jueves, 31 de agosto de 2017

La «administración paralela» de las autonomías: 1.100 entes públicos

 
Este extenso entramado consume cada año decenas de miles de millones de euros de dinero público


 

Banderas regionales preparadas para la foto de familia de una reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos
Banderas regionales preparadas para la foto de familia de una reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos -
 
Sociedades mercantiles, entidades de derecho público, organismos autónomos, fundaciones, consorcios… La lista de nombres legales es amplia, y mucho más el número de todos esos entes que conforman auténticas administraciones paralelas en los gobiernos autonómicos.
Desde 2008, a raíz de la crisis económica, las autonomías –todas, salvo Cataluña– han reducido en mayor o menor medida ese entramado de entes. Aún así, las administraciones paralelas de los gobiernos autonómicos suman actualmente más de 1.100 organismos de ese tipo. Eso sí, en 2008 eran prácticamente 1.500, cuatrocientos más. Y la reducción hubiera sido mayor si Cataluña, en vez de haber aumentado su lista de entes, se hubiera sumado a esa tendencia de adelgazamiento seguida por todas las demás comunidades autónomas.
Aunque la reducción de conjunto ha sido significativa en el escenario autonómico, esos algo más de 1.100 entes que siguen funcionando manejan cada año decenas de miles de millones de dinero público. En la inmensa mayoría de los casos se trata, además, de organismos instalados en las pérdidas sistemáticas, unos números rojos capeados año tras año a base de subvenciones y de préstamos soportados directamente por los gobiernos autonómicos de turno.

La Generalitat catalana, a la cabeza

El entramado de entes autonómicos que se da en Cataluña es el más extenso de entre todas las comunidades autónomas y, por ello, el que más fondos acapara para mantenerse a flote. Así, el presupuesto de la Generalitat contempla este año alrededor de 11.600 millones de euros para ser transferidos directamente a sus organismos y empresas públicas. Pero a esas subvenciones directas del Gobierno catalán se suman otras inyecciones de capital por distintas vías.

Foco de endeudamiento

La abultada administración paralela de la Generalitat es también un sistemático foco de endeudamiento. Pese a los abundantes fondos que transfiere el Gobierno catalán a sus alrededor de 180 entes públicos, ese dinero no les llega para cubrir los gastos de todos esos organismos. De ahí que tengan que recurrir a pedir dinero prestado, lo que acaba computando en el abultado saldo de la deuda pública de Cataluña. Por ejemplo, este año las entidades de derecho público de la Generalitat han cuadrado sus presupuestos a cuenta de endeudarse en 233 millones de euros; las empresas públicas de la Generalitat han previsto firmar créditos por 11 millones de euros; y los consorcios del Gobierno catalán necesitan 50,6 millones de euros en préstamos.
A nivel nacional, de los alrededor de 1.100 organismos que conforman la administración paralela de los distintos gobiernos autonómicos, unos 540 son empresas y entes públicos, 135 organismos autónomos, 279 fundaciones y 170 consorcios.

miércoles, 30 de agosto de 2017

Una foto de Pablo Iglesias con el embajador de Qatar revienta su discurso sobre el yihadismo

Cambia su actitud ante Qatar después de que retome sus relaciones con Irán


El líder de Podemos acudió  a la manifestación de Barcelona, donde justificó los insultos al Rey en aras de la “libertad de expresión”, y eso tras llevar a juicio a un periodista por insultarle a él.
Pablo Iglesias reconoce que se ha dejado usar por Irán para desestabilizar España
Manifestación de Barcelona: ¿importa más la hispanofobia que las víctimas?
El martes acusa a Qatar de alimentar el yihadismo…
Pero el afán del líder de Podemos por “cabalgar contradicciones” no se quedó ahí. El pasado martes Pablo Iglesias acusó a Qatar de alimentar el yihadismo y condicionó la unidad frente al terrorismo yihadista a que España revise sus relaciones con ese país, unas relaciones que, según él, perjudican nuestra imagen internacional. También dijo que Qatar no puede condicionar nuestra política de Estado, una descarada cortina de humo para tapar la negativa de Podemos a firmar el Pacto Antiyihadista, pero también para ocultar las peligrosas relaciones internacionales que mantiene el partido de ultraizquierda.
… y el sábado se deja fotografiar junto al embajador de Qatar

