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sábado, 9 de junio de 2018

Montón desviaba pacientes a hospitales de una empresa que financiaba al PSOE valenciano

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), junto al president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig y la entonces consejera de Sanidad, Carmen Montón. (Foto: EFE) 


Carmen Montón desvió pacientes a hospitales privados del grupo acusado de financiar en B al PSOE valenciano. Se trata de la recién nombrada ministra de Sanidad. Un cargo al que ha llegado directamente desde la Consejería valenciana también de Sanidad. Allí se encontraba bajo el mando del presidente regional Ximo Puig, también socialista. Y allí derivó pacientes hacia hospitales privados del grupo Hospimar.
Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO muestran la relación de Hospimar con el PSOE y reflejan correos de Anabel Hallado, ex secretaria de organización del PSPV de Benidorm, pidiendo que se facturasen a nombre de esta compañía gastos de campaña del Partido Socialista.
Ahora, los datos a los que ha tenido acceso este diario demuestran, además, cómo, tras ser supuestamente el PSOE y Compromís dos partidos contrarios al uso de hospitales privados, sin embargo, Hospimar se ha convertido en una excepción a esa política: porque lejos de ser atacados estos centros, el servicio público de Sanidad autonómico les deriva pacientes de forma notable.
El trato, por ejemplo, ha permitido que se realice una remisión habitual de pacientes al servicio de Radioterapia del hospital IMED Elche. Y el origen de esos traslados está también perfectamente localizado: se trata de pacientes procedentes de hospitales de la red hospitales de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, como el Hospital General Universitario de Alicante, el Hospital General de Elda, el Hospital de Orihuela-Vega Baja, el Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant o el Hospital Universitario del Vinalopó.
Como adelantó hace ya un mes OKDIARIO, algunos de los traslados son especialmente llamativos. Y es que se trata, por ejemplo, de pacientes centrados en tratamientos de IMRT (radioterapia de intensidad modulada). Traslados que se realizan a pesar de que la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública publicó en el DOCV 7897 del 17 octubre de 2016, la licitación número 137/2016 para dotar de instrumental a los hospitales públicos para poder desarrollar ese tratamiento. El gasto fue de casi medio millón de euros: en concreto, 494.892,13 €. Desembolso pese al que se están derivando los pacientes a hospitales de Hospimar.

De hecho, la técnica de IMRT presupuestada no se ha implementado en dichos aceleradores por obsoletos y se está a la espera de dos nuevos y modernos aceleradores donados por la Fundación Amancio Ortega. Entre los responsables de apostar por esta actualización se encuentra la propia ex consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón —ahora ministra—, que sin embargo, sí ha impulsado la reversión del modelo Alzira de gestión privada de hospitales.
El ataque al modelo Alzira, de hecho, ha contribuido a la creación de un entorno perfecto para derivar pacientes al grupo de hospitales de Hospimar.
La ex consejera de Sanidad y ahora ministra del mismo área, Carmen Montón, además, no dudó en inaugurar públicamente y apoyar con su presencia, en mayo de 2017, el último hospital puesto en marcha por este grupo en la Comunidad Valenciana: el que abrió sus puertas en el mes de febrero de ese mismo año, el IMED Valencia. Hay que recordar que la empresa Hospimar es una de las grandes investigadas por pagar las campañas del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana.
La ahora ministra y antes consejera de sanidad valenciana, Carmen Montón, en la inauguración de un centro de Hospimar en Valencia. (OKD)
La información aportada por OKDIARIO ha demostrado ya cómo el PSOE Valenciano, de hecho, utilizó Bancaja para ayudar igualmente a Hospimar 2000. Lo hizo en el momento en el que era vicepresidente cuarto de la entidad financiera José Cataluña, el que fuera también responsable de finanzas del PSPV, y el mismo que aparece retratado en uno de los correos electrónicos que ya analiza la Justicia por su vinculación con la investigación por la financiación B de las campañas de los socialistas.
Los documentos a los que ha tenido acceso este diario revelan como José Cataluña, más conocido en el Partido Socialista como Pepe, aparece en uno de los mails como el receptor de uno de los envíos de mensajería relacionados con el pago de campañas por parte de empresas privadas. En ese correo aparece literalmente la indicación de que se debe enviar “a la sede del PSPV en la calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre además de la dirección sólo debe poner eso”. Encabezando esas frases aparece la indicación “Asunto: Factura blauverd. Importe: 60.000 euros”.
Hospimar, además, es la misma que conecta la financiación B del PSOE en Valencia con una turbia cadena de operaciones que acaba en cuentas en Andorra y un grupo hotelero en el Caribe, tal y como ha adelantado ya este diario.
OKDIARIO

