel Pastrana (quien no ha sido imputado por el juez en esta causa por sus precarias condiciones de salud) se había comprado con fondos que también procedían de la UGT.

En el año 2013 se descubrió que la forma que tenía el sindicato de gestionar las «mordidas» que les pagaban sus proveedores era de manual. Pero literalmente. La federación regional no sólo abrió una cuenta reservada en un banco para controlar las abultadas comisiones que les abonaban las empresas en las que gastaba las subvenciones de la Junta de Andalucía, sino que además lo puso por escrito en un manual.

Con la finalidad de supervisar toda su compleja contabilidad interna, UGT instaló a finales de 2010 el programa informático Spyro, que contenía un Manual de Procedimientos (así es como se denominaba) de 45 páginas que dedica un apartado específico a la gestión de los rápeles o comisiones que desembolsaban sus proveedores de cabecera a través de cheques y transferencias a una cuenta específica del Santander. Entre 2010 y 2011, en los años más duros de la crisis, la caja de UGT-A llegó a ingresar cerca de 615.000 euros a través de 21 empresas distintas con las que estableció acuerdo. Los proveedores emitían facturas a la carta y maquilladas para justificar las ayudas a la formación y el empleo que presentaba ante la administración. Del importe de cada compra se descontaba un porcentaje variable (entre el 3 y el 30%) en la factura, al margen de su importe, que iba a engrosar una bolsa de dinero creada a partir de las comisiones con la finalidad de financiar a la federación, a las uniones provinciales y a su extensa red de empresas y fundaciones.

En julio del año 2014, ABC publicó que el importe de este sistema ascendió a más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados. Este dinero para gastos estructurales del sindicato como alquileres o el pago de la electricidad.

La investigación judicial de los ERE que llevó a cabo la juez Mercedes Alaya desveló otras prácticas escandalosas como la práctica de gestión del dinero. El 27 de enero de 2012, un empleado del departamento de Contabilidad da cuenta al responsable del departamento de Compras de que «Pepe el carpintero tiene que ingresar por caja el lunes 54.369,07 euros como “devolución anticipos Guillermo Granado Cárdenas”». El importe coincide hasta en los céntimos con la base imponible de una factura de Construcciones y Reformas Reyna, que pocos meses antes había sido contratada por el sindicato para mantener las aulas destinadas a formar a desempleados, sufragadas con subvenciones de la Junta. Tras estas irregularidades, hubo muchas más que ahora están más cerca de ser juzgadas.

Órdago de Alaya al Poder Judicial: o le permiten cerrar las tres causas o se va

Juez, Mercedes Alaya

La juez del caso ERE en Sevilla, Mercedes Alaya, no tiene intención de permanecer como refuerzo en el juzgado de instrucción 6 del que hasta ahora ha sido titular si no se le garantiza que va a poder concluir tres causas que tienen como denominador común la «red clientelar» de la Junta de Andalucía. Se trata de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y los avales con fondos públicos concedidos a empresas.

Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, en los últimos días Alaya ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no optará a la comisión de servicios con revelación de funciones -a la que previsiblemente hoy dará el visto bueno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- si no se le garantiza que en el reparto de causas que se precisa con motivo de los refuerzos a la nueva titular, María Ángeles Núñez, va a poder concluir los tres procedimientos citados. Si no es así, Alaya desembarcará de inmediato en la plaza que obtuvo hace unos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Para la juez no hay medias tintas: los tres procedimientos tienen que estar en manos de un mismo instructor, sea ella u otro. No va a tener fácil luchar contra un Poder Judicial que si bien le va a abrir la puerta hoy a ser una de las candidatas a reforzar ese juzgado, no tiene previsto aprobar, al menos de momento, un acuerdo que pase por delimitar los asuntos de los que se debería hacer cargo.