 
En un sorprendente giro, este sábado Pablo Iglesias se dejaba fotografiar junto al embajador de Qatar en España, Mohammed Al Kuwari‏. La foto la colgó el propio diplomático en su cuenta de Twitter:

  
Mohammed Al KuwariCuenta verificada @Amb_AlKuwari 26 ago.
Lo que ha ocurrido de por medio: Qatar retoma sus relaciones con Irán¿Qué ha ocurrido en estos cuatro días para que Pablo Iglesias pase de acusar a Qatar de alimentar el yihadismo a fotografiarse con su embajador? La explicación de este sorprendente viraje la encontramos en el propio Twitter del embajador. Esto es lo que publicó el jueves:
Mohammed Al Kuwari
 
@Amb_AlKuwari
anuncia el regreso de su embajador en para retomar sus funciones. Esperando reforzar las relaciones en todos los ámbitos.
Es decir, que Pablo Iglesias ha cambiado su actitud hacia Qatar sólo dos días después de que Qatar retomase sus relaciones diplomáticas con Irán. ¿Estamos ante una mera casualidad? Ciertos datos me llevan a pensar que no.
La peligrosa relación del líder de Podemos con el régimen iraní
Recordemos que un año antes de fundar Podemos él mismo confesó que se dejaba usar por Irán para desestabilizar España, en una declaración hecha en un acto público de las Juventudes Comunistas. Aún a día de hoy Pablo Iglesias sigue siendo presentador de un canal de televisión propiedad de esa República Islámica. De hecho, fruto de esa relación, el año pasado él mismo reconoció que una empresa del Gobierno iraní le paga el teléfono móvil. Es un hecho insólito que un personaje que aspira a gobernar España reconozca que su teléfono lo paga un gobierno extranjero al que España le ha impuesto un embargo que impide venderle material de defensa.
Irán es uno de los principales financiadores del terrorismo islamista
Tal vez algunos no se dan cuenta de la gravedad de esta relación, pero Irán es el sostenedor de grupos terroristas islamistas como Hezbolá en el Líbano, Al Sabirín y Hamás en Gaza (que también recibe apoyo de Qatar), la Yihad Islámica en Palestina y terroristas islamistas en Bahrein. Casualmente, en este fomento del terrorismo Irán ha contado últimamente con el apoyo de Venezuela, la dictadura caribeña a la que Podemos defiende sin cesar. De hecho, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, tiene vínculos con Hezbolá. Gracias a su apoyo, Venezuela ha proporcionado pasaportes a 10.000 terroristas islámicos, permitiéndoles viajar dentro del hemisferio occidental sin ser detectados. Es comprensible que Podemos prefiera hablar de cualquier cosa -ya sea la islamofobia, la venta de armas o el franquismo- antes de dar explicaciones sobre su relación con un país como Irán, que es uno de los principales patrocinadores del terrorismo, según la Secretaría de Estado de EEUU. Recordemos que el hoy líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ordenó en agosto de 2012 a su Fuerza Quds intensificar sus ataques terroristas en Occidente.
No podemos dejar que un amigo de Irán boicotee nuestra lucha contra el yihadismo
España no puede consentir que un partido financiado con dinero público tenga amistades como éstas e incluso pretenda boicotear nuestra lucha antiterrorista, saboteando cualquier esfuerzo serio de España para combatir al yihadismo. Recordemos que en 2014 IU, ahora integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, votó contra el envío de asesores militares españoles a Irak para adiestrar a su Ejército contra el ISIS, una estrategia que ha resultado muy exitosa, a la vista de los últimos avances de las unidades iraquíes adiestradas por España. En noviembre de 2015 Podemos se desmarcó del Pacto Antiyihadista, con absurdas excusas como acusar de “venganza” a la política contra esa amenaza terrorista. El pasado mes de julio Podemos e IU votaron contra la creación en la UE de una comisión contra el terrorismo yihadista, que tiene como fin mejorar las herramientas de lucha comunitarias contra esa amenaza. Viendo las amistades internacionales de Podemos, ¿a alguien le pueden extrañar estos posicionamientos?

