El Vía Crucis de José Luis Martínez Almeida con las mascarillas continúa. La sequía informativa de la Semana Santa y la especial diligencia de cierta prensa a la hora de oler la sangre de un político de la derecha en horas bajas han hecho del especialmente vomitivo episodio de los 'empresarios' Alberto Luceño y Luis Medina -los únicos imputados, no lo olvidemos, por la Fiscalía Anticorrupción por presunta estafa agravada, blanqueo y falsedad documental- carne permanente de tertulias, portadas, informativos y especiales.

Nada nuevo bajo el sol de esta España nuestra donde hora a hora se exige la dimisión del alcalde de Madrid sin estar investigado en una causa en la que ya se ha permitido al Ayuntamiento de Madrid personarse como perjudicado mientras una alcaldesa como Ada Colau se pasa por la fuente de Canaletas su imputación en los juzgados por presuntamente beneficiar con subvenciones públicas a organizaciones amigas o Mónica Oltra ignora la petición del juez al TSJPV -avalada por la Fiscalía- de imputar a la vicepresidenta valenciana por su papel en los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Hace una semana ya se dijo en esta misma columna que, para cierta prensa y para muchos partidos de la izquierda, solo es noticia si el presunto fraude en la contratación de las mascarillas en lo más duro de la pandemia de Covid afecta a los políticos del centro derecha. El escándalo de Medina y Luceño se conocía con todo lujo de detalles por parte de la Fiscalía Anticorrupción apenas unas horas después de que -estos sí- declararan tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por las compras de emergencia en la pandemia.

Las 'otras' mascarillas

Los tres cargos -Alfonso Jiménez Palacios, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia- afrontan acusaciones de presunta "prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude". ¿Almeida o algún cargo del Ayuntamiento está imputado? No. El importe de los contratos investigados en el caso del Gobierno central ronda los 300 millones frente a los menos de 12 en Madrid. Sin embargo, la doble vara de medir y la maquinaria de propaganda está dispuesta a dejar pasar aquellos para centrarse en estos una y otra vez.

La presunta estafa de Medina y Luceño es vomitiva. Y al Ayuntamiento de Madrid y a su alcalde Almeida como cabeza visible se le debe exigir, como poco, responsabilidades por no haber denunciado -tiempo después de la fallida entrega del material y cuando la funcionaria comprobó "que es una estafa seguro"- la operación de los dos presuntos golfos que afectaba a dinero público.

Pero no se le puede crucificar -al menos por lo que se conoce hasta hoy, que es prácticamente todo gracias a las filtraciones de las partes personadas, PSOE, Podemos y el propio Ayuntamiento- por lo que se hizo en un momento en el que todas las administraciones -locales, autonómicas y central- intentaban adquirir material de protección para sus funcionarios y sus sanitarios en una "selva" en la que los precios se multiplicaban en horas y los arribistas intentaban hacer negocio.

El Tribunal de Cuentas desveló el 27 de enero pasado en 322 páginas irregularidades en los contratos Covid de 13 entidades dependientes del Gobierno como CRTVE, CNMV, ICO, Banco de España... Silencio casi sepulcral

Hay buenas pruebas de ello. Solo hace falta leer recientes informes del Tribunal de Cuentas que, curiosamente, han pasado desapercibidos. Por ejemplo, el aprobado el pasado 27 de enero sobre "Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y Fundaciones Estatales".

A lo largo de 322 páginas, el Tribunal de Cuentas fiscaliza los contratos de trece instituciones estatales como Corporación RTVE, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Banco de España, CNMV, el ICO, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Reina Sofía o el Prado que hicieron contrataciones de emergencia por valor de 11,045 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que el del Ayuntamiento de Madrid con Luceño y Medina. Y sus conclusiones, que no ocuparon ni medio titular de portada ni un minuto en las tertulias, son sorprendentes... O no.

El Tribunal de Cuentas denunciaba en ese informe de enero que "un número significativo de las entidades fiscalizadas no han comprobado la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, sin que tampoco hayan exigido que aquellos poseyeran y acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les adjudicara el correspondiente contrato".

En tres de las entidades, "las prestaciones objeto del correspondiente contrato no formaban parte del objeto social del contratista". Y añade: "En la mayor parte de los contratos fiscalizados el precio ha sido fijado mediante la sola aceptación de la oferta presentada por el respectivo contratista, al concurrir circunstancias tales como la falta de información del órgano de contratación sobre los precios imperantes en el mercado, o la solicitud de tan solo una oferta. La situación expuesta ha podido contribuir a que se hayan producido significativas diferencias de precios en los productos objeto de contratación, principalmente en las adquisiciones de material sanitario". ¿Les suena?

Caso por caso, el Tribunal de Cuentas denunciaba que en la AEAT, "en dos de los contratos fiscalizados, referidos ambos a adquisición de material sanitario, no consta que algunos de los productos suministrados cumplieran las exigencias establecidas en los respectivos Pliegos de prescripciones técnicas" y se identificaron "deficiencias de gestión, algunas relacionadas con la utilización de los bienes adquiridos, y otras relativas al precio satisfecho por la compra de determinados productos".

En el Banco de España, el tribunal detectó "que los precios obtenidos por el Banco de España en la compra de mascarillas FFP2 han sido bastante superiores a los obtenidos en fechas próximas por otras entidades del ámbito subjetivo de esta fiscalización". En ninguno de los contratos de urgencia de la CNMV se dio cuenta de la exigencia de comunicar "dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días" y en otro más, que "su ejecución se inició en un plazo superior a un mes desde el acuerdo de adquisición mediante tramitación de emergencia, incumpliéndose, por tanto, lo establecido".

En cuanto al Consejo de Seguridad Nuclear, en varios expedientes se apreciaron "incidencias en la ejecución de los contratos, tales como modificaciones en la forma de pago pactada y en el contenido de las prestaciones, sin perjuicio de un supuesto en el que algunas de las prestaciones comprometidas no llegaron a ejecutarse, sin que conste justificación al respecto".

En la Corporación RTVE el Tribunal denunció en su informe que en uno de los contratos formalizados no consta en el expediente de ejecución "la recepción de los servicios objeto de contratación, en tanto que otro fue parcialmente ejecutado, sin que conste en ninguno de los dos supuestos justificación al respecto". En otro de los contratos "no figuraba informe o documentación alguna acreditativos de que los productos sanitarios objeto de suministro contasen con la exigible homologación".

Una denuncia que se repite en la empresa Imprenta de Billetes SA, donde no se realizó en la mayoría de contratos de material sanitario "comprobación alguna acerca de si los elementos de protección objeto de suministro cumplían los estándares exigidos por la legislación comunitaria y si contaban con la necesaria homologación".

Finalmente, en el ICO el Tribunal de Cuentas desvelaba que "en ninguno de los contratos fiscalizados se pidieron ofertas a diferentes empresarios, sino a tan solo uno de ellos, el cual, finalmente, resultó adjudicatario del respectivo contrato, previa aceptación plena de la oferta por parte de la Entidad, sin que conste negociación alguna en relación
con la misma" y que "se ha identificado una injustificada concentración de adquisiciones en un solo proveedor".

En fin, toda una serie de irregularidades en los proveedores, precios elevados, falta de capacidad de los contratistas, falta de homologación de los productos e, incluso, compras que nunca llegaron detectadas en contratos fiscalizados desde el Tribunal de Cuentas. Muchas de esas irregularidades coinciden con lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid y, sin embargo, no han tenido la más mínima repercusión. Una triste doble vara de medir que, en España, también afecta a las mascarillas.

vozpópuli