Delimitación compleja

Fuentes del Consejo señalan que todavía no estamos en ese momento, porque ni siquiera el CGPJ ha aprobado (lo hará hoy) las dos plazas de refuerzo que tiene que ofertar ahora el TSJA entre los jueces de esa Comunidad Autónoma. Una vez que los interesados las pidan (en principio solo se cuenta con Alaya y con el juez Álvaro Martín, a quien la propia Alaya ha tenido como refuerzo en los últimos años), el TSJA propondrá al CGPJ a los candidatos. El problema es que Alaya quiere saber de antemano si acceden a su propuesta, pues, en caso contrario, no le interesa la oferta. Y por el momento todo apunta a que no va a tener ese pronunciamiento específico.

Esas mismas fuentes subrayan que, aun en caso de que se llegaran a delimitar las funciones de Alaya, no sería para dejarle terminar las tres causas, sino que la única que está claro que debería seguir en sus manos es la del caso ERE, la más avanzada (pendiente de la decisión que tome el Supremo respecto a los cinco aforados nacionales). Las otras dos causas, especialmente la de los avales a empresas prácticamente se da por hecho que las perdería.

Para el Gobierno de la todavía presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no es cuestión baladí que el hilo conductor de las tres causas se rompa. Tampoco es de extrañar la preocupación que, como adelantó ABC, Díaz transmitió directamente al presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el futuro de ese juzgado y porque la lentitud en la investigación de causas está perjudicando a la imagen del Gobierno autonómico. Y es que el anuncio de Alaya sobre su intención de concluir los procedimientos abiertos -aunque para ello sean necesarias prórrogas de seis meses-ha caído como un jarro de agua fría sobre la dirigente socialista, que si bien el caso ERE ya lo da por amortizado, no ve con buenos ojos que Alaya siga con los otros dos. Díaz prefiere que coja las riendas del juzgado cuanto antes Núñez Bolaños, una juez de Familia, amiga del consejero andaluz de Justicia en funciones, Emilio Llera, que irrumpió en escena en el último momento cuando todo el mundo daba por sentado que la plaza de Alaya sería para su refuerzo, el juez Álvaro Martín. Habiendo más juzgados de instrucción «disponibles», Núñez solo pidió este.

Acuerdo para el reparto

Fuentes del propio Consejo critican que no es casual que la Comisión Permanente tenga previsto abordar hoy solo la propuesta de refuerzos que ha hecho el TSJA (y no el plan de Alaya) sin «personalizar» en jueces ni en repartos. No lo tiene complicado: la propuesta del TSJA señala que los refuerzos «colaboren» con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el juzgado, «conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe la Sala de Gobierno del TSJ andaluz». Es decir, si no hay acuerdo será la propia Ley Orgánica del Poder Judicial la que dirima el conflicto: el juez de refuerzo se ocupará de los asuntos de nueva entrada y el titular, de todos los demás.

El juez del caso ERE en el Supremo rechaza los recursos de Griñán y Zarrías

El instructor arremete contra los aforamientos por cuanto provocan una «fragmentación artificiosa del proceso penal»

 

Los expresidentes de la Junta José Antonio Grñán y Manuel Chaves.

El juez instructor Alberto Jorge Barreiro ha rechazado el recurso de reforma que presentaron las defensas de Gaspar Zarrias y José Antonio Griñan contra la decisión del magistrado de enviar a la juez Alaya la contrapericia aportada por la defensa de Griñan en el Tribunal Supremo. También recurrieron la decisión del instructor de solicitar a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) una ampliación de su informe sobre la contra pericia de las defensas.

