La sentencia de los ERE en Andalucía cumple un año con los recursos en el Supremo

 

© EUROPA PRESS - Archivo . Reservados todos los derechos Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE

Este jueves 19 de noviembre se cumple el primer año desde la notificación de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La mencionada sentencia, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

LOS EXDIRECTORES GENERALES

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, recientemente fallecido a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

SÓLO DOS PLENAMENTE ABSUELTOS

También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Un año después de la notificación de aquella sentencia, la misma está pendiente de los recursos de casación interpuestos contra ella ante el Tribunal Supremo, siendo Gaspar Zarrías el primero de los acusados en formalizar su recurso.

Mientras la citada sentencia parte de la idea de que los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron, el recurso de casación de Griñán, recogido por Europa Press, sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento", agregando que los hechos considerados como probados "no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L, haciendo un 'uso inadecuado' de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos".

A tal efecto, la defensa de Griñán sostiene que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".

"PREJUICIOS Y ELUCUBRACIONES"

La defensa de Chaves, de su lado, esgrimía en su recurso de casación que el aludido, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", avisando de que "lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo".

A lo largo del año transcurrido, y con los recursos de casación pendientes del pronunciamiento del Supremo, ha mediado la muerte de Francisco Javier Guerrero a mediados del pasado mes de octubre, figurando Guerrero como acusado junto a Antonio Fernández, Barberá, Juan Márquez y el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano en el juicio iniciado en septiembre por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), el primer juicio de las piezas separadas de la macro causa de los ERE.

 

Hugo Chávez durante una emisión de su monólogo televisivo Aló Presidente (Foto: Getty)

Chávez pidió a la reina de Inglaterra que dé la independencia al paraíso fiscal usado para financiar a Podemos

  

El ex presidente de Venezuela y su sucesor han mimado con el dinero del petroleo a San Vicente y Granadinas, el país usado para efectuar pagos a Iglesias y Monedero

 

Durante años, Nicolás Maduro y su predecesor en la Presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, han mimado como un aliado preferente al paraíso fiscal de las islas San Vicente y Granadinas, utilizado para financiar a los líderes de Podemos.

 

Hasta el punto de que Hugo Chávez utilizó en 2010 su programa de televisión Aló presidente para pedir a la reina de Inglaterra, Isabel II, que concediera la independencia al archipiélago.
Unos meses antes, en noviembre de 2009, el primer ministro de las islas, el laborista Ralph Gonsalves, había convocado un referéndum para proclamar la independencia. La propuesta fue rechazada por el 56% de los votantes.
Desde 1979, San Vicente y Granadinas es un Estado asociado a la Commonwealth, por lo que permanece bajo la corona de Isabel II, que designa a su gobernador con funciones representativas. Este cargo corresponde actualmente a Sir Frederick Nathaniel Ballantyne.
En su programa de televisión, Hugo Chávez calificó al primer ministro de las islas Ralph Gonsalves como “un hombre de izquierda, un revolucionario”. Y mostrando el plano de las islas, añadió que “Ralph perdió el referéndum, pero va a continuar en esa lucha, que en mi opinión es una lucha justa. Yo me atrevo a pedir a la reina de Inglaterra que termine de dar la independencia a esos países”.

“Las reinas y los reyes son restos de las viejas historias”, abundó Chávez, “y el imperio yanqui es el mismo viejo imperio inglés que tanto daño le sigue haciendo al mundo”.

 

Para explicar la victoria del no en el referéndum convocado por Gonsalves, Chávez afirmó que “la burguesía de San Vicente, los cuatro o cinco ricos que hay ahí, que son súbditos de la Reina, sacaron un billete, le cambiaron la cara de la Reina y pusieron la fea cara mía, la cara de Chávez. Y le decían al pueblo que eso iba a pasar, que iban a eliminar a la reina y que el rey sería Chávez“. El presidente venezolano remató su show de televisión entonando una ranchera mejicana: “Pero sigo siendo el rey…“.
Lo cierto es que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro se han esforzado por dar un trato preferente al paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas, sobre el que han vertido una lluvia de millones invertidos a través del Banco Alba y Petrocaribe.

Los pagos a Pablo Iglesias y Monedero

De acuerdo con los documentos publicados por OKDIARIO, el entonces ministro de Finanzas de Venezuela Rodolfo Clemente Marco Torres ordenó en 2014 transferir 272.325 dólares a una cuenta de San Vicente y Granadinas cuyo titular aparece identificado como Pablo Iglesias Turrión. La operación está fechada el 11 de marzo de 2014, el mismo día que Podemos se inscribió en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior.
Del mismo modo, San Vicente y Granadinas es miembro del Banco Alba que, en 2013, pagó 425.000 euros al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por la elaboración de un informe fantasma sobre la creación de una moneda única para los países de la órbita bolivariana.
El pago había sido ordenado por el presidente Hugo Chávez, para el que Monedero trabajó como asesor personal en Caracas durante cuatro años. El ideólogo de Podemos intentó defraudar a Hacienda, al declarar el pago de 425.000 euros a través del Impuesto de Sociedades, pero luego se apresuró a presentar una declaración complementaria para evitar ser multado por la Agencia Tributaria.

