La población musulmana del País Vasco se ha triplicado en los últimos seis años

La población musulmana del País Vasco se ha triplicado en los últimos seis años

En la década de los setenta del pasado siglo XX, las primeras familias musulmanas procedentes del Magreb, especialmente de Marruecos y Argelia, llegaron a varios municipios de Guipúzcoa que, en aquel tiempo, vivían un intenso proceso de industrialización. De hecho, la primera mezquita que abrió en el País Vasco lo hizo en la localidad de Eíbar en el año 1982, después de que, a raíz de la muerte de una mujer musulmana, quedara patente la falta de medios existentes para llevar a cabo los ritos funerarios propios del Islam.

Desde aquellos años,  y hasta bien entrada la primera década del siglo XXI, la llegada de familias musulmanas al País Vasco mantuvo un ritmo de crecimiento constante, pero no excesivamente rápido.

En el año 2008, la comunidad musulmana del País Vasco estaba formada por 16.000 personas, mayoritariamente de rito suní, tal y como ocurre en el resto de España.

A partir de esa fecha, que coincide con el inicio de la crisis económica, la llegada de musulmanes a Euskadi se dispara. De hecho, en el periodo 2008-2011, en solamente tres años, la población fiel al Islam casi se duplica hasta alcanzar las 30.000 personas.

En los tres años siguientes, en el intervalo 2011-2014, la comunidad musulmana se incrementa otro 57%, hasta alcanzar los actuales 47.178 miembros.

Algunos analistas explican este importante aumento de la población musulmana en el País Vasco por lo que definen como “el efecto llamada” de las ayudas sociales impulsadas desde las diferentes instituciones vascas, las más numerosas y mejor dotadas económicamente de las existentes en España. Para hacerse una idea de la importancia de este elemento de “atracción” hay que tener en cuenta un dato que revela el último informe anual del Consejo Económico y Social del País Vasco (CES): el Concierto Económico permite que el sistema de protección social vasco ofrezca una cobertura del 34 por mil, frente al 5,48 por mil de la media nacional. Tanto es así que un 41,8% de los fondos destinados a esta materia (“protección social”) en el conjunto de España se invierten en el País Vasco.

Por provincias, la población musulmana vasca se divide de la siguiente forma: 14.618 miembros (Alava), 14.090 miembros (Guipúzcoa) y 18.470 miembros (Vizcaya).

Por país de origen, los musulmanes que residen en el País Vasco provienen, principalmente, de Marruecos (18.337), España (7.843), Argelia (5.563), Pakistán (4.438) y Senegal (3.3672).

En 2014, los colegios vascos atendieron a 6.065 niños musulmanes.

Según los datos que maneja la Unión de Comunidades Islámicas de España, en 2014, en el País Vasco, existían un total de 58 entidades islámicas, 55 comunidades y 57 mezquitas.

La hermana del etarra Zabala será la candidata a lehendakari de Podemos

Pilar Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, miembro de ETA asesinado por los GAL en 1983 junto a José Antonio Lasa, será la candidata de Podemos en las próximas elecciones vascas del 25 de septiembre.

Zabala era la candidata elegida por la dirección de Podemos para ocupar este puesto y había sido apoyada por los principales dirigentes del partido en actos y en las redes sociales durante estos días. Se enfrentó en las primarias, entre otros, al candidato del sector crítico, el médico Juan Luis Uría, que ha quedado en segundo lugar.

Echenique ha realizado el anuncio

En el medio del escándalo por la contratación en negro de su asistente, Pablo Echenique ha sido el encargado, como secretario de Organización de Podemos, de anunciar desde Vitoria a la nueva candidata a lehendakari del partido morado que se ha impuesto en en las elecciones primarias, celebradas online durante estos días, por 2.167 votos (el 52% del total). Le ha seguido Uría con 1.230 apoyos.

"Es un honor que Pilar (Zabala) pueda ser nuestra candidata. Tiene una trayectoria reconocida y extensa de activismos en el ámbito de la paz y de los derechos humanos y de la construcción de la convivencia en el País Vasco", ha asegurado Echenique.

Podemos considera a Zabala, de 48 años, un "referente" en el ámbito de la "reconciliación" entre las víctimas, como hermana de Jose Ignacio Zabala, un terrorista de ETA que fue secuestrado por los GAL junto a su compañero de organización terrorista Jose Antonio Lasa, y cuyos cadáveres aparecieron años después enterrados en cal viva en la provincia de Alicante.