Fuentes jurídicas informaron de que, en su auto, Barreiro explica cuál es su función como juez investigador, contextualiza el marco en el que se va a desarrollar esta investigación (respecto a la causa que se sigue en Sevilla) y rebate el argumento de las defensas de que los hechos no son los mismos. Según el magistrado sí lo son sustancialmente y cuentan con aspectos comunes hasta el punto de que de no ser por el régimen de aforamientos que afectan a los 5 imputados, «resultaría indiscutible que los hechos tendrían que verse en un solo procedimiento». El juez entiende que el círculo competencias común a ambos procesos versa sobre la posible ilegalidad del sistema de concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas y las consecuencias que el sistema implantado género en los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para el instructor, no es igual la participación individual de cada uno de los presuntos autores en los diferentes hechos y considera que la investigación abierta en el Supremo es una mera derivación del macroproceso que se tramita en Sevilla, con una amplia base fáctica compartida. Esto significa, explica, que por razones de auxilio y cooperación judicial, del mismo modo que el Supremo (cuando admitió la causa) que el juzgado de Sevilla le remitiría todo lo relacionado con los aforados, en sentido inverso , en los hechos atribuibles a los no aforados «este instructor deberá remitir al juzgado de Sevilla el testimonio de lo actuado».

«Inconvenientes y limitaciones»

El juez rechaza la indefensión que, según los recurrentes, podría originarles aquel contrainforme ante el juzgado de Sevilla, pero aprovecha para destacar «los muchos inconvenientes que suscita la fragmentación artificiosa del proceso penal que genera el sistema de aforamientos» y, en el presente caso, además, se añaden los inconvenientes que arrastra consigo un macroproceso y su división en piezas a que suele tenderse como solución paliativa de los graves perjuicios derivados de la extensión de una macrocausa». Esa situación de aforamiento no solo produce inconvenientes y limitaciones para los aforados que «mediante su decisión personal pueden acogerse con algún condicionamiento al fuero ordinario de una Audiencia Provincial y acudir al Tribunal Supremo solo en casacion».

No son peritos de parte

El juez rebate también la objeción de la defensa de Zarrias a las reuniones que ha venido manteniendo con los peritos de la IGAE, dando a entender que se trata «de una especie de reuniones cuasi clandestinas y contra legem, que se oponen al ordenamiento procesal» . El juez advierte que esos peritos son judiciales, son desde hace 3 años los peritos de la juez De instrucción de Sevilla y, por tanto, no son de parte. Dice que ha considerado lo más razonable recurrir a estos expertos y a los funcionarios de la Guardia Civil que han venido actuando en el juzgado de Sevilla con el fin de que complementen su investigación respecto a los nuevos imputados por el Tribunal Supremo.

Los recurrentes se quejaban de que el juez no haya recibido hasta ahora a los peritos de la defensa. Barreiro habla de «alteración de planos y confusión de conceptos» pretender que el investigador reciba a los peritos judiciales y a los de las defensas para planificar la línea de la investigación que va a seguirse con respecto a los imputados, «opción que desde luego favorece notablemente los intereses de la defensa pero no a los intereses de la sociedad en lo que ha de ser una investigación judicial de la que no deben tener conocimiento los investigados, pues no parece factible planificar una investigación judicial con una actuación conjunta y connivente de los investigadores e investigados».

La relevancia de los «consejillos»

El auto también rechaza la objeción de la defensa de Zarrías a la petición del instructor de solicitar un informe sobre las cuestiones tratadas en la comisión General de viceconsejeros . El instructor contextualiza el ámbito penal de los hechos investigados, que la Sala de Admisión enmarcó en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Según Barreiro el contenido de esos consejos de viceconsejeros que preparaban las decisiones a adoptar por los consejos de gobierno, puede ser relevante para la investigación de los hechos. De un lado, para averiguar el sustrato de hechos de los elementos del dolo en las conductas gubernativas ejecutadas en los altos niveles de la pirámide administrativa. Y de otro, para conocer cómo se preparaban las decisiones que luego se aprobaban en los consejos de Gobierno. El juez recuerda que en el delito de prevaricación no solo concurre la modalidad de la autoría, ya que también caben otras formas de participación.