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Diputados de Compromís e Izquierda Unida recibieron también financiación de Chávez

Diputados de Compromís e Izquierda Unida recibieron también financiación de Chávez

 

Joan Ribó, alcalde de Valencia; los diputados en el Congreso Ángela Ballester, Rubén Martínez y Txema Guijarro; los diputados autonómicos Antonio Montiel, Fabiola Meco e Isaura Navarro, así como Ignacio Blanco, candidato de EU a la Generalitat en las pasadas elecciones autonómicas y ahora integrado en el equipo de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. 

Seis diputados en la fundación CEPS Fundación que sirvió de tapadera para financiar el embrión de Podemos y que al parecer también favoreció la "Expansión de la Revolución Bolivariana en España"

Estos datos vienen a corroborar las afirmaciones  Ex Ministro de Finanzas y ahora confidente de la DEA para las Finanzas, Rafael Isea, redactó un informe titulado ‘Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela’, con fecha 28 de mayo de 2008, y aprobado por el propio Chávez donde se señala: "Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno boliviariano".

El Parlamento de Venezuela investigará la financiación al «chavismo español»

«Es inmoral financiar proyectos en el exterior cuando no tenemos dinero para medicinas»

El diputado venezolano Julio Montoya , miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 

 

El diputado venezolano Julio Montoya, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dijo a ABC que propondrá la apertura de una investigación parlamentaria a los miembros de Podemos por haber sido financiados por Venezuela a través de la Fundación CEPS y por injerencia extranjera en asuntos internos del país. La prensa venezolana también se hizo eco de las informaciones publicadas por ABC, por segundo día consecutivo, sobre la financiación ilegal que recibieron los miembros de Podemos del fallecido presidente Hugo Chávez, por un importe de siete millones de euros, mientras que el oficialismo ha guardado silencio sobre el tema.

La información de ABC revela la prueba documentada, denominada «punto y cuenta», en la que Chávez acuerda en 2008 con su firma, autentificada por la Policía, financiar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge e Iñigo Errejón para promover la creación de organizaciones políticas en España afines al chavismo. En el documento ya Chávez configuraba la creación de lo que hoy es Podemos: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido Consejo de Ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano», subrayaba la publicación de ABC.

Julio Montoya afirmó que el «punto y cuenta» presidencial «es una prueba de la orden directa de Chávez para transferir recursos a los miembros de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) e indicaba la estrecha relación que mantenían antes con Chávez y ahora con Maduro».Recordó que ya se han mostrado varios contratos de las asesorías que prestaron los miembros de CEPS a diversos ministerios e instituciones venezolanas, como por ejemplo el contrato de casi 500.000 euros, una «cifra exagerada», que el gobierno chavista adjudicó a Juan Carlos Monedero para que se creara la moneda «sucre» para los socios del Alba.

Tachar de golpistas las protestas

«Tenemos elementos de juicio para señalar que la gente de la Fundación CEPS todavía asesoró a Maduro en los eventos de hace dos años para descalificar a la oposición y la salida propuesta por Leopoldo López, tachando las protestas de fascistas y golpistas», añadió Montoya.

El diputado también afirmó que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero participaban en los programas de la estatal Venezolana de Televisión, opinando sobre asuntos políticos internos, lo que en su criterio es «una injerencia extranjera indebida e inaceptable» cuando descalifica a la oposición y se interviene a favor del chavismo.

«Se mueren los enfermos»

En consecuencia, Montoya va a proponer esta semana a la Comisión de Contraloría para que inicie una investigación formal sobre la financiación ilegal del gobierno venezolano a miembros de la Fundación CEPS que sirvieron para financiar al partido Podemos. «Queremos ratificar en el Parlamento la investigación para verificar la legalidad o no de este tipo de transacciones. Tenemos la sanción de orden política que prohíbe financiar proyectos políticos en el extranjero mientras no tenemos dinero para comprar medicamentos y se nos mueren los enfermos. Eso es inmoral», recalcó.

 

Pablo Iglesias habla de las ‘indecencias’ de los papeles de Panamá: ¿y los de Caracas?

No da explicaciones sobre las pruebas de la financiación de Chávez a Podemos

Pablo Iglesias habla de las ‘indecencias’ de los papeles de Panamá: ¿y los de Caracas?