El cupo catalán destruiría 234.000 empleos en el resto de España

Las otras comunidades perderían 1,3 puntos del PIB de media, con Extremadura, Canarias, Madrid y Asturias como regiones más afectadas

El pulso independentista de la Generalitat con el Gobierno, que alcanzó su cúlmen con la celebración del referéndum ilegal del 1-O, nació hace cinco años cuando el entonces presidente del Govern, Artur Mas, reclamó un modelo de cupo, a imitación del vasco, para Cataluña. Ante el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy, en el peor año de la crisis económica y escasos meses después de que España pidiera el rescate bancario, la Generalitat inició el discurso de la desconexión. Las relaciones entre CiU y PP, hasta entonces estrechas, saltaron por los aires. Ahora, en plena batalla de la financiación autonómica y tras la aprobación de la Ley del cupo para los próximos años, el Consejo General de Economistas ha calculado cuánto podría suponer para el resto de comunidades autónomas que Cataluña tuviera una financiación como la de País Vasco. El efecto no sería neutro: el conjunto de España perdería 32.565 empleos y un 0,1% de su PIB por el aumento de la inequidad y la redistribución de los flujos comerciales entre regiones.

Si excluimos Cataluña, el resto de España destruiría 234.427 empleos y 1,3 puntos de PIB, es decir, más de 11.000 millones menos de actividad. Extremadura, Canarias, Madrid y Asturias serían las comunidades más damnificadas económicamente, si bien todas saldrían perjudicadas. Por contra, Cataluña ganaría un 5,2% del PIB y crearía más de 201.000 empleos por los mayores recursos que recibiría, estima el informe elaborado por los economistas Antonio Pulido y Julián López.

¿Por qué tiene tanta importancia el cupo vasco o el concierto navarro? Ambas comunidades pactaron con el Estado en 1981 aportar un 6,2% y un 1,6% de sus ingresos totales cada año respectivamente para contribuir al gasto del Estado en las competencias no transferidas, como Defensa, así como representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes e infraestructuras. A cambio, las dos autonomías gestionan y recaudan todos los impuestos y no aportan a la solidaridad regional. El problema es que el concierto navarro y el cupo vasco se basan en coeficientes sin actualizar. Ello provoca que el sistema sobrefinancie a las dos regiones, pese a que son de las que tienen la renta per cápita más alta de España. El director de Fedea y autor de las balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda, Ángel de la Fuente, calcula que País Vasco aporta 4.500 millones menos de lo que debería y cifra en 16.000 millones los recursos extra que recibiría Cataluña si tuviera un sistema similar. Este importe no significa que Cataluña contribuya con 16.000 millones más en la actualidad: el cupo, tal y como está calculado, sobrefinanciaría a la comunidad con más recursos de los que genera.

El apoyo de PP –que depende del PNV para sacar los Presupuestos de 2018– y PSOE –que está en el Gobierno vasco– a la Ley del Cupo ha sembrado la polémica, en pleno desafío independentista de Cataluña y en un momento en el que el nuevo modelo de financiación para el resto de comunidades se encuentra empantanado.

Ampliar el cupo a la región más rica de España, que concentra el 19% del PIB, en definitiva, haría saltar por los aires el sistema de financiación autonómica. Solo la comunidad saldría beneficiada: en lugar de aportar 9.892 millones a la solidaridad regional más de los que recibe, como ocurrió en 2014 según las últimas balanzas fiscales, pasaría a recibir 10.427 millones: es decir, 20.319 millones de euros más que ahora, un 9,6% del su PIB de mayores recursos, según el informe.

Así, Cataluña pasaría de estar infrafinanciada en un 5% del PIB a estar sobrefinanciada en este mismo porcentaje. Este nuevo sistema tendría su traducción en la economía catalana a través de un aumento del PIB del 5,2% y una creación adicional de 201.863 empleos.

Por ejemplo, si en lugar de aplicarle un cupo, Cataluña no aportara a la solidaridad regional pero no recibiera más recursos de los que genera como ahora ocurre con País Vasco y Navarra, la ganancia de PIB según Antonio Pulido y Julián López, sería menor, del 2,6%. En ese caso, Cataluña simplemente tendría una posición neutra, y recibiría cada año 9.892 millones más del sistema de financiación que en la actualidad.

En ambos casos el sistema territorial empeoraría para el resto de comunidades: las ricas deberían aportar más a la solidaridad regional y las de menor renta recibirían considerablemente menos. La razón principal de que unas comunidades reciban más que otras es que cuentan con ciudadanos con menores ingresos que los que viven en otras comunidades, por lo que el sistema trata de garantizar la equidad entre ciudadanos de comunidades de régimen común e introduce factores de nivelación entre regiones. Con un cupo en Cataluña las desigualdades se exacerbarían entre unas regiones y otras.