Alaya cree que el sistema benefició al PSOE para ganar las elecciones

Alaya cree que todo el Gobierno conocía y no impidió el sistema que provocó el fraude;Y que el PSOE sacó rédito electoral.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves

 

La juez cree que el sistema de los ERE obtuvo como claro «beneficiario» al PSOE para ganar las elecciones. En la exposición razonada que Mercedes Alaya ha enviado al TSJA, asegura que «el beneficiario de manera inmediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por la administración, fue el propio partido de Gobierno, PSOE, al engrasar durante años las relaciones con empresarios y sindicatos» y que ello le generó «réditos políticos y electorales».

En el texto, en el que Alaya razona su imputación a los aforados, considera que todo el Consejo de Gobierno de Manuel Chaves conocía el sistema de transferencias de financiación que se utilizó en las ayudas irregulares. Según la juez «bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema» al Consejo de Gobierno. Incluso afirma que «a aforados y no aforados puede, en conexión, imputárseles la coautoría o participación en el delito de malversación continuado».

Alaya cree que ademas de los exconsejeros y otros ya imputados, lo conocía «el propio Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves», quien aprobó mediante acuerdos de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007 los programas a propuesta del entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. Por ello la juez, que detalla los indicios que observa contra los cuatro aforados (los exconsejeros Antonio Avila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo), afirma que el delito de malversación también conecta con «el quebrantamiento del deber de impedir esta utilización ilegítima de efectos públicos por parte de otros».

«Ni los responsables de la Consejería de Hacienda ni el Consejo de Gobierno ni su presidente pueden justificar razonablemente el uso de las transferencias de financiación por IDEA y por el resto de las empresas públicas de la Junta» y que de forma ilegal se destinaban a la concesión y al pago de subvenciones sociolaborales.

Según la juez, «conocían el sistema y lo mantenían cada año en la Ley de Presupuestos, siendo poseedores de una información de la que no disponía el Parlamento y a su vez lo alimentaban con las sucesivas modificaciones presupuestarias». «Tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema». Es decir insiste en que era «un hecho conocido por el Consejero de Gobierno y su presidente».

Además, según recalca, tanto el consejero de Hacienda como la comisión general de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, la actuación de la Intervención y de los proyectos y ordenes reguladoras de las subvenciones «conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo». Es decir, que sabían que con las transferencias de financiación IDEA estaba pagando por encargo subvenciones excepcionales carentes de control.

 

La Junta admite ya 100 millones 'perdidos' en los casos ERE y formación

El Gobierno andaluz destinó en ayudas para la formación para el empleo y los ERE más de 3.500 millones de euros. 2.456 millones fueron destinados a la formación profesional entre 2007 y 2013. En el "diseño" político del caso de los ERE se habrían empleado inicialmente 721 millones de euros hasta el año 2011 y, hasta su finalización, la cifra habría alcanzado los 1.217 millones.

Esto es, en su conjunto, 3.673 millones de euros. De ellos, la Junta ya admite que más de 100 fueron utilizados irregularmente, se han perdido o tendrán que recuperarse por diversas irregularidades. En estos 100 millones se incluyen los dineros implicados en el caso de las facturas falsas de UGT. De la teoría de los "cuatro golfos" se ha pasado, cuando menos, a la realidad de una pésima gestión de la Junta de Andalucía y el PSOE en lo que se refiere a fondos públicos destinados a importantes ayudas sociales a los andaluces más necesitados.

Si se tiene en cuenta que la juez Alaya se refiere a un fraude en los ERE de 855 millones, podríamos estar ante un escándalo que tiene visos de superar los 1.000 millones de euros.

A pesar de esta realidad contundente, que tiene reflejo en los tribunales, desde el Supremo a los juzgados de instrucción (en siete de las ocho provincias andaluzas) en numerosos casos en fase de investigación, ni PSOE ni IU admiten la celebración de un pleno en el Parlamento andaluz sobre la corrupción galopante cuya dimensión crece cada día en una de las comunidades con más paro de España y Europa desde hace 32 años.

