Desterrar a un ruiseñor

 

El niño de Canet no tiene que irse a ninguna otra parte. Le asiste el derecho a educarse donde viven sus padres.

Si el niño de Canet terminase escolarizado en Madrid, como le ofrece Ayuso admitiendo ella misma que se trata de una mala solución, sería un fracaso del Estado. Y un triunfo del independentismo que al acosarlo -al niño, aunque también al Estado de paso- pretende justamente eso, que los disidentes de su política de exclusión lingüística y comunitaria se vayan de Cataluña. La presión contra el crío es una advertencia, un aviso mafioso de quienes se creen dueños del territorio y sueñan con quedárselo para ellos solos. Una intimidación contra todos los que se resistan a su designio xenófobo, para que sepan que reclamar sus derechos o el simple cumplimiento de la ley es un mal negocio y se plieguen

 a la imposición del nacionalismo obligatorio. El mensaje es nítido: quien no acepte las reglas de la tribu o las cuestione siquiera en el plano simbólico se arriesga a sufrir una descarga de odio. En la distopía separatista no hay sitio para el pensamiento autónomo. Guerra y si es menester exilio a los discrepantes, a los insumisos, a los heteróclitos.

La campaña de señalamiento triunfaría si el chaval se educase en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza o en Alicante. Lo tiene que hacer donde le corresponde, donde viven y trabajan sus padres, que han hecho pública una carta emocionante para pedir a los catalanes que piensan igual que no se callen y se atrevan a romper la espiral de silencio aplastante con que el soberanismo amordaza la reclamación de libertades esenciales. Porque lo grave es que esa familia ha recibido en privado numerosas muestras de aliento solidario pero sólo unos pocos han sido capaces de expresar en voz alta su respaldo. En una sociedad sin miedo habría ahora mismo cientos, miles de padres solicitando para sus hijos la reglamentaria cuota de enseñanza en castellano. Y si así ocurriera sería la Generalitat, no ellos, la que tendría un serio problema porque Canet dejaría de ser un episodio aislado, una rareza, y vería comprometido su proyecto de control ideológico de la escuela a través de la lengua.

Aunque como nadie puede exigir heroísmo espontáneo, ayudaría mucho que las instituciones cumpliesen con su deber de amparo. Que el Gobierno español dejase claro de qué lado está en este conflicto y lo hiciese saber sin rodeos ni casuismos. En casos de esta índole no es posible adoptar un perfil ambiguo: o se defiende el veredicto de la justicia y se dispone su observancia efectiva o se refrenda la estigmatización del niño y de todos los demás que eventualmente puedan seguir el mismo camino. La oferta de Ayuso está muy bien para marcar diferencias entre la asfixiante cerrazón de una comunidad y la apertura generosa de otra, pero representa la aceptación de una derrota. La de la nación de ciudadanos libres e iguales frente al diferencialismo de las identidades propias. De eso va este asunto, no de las horas lectivas en cada idioma.

Desterrar a un ruiseñor es un contenido original de ABC.es

El cirujano de Frankenstein

Iglesias se autoasigna el papel de muñidor de voluntades del separatismo y la extrema izquierda en torno a Sánchez

Ignacio Camacho

En la reaparición de Pablo Iglesias como colaborador/agitador periodístico («periodista crítico» dice él, jejeje) destacó mucho la ilustración de la pistola nazi con los rótulos incrustados de PP, Vox y la Prensa, así en genérico, pero ese llamativo ideograma desviaba la atención del verdadero fondo de su propuesta, que consistía en aglutinar fuerzas para abordar las próximas elecciones arropando al PSOE con un frente del nacionalismo más arriscado y la extrema izquierda. Es decir, la repetición de la alianza Frankenstein como única vía para apuntalar la supervivencia de Sánchez, al que Podemos ha dejado de discutir su liderazgo para conformarse con un papel subalterno que le asegure una posición institucional confortable. Iglesias parece haberse autoasignado en ese diseño la función de muñidor externo de voluntades, el encargo de articular por segunda vez el ensamblaje de una confluencia que a medida que avanza la legislatura empieza a mostrar señales de desgaste.