Redistribución del consumo

Esta menor financiación tendría efectos económicos adicionales. Antonio Pulido y Julián López calculan cómo se trasladaría estos cambios de renta al consumo. En resumen, Cataluña compraría más al resto de comunidades pero vendería menos. Con todo, el impacto sería negativo para el resto de España y en el agregado, el conjunto del país perdería una décima de PIBpor esta redistribución. Las regiones que más perderían serían Extremadura (un 2,7% de menor crecimiento de PIB y 10.441 empleos menos), Canarias (un 2,3% de caída del PIB y 18.004 empleos menos) y Madrid (2,1% menos). Esta última comunidad sería la que más empleo destruiría: hasta 82.759 puestos de trabajo menos, mientras Andalucía se dejaría 35.134.

Tan solo atendiendo a la financiación autonómica, las comunidades más perjudicadas serían Baleares, Extremadura y Madrid. Baleares y Madrid, que son contribuyentes netas ahora aportarían mucho más. Madrid pasaría de contribuir 19.205 millones más de los que recibe a 27.894, es decir, 8.689 millones más que supone un 4,1% de su PIB. Baleares sería la que haría un trasvase más acusado en términos relativos: si ahora aporta 1.516 millones más de los que recibe, esta cantidad pasaría a 2.202, es decir, 686 más (un 5,5% de su PIB).

Junto a ellas, Extremadura, que ahora recibe una financiación por encima de la media, pasaría a perder un 5% de su PIB en recursos del sistema, percibiría 888 millones menos cada año.

Paradójicamente, un cupo catalán también perjudicaría a País Vasco y Navarra, que tendrían menos ingresos en sus propios conciertos con el Estado, según el informe del Consejo General de Economistas. Los recursos de País Vasco, que recibe 3.387 millones más de los que aporta, se reducirían en mil, es decir, un 1,5% de su PIB. Algo parecido ocurría en Navarra, que pasaría de recabar 115 millones más de los que contribuye a 79, por lo que sus ingresos menguarían en un 0,2% de su PIB. Las pérdidas del cupo serían mayores que los beneficios.

La inmensa mayoría de los vascos quieren seguir siendo españoles

El Euskobarómetro revela una rechazo generalizado al independentismo en las Vascongadas

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• "Se relativizan los crímenes de ETA presentándolos como resultado de un conflicto"

A pesar del silencio habitual y de las exhibiciones de los facinerosos, se detecta un "rechazo frontal y mayoritario" a ETA

 

Se diluye una de las grandes mentiras de las últimas tres décadas: los vascos no quieren independizarse de España.

El apoyo incondicional a la independencia de Euskadi sigue siendo una opción "minoritaria" entre la ciudadanía vasca. Y además, como ocurre en Cataluña aunque de forma mucho más intensa, pierde fuelle (Estrategia de los independentistas en Cataluña y País Vasco: Jaque al Rey, huelga general y fin del 'régimen del 78').

Un 30% de la población de las Vascongadas manifiesta tener "grandes deseos" de alcanzarla, frente al 37% de hace dos años ("Podemos añade mentira y cobardía a la posición tradicional de la extrema izquierda en el País Vasco").

En cambio, un 55% reconoce tener poco o ningún anhelo rupturista. La mayoría prefiere fórmulas más integradoras dentro del Estado, como el actual autonomismo o el federalismo, según el último Euskobarómetro.

En pleno debate político sobre el cambio del modelo de Estado en España, y a dos meses de unas elecciones catalanas con un claro acento soberanista, en el País Vasco la opción independentista no consigue despuntar.

Quienes declaran tener grandes deseos de constituir un estado vasco soberano no llegan a un tercio de la población.

Como recoge Mikel Ormazabal  en 'El País' este 25 de julio de 2015, otro 29% no quiere esta opción y un 26% dice tener pocos deseos. En cambio, una gran mayoría de vascos se manifiesta "relativamente satisfecha" con el actual Estatuto de Gernika y se decanta, en todo caso, por reformar y ampliar el autogobierno vasco, según los resultados del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco (UPV), dados ayer a conocer.

El Euskobarómetro, que suma 20 años realizando estas mediciones, recogió en mayo de 2013 el mayor pico a favor de la independencia.