Los 100 millones "perdidos" que la Junta ya admite se componen de la siguiente manera:

- 4,9 millones de euros son los que el Gobierno andaluz ya ha reclamado a UGT debido al escándalo de las facturas falsas iniciado en exclusiva  por Libertad Digital.

- 71 millones de euros se derivan del caso ERE a través de 195 expedientes de reintegro(la Junta sólo ha recuperado 1,2 millones)

- 17,4 millones más son los "perdidos" o injustificados por ahora en subvenciones para cursos de formación, otro caso publicado en exclusiva por LIbertad Digital que informó de la Operación Edu.

En su conjunto, 93,3 millones pero dado que sólo se ha consumado el análisis de un 25 por ciento de los más de 8.000 expedientes de ayudas a la formación, cabe deducir que el dinero superará con creces los 100 millones de euros.

ADVERTISEMENT

Las exoneraciones de justificación de los gastos

Sin embargo, el PP andaluz exige a la Junta que, además aclarar el destino del dinero empleado irregularmente en los ERE, explique el destino de casi 600 millones destinados a la formación en estos años. Tras condenar que la Junta exonerara "masivamente" durante esos años, ha pedido a la Junta a que aclare el destino de 583 millones destinados a la formación. También ha pedido que se informe de cuáles son las entidades que han justificado las subvenciones y las que no.

Muchos de los dineros "perdidos" en la formación se debe al hecho de que la Junta exonerara de justificar los gastos a las empresas y entidades beneficiarias de las subvenciones a la formación. El PP andaluz ha denunciado que la Junta lo hacía porque de ese modo se quedaba con el 25 por ciento del dinero, que no entregaba a los beneficiarios, y alentaba el fraude.

El consejero de Educación, Luciano Alonso defendió ayer en el Parlamento andaluz las exoneraciones  que permitieron que centenares de empresas percibieran subvenciones año tras año sin previamente justificar los gastos de subvenciones anteriores porque es legal y porque estaban "motivadas".

Incluso IU, socio del gobierno del PSOE,  ha exigido "responsabilidades" en un caso de "corrupción clientelismo, amiguismo, ineficacia y despilfarro que resulta seriamente preocupante".

La Junta sólo ha analizado la mitad

64 personas fueron contratadas por la Consejería de Educación - que eludió de ese modo que fuesen funcionarios profesionales los que investigaran el caso - y hasta el momento han estudiado  4.365 de los 8.505 expedientes de ayudas. De los revisados, sólo 1.280 han justificado los gastos de forma correcta. 581 no han sido debidamente justificados y 2.504 o están pendientes de más información o en fase de reintegro del dinero.

La Junta exige ya en firme la devolución de 17.451.211,49 euros, con esa mitad de las subvenciones revisadas. Los 581 expedientes de reintegro suponen sólo el 13% de las 4.365 ayudas que la Junta han revisado y quedan todavía 4.140 subvenciones pendientes de revisar.

Más claramente aún, de los 4.365 expedientes revisados, 1.280, poco más del 30 por ciento, está correctamente justificado, mientras que el 57% –unos 2.504– de los analizados siguen siendo investigados por falta de datos y justificaciones de los beneficiarios de las subvenciones con sospecha de irregularidades sin confirmar,

No obstante, para el consejero de Educación el volumen del fraude no es significativo, porque los reintegros sólo suponen el 0,7% del presupuesto destinado a la formación en los últimos años.

La UGT acusa la Junta de descontrol

"Controles irregulares" dice la UGT andaluza que sufrió por parte de la Junta de Andalucía tras conocer que la Junta le reclama 4,9 millones por diversas irregularidades en las subvenciones recibidas a la formación.

Según UGT, "desde algunos órganos de la Junta de Andalucía se ha podido incurrir en un proceso delictivo », después de que dieran el visto bueno a las ayudas que ahora les reclaman que devuelvan..

