El niño de Canet no tiene que irse a ninguna otra parte. Le asiste el derecho a educarse donde viven sus padres.
Si el niño de Canet terminase escolarizado en Madrid, como le ofrece Ayuso admitiendo ella misma que se trata de una mala solución, sería un fracaso del Estado. Y un triunfo del independentismo que al acosarlo -al niño, aunque también al Estado de paso- pretende justamente eso, que los disidentes de su política de exclusión lingüística y comunitaria se vayan de Cataluña. La presión contra el crío es una advertencia, un aviso mafioso de quienes se creen dueños del territorio y sueñan con quedárselo para ellos solos. Una intimidación contra todos los que se resistan a su designio xenófobo, para que sepan que reclamar sus derechos o el simple cumplimiento de la ley es un mal negocio y se plieguen
a la imposición del nacionalismo obligatorio. El mensaje es nítido: quien no acepte las reglas de la tribu o las cuestione siquiera en el plano simbólico se arriesga a sufrir una descarga de odio. En la distopía separatista no hay sitio para el pensamiento autónomo. Guerra y si es menester exilio a los discrepantes, a los insumisos, a los heteróclitos.
La campaña de señalamiento triunfaría si el chaval se educase en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza o en Alicante. Lo tiene que hacer donde le corresponde, donde viven y trabajan sus padres, que han hecho pública una carta emocionante para pedir a los catalanes que piensan igual que no se callen y se atrevan a romper la espiral de silencio aplastante con que el soberanismo amordaza la reclamación de libertades esenciales. Porque lo grave es que esa familia ha recibido en privado numerosas muestras de aliento solidario pero sólo unos pocos han sido capaces de expresar en voz alta su respaldo. En una sociedad sin miedo habría ahora mismo cientos, miles de padres solicitando para sus hijos la reglamentaria cuota de enseñanza en castellano. Y si así ocurriera sería la Generalitat, no ellos, la que tendría un serio problema porque Canet dejaría de ser un episodio aislado, una rareza, y vería comprometido su proyecto de control ideológico de la escuela a través de la lengua.
Aunque como nadie puede exigir heroísmo espontáneo, ayudaría mucho que las instituciones cumpliesen con su deber de amparo. Que el Gobierno español dejase claro de qué lado está en este conflicto y lo hiciese saber sin rodeos ni casuismos. En casos de esta índole no es posible adoptar un perfil ambiguo: o se defiende el veredicto de la justicia y se dispone su observancia efectiva o se refrenda la estigmatización del niño y de todos los demás que eventualmente puedan seguir el mismo camino. La oferta de Ayuso está muy bien para marcar diferencias entre la asfixiante cerrazón de una comunidad y la apertura generosa de otra, pero representa la aceptación de una derrota. La de la nación de ciudadanos libres e iguales frente al diferencialismo de las identidades propias. De eso va este asunto, no de las horas lectivas en cada idioma.
Desterrar a un ruiseñor es un contenido original de ABC.es
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