martes, 29 de agosto de 2017

El separatismo exhibe su ley para echar al Estado en 34 días

Confiscaciones, jueces a dedo y amnistías: El Govern absorberá a funcionarios y no asumirá deuda si el Gobierno no negocia

 
Una «ley suprema» para romper con España. La Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República rezuma ambición en su articulado y adolece de lagunas que el soberanismo confía en llenar con la independencia en marcha y tras una negociación con el Gobierno que se prevé imposible. La norma, que sólo entrará en vigor si vence el sí el 1 de octubre, prevé que el Govern participe en el nombramiento de la nueva cúpula judicial; una amnistía para todos los políticos imputados por impulsar el procés; la confiscación de bienes del Estado y la absorción de funcionarios. Estos son sus artículos clave:

Elección de jueces

El nuevo poder poder judicial en Cataluña dependerá de un complejo sistema que, en esencia, deja en manos del Govern la elección de su cúpula. Según recoge el artículo 66.3, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se convertirá «en el Tribunal Supremo» de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes». El nombramiento de su presidente -máxima autoridad judicial de Cataluña- dependerá del president de la Generalitat «a propuesta de la Comisión Mixta», formada en su mayoría por «personas designadas por el Govern»: cinco, incluyendo al conseller de Justicia, frente a las cuatro escogidas por los propios jueces. El Fiscal General del Estado catalán sí será nombrado por el Parlament por mayoría absoluta. El riesgo de politización de la Justicia también pende del método de selección de jueces, letrados y fiscales. Según la ley de ruptura, quiene hayan ocupado plaza en «los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña» los tres años anteriores» a la aprobación de la ley seguirán en sus plazas, excepto si renuncian a ser incorporados. Sin embargo, quienes «pertenezcan a los cuerpos correspondientes al Estado español» deberán volver a concursas «a las plazas que se convoquen».

Amnistía

Los redactores de la ley han incluido en la ley un artículo -el 79.4- ideado en exclusiva para amnistiar de forma inmediata a políticos soberanistas imputados por promover el procés, entre ellos el ex president Artur Mas. El redactado especifica que «los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas» para promover «la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta».

Confiscación de bienes

Una de las incógnitas que no resuelve el articulado es el proceso de negociación para el traspaso de activos y pasivos entre gobiernos. Sin embargo, sí se da por hecho -sin especificar el método- que la Generalitat confiscará todas las propiedades que el Estado tiene en Cataluña. El artículo 20 recoge que «el Estado catalán sucederá al Estado español y se mantiene en la posición de la Generalitat la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña». También se da por hecha la subrogación de todos los «contratos, convenios y acuerdos» firmados por el Gobierno y que sean necesarios para el funcionamiento del nuevo gobierno. Con la misma naturalidad se asume que todos los funcionarios -de la Generalitat o del Gobierno- «se integran en la administración pública de Cataluña» (Artículo 17). Para policías y jueces se «requiere la posesión de la nacionalidad catalana», puntualiza la nueva ley.

Permanencia en la UE

La más importante de las leyes de «desconexión» recoge unos de los postulados más polémicos del procés y da por hecha la permanencia de una república catalana en la Unión Europea (UE) pese a que ninguna autoridad comunitaria ha apoyado nunca esa tesis. La Ley de Transitoriedad garantiza que «el derecho de la Unión Europea»», «el derecho internacional» y «los tratados internacionales» seguirán vigentes en Cataluña. El redactado elude toda mención a un posible proceso negociador con el eurogrupo y se garantiza la continuidad en el proyecto (Artículo 14.2): «Las normas de la UE que entren en vigor con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se integrarán automáticamente».

Deuda con España

El rechazo del Gobierno a cualquier negociación deja sin respuesta el capítulo de la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña. Sin disposición concreta ni pistas sobre cómo se solventará el conflicto, el artículo 82 de la ley de desconexión repite la política de hechos consumados. «El Estado catalán sucederá al Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económicos y financiera en los términos que se acuerden con este». Descartada la participación del Gobierno en cualquier conversación, el diputado de la CUP y uno de los redactores de la ley Benet Salellas fue ayer claro: «Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda».