  

La publicación de millones de documentos sobre empresas radicadas en Panamá está dando mucho que hablar en los últimos días. Algún político ya se ha pillado los dedos con esto.
IU, ICV y Podemos votan contra una condena de la represión en Venezuela
Podemos: la jeta de despotricar contra la corrupción con Venezuela como referente
Iglesias utiliza políticamente la filtración de los ‘papeles de Panamá’
El líder de Podemos valoraba ayer con este tuiteo la dimisión del primer ministro islandés a causa de dicha filtración:
Pablo Iglesias

✔ ‎@Pablo_Iglesias_

Al menos alguien tiene la decencia de apartarse tras las indecencias. Esperemos que no sea el único. http://www.publico.es/economia/dimite-primer-ministro-islandes-escandalo.html … #PanamaPapers

19:03 - 5 abr 2016

A propósito de esta filtración recomiendo leer este artículo de Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, en el que se señala lo que ya se ha dicho otras veces al conocerse la existencia de cuentas en bancos suizos: tener dinero en el extranjero es legal. En algunos casos incluso puede ser incluso recomendable, porque aunque los llamados paraísos fiscales sean objeto de multitud de críticas, lo realmente nocivo para cualquier economía no es tener unos impuestos bajos, sino que el Estado la someta a un infierno fiscal. Son esos infiernos fiscales -y la falta de seguridad jurídica que existe en muchos de ellos- los que mueven a muchos a poner su dinero a buen recaudo. No veo nada criticable en ello. Lo que sí es criticable es la hipocresía de quienes apoyan opciones políticas partidarias del saqueo fiscal a sus compatriotas, y al mismo tiempo ponen su dinero en países con impuestos bajos, como es el caso de Panamá. En esa situación está, por ejemplo, Pedro Almodóvar. Pero con todo, ser un hipócrita también es legal.
Un documento procedente de un exministro de Hugo Chávez
Y ya que hablamos de hipocresía, volvamos con Coleta Morada. Ayer se publicó la noticia de que Hugo Chávez pagó 7 millones de euros para “crear en España fuerzas políticas bolivarianas”. Existe prueba documental de ello, concretamente un informe titulado “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, con fecha 28 de mayo de 2008, firmado por Chávez. La Policía española ha confirmado que la firma es auténtica. Hay que señalar, además, que este informe fue filtrado por el tramitador de las ayudas, Rafael Isea, un militar venezolano, exministro de Finanzas y Planificación de Hugo Chávez. Isea es actualmente testigo protegido en EEUU, y está ayudando a las autoridades de este país a destapar los vínculos del chavismo con el narcotráfico. El documento publicado ayer fue remitido por EEUU a España, y obra en poder de la Policía, siendo parte de la documentación manejada en la investigación sobre la posible financiación ilegal de Podemos, una investigación que no sólo afecta a fondos llegados de Venezuela, sino también a dinero llegado desde el régimen iraní.
La Fundación CEPS ha desaparecido silenciosamente en plena investigación
Hay que recordar que ya existía prueba documental del pago de 3,7 millones de euros del régimen chavista a la Fundación CEPS, una entidad que desapareció silenciosamente hace un mes, tras publicarse la citada investigación policial sobre la financiación de Podemos. Hay que recordar que en la dirección de CEPS coincidieron varios de los actuales dirigentes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias. Hay que señalar, por si algunos lectores aún no lo sabe a estas, que entre las misiones de CEPS estuvo orientar la guerra sucia del chavismo contra la oposición venezolana, entre la que propuso infiltrar a policías y médicos para erosionar su credibilidad e intentar reputar de locos a los dirigentes opositores. Entre las rastreras medidas políticas que apoyó, CEPS respaldó las escuchas ilegales y el cierre de medios a manos del chavismo.
La doble vara de medir de Pablo Iglesias sobre las filtraciones
Visto lo anterior, es indignante que Pablo Iglesias se atreva ahora a disertar sobre la decencia y a reclamar dimisiones por la publicación de unos documentos panameños que, hay que recordarlo, son documentos privados y no implican que los afectados hayan cometido delito alguno. Por el contrario, los papeles de Caracas son documentos oficiales y que podrían ser utilizados en sede judicial para acusar a Podemos por financiación ilegal. Pero como parece no bastarle con exhibir esa doble vara de medir, ayer el líder del partido morado sacó otra más: por la parte Pablo Iglesias enlazó una noticia hablando de supuestas filtraciones de Interior cuyo fin sería desacreditar a Podemos y hacer fracasar un posible acuerdo de gobierno con el PSOE. No es la primera vez que leo esa crítica. En febrero de 2015 Podemos también denunció supuestas filtraciones de Hacienda para perjudicar a Monedero a raíz del escándalo que se originó, hay que recordarlo, a raíz los datos recogidos en el Registro Mercantil, que son públicos. He aquí la paradoja: el que se quejaba de supuestas filtraciones cuando perjudicaban a su partido, ahora utiliza políticamente una filtración no autorizada de documentos privados que no implican de por sí ilegalidad alguna, una filtración que, además, lesiona el derecho a la privacidad. Lo que esto demuestra, una vez más, es que para Podemos sólo hay una ley que valga: la del embudo.