La estrategia no es nueva. De hecho es la misma que pactó en agosto de 2017, vísperas de la revuelta separatista, durante una cena en casa del magnate Roures con Oriol Junqueras. Entonces se trataba de desalojar del poder a la derecha y ahora de evitar que vuelva. A tal efecto Roures pone la logística, la influencia y tal vez la pasta para ir construyendo una plataforma de terminales mediáticas a la que acaban de sumarse una cabecera independentista catalana y, atención, el periódico ‘Gara’, el veterano órgano del conglomerado etarra reconvertido en voz de la ultraizquierda nacionalista vasca. Sí, el que hasta antier por la mañana, como quien dice, marcaba los objetivos de las amenazas, el que señalaba las dianas políticas y periodísticas sobre las que los terroristas disparaban con pistolas y balas de verdad, no pintadas. Allí podrá el exvicepresidente -«es un honor», ha declarado- sentirse como en su casa. Iglesias acierta en que la continuidad de este Gobierno depende a corto y medio plazo de la consolidación de su actual liga de apoyos parlamentarios. Ya ejerció de mediador en el acuerdo que integraba a Bildu «en la dirección del Estado» (sic), y trabaja desde fuera para reeditarlo. Su objetivo es construir y tutelar un bloque fijo que al mismo tiempo dé soporte y tome como rehén al sanchismo sin que el presidente pueda zafarse -en el improbable caso de que lo pretendiese- porque cuando pudo elegir su destino voló los puentes de la moderación para alinear a su partido junto a todas las tribus del anti constitucionalismo. Destruido el espacio de centro, el marco electoral será el de una confrontación de bandos a cara de perro. Y Sánchez lleva en el suyo a los sediciosos indultados y a Podemos. El flamante ‘periodista’, que del sueño de asaltar el cielo ha pasado a resignarse de momento con una tarea de mamporrero, se va a encargar de que no pueda esconderlos.

Patrimonio nacional

 Si los indultos están protegidos por la legislación patrimonial habría que exhibirlos como monumento a la arbitrariedad.

Si los expedientes de los indultos a los líderes del ‘procès’ están protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico no deberían mantenerse en secreto: en buena lógica y precisamente por eso habría que exhibirlos en algún museo como un monumento a la arbitrariedad, una obra maestra del desafuero. Por razones de utilidad pública, por supuesto, según la tesis con que los defiende el Gobierno, para que las generaciones venideras estudien el ejemplo de cómo un poder ejecutivo ebrio de prepotencia fue capaz de burlarse del Tribunal Supremo. Y tampoco está justificado el pretexto de confidencialidad porque los datos personales de los afectados se pueden borrar y los ciudadanos tienen derecho a conocer los argumentos en que se funda la puesta en libertad de los reos de un delito de máxima trascendencia y enorme eco. Una sedición contra el orden constitucional, nada menos.

Menos mal que éste iba a ser el Gobierno de la transparencia. Todavía no ha ofrecido los detalles de los contratos urgentes de la pandemia, ni revelado el comité de expertos del Covid, ni aclarado el aterrizaje en Barajas de Delcy y sus maletas, ni explicado las causas de los ceses de altos mandos de las fuerzas de seguridad, ni informado de los traslados de inmigrantes desde Canarias o Ceuta. Pablo Iglesias fue colocado en la comisión del CNI de contrabando y por la gatera del decreto de emergencia. La hermética lista de ocultaciones alcanza las más nimias materias, desde el viaje en avión oficial a un concierto de rock hasta el coste de los veraneos de la familia Sánchez en Doñana y La Mareta. La misma tesis del presidente, redactada -o falsificada- cuando aún no lo era, hubo que filtrarla burlando a un ejército de celosos centinelas de biblioteca. Como ironizaba De Quincey, se empieza por cometer un crimen y se termina por no ceder la acera a una vieja.

En realidad, la documentación de los indultos sólo tiene relevancia a efectos de recursos y otros trámites jurídicos. Ante la opinión pública está todo clarísimo: la legislatura dependía de un pacto no escrito con los dirigentes del separatismo y para cumplirlo había que pasar por encima de los tribunales y de lo que fuera preciso. Y ése es solo el principio de una larga lista de compromisos. La decisión tenía exclusivo carácter político y a posteriori se añadió la exposición de motivos y se dio carpetazo a la cuestión con el cese del ministro, que para mayor escarnio era -es- juez de oficio. Ahora el Gabinete pretende por si acaso colocar un candado a la chapuza declarándola clasificada durante veinticinco o cincuenta años, como si fueran los papeles del ‘tejerazo’ o los archivos de guerra que custodia el Pentágono. Patrimonio nacional blindado hasta que estemos todos calvos. Se acabará conociendo antes porque en el mundo contemporáneo no hay modo humano de esconder durante mucho tiempo la sinrazón de Estado.