Doble nacionalidad

La obtención de la nacionalidad catalana «no exige la renuncia de la nacionalidad española» y estará garantizada para los españoles empadronados en Cataluña antes de 2017. Con el objetivo de «no dejar a nadie fuera», la lista de condiciones para tener pasaporte catalán son múltiples: si se pide tras dos años de empadronamiento; hijos de padres catalanes o «apátridas».

Cazan a un alcalde podemita repartiendo camisetas hechas por pobres de Bangladés

                                            


En Marea y Podemos siempre han cargado contra las firmas textiles que fabrican en Bangladés.
En Marea y Podemos siempre han cargado contra las firmas textiles que fabrican en Bangladés.

Tanto como ha criticado y critica En Marea a Amancio Ortega por tener parte de la producción de Inditex en el país asiático y resulta que el Ayuntamiento de La Coruña tiene mucho que callar.

La campaña de permanente descrédito que diversos dirigentes de En Marea llevan a cabo contra Amancio Ortega porque Inditex fabrica parte de sus prendas en Bangladés ha acabado volviéndose en su contra.
Al alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, y su equipo de gobierno les han pillado in fraganti, y de qué manera. Resulta que las camisetas que repartieron para promocionar el Festival Noroeste Estrella Galicia 2017 que se celebró en la ciudad entre el 8 y el 13 de agosto habían sido fabricadas en... Bangladés. 
No pasaría de anecdótico de no ser porque, entre otras cosas, Ferreiro tiene entre sus concejales a una, Rocío Fraga (la de Igualdad y Seguridad Ciudadana), que en 2013 participó en una campaña de boicot contra Inditex por explotar a niños en países asiáticos subdesarrollados, según sus promotores.
Ante la polémica suscitada el Ayuntamiento coruñés se ha visto obligado a salir al paso y derivar la responsabilidad a la empresa coruñesa contratada para promocionar el Festival Noroeste. Que a su vez encargó las camisetas a la firma JHK T-Shirt.
Curiosamente no es la primera vez que JHK T-Shirt protagoniza una polémica así: en 2015 se encargó de confeccionar y seriagrafiar las camisetas de la Diada catalana y al descubrirse que venían de Bangladés se montó un gran revuelo. 
A estas alturas en Ayuntamiento de La Coruña está intentando por todos los medios convencer a la prensa local de que la firma de camisetas fabrica en Bangladés, sí, pero con garantías: dicen que desde hace 12 años la empresa tiene el certificado de la Asociación Oficial de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladés, que acredita que no contratan a niños.
Lo paradójico es que Inditex también lo tiene, pero los podemitas han seguido llamando explotador a Amancio Ortega.

Mas aprobó en 2014 privilegios para la inmigración marroquí para ganar votos en el referéndum