Es más, los servicios jurídicos de UGT-A amenazan con emprender acciones judiciales contra la Junta por unos controles «que deberían haber sido claros, transparentes y realizados con rigor".

UGT y CC.OO. ganaron más de 7 millones en Andalucía sin «prestar ningún servicio»

Así lo ha comunicado al Tribunal Supremo Mercedes Alaya quien, además, asegura que la Consejería de Empleo estaba al corriente .

 

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva". Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros.

Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran. Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora".

Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo. Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter.

«Con conocimiento de la Consejería»

La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia.

En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico"

 

La Cosa Nostra andaluza

¿Cómo se puede pedir a Susana y a Pedro que condenen a quienes les pusieron en sus cargos? Sería suicidarse políticamente.

 

ES casi imposible, dice la juez Alaya en su auto sobre los ERE andaluces, que don Manuel Chaves y don José Antonio Griñán no conocieran el entramado urdido desde la Junta para desviar dineros públicos hacia otras actividades de las supuestas. El "casi" es cortesía jurídica si pensamos que ambos eran presidentes de la Junta mientras se diseñó y ejecutó el plan, habiendo firmado los decretos correspondientes.

Del mismo modo, es casi imposible que Susana Díaz y Pedro Sánchez condenen el comportamiento de ambos expresidentes, siendo la primera una creación de Griñán y el segundo una creación de la primera, ya que sin ella no sería secretario general del PSOE. Con lo que la refundación del partido que ambos pretenden se va a la cuneta ya en la primera curva. Sin que sirva invocar el precepto jurídico de que "todo el mundo es inocente hasta no ser declarado culpable" porque nos movemos en el terreno político, donde la norma es "la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino también parecerlo", y no les digo nada el César mismo. Del mismo modo, el que Chaves y Griñán no se beneficiaran crematísticamente del desvío irregular de los fondos de la Junta que presidían es inaplicable porque su rédito fue de otra índole, puede que mayor: permitirles ganar elecciones y mantenerse en el poder, con todo lo que eso representaba en una Andalucía convertida en un cortijo.

Tampoco hace falta leerse entero el mamotreto que la juez Alaya ha enviado al Tribunal Supremo para percatarse de que las instituciones oficiales andaluzas habían montado una red irregular de estructuras oficiosas que se retroalimentaban mutuamente. Se usaban las jubilaciones anticipadas de empresas en quiebra para meter de matute a amigos y familiares que nunca habían trabajado en ellas; se utilizaba la ayuda a los parados para beneficiar a compañeros de partido; se daban cursos y títulos de formación inexistentes a través de academias sin el profesorado adecuado; se creaban empresas ficticias para canalizar las subvenciones; se repartía pródigamente el dinero público y comunitario entre sindicatos y empresarios afines, para tener a todos contentos y, por si todo ello fuera poco, se ignoraban olímpicamente las advertencias de los controladores oficiales que año tras año advertían de las tropelías que se estaban cometiendo, que es la mejor señal de que las autoridades se creían inmunes. ¿A quién iban a temer si ellas decidían qué estaba bien y qué estaba mal?

No creo, por tanto, exagerado calificar de cosa nostra el régimen andaluz, ni extraño que haya sobrevivido tres décadas. Ellos se lo guisaban y se lo comían. El precio ha sido alto —el mayor paro de España y el menor crecimiento—, pero los treinta años de fiesta no se los quita nadie. En tales condiciones,¿ cómo se puede pedir a Susana y a Pedro que condenen a quienes les pusieron en sus cargos? Sería suicidarse políticamente, ellos que esperan llegar a lo más alto.

LA OPINIÓN DE José María Carrascal

 

El juzgado embarga a Magdalena Álvarez seis fincas y cinco cuentas, una en Luxemburgo

El juzgado de Mercedes Alaya que investiga el caso de los ERE irregulares ha embargado a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes, una de ellas en Luxemburgo, así como todos sus saldos bancarios a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros que le impuso la magistrada el pasado mes de marzo.