Ignacio Camacho,ABC

La santa hermandad

 Lecciones «de lucha y combate»: Otegui como modelo para los separatistas catalanes. Los socios preferentes de Sánchez.

Tenía que ser Marta Rovira, evadida en Suiza, la que pusiera de ejemplo a Arnaldo Otegui. «Una persona de la que tenemos mucho que aprender... Nadie mejor que él nos puede decir cómo llegar hasta el final... porque lleva aprendidas muchas lecciones de lucha y combate». Palabras literales de un vídeo emitido ayer en el mitin de Esquerra en Gerona, con el propio Otegui y Junqueras delante. Gente toda ella de confianza, tipos de trayectoria irreprochable que lucen como mérito curricular varios años de cárcel y una fuga para eludir a los tribunales. La mejor garantía posible de futuro para vascos y catalanes. La clase de personas con la que un ciudadano honrado iría a cualquier parte siguiendo su modélico compromiso en defensa de las libertades. Y lo más importante, cómo olvidarlo, los aliados preferentes de Pedro Sánchez.

Hoy hace dieciocho años que ETA asesinó en Andoain a Joseba Pagaza. Un tiro en la nuca mientras desayunaba. Pagaza, militante socialista, era policía municipal y estaba de baja tras haber sido obligado a volver al pueblo pese a haber demostrado que recibía constantes amenazas. El alcalde batasuno de la localidad, jefe de la víctima, no tuvo a bien pronunciar una palabra. Otegui, que por entonces ya había empezado a hablar con Jesús Eguiguren, el presidente del PSOE vasco, en busca de una «pazzzzzzz» negociada, sí habló. Y dijo esto: «No voy a permitir el linchamiento (sic) de mis alcaldes y concejales. La condena de un asesinato no sirve para nada». No era ninguna novedad. Había callado cuando los suyos mataron a López de la Calle, a Buesa y a tantos otros en aquel tiempo de plomo, sangre e infamia que llaman «combate» los dirigentes de Esquerra Republicana. Crimen tras crimen permaneció impasible, en silencio, con la mirada torva y la boca apretada. Y ésta es la hora en la que sigue sin reprobar, siquiera de boquilla, la violencia etarra. Para qué, si es obvio que no le hace falta.

Y mira que tiene oportunidades: todos los días del año, salvo el 10 de noviembre, se conmemora la funesta efeméride de algún atentado. Pero no le parece necesario porque el sanchismo ha blanqueado el expediente de su pasado inmediato, lo ha despenalizado moral y políticamente como legatario del posterrorismo y le ha otorgado rango de socio prioritario. Ahora es la cuarta pata añadida al tripartito de facto con que el presidente pretende apuntalar su mandato. El acuerdo de colaboración parlamentaria entre Bildu y ERC constituye la base de un proyecto de ruptura a medio plazo en el que Podemos ejerce el rol de polizón en el interior de la estructura del Estado sin que ninguno de los hermanos de esa santa cofradía se moleste en disimularlo. Antes al contrario, se enaltecen mutuamente y blasonan de la influencia de su medio centenar de escaños. Se lo pueden permitir. El Gobierno les ha expedido certificado de pedigrí progresista y democrático.

Ignacio Camacho

LA MEJOR DEFENSA

Cuando era ministra, Dolores Delgado forzó a la Abogacía del Estado a rebajar -con éxito final, por cierto- la calificación de las penas pedidas contra los líderes del procés independentista. El letrado Edmundo Bal pidió la excedencia por eso y se presentó en la lista de Ciudadanos pensando con razón que para hacer política era mejor servir a su propia ideología.

Con esos antecedentes cabía barruntar que el aterrizaje de Delgado al frente de la Fiscalía -«¿de quién depende, eh, de quién depende? Pues ya está»- tenía como objeto la construcción preventiva de un blindaje cautelar del Ejecutivo ante cualquier problema con la justicia.

Y en efecto, en los primeros avatares judiciales que afectan a miembros del Gabinete se ha confirmado la conjetura: el Ministerio Público ha ejercido como instancia defensiva o directamente exculpatoria de las autoridades demandadas o de las actuaciones recurridas. Por qué será que nadie se sorprende de este celo proteccionista.

Primer ejemplo: la denuncia contra el delegado en Madrid, José Manuel Franco, por prevaricación omisiva al no prohibir la manifestación del ocho de marzo. Segundo caso: las querellas contra Marlaska por el presunto cese irregular del coronel de la Guardia Civil al mando de la brigada judicial encargada de las diligencias del mismo sumario.