viernes, 13 de abril de 2018

La corrupción de PSPV y Compromís le estalla a Sánchez por culpa de Narbona


PSPV, compromis, sánchez, narbona, corrupciónLa magnitud de las investigaciones es tremenda e implica a referentes del PSPV y del Bloc y al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. También a la actual presidenta del PSOE y ex ministra.

Mientras a Mónica Oltra se le recuerda en el plató denunciando reiteradamente que el PP valenciano acudía las urnas "dopado", avanza las investigaciones que cercan por corrupción al partido que sustenta Compromís, el Bloc, y a su socio de Gobierno, el PSPV-PSOE.  Oltra  ahora guarda silencio y no ha interrumpido sus vacaciones y de Ximo Puig únicamente se ha escuchado "prometo actuar" si se demuestran las irregularidades, que van a más.

Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si ambos partido tuvieron su propia Gürtel durante la campaña electoral de 2007. Ambas formaciones políticas podrían haber financiado, supuestamente, diversos actos electorales a través de facturación falsa, con cargo a empresas de la construcción. Una operativa en la que habría colaborado la empresa de comunicación y marketing de Gandia, Crespo Gomar SL, ya extinguida, a imagen y semejanza de lo que la empresa Orange Market (la Gürtel valenciana) hizo con el PPCV

Los hechos se han investigado en el Juzgado de Instrucción 21 de València desde diciembre de 2016. El origen de la investigación es la documentación sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc presentada por el PPP en una comisaría de València.

La Policía Nacional aportó un informe al Juzgado de Instrucción 21 de València -que también ha instruido el accidente del metro, el caso Blasco o el caso IVAM-, que ha investigado presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral, supuestamente cometidos por los responsables de ambas formaciones políticas en 2007, en con-Gomar, entre otras.

Tras un año de pesquisas, en el que la jueza ha comprobado la veracidad de la documentación, el Juzgado, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, decidió el pasado mes de enero declararse no competente para investigar los hechos, que se habrían cometido fuera del partido judicial de València, por lo que decidió inhibirse en favor de cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los contratos de Cristina Narbona

Pero a medida que avanza la investigación se conocen datos de mayor gravedad. El Mundo asegura que se produjeron adjudicaciones presuntamente irregulares para publicitar las bondades de las desaladoras que impulsó el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comunidad Valenciana.

La Justicia investiga dos contratos, por valor de 400.000 euros, del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed .Los dos contratos se adjudicaron entre 2005 y 2007, fechas en las que al frente del Ministerio estaba Cristina Narbona, en la actualidad presidenta del PSOE por decisión personal de Pedro Sánchez, ambos se ven ya afectados por la corrupción en la Comunidad Valenciana. En concreto, el operador integral de infraestructuras hidráulicas del Ministerio contrató a Crespo Gomar y otra empresa de su órbita, Miracasa, los servicios de comunicación de las plantas desaladoras de Dénia y Torrevieja.

los investigadores sospechan que el servicio se fraccionó con el claro objeto de vulnerar la ley de contratos del sector público y como contraprestación a la presunta red de falsificación de facturas para pagar actos electorales.

La sociedad Crespo Gomar tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar, uno de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor de  Ximo Puig.

Según fuentes judiciales, algunos de esos contratos se adjudicaron pese a que la Administración tendría que haberlos declarados desiertos porque no reunían los requisitos marcados en el concurso público. Los dos contratos vinculados con el Ministerio de Medio Ambiente forman parte del paquete de adjudicaciones que la Intervención general ha identificado como fraudulentos.