Recuerda que Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que éste repruebe su actividad, la acusa de organizar actos de "enaltecimiento del dictador", y que, por este motivo, insta al Gobierno a revisar las ayudas públicas de las que se ha beneficiado.
“El coordinador general de IU, don Alberto Garzón y el diputado don Ricardo Sixto, fueron los encargados de llevar al registro de la Comisión Constitucional del Congreso dicha iniciativa, entendemos que en cumplimiento severo de su innata preocupación por resolver los innumerables y urgentes problemas que padece España”, destaca la fundación.
En su comunicado, la Fundación manifiesta en primer lugar que es una organización legal en todos los aspectos y según todos los códigos legislativos vigentes, que no tiene incumplimientos ante, por ejemplo, la Seguridad Social, “muy al contrario de lo que le ocurre a Izquierda Unida, tan preocupada en sus discursos por los temas sociales y laborales, que debe cantidades astronómicas a dicho organismo público en concepto de cotizaciones de sus propios trabajadores”.
“Curiosa forma de defender derechos y ejercer obligaciones incumpliéndolas ellos primeramente”, destaca la fundación, que hace hincapié en que “este solo hecho arruina toda legitimidad a esa coalición comunista para defender lo público y el interés general”.
En segundo lugar, subraya que “no organiza actos de enaltecimiento del dictador”, sino “actos de homenaje a quien fuera Jefe del Estado para dar a conocer los muchos logros alcanzados para España durante su gobierno”.
En tercero, deja claro que “no recibe en la actualidad ninguna subvención ni ayuda pública” y apunta que, sin embargo, “se cuentan por decenas las organizaciones que sí reciben dinero de todos los españoles y cuya única e inmoral finalidad es reavivar odios apagados y reabrir heridas cerradas hace muchos años”.
Detalla que el dinero que obtuvo en el pasado fue "para digitalizar el importante archivo histórico que conserva y entregar copia del mismo al Estado”, así como que esa documentación está en poder y uso público y que “nunca se ha tenido secuestrada documentación sensible para la seguridad del Estado”.
Critica, además, que IU exija a la Cámara parlamentaria que ratifique una declaración de la misma del año 2002 en la que presuntuosamente se condenaba el franquismo con sentencias del tenor de "Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".
Afirma que “la realidad de aquellos acontecimientos fue muy diferente de lo narrado por los actuales inventores de la historia” y apunta que le llama poderosamente la atención que “dicha afirmación era, ya en 2002, pero hoy también, perfectamente aplicable a los actuales regímenes comunistas de Cuba, Venezuela, China o Corea del Norte, entre otras naciones pero, sin embargo, ni Izquierda Unida ni el resto de partidos del sistema partitocrático actual recrimina públicamente a dichos gobiernos, sino que colaboran con ellos de diversas formas, otorgándoles así cierta legitimidad”.
Además, dice que si el Parlamento español quisiera realmente defender los derechos individuales "frente a la opresión de los totalitarismos, debería haber hecho, ya en 2002, una declaración solemne de condena de los actos ocurridos en abril de 1931, octubre de 1934 y febrero de 1936 y de sus protagonistas y promotores, es decir, el PSOE, UGT, PCE, ERC, PNV, CNT y otras organizaciones afines, que aún siguen siendo hoy legales y subvencionadas de manera indecente e incomprensible, porque provocaron el advenimiento inevitable de la guerra civil, que tanto dolor trajo al pueblo español”.
Responde a Catalá
Por otra parte, la Fundación Nacional Francisco Franco también carga contra el PP, “al que es fácil confundir por sus actos con el PSOE, en referencia a uno de los innumerables incumplimientos de sus promesas electorales, no sólo al no derogar la mal llamada Ley de Memoria Histórica, sino por manifestar que se siente orgulloso de ella, como así expresó recientemente el ministro de Justicia don Rafael Catalá”.
Señala que esa ley “fue implantada por el PSOE, con la ayuda de sus socios de un entonces incipiente nuevo Frente Popular, para tratar de reescribir la historia, equiparar a los criminales con las víctimas inocentes y condenar como criminales a quienes salvaron a la Iglesia Católica y a España de desaparecer bajo el yugo de la bota comunista soviética”.
La fundación Francisco Franco subraya que al no derogarla “pudiendo y debiendo hacerlo, para servir con lealtad a la verdad y a España, la ha convertido en suya”
Termina su comunicado subrayando que los españoles tienen derecho a conocer la verdad de nuestra historia, y que la Fundación Nacional Francisco Franco está empeñada en su defensa. “No nos preocupan los gritos de los malos, si acaso el silencio de los buenos. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y, con la ayuda de Dios, nada temeremos de nuestros enemigos”, sentencia.
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