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martes, 11 de junio de 2024

Los médicos de Córdoba temen «un verano duro» en atención primaria ante la falta de profesionales

 Sala de espera del centro de salud de la avenida de América ÁLVARO CARMONA

Fuensanta, Levante y Castilla del Pino en la capital y los pueblos de pequeño serán los que tengan más problemas

El SAS contratará a 444 profesionales sanitarios en la provincia de Córdoba desde este sábado 1 de junio


Se aproxima el verano y con él los sindicatos temen un momento de dificultad para la atención primaria. A falta de tres semanas para que comience julio y con él el período vacacional, lo cierto es que la Junta de Andalucía todavía no ha definido el programa de contrataciones de profesionales que suplan a los que están de descanso y los representantes de los trabajadores insisten en que no será suficiente para garantizar una atención digna en muchos puestos.

La estimación de los sindicatos se basa en lo que ha sucedido en otros años, porque la Consejería de la Salud todavía no les ha comunicado la política que aplicará,

Es lo que cree la responsable de Sanidad del sindicato CSIF en Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, que admite que habrá «pocas suplencias y plantillas bajo mínimos». Para ella, en este verano sólo mantendrá su contrato este verano 255 profesionales de los refuerzos que se contrataron para atender el pico de demanda que se creó durante la pandemia de Covid.

Cierre

«Es totalmente insuficiente para responder a todas las necesidades en los centros de salud y hospitales de la provincia», resaltó. Como los demás, dio por hecho que entre el 1 de julio y el 15 de septiembre los centros de salud de Córdoba y provincia estarán cerrados por la tarde.

No quedarían los pacientes desatendidos, porque podrían acudir a los servicios de Urgencias, que en Córdoba capital son los de avenida de América, Castilla del Pino y el hospital Reina Sofía, pero eso también supondrá que estarán más saturados.

FUENTE; LUIS MIRANDA, ABC DE CÓRDOBA

lunes, 27 de septiembre de 2021

Podemos se estrella contra Hacienda y 1,8M de funcionarios en su cruzada contra Muface


Un hospital privado en Granada.

El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y consolidación de las mutualidades. Así de contundentes se muestran fuentes de la pata socialista del Ejecutivo cuando se pregunta por el futuro del régimen de cotizaciones al que están adheridos algo más de un millón de funcionarios del Estado y sus familiares (Muface), personal de Justicia (Mujeju) y militares (ISFAS). Casi dos millones de personas ligadas a la Administración Pública forman parte de manera voluntaria de un colectivo que cuando tiene un problema sanitario no acude en primera instancia a la sanidad pública, sino que se beneficia de un sistema de conciertos con aseguradoras (DKV, Adelas, Asisa e Igualatoria de Cantabria), que a su vez contratan servicios asistenciales con empresas y hospitales privados. El Ministerio de Hacienda ha enviado al Consejo de Ministros de este martes una propuesta para renovar los conciertos de Muface con un incremento de la prima de 10% en los próxmos tres años, un 8% en 2022. El nuevo convenio recibirá una inyección de 3.521,7 millones de euros.

En las últimas semanas, una proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso por Unidas Podemos ha reabierto el debate sobre el futuro de este modelo y ha hecho reaccionar a sindicatos de la función pública y al sector privado asegurador. Los morados plantean que las nuevas incorporaciones de funcionarios no coticen por clases pasivas, sino directamente por el régimen de la Seguridad Social. La propuesta, que no tiene rango legislativo y únicamente busca abrir un debate en la Cámara, plantea que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)© Proporcionado por El Confidencial La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Es decir, Podemos propone que los actuales usuarios mantengan el régimen, pero que los nuevos empleados públicos coticen como el resto de trabajadores asalariados. La fórmula tendría como efecto una pérdida progresiva de recursos en las mutualidades, que vienen registrando un envejecimiento de sus usuarios mayor que el de la población general, con el consiguiente incremento del gasto sanitario. "Cabe señalar que en cinco años (2014-2019) los usuarios menores de 54 años han disminuido un 12,3%, mientras que los de 55 y más han aumentado un 16,3%. Los mayores de 55 representan 6,7 puntos porcentuales más que antes, han pasado del 36,1% al 42,8% del total", explican fuentes del sector citando la Memoria Anual de Muface.

"Sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado", señala un informe de la Fundación IDIS, un 'think tank' financiado por el sector de la sanidad privada que pide reconocer "los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario". IDIS defiende que las mutualidades (con un coste de 2.230 millones en el último año) ahorran entre 720 y 800 millones de euros al sistema público. "Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".

© Proporcionado por El Confidencial

Álvaro Moreno

El debate ha surgido en un momento delicado en la relación entre Muface, la principal de las mutualidades con 1,4 millones de usuarios, y las aseguradoras que garantizan las coberturas sanitarias. El Ministerio de Hacienda ha negociado con estas últimas la renovación del concierto para los próximos tres años. Las compañías sostienen que acumulan un déficit de financiación de años atrás que se ha visto incrementado notablemente durante la pandemia. Mientras el gasto sanitario público creció un 14% en 2020 para atender a los enfermos de covid, Muface apenas elevó su presupuesto un 4,5% el año pasado y lo tiene congelado en 2021.

"En 2020 el coste equivalente per cápita se habría situado en 1.396 euros después de incorporar proporcionalmente el coste covid, mientras que la prima media efectivamente fue de 958 euros per cápita, un 31,3% menos", señalan desde el flanco de los concertados. "Perdemos entre todas 100 millones de euros al año con esto", insisten. Según su versión, las mutualidades no son un negocio en sí mismas, sino que sirven para mejorar la negociación global de la contratación de las carteras de servicios de mutualistas y asegurados con las clínicas sanitarias privadas. A su vez, estas se garantizan volumen de trabajo al tener entre sus usuarios a los funcionarios.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario: por una parte, mantiene los hospitales privados en provincias donde estos centros son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema", sostiene el informe de IDIS.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario"

El PSOE no se plantea desde el Ejecutivo modificar el sistema. Centros de estudios cercanos a los socialistas, como la Fundación Alternativas, han defendido la necesidad de integrar de forma progresiva los régimenes sanitarios por razones de equidad y homogeneidad del sistema. Pero es una patata demasiado caliente como para asumirla, cuando cerca del 80% de los funcionarios elige la vía de las mutualidades. Bastantes frentes tiene ya abiertos el Gobierno como para abrirse otro con los trabajadores públicos. Aunque hay discrepancias sobre la cuantía económica de los conciertos, el Ministerio de Hacienda se ampara en que en ningún momento en el dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, creada para afrontar los retos planteados por la pandemia, se hace referencia a posibles modificaciones del modelo.

La ministra María Jesús Montero heredó una propuesta de renovación de Muface de Miquel Iceta cuando cambió el Ministerio de Política Territorial por el de Cultura y Hacienda absorbió las competencias de Función pública. El ministro catalán planteaba subir las primas un 11% y firmar para tres años. Tras lanzar un primer esbozo bastante más reducido, Montero ha puesto encima de la mesa un 8+1+1, es decir, un incremento del 8% el primer año con una actualización de un punto en los dos ejercicios siguientes: un 10% en total. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo convenio este martes. Las aseguradoras no lo ven mal de entrada, pero reclamaban algún tipo de cuantía fija o bonus de arranque que compense los costes extraordinarios de la pandemia, como ha hecho el Ministerio con los fondos covid para las autonomías.

Respuesta crítica de Belarra

La propuesta de Montero ha recibido la respuesta crítica del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos). Cuestiona tanto la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. El Ministerio morado entiende que dicha explicación "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".

También desgrana, según documentos difundidos por 'Europa Press' que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.

"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales.

Respuesta sindical

En este contexto de negociación, la propuesta de Podemos no ha contado con la defensa abierta de ninguno de los principales sindicatos de la función pública. CSIF defiende la renovación de los conciertos sin matices y respalda la exigencia de las aseguradoras de recibir una compensación por el gasto derivado de la pandemia. "Desde CSIF no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria", afirman.