Entonces, un 37% de los vascos mostró grandes deseos de conseguirla, pero desde aquella oleada es una opción que ha ido menguando. Incluso en el estudio realizado en noviembre de 2011, poco después de que Bildu asumiera un notable poder institucional, el anhelo independentista se situó en el 32%.

Los votantes de la izquierda abertzale son los más entusiastas con la vía secesionista (un 83%), mientras que entre el electorado del PNV se reduce al 27%.

El escenario de una Euskadi independiente genera mucha incertidumbre. Los encuestados se dividen en partes iguales entre quienes creen que se viviría mejor (27%) y los que opinan todo lo contrario (29%).

De todas las fórmulas de organización territorial del Estado, se produce una división entre el autonomismo, el federalismo y el independentismo. Ganan quienes prefieren el actual modelo autonómico (35%), frente a un escenario federal, defendido por un 29% de los encuestados.

 

Carmena cobró 83.000 euros por realizar informes rechazados

Un informe sobre terrorismo realizado por Manuela Carmena cuando era asesora del Gobierno Vasco de Patxi López fue rechazado por su equidistancia entre terroristas y víctimas. A pesar de ello, cobró los 83.000 euros anuales.

G. M.

Martes, 9. Junio 2015 - 12:03

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Manuela Carmena, la que puede ser nueva alcaldesa de Madrid el próximo sábado 13 gracias al apoyo del PSOE, cobró 83.000 euros del Gobierno vasco de Patxi López por realizar unos informes sobre la lucha antiterrorista.

Como ya informó este diario, Carmena estuvo dos años contratada por el Gobierno vasco con sueldo y categoría de vicenconsejera, cobrando 83.000 euros por cada uno de sus ejercicios. Una de sus funciones fue elaborar unos informes para la Dirección de Derechos Humanos del gobierno socialista de Patxi López en el contexto de la lucha antiterrorista.

El texto sería rechazado por la equidistancia que mostró entre los terroristas y las víctimas, por lo que su trabajo no sirvió para nada…, salvo para engordar la cuenta corriente de la más que posible futura regidora de la capital de España

Como ya adelantó gaceta.es, una sobrina de Carmena, que no pertenece al ámbito judicial, fue beneficiaria de un contrato por parte de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco para atender a las víctimas del terrorismo, mientras la propia Carmena atendía a su vez a la parte contraria, las víctimas de los abusos policiales.

 

El contrato que se adjudicó a favor de la sobrina María Noguerol Carmona fue de un importe de 27.762,71 euros más 4.997 de IVA, lo que supone un total de 32.760 euros.

 

El Gobierno vasco adjudicó 32.760 euros a la sobrina de Carmena

Una pareja de inmigrantes paquistaníes cobraba 10.000€/mes de la Seguridad Social

Una pareja de origen paquistaní residente en Vitoria falseó su identidad hasta en diez ocasiones para conseguir ayudas sociales de forma fraudulenta.

Él cobraba seis rentas de garantías de ingresos (RGI) al mismo tiempo y su mujer, otras cuatro.

Estas percepciones sociales eran otorgadas desde las oficinas de empleo y ayudas sociales del Gobierno vasco, Lanbide, adonde acudía esta pareja de defraudadores para cobrar.

Una renta que, según publica Iyziar Reyero en 'ABC', podría variar entre los 6.000 y los 10.000 euros mensuales. Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco, ganaron 395.000 euros. Cuatro personas ya han sido arrestadas por estos hechos.

Fue la Diputación de Álava (PP) la que denunció en 2013 que se había detectado una llegada masiva de menores de Pakistán, que recalaban en los centros de acogida de la capital.

De hecho, la población paquistaní se ha triplicado, de 500 a 1.500 personas censadas. A raíz de aquello, la Ertzaintza ha descubierto una red que habría falseado documentación para facilitar el cobro de las ayudas sociales a personas de aquel país.

En Vitoria se han descubierto un centenar de empadronamientos falsos de paquistaníes.

Un entramado vinculado con la captación de menores en la región norte del país (Lahore). Allí ofrecían a sus padres llevarlos al País Vasco, donde sus hijos podrían vivir de las instituciones previo pago de hasta 6.000 euros. Viajaban a través de Turquía, Grecia y Barcelona, hasta alcanzar la capital alavesa.

Indignación de la opinión pública alavesa

Otros casos flagrantes han incendiado en el último año a la opinión pública alavesa, que ha visto cómo condenados como un abusador sexual han seguido cobrando la RGI después de ser sentenciados.