La Generalitat de Artur Mas aprobó en 2014, apenas dos meses antes del 9-N, el Plan Marruecos (2014-2017), con el que pretendía atraerse a la población inmigrante marroquí a sus tesis independentistas, y en especial al referéndum ilegal, mediante una atención privilegiada.
El Plan incluía, entre otros, un ‘Programa de lenguas de origen’, mediante un convenio con Marruecos mediante el cual “se proporcionaría profesorado a los alumnos de origen marroquí pero también catalán”, introducir la enseñanza de árabe y bereber en horario escolar, planes específicos contra el abandono escolar, una mayor atención religiosa en centros penitenciarios, además de planes de asistencia prioritaria a determinados colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes no escolarizados o en riesgo de marginación). Incluso se ofrece organizar la visita de una delegación cultural de Marruecos a las fiestas de la Mercè.
Todo, estratégicamente planificado y aprobado dos semanas antes que la Ley de Consultas, que dio amparo a la celebración del 9-N, que, por primera vez, permitía a los extranjeros votar en un referéndum.
El interés de las autoridades catalanas era así atraerse al colectivo de inmigrantes marroquíes, con diferencia, el más numeroso en esta comunidad. Entonces, 2014, la cifra ascendía a 228.403 personas -hoy son 215.816, según el último dato contabilizado- un número lo bastante jugoso para los cálculos independentistas. Cataluña es, de lejos, la comunidad en la que trabajan más marroquíes (casi el 27 por ciento de todos los que se cuentan en España).
En 54 páginas, el plan desglosa las relaciones con la comunidad marroquí en cinco ámbitos -relaciones institucionales; cooperación al desarrollo; relaciones económicas; cultura, universidades e investigación, y catalanes de origen marroquí- promueve los contactos institucionales entre la sociedad civil de Marruecos para acercarlos a las Administración catalana y se ofrece además a una colaboración activa con el Gobierno marroquí para afrontar retos como “la lucha contra las desigualdades internas, la reducción de las bolsas de pobreza, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas, promoción de derechos de la mujer y de la salud materno infantil y reducción del paro juvenil” .
El documento recuerda que el colectivo marroquí “tiene un nivel de asentamiento considerable y se distribuye de forma homogénea por el territorio: tan sólo uno de cada cuatro municipios de Catalunya no tiene ningún residente de esta nacionalidad”. Solo entre 2012 y 2016 obtuvieron el pasaporte español en Cataluña 43.644 marroquíes, es decir, casi un tercio del total en todo el país, y muy por delante de las cifras en Andalucía o Madrid.
Permeables a sus tesisLos secesionistas catalanes han considerado siempre a la inmigración marroquí más permeable a sus tesis, al contrario de la procedente, por ejemplo, de Iberoamérica, además muy inferior en número. Y su reto ha sido evitar que acabasen votando a las formaciones de izquierda, como sucede en otros países del entorno. Cabe recordar, además, la pública hostilidad de Marruecos con la causa independentista, por temor al contagio de esas tesis en el Sáhara Occidental.
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Los nacionalistas han justificado siempre ese interés en el caso de Quebec, que rechazó la independencia de Canadá por un margen de apenas 54.000 votos.
Y por ello, el mismo Artur Mas creó en 2012 la fundación ‘Nous Catalans’, durante años el ‘brazo’ de la promoción independentista entre los inmigrantes. Su director, Àngel Colom, se recorrió un buen número de mezquitas de Cataluña en plena campaña para las elecciones autonómicas de ese año prometiendo a los marroquíes trabajo y un Estado independiente en el que todo serían facilidades. Como mano derecha de Colom estaba el marroquí Noureddine Ziani (Oujda, 1968), entonces presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, y responsable del área catalanomarroquí de su fundación. Ziani fue expulsado a Marruecos en 2013 acusado por el CNI de ser un agente de la inteligencia marroquí (DGED) y de poner en peligro la seguridad nacional. Otro de sus colaboradores, Khalid Shabaz, fue detenido también por falsificación de documentos.
Tutela del Islam
En otro punto muy controvertido, el plan ofrecía a Marruecos la tutela del Islam en colegios o mezquitas y otorgar al país un papel clave en la elaboración de los contenidos religiosos a los musulmanes en Cataluña, algo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo.
Este punto fue duramente criticado por la Comisión Islámica Española (CIE), que advirtió entonces de la necesidad de controlar la formación de profesores e imanes que imparten el Islam en nuestro país y evitar las injerencias de otro país.
En virtud de los acuerdos de 1992 entre el Estado español y la CIE, “los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma, “han de ser “proporcionados por las comunidades respectivas, con la conformidad de la Comisión Islámica de España”.
Marruecos ha sido señalado en ocasiones por su actitud condescendiente con el terrorismo. Como ejemplo, apenas cuatro días después de los atentados de Barcelona y Cambrils, y en un gesto muy polémico, el Rey Mohamed VI decidió indultar a 13 condenados por terrorismo. Los yihadistas de este país encabezan la autoría de los atentados que han golpeado todo el mundo, también los de Barcelona. 11 de los 12 integrantes de la célula de Ripoll eran marroquíes.

lunes, 28 de agosto de 2017

Un exconcejal de la CUP alquila su apartamento a turistas por 750€ a la semana



 
CUP, Concejal, turismo, aribnb, odio, independentismoEl colectivo juvenil Arran, vinculado a la CUP y que ha protagonizado en las últimas semanas ataques contra intereses turísticos en Barcelona y Palma de Mallorca, ha propuesto la expropiación de hoteles y parques temáticos y prohibir el alquiler de pisos turísticos a través de plataformas como Airbnb. Una campaña turismofóbica que ha llegado a la prensa internacional y que amenaza con dañar la posición privilegiada de España en el sector. Pero, a la izquierda radical, dar ejemplo no es lo que mejor se le da.

