Acuciado por el espionaje a decenas de dirigentes independentistas y abogados, y también por la amenaza de ERC y Bildu de tumbar mañana la convalidación de su decreto de medidas económicas contra la guerra, Pedro Sánchez maniobró ayer para tranquilizar al separatismo modificando unilateralmente la mayoría parlamentaria que permitirá desde hoy sumar a esos dos partidos a la comisión de secretos oficiales del Congreso.
A partir de ahora, Sánchez consentirá que un partido con terroristas en sus filas acceda al corazón de los secretos de Estado y fiscalice al Centro Nacional de Inteligencia. En el pasado, ERC sí tuvo acceso a esa información sensible y la utilizó filtrándola a su conveniencia, algo prohibido por ley. Pero que Bildu acceda desde ahora a información determinante marca un antes y un después en la cesión de la democracia al chantaje de quienes pretenden derruirla.
Que Arnaldo Otegi conozca cómo el Estado combate, por ejemplo, la amenaza separatista contra la unidad de España no deja de ser otra amenaza consentida por el PSOE y, en cierto modo, una ruptura del pacto constitucional. Es un paso que Sánchez jamás debió dar.
En tres años de legislatura, el presidente del Gobierno había aceptado, con lógica, el veto que hasta ahora mantenían el PP y Vox a la entrada en esa comisión del Congreso de ERC y Bildu. Nunca en la legislatura se había podido convocar. Pero ahora, por decisión de Sánchez, ya no hará falta una mayoría de tres quintas partes del Congreso, sino la mayoría absoluta que suele conseguir con sus socios de investidura.
Esto abre varios debates de fondo. Primero, la arbitrariedad con la que Sánchez maneja el poder legislativo a la medida de la aprobación caprichosa de sus decretos. Solo entiende el mensaje de la sumisión, y claudica en todo lo que se le exige a cambio de no perder votaciones. Y por más que cede, siempre es insuficiente. Segundo, abre el debate de la legitimidad.
Bildu es un partido blanqueado por el PSOE y legitimado por las urnas. En efecto, goza de representación parlamentaria y grupo propio. Pero eso en ningún caso le concede derecho universal a estar en la comisión de secretos oficiales. Por esa regla de tres, Bildu debería tener presencia en el Consejo del Poder Judicial, en el TC, en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de Estado… pero no la tiene.
Queda excluido, y por razones de sentido común. Si de lo que se trata es de que Bildu no dinamite la democracia desde dentro. Sánchez no puede vender esta decisión como algo legítimo y democrático porque solo es una sumisión indigna. Además, conceder a Bildu el conocimiento de los secretos de Estado y darle poder no tiene sentido salvo que el motivo real sea traficar con votos en beneficio propio.
No ha bastado con acercar a los presos de ETA a cárceles vascas, o con ponerlos en libertad con una política de privilegios penitenciarios. No bastaba con convertir a Arnaldo Otegi en un estadista. Tenía que humillarse para que Bildu pueda desproteger al Estado más fácilmente aún. Y eso solo lo hacen los rehenes desesperados.
Sánchez tiene fácil culpar al PP y a Vox de su veto. Pero si era una cuestión de principios, debe preguntarse por qué nunca antes incorporó a Bildu y ahora sí lo hace de forma tan repetina y urgente.
No es cuestión de principios o de valores, sino de malversación del poder y de las mayorías establecidas para diseñar un poder legislativo sometido a La Moncloa e inerme ante cualquier abuso. Ya maniató al CGPJ y ahora lo hace con los secretos oficiales.
Tal como quería Pablo Iglesias, Otegi ya está en la «dirección del Estado». Sin remordimientos.
ABC
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