A la pregunta de por qué se concentra esto en Álava, el diputado general, Javier de Andrés (PP), responde:

«Es en todo el País Vasco, pero ni PNV ni Bildu lo denuncian. La normativa aquí es laxa, hay mala gestión y cero control. Se les ponen sueldos sociales altos, sin demostrar nada, y funciona el boca a boca».

Vitoria se ha convertido en el epicentro del debate sobre los requisitos exigibles para el acceso de cualquier ciudadano a las ayudas sociales.

En concreto, el regidor de Vitoria señaló en verano a los extranjeros de origen magrebí, «argelinos y marroquíes», por venir a «vivir de las ayudas sin querer trabajar».

Según datos oficiales del Gobierno vasco, un 65 por ciento de estas nacionalidades cobran ayudas, lo que para el PP refleja una «situación anómala» y tiene un «efecto llamada».

Se calcula que el cobro indebido de prestaciones en el País Vasco desde 2012 se eleva a 86 millones, según datos oficiales.

El alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, y el PP vasco llevan meses denunciando en solitario los abusos cometidos en particular por una parte de la población, inmigrantes en situación irregular, que al no poder acceder al mercado regular «perpetúan» su situación como receptores de las ayudas sociales.

En el País Vasco estas ayudas son superiores a las del resto de España, hasta 866 euros al mes más otros complementos, como ayudas para el alquiler (250 euros).

Bildu busca en Podemos «un compañero de viaje» hacia la independencia vasca

 

 

Bildu se ha posicionado claramente a favor de una alianza electoral con Podemos en las instituciones que surjan de la próxima cita electoral de mayo sobre la única base del respeto el «derecho a decidir» el futuro político de «Euskal Herria» (País Vasco y Navarra). «Todavía con la sana incógnita de saber qué es y qué va a ser Podemos (…) advertimos que puede ser un compañero de viaje en esta vía vasca a favor del derecho a decidir», ha augurado el presidente de Sortu y parlamentario vasco de Bildu, Hasier Arraiz, quien se ha ocupado de remarcar que su oferta de pacto por la independencia «no es sólo al PNV», como hasta ahora.

«Pablo Iglesias es hoy un adversario electoral pero mañana puede ser un aliado», ha recalcado el líder de la nueva Batasuna, deseoso de que Podemos se consolide en España como la nueva alternativa política que haga «saltar por el aire todos los cerrojos del 78» y permita así abrir un doble proceso constituyente «en el Estado español y en Euskal Herria». «Serían buenas noticias», ha dicho, seguro de que el «nuevo sector» que representa Podemos traerá «mayores claves para el entendimiento entre abertzales y no abertzales».

Arraiz ha recordado que Podemos –al que el Euskobarómetro sitúa ya como segunda fuerza política vasca, por delante de Bildu– se halla ahora en una «fase de fenómeno mediático» y aún «les toca definirse», también en cuestiones fundamentales como la territorialidad. En todo caso, se ha mostrado esperanzado ante la posibilidad de «nuevas interacciones» entre «gente abertzale y no abertzale» para remar juntos a favor del «derecho a decidir», y ha llamado a crear «nuevos puentes».

Según ha dicho, no se han producido reuniones, «por lo menos oficialmente», con Podemos, aunque ha reiterado que «EH Bildu ve posibilidad de acuerdo para conformar gobiernos» con los de Iglesias, siempre que estos se comprometan con el «derecho a decidir» de los «pueblos». Sobre su mediático líder ha dicho no tener «el placer de conocerle», por más que sea «imposible sacarlo del salón de casa».

La independencia costaría unos 15.000 euros a cada hogar del País Vasco

 

Alrededor de 15.000 euros por hogar y año, o lo que es lo mismo, unos 5.000 euros por ciudadano vasco. Esa es la factura que tendrían que pagar la población ante la independencia del País Vasco.