UGT y CCOO no se oponen tampoco al régimen del que se benefician cientos de miles de funcionarios y sus familiares. Reclaman la renovación de los conciertos, pero a la vez piden a los prestatarios del servicio que no escatimen con las coberturas sanitarias. "Es un derecho que ha adquirido el personal por su vinculación laboral con el Estado. Hay que garantizar que la prestación se mantiene de cara al futuro. Pero hay algunas zonas y algunas aseguradoras en las que no es posible obtener determinadas coberturas sanitarias", advierten desde Comisiones.



viernes, 20 de diciembre de 2019

Colau no acudirá al homenaje al Guardia Urbano asesinado por ETA en Barcelona



Colau, eta, barcelona, asesinos, podemos, comunismoNingún miembro del equipo de Ada Colau, la alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, asistirá al homenaje del agente de la Guardia Urbana asesinado por ETA convocado por organizado por el sindicado CSIF y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo catalana (AVTC) para este viernes en Barcelona.

Juan Miguel Gervilla fue asesinado a tiros en el centro de Barcelona en el año 2000. A primera hora de la mañana, el agente se encontraba regulando el tráfico en la Avenida de Diagonal cuando vio que un coche se había detenido con dos hombres dentro. Algo no iba bien y Gervilla se percató de ello al ver que estaban intentando arrancar el vehículo con un destornillador y no con una llave. Pero los dos ocupantes del coche, terroristas, reaccionaron sacando un arma. Tras el forcejeo con uno de ellos, el otro disparó al agente. El disparo no fue suficiente para el segundo terrorista que no dudó en introducir una nueva bala que mató al municipal en el acto.

El vehículo había sido robado por la banda terrorista e iba a ser destinado a convertirse en un coche bomba cuyo objetivo era acabar con la vida del periodista Luis del Olmo. El objetivo del atentado fue un fracaso pero se llevó por medio la vida de Gervilla, que será homenajeado este viernes en el mismo lugar donde fue asesinado.


Sin embargo, excusados en la coincidencia con un pleno del Ayuntamiento, el equipo de Colau no acudirá al lugar. Cierto es que en el nombrado pleno se tratarán asuntos importante relacionados con presupuestos, pero otros cargos, sin voto en el consistorio, podían haber realizado la tarea de representación.

El trato de Ada Colau y su equipo de Gobierno a las víctimas del terrorismo siempre ha estado en entredicho. Este verano, la AVTC celebró un acto en homenaje a los heridos y fallecidos en los atentados de Las Ramblas y Cambrils, al que tampoco acudieron.


El pasado año, la alcaldesa también celebró un acto alternativo para conmemorar los atentados. La invitación para la AVTC nunca llegó al buzón de su destinatario. Colau decidió vetar a la asociación e invitar a otros colectivos. Este año, la regidora sí ha invitado a las víctimas, que han declinado acudir en desacuerdo con el proceder del Ayuntamiento.

Reconocimiento a la víctima
Desde el año 2016, el sindicato CSIF lleva intentando que se realice algún tipo de acto por parte de la administración como, por ejemplo, la dedicación de una calle en su nombre.

En 2018, esta petición fue atendida por la Comisión de la Ponencia de Nomenclátor del Ayuntamiento, comprometiéndose a estudiar esta iniciativa. Varios meses después, esta comisión sigue sin tomar una decisión.

Para CSIF es "muy triste y lamentable que desde el Gobierno de Ada Colau no se haya agilizado esta petición ni homenajeado a este agente" y, por ello, ha organizado el acto.

El que sí acudirá es el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, que ha tomado su cargo esta misma semana. En este sentido, el sindicato también ha querido expresar su opinión ya que "es la primera vez que esto sucede y es buena señal".

Una mala relación
Se trata del enésimo mal gesto de Colau con la Asociación de Víctimas del Terrorismo Catalana que, como informó OKDIARIO, llegó a ver como la alcaldesa les denegaba un encuentro, excusándose en la "complejidad" de su agenda, tras llevar más de un año solicitándolo.

Vargas pidió a la alcaldesa una reunión en persona aprovechando un acto conmemorativo de las víctimas del atentado de Hipercor y también mediante mensajes al Consistorio.

Tras un año de espera, la regidora decidió, en cambio, no acceder a la petición y se lo comunicó en una carta en la que alega que, “especialmente en estas fechas”, su agenda no se lo permite