Por medio de un decreto dictado este lunes, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla embarga a la exconsejera seis bienes inmuebles, cinco de ellos en mitades indivisas, en concreto cuatro viviendas localizadas en Málaga, Madrid, Sevilla y Benalmádena, así como un local comercial en Madrid y otra finca en Estepona.

Asimismo, el Juzgado de Mercedes Alaya ha embargado a la imputada cinco cuentas corrientes, dos de ellas en Banco Sabadell, una en La Caixa, otra en Caja Laboral y una última en Banque et Caisse D'epagne De L'etat Luxembourg.

No obstante, y como los seis bienes inmuebles y las cinco cuentas corrientes ofrecidas en garantía por la propia Magdalena Álvarez "no se estiman suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se le exigen", el Juzgado acuerda además el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Asimismo, ordena "ir en busca de más bienes inmuebles, por si los tuviere y resultare infructuoso este último", para lo cual se procederá a la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ).

El Juzgado de Mercedes Alaya ha dictado este decreto una semana después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez contra el auto en el que la juez la imputó nuevamente en la causa después de que el primer auto de imputación fuera anulado por la propia Audiencia por falta de motivación, ya que entiende que existen contra ella "severas por fundadas sospechas de participación" en el fraude.

Cabe destacar que el Juzgado ha embargado a la imputada pese a que la misma ha recurrido ante la Audiencia Provincial la fianza civil impuesta al entender que se trata de una fianza "abusiva" y "presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional".

En el recurso, el abogado de Magdalena Álvarez solicita la anulación del auto dictado por la juez Mercedes Alaya por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto "un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción", ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la "probabilidad cierta" de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.

A vueltas con Maleni y su imputación en los ERES

A vueltas con Maleni y su imputación en los EREs

 

El pasado martes, recibíamos la gran noticia de que la Audiencia de Sevilla ha ratificado la imputación de la ex ministra y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez en el caso de los ERE irregulares al rechazar el recurso que interpuso contra el auto de imputación de la juez Mercedes Alaya.  Además hay que recordar que la jueza Alaya interpuso una fianza de 29 millones de euros.

La Audiencia ha señalado que es innegable que la instrucción ha permitido a Alaya detectar que el uso desviado de los fondos públicos quedó gracias a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas por la Consejería de Empleo.

Además, a Maleni no paran de crecerle los enanos porque debido a esta imputación en los EREs, el Banco Europeo de Inversiones donde es Vicepresidenta, ha iniciado el trámite para quitarla de su puesto y es que el Banco aplica estas prácticas dentro de su Código Interno de Buena Conducta donde recoge: «aplica una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, ora cometidos por su propio personal, ora acaecidos en relación con cualesquiera proyectos, préstamos o participaciones en que se hubieren comprometido fondos del Grupo BEI».

No podemos olvidar que Maleni accedió a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones en 2010 y que su retribución mensual en la institución asciende a 22.963€.

Pero es que ya sabemos cómo son las ratas del tipo de Magdalena Álvarez, y por ello, la corrupta ha anunciado ya a su partido el PSOE, que no está dispuesta a dimitir del Banco Europeo de Inversiones. A pesar de esta comunicación de Maleni, parece ser que el partido la ha sugerido que sea ella quien tome su propia decisión e incluso piense en abandonar a favor de otro sociata como sería Valeriano Gómez, exministro de Trabajo…asique si ya vemos cómo dejo España respecto al empleo, nos podemos hacer una idea de cómo podría dejar europeo si cae en sus manos…

De hecho, los únicos que han apoyado a Magdalena Álvarez, han sido los miembros, aún más corruptos que ella, del Partido Socialista andaluz, y encima han tenido la cara de destacar la honestidad de la que fuera su consejera en el tiempo al que corresponde el fraude de los ERE.