A principios de mes, el PNV anunció su voluntad de pedir estudios económicos de lo que supondría la independencia y la "dependencia de España" y un grupo de economistas consultados por ABC ya ha hecho sus primeros cálculos.
Además de la citada factura, estiman que fuera del euro, y con una caída de sus exportaciones, el Producto Interior Bruto (PIB) del País Vasco caería en torno a un 20%, aunque hay otras previsiones que apuntan a un descenso algo menor, si bien superior al 10%.
Entre los economistas que cita ABC figuran Ángel de la Fuente (CSIC) y Mikel Buesa, que son de los que consideran que la caída del PIB del País Vasco en caso de secesión podría llegar al 20%. Entre aquellos que piensan que la pérdida de riqueza no sería menor al 10%, está un informe del profesor Rodríguez Mora, coordinado por Arregi, López Basaguren y Ruiz Soroa. En él cifran entre un 10 y un 13% de caída.
Consecuencia de esta pérdida resulta el precio que cada hogar vasco tendría que pagar por esa declaración de independencia: 15.000 euros. Pagar, o mejor dicho, lo que dejarían de ingresar.
Euskadi es la autonomía menos castigada por la crisis, lo que ha permitido limitar su tasa de paro en torno al 15% tras seis años de recesión y que ocupe la primera posición en indicadores de salud, educación y bienestar, según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Es también, la comunidad autónoma que cuenta con la mayor renta per cápita de toda España -un 34% superior a la media. Actualmente se sitúa en torno a los 30.000 euros.
Ahora bien, según el grupo de economistas consultados por ABC, con la independencia pasaría a estar por detrás de la renta per cápita de Madrid, Navarra o Cataluña. En el mejor de los casos. Porque también podría quedar por detrás de La Rioja y Aragón, y prácticamente al nivel de la actual renta media de España.
Puesto en cifras, lo que perdería en su conjunto el PIB del País Vasco rondaría los 13.000 millones de euros. Ahora bien, los economistas alertan de que el impacto económico será prolongado en el tiempo, no cuestión de un solo año.
¿Y cuáles son en concreto los efectos sobre el PIB? Fuga de empresas y reducción de los flujos comerciales en un territorio con nueva moneda devaluada en un primer momento y menos actividad económica, menos renta, más paro, más deuda, en un segundo tiempo.
Respecto a la deuda, señalan los expertos, ésta se tendría que pagar con un precio más elevado, fruto del devaluado precio de la nueva moneda con la que contaría el País Vasco.

OJO AL DEMOCRATA ...

OJO AL DEMOCRATA Y FUTURO SECRETARIO GENERAL DEL PSOE.

 

¿Se puede ganar 210.000 euros en tres años por un cargo público sin ir a trabajar?

 

 

 

Sí. Juan Cruz Nieves, exdiputado foral del Urbanismo y exdirector gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, ha cobrado en tres años 210.000 euros por estar adscrito como adjunto a la gerencia de una sociedad pública, que solo cuenta en su personal con tres personas, gerente y secretaria además de él. Ibar Zaharra -propiedad del Gobierno central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao- se dedica a regenerar suelos industriales. El enchufismo en España indigna a los funcionarios.

Según eldiario.es, que recoge este martes esta noticia, Cruz Nieves apenas ha asistido a seis reuniones y nunca va a la sede de Ibar Zaharra (nombre de la sociedad).

Por estas funciones, el exdiputado en cuestión cobra cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad (ni siquiera externa). Pese a que cumplió 65 años en agosto de 2012, y por tanto ya podía abandonar dicho cargo acogiéndose a la jubilación, Cruz Nieves ha seguido en el puesto. La pensión máxima -señala este digital- es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que percibe ahora Nieves.

El precio de la política

Hay que remontarse al pacto político de 2011 entre PNV  PSE para explicar la entrada en la sociedad de Nieves. De este modo, los dos partidos buscan una salida para lo que en principio iba a ser una inminente jubilación. No en vano, el ex alto cargo del PNV deja tras de sí una hoja laboral tachable. En su anterior puesto, como director general del Consorcio de Transportes de Bizkaia, dejó un sorprendente remanente de tesorería de 56 millones de euros, cuando sin embargo, meses antes pedía un endeudamiento de la entidad por valor de 66 millones de euros para llevar a cabo las obras del Metro.

La mala imagen de Juan Cruz Nieves ha creado malestar entre los socios de la sociedad. En 2012, apunta eldiario.es, el Gobierno vasco (PSE, entonces) planteó resolverla, bien por el desarrollo normal de su trabajo, bien por despido. Pero la propuesta no prosperó por el rechazo de otras instituciones.

Juan Cruz Nieves no es único en su especie. Cobrar sin trabajar. En una situación similar se encontraba su antecesor en el mismo cargo. Se trata de otro destacado miembro del PNV: el exdirector de Radio Euskadi y del diario Deia, Iñigo Camino, quien cobraba 58.000 euros brutos anuales, sin tampoco aparecer por el lugar de trabajo.

Urkullu pidió en La Moncloa un gesto del Gobierno para el fin de ETA

Soltar a los 13 etarras enfermos y derogar la doctrina Parot. Rajoy le dijo que ‘no’

 

El Gobierno no tiene intención de realizar ningún gesto especial para que ETA dé un nuevo paso y entregue definitivamente las armas que todavía posee. Mariano Rajoy se lo dijo con toda claridad a Iñigo Urkullu durante el encuentro que mantuvieron en La Moncloa hace menos de un mes.