El alcalde de Premià de Mar (Maresme), Miquel Buch (PDECat), ha denunciado que el cabeza de lista de la CUP en las últimas elecciones municipales y exregidor del partido, Joan Ribet, alquilaba su apartamento en el pueblo «a precio de oro» mientras su organización orquestaba «campañas en contra del turismo»

 
El apartamento, a sólo tres minutos de playa, cuesta 430 euros en temporada baja y 750 en la alta (julio y agosto) por semana, como así denuncia el alcalde según los distintos anuncios que aparecen en internet.

Horas después, Ribet no tuvo más remedio que admitir a través de una publicación en Facebook que sí alquilaba su apartamento a turistas, pero «para pagar la hipoteca». El exconcejal se justificaba señalando que paga «600 euros de hipoteca» por la casa de Premià y que la acabará de abonar en 30 años. Como ahora vive en Navàs, donde es técnico cultural en el Ayuntamiento, decidió que la propiedad fuera un «piso turístico, con licencia» y que «la gestión» la llevara «una empresa de Premià que se llama Bones Vacances» porque no se puede «encargar de las entradas y las salidas».


El pasado agosto, explicaba, entraron «los primeros huéspedes» y, ya había recibido 3.856,73 euros. «Durante el invierno la casa casi no se alquila y en verano no se ha alquilado a los precios que ha publicado el alcalde», aseguraba. «Lo que me ha ido faltando para pagar la hipoteca lo he ido sacando de ahorros». Ribet negaba que se estuviera «forrando» y tachó a los medios de «sensacionalismo» al dar voz a un alcalde que le tiene una «manía persecutoria».

martes, 1 de agosto de 2017

Socialismo + comunismo + separatismo = Moncloa

 

Socialismo + comunismo + separatismo = Moncloa
El plan secreto del enloquecido Pedro Sánchez se impere se ha llamado frentepopulismo.
El problema es que si introduce a Podemos en el Gobierno (y piensa hacerlo), quien gobernaría sería Iglesias, no Sánchez.
Y entonces, el enfrentamiento civil se convertiría en guerra civil abierta.
Es decir, lo que ahora mismo está ocurriendo en Venezuela.

Explicamos ayer el plan trazado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el apoyo de los secesionistas catalanes, para tumbar a Rajoy.
Todo milimétricamente preparado. Tras el decreto de convocatoria de Puigdemont y la correspondiente prohibición del TC, los separatistas montarán un 15-M con los perroflautas de la CUP por bandera bajo el lema ‘Queremos votar’.
Será ese momento el elegido por el líder del PSOE para lanzar una moción de censura que unirá a los socialistas, los comunistas de Podemos, y todas su confluencias, así como a los separatistas, más todas las fuerzas nacionalistas, como los vascos, a los que se pueden prometer cosas como una nueva política penitenciaria. A fin de cuentas, estamos en la España plurinacional.
Ahora bien, el problema es que si introduce a Podemos en el Gobierno (y piensa hacerlo, porque Podemos no acepta otra cosa) quien gobernaría sería Iglesias, no Sánchez.
En cualquier caso, el secretario general del PSOE está empeñado en la ecuación que obsesiona a Sánchez: socialismo + comunismo + separatismo = Moncloa. Y con tal de llegar a La Moncloa, aunque sea con 84 diputados. Lo del plurinacionalismo da para mucho.
El peligro, claro está es el guerracivilismo, doctrina bastante extendida en España que intentemos no se convierta en práctica.
Y entonces el enfrentamiento civil se convertiría en guerra civil abierta.
Es decir, lo que ahora mismo está ocurriendo en Venezuela. Maduro y Podemos se parecen demasiado. Como dos gotas de agua.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com