En ambos asuntos los fiscales se han pronunciado de entrada a favor del archivo de los cargos. Por supuesto que con razonables argumentos, de los que no cabría dudar si el nombramiento de su superiora jerárquica no suscitase sospechas de una relación causa-efecto fundada en una interpretación «creativa» del Derecho.

Y hay un tercer episodio, aún más delicado, que es el contubernio del acusador de Anticorrupción con la abogada de Podemos en la investigación sobre las turbias andanzas del comisario Villarejo, donde media el agravante de un posible intento de engañar al juez y de una hipotética revelación de secretos. Este tema amenaza con desembocar en un escándalo de altos vuelos capaz de salpicar al mismísimo vicepresidente segundo del Gobierno, que se ha metido él mismo en un notable enredo susceptible de situarlo frente al Supremo.

Se admiten apuestas sobre el criterio de la Fiscalía respecto una eventual petición del magistrado instructor de la Audiencia para que el Alto Tribunal investigue al aforado Iglesias. (Nota al margen: hay casi una docena de plazas de fiscal de sala pendientes de designación directa).

En Moncloa -«¿de quién depende?» etcétera- hay mucha gente en vilo ante esa crucial papeleta, cuyo poder de desestabilización es bastante más peligroso que el de las dieciséis querellas relativas a la (pésima) gestión de la pandemia. Cuando Sánchez eligió a Delgado era consciente de que la enviaba a ocupar una posición estratégica.

Y la tarea que le encomendó no era tanto la de dirigir la acusación como la de organizar su defensa.

Ignacio Camacho ( ABC )

viñeta de Linda Galmor

EL POSTERRORISMO

EL POSTERRORISMO

En torno al terrorismo vasco hay una noticia buena y otra mala. La buena es que la disolución de ETA significa el reconocimiento de que ha sido derrotada, aunque lo admita a su modo torcido, deshonesto, innoble y lleno de falsa arrogancia.

La mala consiste en el riesgo cierto de que su derrota no quede clara; en la posibilidad de que el relato de esta siniestra etapa se vuelva confuso o ambiguo para una sociedad ansiosa de pasar página. Y en que la desaparición de la banda, sin pedir perdón a todas sus víctimas, sin colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los trescientos crímenes pendientes de autoría y sin una entrega real y efectiva de las armas, dé lugar a la continuidad de su proyecto a través de uno o varios partidos dispuestos a asumir su herencia impartiendo encima lecciones de democracia.

La paz es algo distinto de la ausencia de violencia armada. La paz significa memoria, dignidad, justicia y verdad, como las víctimas reclaman, pero también un escenario político y social en el que los autores y cómplices del sufrimiento no puedan aspirar a ninguna clase de relevancia.

No ya a la que esperan con el burdo montaje de esta semana, con esa mostrenca escenificación destinada a tratar de obtener ilusoria alguna contrapartida penitenciaria, sino a la que les pueda conceder una parte de la población vasca con el entendimiento reblandecido por cierta especie de amnesia espontánea. La paz es lo contrario del silencio encubridor y de la indiferencia voluntaria.

La paz después de tanto dolor no puede brotar de un empate autoconcedido, ni de un ignorancia forzosa o inducida, ni de una reconciliación simulada. La paz no puede incluir la prolongación política -el partido ETA- de los postulados que sustentaron la agresión armada, ni aceptar la fraudulenta teoría del conflicto, ni contemplar que la estructura civil de los asesinos quede intacta.

El propósito de convivencia es engañoso porque el designio totalitario del independentismo radical no ha desaparecido. La cohesión democrática de España, bajo zozobra tras la revuelta catalana, estará en peligro si el Estado y sus agentes públicos ceden a la tentación del olvido y se conforman con el mero cumplimiento formal -y aun así incompleto- de unos exiguos requisitos.

La banda está vencida pero su proyecto de ruptura excluyente no ha prescrito, y lo que pretende es continuarlo bajo un disfraz representativo. Y aunque las leyes actuales no lo pueden impedir, las autoridades y las instituciones están ante el imperativo de continuar exigiendo responsabilidades en sus términos más estrictos.

No sólo con penas de cumplimiento íntegro, sin componendas ni beneficios, sino con una pedagogía política que transmita tal como fue la experiencia del sufrimiento de un pueblo digno acosado por una manada de asesinos.

Sin esa narrativa de la verdad, lo que vendrá no es la paz sino el posterrorismo.

Ignacio Camacho ( ABC )