El presidente del Gobierno y el lehendakari se reunieron en privado en La Moncloa el pasado 30 de enero, en lo que era la primera vez que se veían las caras tras las elecciones vascas. El contenido de su conversación no trascendió pero, según ha podido saber El Confidencial Digital, el visitante planteó la necesidad de ‘gestionar adecuadamente’ el final de ETA

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Gestos hacia ETA

 

Iñigo Urkullu explicó a Mariano Rajoy que ETA no realizará ningún nuevo movimiento hasta que el Gobierno acceda a tener un gesto con la banda terrorista En este sentido, el lehendakari le sugirió:

-- Poner en libertad a los trece presos etarras que se encuentran gravemente enfermos, tal y como se hizo con Bolinaga.

-- Derogar la doctrina Parot en el caso de los casi setenta reclusos que, en principio y aplicándola, deberían encontrarse en libertad.

-- Negociar la libertad condicional para los reclusos que ya han cumplido tres cuartas partes de su condena.

El lehendakari animó a Rajoy a adoptar esas decisiones, insistiendo en que, si el Gobierno realizaba algún gesto, ETA entregaría parte de sus armas o señalaría dónde se encuentran parte de los zulos donde todavía esconde explosivos. Se mostró convencido de ello.

 

Rajoy dijo ‘no’

 

El presidente del Gobierno, sin embargo, se niega en redondo a realizar ningún gesto hacia ETA.

El Gobierno considera que es la banda terrorista quien unilateralmente tiene que anunciar su disolución y entregar sus armas. Y así se lo transmitió Mariano Rajoy a Iñigo Urkullu.

Los máximos responsables del ministerio del Interior también han descartado rotundamente iniciar cualquier negociación bilateral con ETA. Hay que recordar que una parte de la cúpula de la banda ha estado en Noruega esperando, sin éxito, la llegada de un intermediario del Gobierno de Madrid.

 

Cómo está ETA

 

Fuentes de la lucha antiterrorista explican a El Confidencial Digital que la obsesión de la cúpula de ETA en estos momentos es ‘gestionar adecuadamente’ el final de la banda terrorista. “Quieren poner fin a todo de la mejor forma posible y sin perjudicar a Sortu”, explica un alto cargo del ministerio del Interior.

En este sentido, una parte de los etarras que todavía permanecen en la clandestinidad apuestan por revelar a los verificadores internaciones dónde se encuentra parte de su arsenal de armas. Creen que así el Gobierno español tendrá un gesto con los presos. Uno de los dirigentes que más está presionando para un desarme es Josu Ternera, según las fuentes consultadas.

Sin embargo, otros miembros de la cúpula de ETA apuestan por que sea el Gobierno quien tenga antes un gesto con la banda terrorista y, especialmente con sus reclusos. Es el caso de Iratxe Sorzábal y David Pla. La discusión entre ambas facciones, apuntan desde Interior, es intensa.

Una dirigente del PSOE ensalza al etarra Otegi y desprecia a las víctimas de ETA

El elogiado cumple 6 años de condena por pertenecer a la banda terrorista ETA

Foto:Arnaldo Otegi,cabecilla de Batasuna-ETA

 

La portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha definido a Arnaldo Otegi como “una de las personas que más ha aportado momento feliz de paz”. Y lo dice sobre un individuo en prisión por ser miembro de la banda terrorista ETA.

La portavoz socialista, esposa del presidente del PSE-EE Jesús Eguiguren, dice que ha aprendido “mucho” de la mujer de Otegi y asegura que le ha enseñado “mucho” para poder entender cómo se ha llegado “a algunos momentos de incomprensión en esta sociedad”, como si los crímenes cometidos por ETA fuesen un problema de entendimiento entre los asesinos y las víctimas. Tras decir que Otegi “ha trabajado mucho para que las vías pacíficas y democráticas fueran las que primaran en este país”, la dirigente socialista desprecia a las víctimas afirmando que si se las conociese de verdad “quizá no habría que hacer un acto ostentoso de reconocimiento”.

En agosto Otegi insultó a los vascos exiliados por culpa de ETA

Si ya resulta vomitiva esta operación de blanqueo de ese dirigente etarra a costa de denigrar a las víctimas de ETA -estrategia ya iniciada por José Luis Rodríguez Zapatero durante su nefasto mandato-, se hace aún más nauseabunda si tenemos en cuenta que hace sólo cinco meses Otegi criticaba la posibilidad de que pudieran “votar todos los txakurras y sus putas familias”, en referencia al anuncio hecho por el gobierno de una reforma para que los miles de vascos y navarros que se han tenido que exiliar por culpa del terror etarra pudiesen votar en dichas comunidades. ‘Txakurra’ es ‘perro’ en vascuence, un insulto habitualmente usado por ETA para referirse a policías y guardias civiles, los dos colectivos que más crímenes etarras han sufrido en toda la historia de esa banda terrorista.

Otegi no muestra arrepentimiento ni pide perdón por los crímenes de ETA

Un mes más tarde, Otegi se jactaba del éxito de ETA en unas declaraciones recogidas por el diario batasuno Gara, presentando la entrada en las instituciones de las nuevas marcas electorales de ETA como parte de la estrategia de esa banda terrorista: “el proceso de liberación nacional y social ha alcanzado las condiciones de madurez suficiente como para superar la fase de la resistencia y pasar a la fase de materialización de nuestros objetivos. ¡Es posible ganar! ¡Y queremos ganar!” Y todo ello sin que el dirigente etarra mostrase el menor signo de arrepentimiento ni pidiese perdón por los crímenes de ETA, banda mafiosa a la que pertenece.

Eguiguren y su mujer han visitado al etarra en la prisión de Logroño

A la vista de estas últimas declaraciones resulta cada vez más obvio que el PSOE no ha cesado su estrategia de entendimiento con ETA, iniciada en 2002, durante el mandato de Aznar. Durante el mandato de Zapatero, concretamente el 10 de junio de 2007, esa estrategia salió a la luz desde las páginas del diario socialista El País, y precisamente fue el marido de Rafaela Romero una de las fuentes utilizadas por ese periódico para contar lo que hasta entonces había mantenido en secreto el Partido Socialista. De hecho, fueron Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi quienes iniciaron esos contactos secretos entre el PSOE y ETA, como reveló entonces el rotativo de PRISA. Y parece que la historia se repite: la semana pasada Eguiguren visitó a Otegi en la cárcel de Logroño, en la que el dirigente etarra ya había recibido el 17 de julio de 2012 la visita de Rafaela Romero, la misma dirigente socialista que ahora desprecia a las víctimas.

¿QUE LE DEBE EL P.S.O.E. A ETA?

 

Qué le debe el Partido Socialista Obrero “Español” a ETA? ¿Qué saben los etarras de ellos para tenerlos tan pillados como los tienen? Estas preguntas me las he hecho estos días, después de ver como el PSOE votaba a favor de los presupuestos presentados por Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa, votaba junto a los proetarras en contra de los presupuestos presentados por el Partido Popular en las Juntas Generales de Álava y ayer, para colmo, votaban en el Ayuntamiento de San Sebastián (a propuesta de Bildu) a favor de la concesión de la medalla al mérito ciudadano a José Luis Álvarez Enparanza "Txillardegi", uno de los fundadores de ETA. Ahí queda eso.

¡Y no pasa nada! ¿No se avergüenzan los afiliados al PSOE de estas actuaciones? ¿No les da asco a los socialistas de base el compadreo con los etarras? Pues parece que no, porque nadie protesta.

Yo entiendo que los que tienen un cargo, los diputados, senadores, eurodiputados, concejales, parlamentarios autonómicos y demás estén calladitos, vaya a ser que no los pongan en las próximas listas en puestos de salida, pero que muchos afiliados estén callados… me da que pensar, o bien que están de acuerdo, o bien que no quieren meterse en líos.

En mi opinión lo lógico sería que los afiliados al PSOE protestaran ante sus sedes, ante sus dirigentes locales y les hicieran saber su malestar y desacuerdo con estas actuaciones, porque imagino que a muchos afiliados socialistas estos hechos no les gustan nada. Pero que yo sepa nadie habla…

¿Y por qué hace esto el PSOE? ¿Por qué compadrea con Bildu? He de recordar que ya compartió gobierno en Cataluña con ERC y que en el Senado también comparten grupo con los separatistas catalanes. Pero estos acuerdos con Bildu-ETA son la gota que colma el vaso. Es una auténtica vergüenza. Y acabo como empecé: ¿Qué le debe el Partido Socialista Obrero “Español” a ETA? ¿Qué saben los etarras de ellos para tenerlos tan pillados como los tienen?

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¿Tenemos el Tribunal Constitucional que nos merecemos? ¿O fue el PSOE que nombró a los seis miembros que votaron la legalización de los hermanos de Zumosol?